La fábrica que venció tres veces a Coca-Cola

Tras 15 meses de lucha, ‘los 300 de Fuenlabrada’ logran que la Audiencia, el Supremo y la calle les den la razón.

Lo primero que hizo Aurora al levantarse a las 8.30h fue mirar el móvil. Una ristra interminable de whatsapps le hizo saltar de la cama. Era el 15 de enero de 2015 y una contrata valenciana, custodiada por medio centenar de policías, intentaba ingresar en las instalaciones para desmantelar la fábrica embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada.

Cuando Aurora llegó a la planta, en huelga indefinida desde hacía un año, la policía había cortado la calle por ambos lados. Tuvo que marchar campo a través para entrar en el campamento base, una construcción levantada por los trabajadores despedidos para evitar precisamente lo que estaba a punto de suceder.

Pero no lo iban a permitir. Los trabajadores de Casbega, la embotelladora de Coca-Cola para la zona centro de la península, seguían pensando lo mismo que cuando instalaron casetas de control en cada una de las entradas de la planta y establecieron guardias de más de 15 personas en cada turno: debían cuidar la fábrica, porque algún día iban a volver. El intento de ingresar en la fábrica se convirtió pronto en una batalla campal.

El campamento base frente a la fábrica de Fuenlabrada no ha dejado de crecer desde el 22 de enero de 2014, cuando los trabajadores recibieron la noticia del despido. / Eliecer sánchez / Disopress

En el campamento base

El campamento, situado en en el exterior de la fábrica, no ha dejado de crecer desde el inicio de la huelga. De un bidón, una tienda de campaña y unos cuantos palés para quemar, el asentamiento ha evolucionado hasta convertirse en una construcción de madera que permite albergar sin problemas a más de 20 personas alrededor de una mesa alargada, también de madera. Fuera, entre barricadas que cortan la entrada de la fábrica, se acumula la leña. Las gallinas en un corral contrastan con el paisaje industrial y las miles de cajas de Coca-Cola apiladas, que forman un descomunal monolito rojo.

Alrededor de la mesa de madera, más de una decena de trabajadores de Casbega y familiares relatan a Diagonal la experiencia de 15 meses de lucha contra la multinacional por excelencia, la compañía que inventó la navidad tal como la conocemos.

En 2013, la compañía estadounidense decidió fusionar las siete embotelladoras de la península –Casbega entre ellas– en una nueva entidad, Coca-Cola Iberian Partners. Una decisión que vino acompañada de ciertos 'ajustes': el despido de 1.190 trabajadores y el cierre de cuatro centros, entre ellos el de Fuenlabrada, que daba trabajo a unos 600 trabajadores.

Realmente, para Paco Bermejo, empleado de Casbega desde 1974, todo empezó mucho antes, con la firma de los primeros convenios colectivos en la empresa y la construcción de una “sección sindical fuerte”, que permitió a los trabajadores de Casbega “ser partícipes de las ganancias de la empresa”. Una realidad que chocaba, sostiene Bermejo, con las nuevas condiciones del mercado tras las sucesivas reformas laborales, donde “las reivindicaciones sindicales no tienen cabida”.

"Las mujeres hemos sido el 50% de la lucha", dice una de la participantes del campamento. / Álvaro Minguito

Un año antes de aquel enfrentamiento abierto entre trabajadores y polícías, en la mañana del 22 de enero de 2014, se firmaba un nuevo convenio laboral de dos años de duración entre los sindicatos de Casbega y la empresa, cuenta Mercedes Pérez Merino, trabajadora de Casbega.

Sólo unas horas después llamaron a los representantes de los trabajadores para anunciarles el ERE y el cierre de las cuatro plantas. La producción se trasladaría a Portugal y a Barcelona, “donde los trabajadores cobran el 50% de lo que cobran en Madrid y en donde el comité de empresa, en vez de representar a los trabajadores, representa a la dirección de la empresa”, denuncia Bermejo.

“Los dueños están muy interesados en erradicar la representación sindical. Nosotros no les cuadrábamos, a pesar de que seguíamos siendo la fábrica con más rentabilidad”, añade Mercedes. Las negociaciones entre Coca-Cola y el Gobierno catalán –con presiones estadounidenses incluidas– que llevaron a Artur Mas a renunciar en 2013 al prometido impuesto a las bebidas hiperazucaradas, es otra de las razones de esta decisión empresarial.

“Esto se va a parar”

“Nos quedamos noqueados –relata Mercedes–. Salimos de allí a mediodía, y a mí es algo que me sigue emocionando, tengo la imagen grabada: esa misma tarde nos vinimos para la puerta de la fábrica y los compañeros y las mujeres de los compañeros iban llegando con los carritos de los niños. Nos juntamos en la puerta, entramos dentro de la fábrica y se paró todo, porque veíamos que se caía todo por lo que habíamos luchado, todo lo que habíamos construido año a año... Como un acuerdo tácito decidimos que no iban a cerrar Fuenlabrada. Esto se va a parar. No, no vas a cerrar Fuenlabrada”.

No fue necesario decidir que se iba a la huelga, cuenta Mercedes. “Nadie dijo nada. Fue una llamada que salió de aquí, de esta parte del hígado”, Mercedes señala su costado. La huelga indefinida fue secundada masivamente. El campamento empezó a montarse ese mismo día. Copiaron los turnos que tenían en la fábrica para organizar las guardias. “Antes trabajábamos mañana, tarde y noche para enriquecer al empresario, ahora lo hacemos para defender nuestro puesto de trabajo”, dice Marcelo Álvarez, otro de los trabajadores de Casbega que se anima a hablar alrededor de la mesa alargada de madera.

Para este trabajador de Casbega, el campamento no sólo sirvió para proteger los accesos de la fábrica, sino también para “organizarse y mantener activa a la gente”. También para estrechar los lazos entre ellos mismos: “No nos conocíamos todos. Con muchos de estos apenas había cruzado palabra, sólo nos veíamos en los vestuarios... Como había 11 líneas de producción separadas,  podían pasar meses sin ver a alguien”.

La empresa utilizó “una táctica muy común entre los empresarios: divide y vencerás”, dice Mercedes. De los 1.190 despidos anunciados en un principio, finalmente 821 se convirtieron en despidos efectivos. De todos ellos sólo el sector industrial de la fábrica de Fuenlabrada, los famosos 238, y una persona de Alicante, se negaron a aceptar distintos tipos de traslados o el despido voluntario.

“Nos decían que el comité no quería negociar, lo que no queremos negociar es el cierre de la fábrica. Ningún comité debería estar para negociar el cierre de una fábrica. Si se llevan el tejido industrial de aquí, si le quitan a Fuenlabrada una fábrica de 600 trabajadores, ¿a dónde va a  ir esta gente?”, se pregunta Bermejo.

Los trabajadores de Coca-Cola demostraron que la compañía había abastecido el mercado de la capital desde otras regiones, vulnerando el derecho a huelga. / Dani Gago

       

Mientras la huelga indefinida amenazaba con ser permanente, Coca-Cola utilizaba a los grandes medios de comunicación como portavoz de las palabras del entonces presidente de la compañía, Marcos de Quinto, que defendía que Coca-Coca Iberian Partners no era Coca-Cola y que los despidos estaban justificados. “¿Qué nos quedaba a nosotros? –se pregunta Mercedes–. Las calles y las redes”.

Centros comerciales, el metro, las estaciones y los vagones del tren, las salas de espera de los hospitales, los campos de fútbol, hasta la gala de los Goya fueron los sitios elegidos por los “300 de Fuenlabrada” para dar a conocer lo que estaba pasando. “Nos íbamos al Ramón y Cajal, a la sala de traumatología y le decíamos a la gente: '¿Usted sabe que Coca Cola nos ha despedido cuando tiene 900 millones de euros de beneficio?'”. Los petos rojos de los trabajadores de Coca-Cola parecieron multiplicarse en todo tipo de acto y convocatoria en las calles de Madrid.

–Nosotros hicimos dos marchas a Madrid. Y estuvimos en dos Marchas de la Dignidad... Y otras dos acompañando a las mareas –dice Mercedes.
–En total hemos estado en más de 150 manifestaciones –apunta Bermejo.
–Ha habido momentos en los que hemos estado en tres o cuatro sitios al mismo tiempo –replica Mercedes–. Una vez contamos que Pulido había estado en cuatro sitios en un solo día. Era el no parar, y sigue siendo.


Si la duración de la huelga y las guardias frente a la fábrica se convirtieron en un quebradero de cabeza para la empresa, el boicot a Coca-Cola no lo fue menos. La idea no surgió de los acampados, sino de los colectivos sociales, dice Bermejo, y de “la propia ciudadanía”. Este sindicalista utiliza una metáfora para hablar de lo que denomina la fuerza del consumidor: “Si a ti te agrede el vecino de al lado, ¿qué haces? ¿Le das los buenos días? ¿Y si te vuelve a agredir? ¿Le vuelves a dar los buenos días? Lo que haces al final es defenderte”.

El trabajo en la redes sociales, la presencia en la calle y la solidaridad de todo tipo de plataformas y colectivos sociales, también de todos los partidos de la oposición, pudieron con la campaña de imagen que lanzó Coca-Cola, uno de los principales anunciantes en todos los grandes medios.

La campaña de boicot, afirma Bermejo, terminó afectando a la imagen de Coca-Cola: “Hace poco sacaban sacaban las latas con los nombres de pila y la gente te decía: 'Oye, consígueme la lata con el nombre de Lucía, que no la encuentro'. Y ahora resulta que los nombres de las latas se han convertido en el nombre de los despedidos. La gente piensa y dice: 'Me están utilizando'”. Coca-Cola Iberian Partners reconoció ante la Audiencia Nacional que las ventas en la zona centro habían sufrido una reducción del 48,6% con respecto al mismo periodo de 2013. “Si Madrid no produce, Madrid no consume”, era uno de los múltiples mensajes presentes en todo tipo de pegatinas y carteles en las calles de la capital.

Trabajadores de Coca-Cola montan una carpa para celebrar la nochevieja de 2014. / Álvaro Minguito

El cortijo de Coca-Cola

Y la caída de ventas hubiera sido mucho mayor “si la empresa no hubiera violado el derecho de huelga”, denuncia Mercedes. “Si nosotros dejábamos de fabricar, no debería haber producto, porque la empresa tenía adjudicado la fabricación y la venta en toda la región. Pero sabíamos que seguían trayendo desde fuera”, relata. Los trabajadores despedidos iniciaron una cruzada para documentar que la empresa estaba “rompiendo la huelga” de forma ilegal.

Buscaban latas y botellas cuyos códigos de barras y referencias indicaban que venían, como pudieron demostrar, de otras fábricas que no estaban en huelga. A veces no tenían ni siquiera que ir a buscar las botellas, sino que los productos venían a la fábrica, cuentan entre risas. Entre el caos de la huelga, varios camiones llegaron a Fuenlabrada con productos de fuera de Madrid para abastecer el mercado de la capital. “Los conductores nos dejaban los albaranes y veíamos que el producto venía de Barcelona o de donde fuese, y venían a suministrar el mercado de Madrid, no hacía falta que fuéramos a hacer un piquete a ningún lado”, cuenta otro trabajador de la embotelladora. “En la Inspección de Trabajo se acordaban perfectamente de mí –rememora Mercedes–. El encargado me decía: 'Por esta inspección ha pasado mucha gente, pero no he conocido muchas personas que pongan 62 cartas y denuncias en 40 días'”.

La insistencia dio resultados. En mayo de 2014, la Inspección de Trabajo le dio la razón a los trabajadores de Casbega: Coca-Cola Iberian Partners había vulnerado el derecho a la huelga. Una sanción no vinculante que fue, sin embargo, fundamental para que un mes después, en junio de 2014, la Audiencia Nacional declarara nulo el ERE. Según la sentencia, los trabajadores deberían ser readmitidos en su puesto de trabajo previo.

“Nosotros estábamos contentísimos, pero la compañía, representada por los principales bufetes de abogados de España, dijo que iba a cumplir cuándo quieran y cómo ellos quieran”, cuenta Mercedes. Una supuesta victoria en los tribunales dio lugar a “una de las situaciones más dramáticas que se han vivido”. Como el ERE fue declarado nulo, los trabajadores dejaron de percibir las prestaciones por desempleo y, “como la empresa no los quería readmitir, los compañeros se encontraron sin un duro”.

–Era kafkiano, hablamos de personas que no podían pagar las hipotecas, gente que no podía tener los tratamientos que requerían– dice Mercedes.

–O no podían poner la calefacción –agrega Aurora.

–O tenían que ir a comedores sociales. Ha habido divorcios, enfermedades... Estuvimos así cinco meses.

La solidaridad entre los propios trabajadores y de otros colectivos sociales fue clave para poder resistir durante 15 meses. / Álvaro Minguito

Aurora no trabajaba en la embotelladora, era su marido el que lo hacía, pero no hubo diferencias a la hora de integrarse en el campamento y en las protestas. “Las mujeres han sido el 50% de la lucha, sin nosotras no hubiera funcionado... Él se hubiera derrumbado –dice señalando a su marido– y yo me hubiera derrumbado”. Tampoco hubiera funcionado sin la caja de resistencia para ayudar a los “compañeros que estaban en una situación más precaria”, una herramienta de apoyo mutuo creada con aportes de los trabajadores que estaban en una mejor situación y las donaciones realizados por particulares y todo tipo de organizaciones sociales. Otros colectivos llevaban leña o comida al campamento. Si un trabajador no podía pagar la hipoteca, cuenta Mercedes, el resto lo acompañaba al banco para renegociar mejores condiciones.

Para Marcelo Álvarez, el no cumplimiento de la sentencia por parte de Coca-Cola es un claro ejemplo del doble rasero existente en la aplicación de la ley: “Un empresario no puede hacer lo que le da la gana, porque hay derechos”. El marido de Aurora lo dice de otra manera: “Es como si te condenan a 15 años de cárcel y tú dices: 'No, es que no me conviene'”.

El clímax

Cuando se cumplía casi un año de huelga indefinida y a pesar de que la Audiencia Nacional había dictaminado que la empresa debía restituir los puestos de trabajo, aquel 15 de enero de 2015, la policía escoltaba a una cuadrilla valenciana que pretendía desmantelar las máquinas.

Pero los trabajadores y sus familiares no tardaron en ponerse en medio. Las redes funcionaron y en pocas horas cientos de integrantes de las mareas y de colectivos de Fuenlabrada, de organizaciones estudiantiles y de las juventudes comunistas, de Comisión Obreras y de partidos políticos como Izquierda Unida, Podemos o, incluso, UpyD, habían ido llegando para apoyar a los trabajadores de Coca-Cola. “Menos el PP, vinieron todos. Era Cristina Cifuentes la que había dado la orden, y claro, ¿cómo va a venir?”, se ríe Mercedes. 

En el forcejeo con la policía, una persona fue detenida y cinco resultaron heridas, Aurora entre ellas, que sigue llevando muletas tras sufrir una caída en medio del tumulto. “A Pulido le pegaron, a Picachu le dieron un porrazo en la cara, a él –Mercedes señala a otro trabajador– un pelotazo en la cara, y a Galán, que no estaba haciendo nada porque estaba recién operado de la columna, lo cogieron, lo tiraron al suelo y le dieron con la porra”.

–¿Y ahora la fábrica está vacía?

–¡No!–dicen todos a la vez–. Todavía está toda la maquinaria– continúa Mercedes.

–Todo el mundo se cree que está vacía, pero no– dice Aurora.

–¿Y qué se llevaron?

–Nada, ni un tornillo, porque no les dejamos– dice Mercedes.

–Entramos dentro de la fábrica, y les dijimos a esos canallas que se tenían que marchar –dice el marido de Aurora en referencia a los trabajadores de la contrata–. Los sacamos aquí, por esta puerta, y les dijimos que se fueran por ahí andando hasta Valencia. Y eso fue lo que salió de la fábrica. Lo único que se llevaron fue a los esquiroles en coche de policía.

Celebración de la sentencia del Tribunal Supremo, que daba la razón a los trabajadores de Coca-Cola. / Eliecer sánchez - Disopress

Parecía que las cosas empezaban a mejorar para los trabajadores de Casbega. En febrero comenzaban a cobrar el dinero adeudado por la empresa y el 15 de abril de 2015 el Tribunal Supremo les volvía a dar la razón: Coca-Cola había vulnerado el derecho a la huelga, el ERE era nulo y todos los trabajadores debían ser readmitidos en su puesto de trabajo previo. Además, obligaba a la empresa a pagar todos los salarios dejados de percibir desde el despido.

Pero diez días después de la sentencia, el campamento de Coca-Cola sigue en pie y en plena actividad. “Vamos a seguir aquí resistiendo hasta que se dé cumplimiento a la sentencia del Supremo, que ratifica lo que dijo la Audiencia en su tiempo”, dice Márcelo Álvarez.

El confesionario

El campamento se ha convertido en un sitio de peregrinaje para colectivos de trabajadores en conflicto. “Esta mesa es casi como un confesionario –dice Marcelo Álvarez–. Ha venido gente de Panrico, hemos estado con los barrenderos, con los de Madrid Río, con Airbus, con Telepizza de Zaragoza, con los mineros asturianos, con Everest...”.

–¿Y qué les decís?

–Les explicamos más o menos lo que hemos hecho– dice Mercedes.

–Ellos te preguntan, sobre todo, cómo hemos conseguido aguantar tanto tiempo. Eso es lo que más le llama la atención a la gente– dice Marcelo. 

–¿Y cómo lo habéis conseguido?

–Pues siendo solidarios, sobre todo, y organizados. Ésa es la única forma, así hemos aguantado estos 15 meses –resume Marcelo.

–Y otros 15 si hace falta... –concluye Mercedes.

Por Martín Cúneo. Fuente

04/05/15

Cuatro hitos en 15 meses

22 de enero, 2014

Los trabajadores de Fuenlabrada inician una huelga indefinida e instalan el campamento tras conocerse la noticia del ERE y del cierre de la planta.
 

12 de junio, 2014

La Audiencia Nacional da la razón a los trabajadores de Fuenlabrada: Coca-Cola vulneró el derecho a la huelga y deben ser readmitidos.
 

15 de enero, 2015

Coca-Cola no cumple la sentencia y envía a una cuadrilla y a la policía a desmantelar las máquinas. Los trabajadores lo impiden.
 

15 de abril, 2015

El Supremo vuelve a dar la razón a los trabajadores de la embotelladora, que mantienen las medidas de presión hasta que se cumpla la sentencia.

¿Para qué sirve un sindicato? Pregunten a los trabajadores de Abengoa

En los tiempos difíciles que se avecinan para los trabajadores de Abengoa éstos encontrarán a faltar que durante los años pasados no se hayan construido unas buenas organizaciones sindicales


Hemos leído y oído la información que está apareciendo referida a la empresa Abengoa, los errores en la gestión, el concurso de acreedores y la fuerte relación que la empresa ha mantenido con los centros de poder estatales, autonómicos y locales desde su fundación en Sevilla en 1941. Una relación que ha merecido la consideración de ser la empresa más politizada del Ibex 35, dado que en su Consejo de Administración se han sentado personas muy relevantes procedentes del ejercicio de importantes responsabilidades públicas y a quienes se les supone una sensibilidad especial con los derechos laborales básicos, o cuando menos que los conozcan.

Hemos sabido además que a muy pocas fechas de la presentación del concurso de acreedores y del desplome del valor de la empresa, sus principales gestores, los ya expresidente y ex consejero delegado, se embolsaron respectivamente 11,48 y 8 millones de euros de indemnización por su “cese anticipado". También han salido a la luz informaciones sobre las viejas y autoritarias formas de gestión de las personas en esta empresa, que, por el sector al que pertenece, debería suponerse del siglo XXI.

Una gestión autoritaria más propia de una vieja fábrica de montaje fordista que provoca que los 4000 trabajadores de su sede central no tenga comité de empresa y que el Campus Palmar Altas, sea conocida por los propios empleados como "Palmatraz". Han sido muchas las noticias que han ido apareciendo en la prensa local sobre el trato a los becarios, o los controles asfixiantes, o las continuas prolongaciones de la jornada laboral. Como ejemplo, en junio del pasado año el Diario Andalucía información.es, citando fuentes de la Inspección de Trabajo, informaba de “una multa de más de 300.000 euros en 24 filiales de la provincia de Sevilla por imponer horas extras gratis”, o las denuncias de despidos masivos que se están produciendo en estas semanas sin diálogo ni negociación en las distintas empresas del grupo industrial.

En los tiempos difíciles que se avecinan para los trabajadores y trabajadoras de Abengoa éstos encontrarán a faltar, en el disgregado mundo de las decenas de empresas que forman este grupo industrial, que durante los años pasados no se hayan construido unas buenas organizaciones sindicales que trabajaran por la unidad de los trabajadores. Seguro que encontrarán a faltar la fuerza de la organización y de la unidad para defender el futuro de la empresa, su empleo y sus derechos. Sin duda ahora, en estas circunstancias, muchos trabajadores y trabajadoras de Abengoa sentirán la ausencia del principal instrumento que hace decenas de décadas inventaron los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo: los sindicatos.

Sentirán la necesidad de promover la coordinación entre los cientos de centros de trabajo y empresas que componen su grupo empresarial, cuando comprueben que todo lo que sucede en un centro de trabajo de su grupo industrial, por muy lejos que esté, no es indiferente para el resto de los miles de trabajadores y trabajadoras de Abengoa. Por esto, en estos momentos de grave crisis, sentirán la ausencia de los necesarios instrumentos de información y participación sindical para conocer cómo y hacia dónde va la empresa. Algo que es un derecho contemplado en nuestra legislación y que ha sido mejorado, desde la negociación colectiva, en muchas empresas como la suya, también grandes y globales.

Todo esto, y seguro que mucho más, podrán sentir los trabajadores y trabajadoras de Abengoa en estos momentos de grandes desafíos para su empleo y condiciones de trabajo. Pero, sin lugar a duda, también sentirán el total apoyo de las organizaciones sindicales, de sus expertos y técnicos, pagados por las cuotas de afiliados y afiliadas de otras empresas, con su experiencia, presencia e interlocución institucional. Y sobre todo podrán contar, con toda seguridad, con la solidaridad organizada en los sindicatos del resto de los trabajadores y trabajadoras de pequeñas, medianas y grandes empresas.

En muy pocas fechas veremos el desenlace y las posibilidades de reestructuración financiera e industrial de esta gran empresa, si será capaz o no de resistir el feroz ataque de su competencia en un sector tremendamente agresivo e interesado en reducirla. También veremos el grado de compromiso de las entidades financieras y de las administraciones públicas para evitar que desaparezcan los miles de puestos de trabajo, el conocimiento tecnológico acumulado y el valor social y económico para Sevilla, Andalucía y España.


Junto a su compromiso de apoyo en búsqueda de soluciones, también es el momento para que las organizaciones sindicales incorporen entre sus prioridades cambiar y modernizar las relaciones laborales en esta empresa y construir, desde la afiliación masiva, las nuevas y más maduras relaciones laborales e industriales, con nuevos instrumentos de representación y nuevos compromisos  de la empresa de diálogo y participación. En conclusión, iniciar una nueva etapa más abierta y más propia del Siglo XXI.

Por Quim González Muntadas
19 de Diciembre de 2015
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Ver: Abengoa deja tirados a centenares de españoles en el extranjero y sin billete de vuelta

Periodistas corruptos

Los periodistas sabemos bastante bien dónde poner el listón para descalificar a un político: la mentira reiterada, el engaño deliberado, la deshonestidad económica, el servicio a intereses ajenos a los ciudadanos que dice representar… Pero ¿dónde se pone el listón para descalificar a un periodista indigno del oficio que dice practicar?

En la gran mayoría de los casos, los periodistas que tan bien sabemos hablar de los políticos nos callamos como muertos a la hora de hablar en público de periodistas deshonestos, que mienten y engañan deliberadamente, que sirven con cinismo otros intereses que los de sus lectores o seguidores. ¿Por qué sucede eso? Muchas veces, por miedo a que la denuncia pública de esos personajes se considere o aliente un ataque a la libertad de expresión. Por miedo a que se aprovechen esas denuncias para recortar la libertad de expresión y, por consiguiente, para recortar la ya debilitada democracia. Quizás también por simple miedo a no poder defenderse de sus mentiras y ataques. La realidad es que es ese silencio lo que perjudica la libertad de expresión y lo que debilita la democracia. Quienes callan, participan del juego y de la trampa.

No se trata ya solo de denunciar los intereses y tejemanejes de las empresas periodísticas y de sus responsables ejecutivos, incapaces de hacer frente a las presiones de los bancos o empresas con los que mantienen deudas. Eso es cierto y tiene un efecto demoledor sobre la credibilidad de esos medios. Pero también es cierto que los periodistas no son empleados de una mercería, y que al iniciar su oficio adquieren una serie de compromisos profesionales y éticos. Y que existen periodistas infinitamente más deshonestos, venales y sobornables que los políticos que denuncian.

La campaña electoral que acaba de terminar es un buen espejo para analizar lo que está ocurriendo. Programas de radio, programas de televisión, espacios en diarios digitales y en diarios tradicionales han sido vendidos, comprados y colocados al servicio de algún candidato particular, de manera casi siempre encubierta y tramposa. No se trata de que esos medios o periodistas hayan declarado su apoyo a un candidato o un partido particular, algo perfectamente legítimo, sino precisamente de lo contrario, del engaño con el que se han manejado. Por no hablar de la frivolidad insoportable con que esos medios se han comportado en un momento social tan grave, obviando toda referencia a la corrupción, la desigualdad o la pobreza.

No se trata de extender la sospecha sobre todos los profesionales. Hay centenares, miles de periodistas españoles que hacen su trabajo día a día, defendiendo las reglas del oficio. Periodistas, reporteros y simples informadores, que indagan los hechos y los relatan, mejor o peor, pero con la mayor honestidad que pueden. Columnistas que intentan argumentar sus opiniones con datos y razonamientos y que no apelan a las pasiones. Redactores jefes y directores que intentan mejorar la calidad de sus medios y la excelencia en el relato. No merecen ser confundidos ni mezclados con esos periodistas de otro pelaje, algunos de los cuales traspasan la frontera del fanatismo y se convierten en empleados a sueldo de partidos o empresas afines a esos partidos. Sumarios judiciales recientes, como el de la Púnica, revelan nombres de profesionales cercanos a esas tramas de corrupción política, así como la creación y / o financiación de medios y redes sociales locales, regionales y nacionales con fondos públicos y publicidad más o menos encubierta. Que se sepa, ninguno de esos profesionales y medios ha sufrido el menor contratiempo por participar en esos entramados.

El problema es que, a veces, periodistas que han acreditado sobradamente su profesionalidad aceptan mezclarse en esos programas o en esos medios con periodistas que saben perfectamente que son corruptos. Lo hacen sabiendo que con su mera presencia y su intento de mejorar el debate, legitiman a los comprados e indecentes. Si esos periodistas no encontraran ninguna legitimidad entre sus colegas, se verían obligados a conversar entre ellos y seguramente acabarían por desaparecer o, al menos, a verse obligados a analizar la situación política con Kiko Matamoros o Kiko Hernández.

Es verdad que hace ya mucho tiempo que se denuncia la deriva del periodismo hacia el espectáculo y el amarillismo, pero la cuestión no se plantea ya en esos términos. No es que los programas informativos se mezclen con bailes o con entrevistas de celebridades. La verdad es que algunos de estos programas espectáculo han dado origen a magníficos espacios llenos de verdadera y sustanciosa información. Pero esos programas o espacios han quedado ya completamente rebasados por este otro tipo de espectáculo manipulador y mentiroso. Algunos periodistas españoles han llevado el debate político al nivel de Donald Trump, y habría que reconocer que las declaraciones y actitudes de Trump están provocando un auténtico escándalo en Estados Unidos, mientras que en España un debate político degradado a propósito por periodistas infames se considera casi una broma, una gracia. No lo es. Tomarse a broma ese tipo de periodismo es un peligro y una desgracia para la democracia.

Las pretensiones del periodismo son enormes, pero sus logros casi insignificantes, decía un conocido periodista inglés del siglo XIX. Seguramente sigue teniendo razón. Pero aun así, por muy pequeños que sean los logros del periodismo profesional y de los periodistas que ajustan su trabajo a determinadas normas y reglas, su presencia en una sociedad democrática es fundamental. Que el periodismo honesto quede aplastado o encubra a los periodistas indecentes supone un precio demasiado alto para el oficio y un peligro inmenso para la democracia.

Por EDITORIAL CTXT
23 DE DICIEMBRE DE 2015
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20 de Diciembre. Vayamos a las urnas

Las próximas elecciones generales son una oportunidad para encauzar todo el cabreo que, sindicalistas, activistas sociales, trabajadores y trabajadoras, ciudadanía en general, venimos acumulando en esta pasada legislatura. Cuatro años en los que el Gobierno del Partido Popular se ha empleado sin piedad en desarrollar políticas  dirigidas a favorecer a los “de arriba”, las élites,  a costa de deteriorar la calidad de vida de los “de abajo”, la inmensa mayoría de la población.

Recortes, reformas laborales, regalos fiscales a los más acaudalados, más precariedad, más despidos y más baratos, más paro, más pobreza… No, no es una exageración. Basta echar una mirada al entorno de cualquiera, para ver como el problema del paro afecta dramáticamente a la mayoría de las familias, para constatar las dificultades de los más jóvenes para acceder a un empleo, y la dramática salida del mercado laboral de personas que son consideradas demasiado viejas para poder reincorporarse a un empleo en condiciones,  pero demasiado jóvenes para aspirar a una jubilación digna.

 Las políticas del Partido Popular han generado, y siguen haciéndolo, además de un deterioro de los servicios públicos,  auténticos desaguisados en la vida de muchas personas.  Han producido desasosiego, incertidumbres ante el futuro, imposibilidad para la emancipación de miles de jóvenes,  condenas inapelables a la pobreza. Eso sí, unos pocos, para los que parecen gobernar, no han dejado de forrarse, haciendo de la crisis una nueva oportunidad de negocio.

Y con eso no agotan sus pretensiones. El diseño de país que vienen desarrollando, que ya se va notando, se fundamenta en una economía que compita a costa de salarios miserables, de inestabilidad laboral. ¿Dónde ha quedado toda la palabrería de un nuevo sistema productivo, competitivo en valor añadido, en I+D+i, con empleo digno y estable?

Quieren un país en la que los servicios públicos se sigan tratando como nuevas oportunidades de negocio para sus amigos. Que las puertas giratorias no dejen de funcionar, que la corrupción y el enriquecimiento fácil de algunos, sigan siendo un motor importante de la gestión pública… Y para eso, para eliminar obstáculos,  seguir atacando el derecho de huelga  abriendo causas judiciales, como ya lo han hecho a más de 300 sindicalistas y podando libertades, desatando miedos, con leyes mordaza.

Y lo más cruel es pretender vender ahora, a unos días de las elecciones, que el sacrificio de los “de abajo” – ellos y para los que trabajan no han sufrido nada – no solamente ha sido clave para  salir de la crisis, sino que no hay otra manera de poderlo hacer.  Ellos saben, que la mejora estadística de la economía, se ha debido a factores ajenos a su gestión; depreciación del euro, abaratamiento de las materias primas y el petróleo, políticas más expansivas del Banco Central Europeo… Y con todo, esa recuperación nominal, no se está traduciendo ni en un alivio para  tanta gente que lo está pasando mal.

El sindicato seguirá movilizado, peleando día a día contra todas las agresiones a las personas, a los sectores de la población que representa. Seguirá en la pelea por la generación de riqueza y una más justa distribución, por los derechos y las libertades…

Pero los trabajadores y trabajadoras, ejerciendo con responsabilidad como ciudadanos de pleno derecho, tenemos la oportunidad el próximo día 20 de Diciembre, de pasar cuenta en las urnas a todas las agresiones de que hemos sido objeto, de votar contra ese diseño de país que se quiere hacer no solamente sin nosotros, sino claramente contra nosotros y nosotras. Tenemos la opción, la obligación,  de impulsar un cambio apoyando a todas aquellas fuerzas que se han enfrentado a las políticas que nos han hecho sufrir y que se suman a la proclama sindical de que si, si es posible hacer las cosas de otras formas. No desaprovechemos el 20 D.  Hagamos balances. Leamos programas. Vayamos a las urnas. 


Por Julián Buey
Secretario general de CCOO Aragón
12 de Diciembre de 2015
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París, un acuerdo decepcionante que desoye a la ciudadanía

Para Ecologistas en Acción el acuerdo alcanzado hoy en la cumbre del clima de París es decepcionante e insuficiente al carecer de herramientas necesarias para luchar con eficacia contra el calentamiento global y al desoír las luchas ciudadanas que ya están haciendo frente al cambio climático. Se ha perdido una oportunidad de reforzar e internacionalizar un cambio de modelo basado en las renovables, que mantenga bajo tierra el 80% de los recursos fósiles, frene la industria extractivista y se ajuste a los límites planetarios. Se ha optado en cambio por consagrar la mercantilización del clima y las "falsas soluciones"

La justicia climática, la descarbonización, la financiación adecuada, los derechos humanos, la perspectiva de género, los refugiados climáticos… son muchos los puntos fundamentales que han quedado fuera del texto final.

Además, se ha optado por la fórmula con menor fuerza legal (acuerdo) para un texto peligrosamente vago y abierto, en el que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no son vinculantes. La revisión de los compromisos se hará demasiado tarde, cuando estemos cerca de haber emitido ya una cantidad de gases de efecto invernadero que implicaría superar el límite de 1,5 grados.

La fundamental meta de la descarbonización de nuestras economías ha acabado en una vaga referencia a la necesidad de alcanzar el pico de emisiones "lo antes posible" y de "un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las fuentes y absorciones por sumideros de los gases de efecto invernadero". Es decir, se confía el cumplimiento de los compromisos a la compensación de las emisiones, en vez de a su reducción significativa, por medio de un cambio en la forma de producir y consumir.

El texto no contempla las emisiones generadas por el transporte aéreo y marítimo, abre la puerta a trucos contables en el cálculo de las emisiones y deja sin amparo luchas como la desinversión en combustibles fósiles y el freno del fracking y las arenas bituminosas.

El acuerdo mantiene además los mecanismos de mercantilización del clima inscritos en anteriores tratados, como los mercados de carbono, que favorecen la especulación y la política del talonario frente a los esfuerzos reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Tampoco hay mecanismos garantistas para la financiación. La provisión de fondos para la adaptación a los países más vulnerables ha quedado relegada a una decisión de la cumbre, no al acuerdo vinculante, lo que posibilita una vuelta atrás en el futuro. Además, gran parte de esta financiación podrá ser usada para impulsar las citadas falsas soluciones, como la geoingeniería o la captura y almacenamiento de carbono, lo que supone una gran traba al desarrollo de las energías renovables.

Los elementos más interesantes figuran sólo en el preámbulo, es decir, en la parte declarativa que carece de fuerza legal. Es el caso de la apelación a "muchos mayores esfuerzos de reducción" de las emisiones. Esto convierte el acuerdo en algo más parecido a una declaración de intenciones que a un texto a la altura del reto que supone el cambio climático, en clara contradicción con el origen de las negociaciones climáticas y el propio sentido de las Naciones Unidas.

Los líderes mundiales han apostado en París por el mismo modelo devorador de recursos que nos ha traído a la situación actual y nos dirige al colapso ambiental. Se muestra una vez más que muchos ciudadanos y ciudadanas tienen claro cuál es el camino a seguir, mientras que estos marcos de negociación desoyen esas voces continuamente y carecen del liderazgo necesario ante el mayor reto del siglo XXI.

No es momento de bajar los brazos ni de caer en el pesimismo en la lucha contra el cambio climático. Para Ecologistas en Acción, lo sucedido en París muestra la necesidad de seguir presionando para que se tomen las medidas necesarias, frente a un acuerdo que nos condena de momento a un aumento de más de tres grados de temperatura. También subraya la importancia del empoderamiento del cambio impulsado por la ciudadanía frente al calentamiento global, con miles de luchas, como las articuladas contra el TTIP, el fracking o la energía nuclear.

Se ha cerrado una ventana, pero la puerta de la ciudadanía, la calle y las luchas cotidianas está más abierta que nunca. Experiencias como la agroecología, la soberanía alimentaria, la movilidad sostenible y la desinversión en combustibles fósiles pondrán en evidencia la falta de ambición de los líderes políticos. Solo un cambio genuino en el modelo de producción y consumo mitigará de forma eficaz el calentamiento global.

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12 de diciembre 2015, por Clima

La doble cara de las empresas que financian la Cumbre del Clima de París

Los patrocinadores del encuentro de la ONU tienen un largo historial de ataques al Medio Ambiente, aunque la organización destaca sus compromisos en este ámbito para los próximos años.

La Cumbre del Clima de Naciones Unidas tendrá un coste estimado de 170 millones de euros, a los que habrá que añadir los gastos de seguridad, que se elevarán de manera notable después de los recientes atentados yihadistas en París. Un 20% del presupuesto de COP21 correrá a cargo de empresas privadas, muchas de ellas del sector eléctrico, aunque también hay aerolíneas, compañías automovilísticas, bancas y aseguradoras.

“Todas estas empresas son amigas del clima”, afirman desde el Gobierno francés. Poco importa que entre los nombres se encuentren algunos de los máximos responsables del calentamiento global en las últimas décadas, industrias que ven la lucha contra el cambio climático como una posibilidad nueva de negocio. Algunos partidos como Los Verdes Europeos califican de “impresentable” e “incoherente” que “grandes corporaciones con una fuerte responsabilidad en el cambio climático” financien esta Cumbre. “Es como si invitáramos a las multinacionales del tabaco a financiar congresos de lucha contra el cáncer”, apuntan.

Pese a que la gran mayoría de estas empresas se ha comprometido a reducir su impacto medioambiental y se ha fijado objetivos para disminuir sus emisiones y su consumo de energía, la mancha en algunos casos es tan grande que un simple lavado de cara no es suficiente.

EDF: El mayor defensor de las «virtudes» de la «limpia» energía nuclear

Parte interesada. Así se podría definir la participación de Électricité de France como patrocinadora de la Cumbre del Clima. De hecho, ha aprovechado este papel para lanzar una campaña publicitaria a gran escala en la que alaba las “virtudes” de la energía nuclear por “limpia” y “libre de CO2”. En su eslogan, EDF se autodefine como el “socio oficial de un mundo bajo en carbono”, y llama a descubrir “la verdadera cara de la energía baja en carbono”. Lo que no cuenta es que su propuesta se basa de manera exclusiva en el aumento de la presencia de centrales nucleares en Francia. Instalaciones libres de carbono, pero con un problema de radiactividad que omiten. Para ellos, Chernóbil y Fukushima suenan muy lejanos. Poco se conoce del papel que las energías renovables juegan en el modelo “limpio” de EDF, al que apenas aportan poco más del 2% de su volumen de negocio.

ENGIE: La gran contaminante busca su sitio para salir de la lista negra

Resulta extraño que una de las empresas responsable de algunas de las centrales de carbón menos eficientes del mundo sea patrocinadora de un encuentro que precisamente lucha contra la dependencia energética de combustibles fósiles, pero así es. Engie, antiguamente GDF Suez, figura entre los primeros emisores globales de gases de efecto invernadero, con 155 millones de toneladas de carbono emitidas por año durante 2013, según Thomson Reuters. Sólo quedaron por delante de ella dos petroleras chinas, Arcelor Mittal, NTPC Ltd. y la empresa eléctrica alemana RWE AG.
Para intentar paliar esta mala imagen, Engie –que posee 30 centrales de carbón en el mundo, sobre todo en Europa, Estados Unidos y Australia– ha anunciado un plan de reestructuración con el objetivo de reflejar su transición a una “nueva era energética”.

Algunos medios especulan con la posibilidad de que durante la Cumbre, la empresa francesa anuncie una retirada parcial de su cartera de centrales de carbón. Es decir, vendería sus activos. Según un estudio de la Universidad de Oxford publicado en marzo de este mismo año, Engie posee la flota de centrales de carbón más ineficientes del mundo (después de dos pequeñas empresas indias), y sus consecuencias empiezan a notarse en forma de catástrofes medioambientales. En Italia, por ejemplo, Vado Ligure, una central participada al 51% por Engie, fue cerrada en 2014 por los impactos sanitarios y el “desastre ambiental” que ocasionaba.

BNP-PARIBAS: El gran inversor de proyectos expansivos de extracción de carbón

Si alguien sabe lo que cuesta el cambio climático, ese es BNP Paribas. Al menos, debería saberlo ya que se trata de uno de los bancos internacionales más involucrados en operaciones de financiación de carbón alrededor del mundo. Según el portal web coalbanks.org, entre 2005 y abril de 2014 el banco francés ha contribuido de manera efectiva a la expansión del carbón (minas y centrales eléctricas), con al menos unos 15.600.000 millones de euros. Desde la organización de los Premios Pinocho, creados para denunciar los daños de las multinacionales al medio ambiente y en la que participa Amigos de la Tierra, alertan de las prácticas de los poderes financieros y en concreto de BNP Paribas, y documentan varios casos. “En Sudáfrica, el banco está involucrado en la construcción de dos gigantescas centrales eléctricas a carbón, Medupi y Kusile. Entre ambas, cada año emitirán a la atmósfera 60 millones de toneladas de carbono, aumentando las emisiones de Sudáfrica en un 17% y exacerbando los devastadores impactos del cambio climático sobre las comunidades pobres”, apuntan. También aparecen los tentáculos de la entidad bancaria en India, donde, según denuncian, “BNP Paribas es el único banco internacional partícipe, a través de un préstamo de 327 millones de dólares en la infame central Tata Mundra, en la costa del Gujarat”. Esta factoría de 4.150 MW ha provocado la destrucción de los medios de subsistencia de las comunidades locales, ya que arroja masivas cantidades de agua caliente en el ambiente marino. Además, el polvo de carbón y la ceniza que resulta de su combustión caen del cielo y contaminan las tierras agrícolas y los pescados.

NISSAN: Los controles de emisiones de CO2 de los coches, bajo sospecha

En medio de la polémica por el caso Volkswagen, la empresa automovilística francesa se presenta como ejemplo de pureza medioambiental.
Las emisiones de CO2 registradas en Europa en 2014 fueron, de promedio, un 40% superiores de las que declaró la industria de la automoción, según un informe de la ONG Transport & Enviroment. Pese a ello, Renault se mantiene como la marca con menos emisiones de CO2, según el análisis realizado por la empresa consultora Jato.

IKEA: El ejemplo del modelo de consumo que impide un cambio a nivel global

Más de 70 millones de visitas a alguna de sus 16 tiendas repartidas por todo el Estado español. Un total de 1.165 millones de euros de facturación durante 2014. Éstos son los números de la empresa que mejor representa el consumo rápido y desmesurado. Artículos baratos, de procedencia lejana y en los que se prima más el placer de comprar (y montar) que la necesidad. Es “la república independiente de tu casa”.

Una “república” que apareció en un informe de Greenpeace del año 2009 en el que se le señalaba directamente como una de las empresas responsables de la desaparición “a pasos agigantados” de la selva amazónica. La compañía sueca rápidamente inició su contrarréplica y destacó sus “indicadores de sostenibilidad”. Este mismo año The Wall Street Journal publicó que Ikea había decidido comprar y gestionar bosques con los que asegurarse el suministro de madera. Ya lo hace en Rusia, donde las autoridades le retiraron el sello de sostenibilidad, y ahora tiene proyectado ejecutarlo también en Rumanía.

Otras empresas: Del negocio del agua al modelo económico de Michelin y Carrefour

En París también habrá sitio para otras empresas que no remiten especialmente a una lucha contra el cambio climático, aunque con su presencia como patrocinadoras de la Cumbre sí esperan obtener algunos réditos. En el listado de multinacionales aparecen Suez Environnement y Sedif, ambas vinculadas a la gestión del agua, un sector en el punto de mira ecologista por su permeabilidad a la especulación económica. También se encuentra en el listado de patrocinadores la compañía aérea Air France. Los vuelos comerciales son responsables del aumento de los gases de efecto invernadero. Entre 1990 y 2006, las emisiones aumentaron un 87% en la Unión Europea. La contribución de aeronaves civiles en vuelo a las emisiones globales de CO2 se estima en alrededor de 2% del total, aunque los expertos duplican esa cifra.

Michelin es otra de las empresas patrocinadoras. La multinacional es la que más hace en su sector a favor de la sostenibilidad, pero aun así representa un modelo que daña enormemente a la capa de ozono. Igual que el de Carrefour, quien sigue buscando solución a las toneladas de residuos que genera cada año.


[Este artículo es parte del reportaje sobre la Cumbre del Clima de París (COP21) que se puede leer en el número de diciembre de la revista La Marea. Ya a la venta en quioscos y en tienda online]

Fuente: http://www.lamarea.com/2015/11/28/la-doble-cara-de-las-empresas-que-financian-la-cumbre-de-paris/

Toni Martínez
La Marea

Por un planeta libre de basura plástica
Por qué debemos dejar de beber agua embotellada

Ahora o nunca

Hoy, 30 de noviembre, los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo se reúnen en París con el objetivo de pactar una solución global a uno de los mayores retos del siglo XXI: el cambio climático.

Llevan años preparando este encuentro, y no es para menos. Hambrunas, sequías, cultivos arruinados, fenómenos meteorológicos extremos… escenarios propios de la ciencia ficción que ya están teniendo lugar y que responden a una causa común: el calentamiento global y el cambio que conlleva en el sistema climático.

El clima ha cambiado siempre, y por muchas razones. Ya cambiaba intensamente antes de que los humanos poblásemos el planeta. Pero en los últimos miles de años se ha dado un período de extraordinaria estabilidad climática —el Holoceno— que ha permitido, entre otras causas, el desarrollo de nuestras sociedades. Esta estabilidad, de una enorme fragilidad, se está viendo afectada por el cambio climático. Esa es una de las conclusiones fundamentales del quinto informe de evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), reunido por Naciones Unidas: “el calentamiento del sistema climático es inequívoco, y muchos de los cambios observados desde los años 50 no han tenido precedentes en los últimos milenios”. Otra conclusión clave del informe es que las actividades humanas son la causa principal del cambio climático observado desde mediados del siglo XX.

El clima está cambiando, lo que ya está impactando en nuestra forma de vida de manera significativa, y no estamos reaccionando. A pesar del trabajo de concienciación y de las movilizaciones de las últimas décadas, las emisiones de gases de efecto invernadero —responsables del calentamiento global— no sólo no se están reduciendo, sino que están aumentando a ritmos cada vez más rápidos. Y sus efectos, especialmente graves en las zonas más vulnerables del planeta, los estamos percibiendo también en Europa, con la contaminación de nuestras ciudades y patrones climáticos —como sequías en zonas áridas— que se intensifican.

El cambio climático ya no puede evitarse. La cantidad de gases de efecto invernadero vertida a la atmósfera ya hace irreversible el calentamiento. Lo que aún podemos hacer es limitarlo, si reaccionamos rápido, a un aumento máximo de 2ºC con respecto a tiempos preindustriales, como ha marcado la comunidad científica, y de eso depende la cumbre del COP21, en París. Nos jugamos mucho en muy poco tiempo. Y no debemos olvidar que si debemos reaccionar no es solo por el planeta, ni por la naturaleza, ni por el resto de seres vivos: la biosfera seguiría funcionando después de un cambio de los ecosistemas a gran escala, incluso habría especies que podrían beneficiarse de un calentamiento semejante. Es la vida humana, principalmente, la que se vería amenazada por ese cambio. No lo olvidemos: lo hacemos por nosotros mismos.

Por Guillermo Rodríguez Robles 
miembro de EQUO
30/11/15
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Refugiados contra migrantes: Divide y vencerás

"Las élites llevan años dirigiendo el discurso para criminalizar a las personas migrantes, para hacerlas responsables de la masificación de los centros de salud, de la falta de becas en los colegios o de la escasez de plazas en las escuelas infantiles", defiende Albiol


Divide y vencerás. Sabemos que esta ha sido una de las ideas que ha guiado la estrategia de las clases dominantes a lo largo de la historia. Dividir al pueblo, a los pobres contra los pobres, permite a los poderosos dominar a la mayoría pese a ser muy inferiores en número.

Se trata de un arma de dominación tan vieja como las primeras civilizaciones, pero continúa vigente y se sigue utilizando hoy día. Las élites llevan años dirigiendo el discurso para criminalizar a las personas migrantes, para hacerlas responsables de la masificación de los centros de salud, de la falta de becas en los colegios o de la escasez de plazas en las escuelas infantiles, cuando los responsables del deterioro de nuestros servicios públicos son aquellos que desde el Gobierno, en clara connivencia con las grandes empresas, se han dedicado a recortar los presupuestos destinados a estos servicios y a privatizarlos.

Quieren que busquemos al enemigo en el vecino, en las compañeras de pupitre de nuestros hijos, en la persona que compra a nuestro lado en el mercado y que tiene que hacer tantas peripecias para llenar la nevera como nosotras. Quieren que nos enfrentemos entre nosotras para que no nos enfrentemos todas juntas a ellos, a los responsables, a los que se enriquecen a nuestra costa, que no se llaman Mohamed, ni Alina, ni Karim, sino Ortega, Roig o Pérez.

Veíamos hace pocos meses cómo organizaciones de extrema derecha repartían alimentos solo para “nacionales” con la consigna de “los españoles primero”. Ese es su pequeño privilegio, un plato de comida caliente que pretende situar a unos por encima de aquellos que son tan pobres como ellos, pero que nacieron en Malí o Senegal, y que ha dado como resultado que representantes de la extrema derecha se sienten en ayuntamientos de municipios, como en Alcalá de Henares, con altas tasas de paro y pobreza.

Y el mismo divide y vencerás es la estrategia que están utilizando en las fronteras de Grecia, Italia, Eslovenia, Serbia o Hungría, donde intentan enfrentar a refugiados contra migrantes (ahora les ponen el apellido de “económicos”). Llevamos semanas escuchando a líderes europeos hablar de la necesidad de acoger a refugiados y a la vez reforzar el control de fronteras para que no entren los inmigrantes económicos. El mismo texto que apruebó el Parlamento Europeo en septiembre exigiendo que los Estados miembro cumplan con su obligación internacional de acoger a los refugiados y refugiadas, insiste en agilizar las deportaciones de aquellos que no tienen derecho a asilo.

Incluso algunos parlamentarios han afirmado en Bruselas que en sus países, para acoger refugiados, primero deben expulsar a los inmigrantes que llaman ilegales. También en sede parlamentaria se escuchan afirmaciones como que “entre los refugiados se esconden inmigrantes”, situando a la migrante como una persona de escasa bondad y sin derechos que trata de aprovecharse de aquellas personas que huyen de la guerra.

El domingo, la reunión de jefes de Estado para abordar la situación en los Balcanes dejó claro que la prioridad ahora es registrar y separar a aquellas personas que tienen derecho a asilo de las que no, con el objetivo de deportar rápidamente a quien no llega desde Siria. Incluso proponen firmar acuerdos de repatriación con Afganistán para devolver a quienes huyen de las consecuencias de una invasión en la que el Gobierno español participó.

Además, ya no separan sólo a refugiadas de migrantes, sino que entre aquellas que huyen de la guerra, también hay refugiadas de primera, sirios y sirias, y refugiadas de segunda, iraquíes, afganas o eritreas.

La imprescindible protección internacional que deben tener las personas cuya integridad física corre peligro en su Estado de residencia y por ello deben buscar refugio en otro, que está recogida en la Convención de Ginebra, no puede convertirse en el arma que les niegue a los migrantes el derecho a no morir de miseria en su país o el derecho a buscar una vida más digna para los suyos.

Ahora nuestros gobernantes están proponiendo una solidaridad con el refugiado que es falsa e hipócrita, que sólo abanderan para disparar contra el inmigrante porque luego, cuando han de ejercer esta solidaridad, cuando han de poner recursos para la acogida, ya hemos podido observar cómo regatean con cifras y presupuestos el cumplimiento de la legislación internacional en materia de asilo.

Las buenas palabras que tienen hacia los refugiados cuando se trata de diferenciarlos de los migrantes también se esfuman cuando comprobamos cómo permiten que en Hungría o Eslovenia se vulneren los derechos humanos, también de aquellos que llegan desde Siria o Irak.

La solidaridad de la clase trabajadora europea debe extenderse a las personas que migran desde un país en guerra y que, afortunadamente, tras años de lucha de organizaciones sociales y políticas, cuentan con ese derecho de protección internacional. Pero debemos tener en consideración también a las personas que huyen del hambre, de la pobreza y de enfermedades que en Europa se curan con una simple inyección y que lamentablemente ahora se enfrentan a una legislación europea racista y xenófoba que les considera un enemigo del que protegerse.

No nos pueden dividir, necesitamos estar unidas para vencer, unidas por un interés común: el reconocimiento de los derechos universales de todas las personas del mundo, simplemente por el hecho de ser personas. Defenderemos el derecho a tener pan, trabajo, techo, educación y sanidad, vengamos de donde vengamos. Debemos permanecer unidas frente a quienes nos niegan este derecho, frente a los que hacen leyes injustas para beneficiar a la banca, frente a los que promueven guerras por intereses económico, expolian los recursos naturales de los países del sur o recortan en sanidad y educación en Europa.

Tenemos un enemigo común y solo unidas podemos derrotarlo.


Por Marina Albiol.
Diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo
28/10/2015 
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La violencia humanista de Occidente, ayer en Paris

Cuando empezó el ataque a Siria, ahora directamente relacionado con los acontecimientos de ayer de París, escribí sobra una idea que ha trabajado mucho Preciado. La idea de que toda tecnología de gobierno necesita inscribirse dentro de un aparato de verificación y que la violencia, en este sentido, es también un aparato de verificación.

Para justificar en su momento el ataque de Siria, Estados Unidos dijo, en boca de Kerry: “Tenemos pruebas que verifican la utilización de armas químicas” decía primero, haciendo ver al mundo que han aplicado el método técnico-científico para producir verdad, es decir, para producir hechos: “Es un hecho que han utilizado armas químicas’, por tanto, decía después, ‘tenemos derecho a atacar’ , es decir, la violencia (igual que la verdad) ha de aplicarse, y ciertos cuerpos han de pasar (morir, sufrir…) por esa violencia (igual que cuando la Inquisición producía verdad mediante la tortura).

Ahora, en respuesta a los ataques de París, veremos el mismo discurso funcionar: se usará la violencia porque es “necesario” (matar, excluir a cierta gente) ya que no hay otra forma para gobernar mejor a la gente (dígase democracia, dígase libre mercado…). Es decir, la violencia humanista es aquella que tiene una justificación democrática: para gobernar mejor hay que matar.

Por tanto, la violencia humanista no es simplemente una consecuencia de intereses (o de acciones de individuos semi-racionales), sino un conjunto de técnicas de muerte y de técnicas de gobierno.

El humanismo es un movimiento que surge hacia 1300 en Europa y, resumiendo en extremo, trataba de recuperar los elementos más característicos de la antigüedad clásica. Es la ideología-práctica por excelencia del Renacimiento y su papel será fundamental en la configuración tanto de la Modernidad como de Occidente y su (o nuestra) forma de entender la razón, la religión, la moral, el Estado, el individuo, la verdad, la ciencia… Y ahora vayamos a lo que no dicen las enciclopedias.

El humanismo nació, y se desarrolla, como un tipo de violencia, mediante un conjunto de técnicas de gobierno y de muerte específicas.

En realidad, para Foucault, el humanismo se ha desarrollado sobre todo en el núcleo de técnicas de muerte. Técnicas de muerte entendidas como formas de gobierno, es decir, prácticas y dispositivos dirigidos a gobernar a la población mediante la muerte, desde el ahorcamiento habitual en la plaza pública, pasando por la también tradicional pena de muerte y el confinamiento, las torturas, pasadas y actuales, la guerra, las muertes por deshidratación, malaria, hambre, etc. Todo ello son maneras o técnicas de gobernar la población, propia y ajena.

Dichas técnicas de muerte (que se solapan con técnicas de vida, por ejemplo, en el control de la reproducción de la vida; nacimientos, abortos, anticonceptivos, inseminación artificial, etc.) se llevan a cabo mediante determinados aparatos de verificación que varían a lo largo de la historia.

Los aparatos de verificación son el resultado de la articulación de discursos, representaciones y prácticas sociales que permiten decidir sobre lo verdadero y lo falso, son las máquinas históricas que producen verdad. El aparato de verificación dominante de nuestra época es el técnico-científico.

Volvamos a Siria y a París: todo el proceso de investigación técnico-científico que en su momento se llevó a cabo en Siria (para verificar si se han lanzado armas químicas entre la población), y la que se está ahora llevando a cabo en París, donde Hollande ha dicho que ‘los bárbaros son ellos y los civilizados nosotros, y que nadie tenga ninguna duda de que el Estado de Derecho (es decir, la democracia) será implacable (es decir, matará) pero, eso sí, siguiendo un discurso y una práctica técnico-científica mediante la que “descubrirán a los verdaderos (verdad) responsables” sin decir jamás que es el aparato técnico-científico que usan lo que produce verdad. No la descubre. Los terroristas se producen (financiándolos o invadiendo pueblos y territorios ajenos como Siria). Los terroristas no se descubren, se producen. Y el ISIS en este caso se produce además mediante el aparato técnico-científico (industrial) de, entre otros, París. Ya que en su momento, recordad a Kerry, justificaron la creación del ISIS (implícitamente) con el objetivo de gobernar mejor a la gente (democracia). Y ahora se pone sobre la mesa el mismo argumento, pero para matarlos.

Por eso decimos que la violencia actual es la que gobierna a través de técnicas de muerte inscritas en el aparato de verificación técnico-científico.

Se trata de analizar la violencia como una práctica de gobierno. Y esto es aplicable al gobierno entre Estados (y entidades transestatales). En este punto os pido un pequeño repaso mental por el mapamundi para recordar que la violencia es una práctica de gobierno en todas partes y lo que se trata es de entender su carácter específico en cada época y lugar.

El humanismo es un tipo de violencia caracterizada por determinados aparatos de verificación y determinadas maneras de gobernar las cosas y las personas: la democracia liberal y el capitalismo son sólo un ejemplo de dichas maneras de gobernar.

Opino que analizar el humanismo como un tipo de violencia, un conjunto de técnicas de gobierno y de muerte, ayuda a la hora de entender algo de lo que está ocurriendo no sólo en Siria o Francia, sino en Estados Unidos, en Egipto, en Israel, Turquía, España, Rusia, Grecia… y también lo que sucede entre unos y otros cuando se rozan mal.

Dicen por ahí que vivimos en sistemas tanato-políticos, sistemas donde el soberano gobierna mediante la muerte. Fuera, muy fuera, de casa. Y dentro, muy dentro, también.

Por Jule Goikoetxea
14-11-15
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Cuando bancos y multinacionales imponen su política: Gran mentira y gran negocio

Desde hace un tiempo bastantes economistas -sobre todo británicos- y diversos movimientos ciudadanos como Attac o la propia Alternativa Socialista humildemente, estamos advirtiendo que la crisis, no solo no se ha ido, sino que tiene todas las papeletas para regresar, a España sí, pero también en Europa así como globalmente, pues las potencias emergentes están igualmente en su diana, de hecho, están siendo sus impulsoras.

Nos preguntamos ¿Pero qué pasa en el mundo? Pues se trata de un contagio mundial. Ocurre que 2000 billones de deuda son insostenibles y el sistema financiero apunta nuevamente al colapso pues necesita más inyecciones de liquidez. La única conclusión posible es el fallo del capitalismo, hablemos con propiedad. Es tal y como ya predijo Karl Marx la crisis de un sistema basado en la desigualdad, la explotación de las personas y el consumo sin tregua ni medida de todas las energías y materias primas de la tierra. De la explotación de la naturaleza sin miramientos, cuidado ni tregua y de sacar todo lo posible de las personas, en beneficio de minorías poseedoras. No podemos hablar de otra manera, ni disimular, ni seguir engañando a las gentes. Es lo que hay y punto. No es demagogia, los demagogos son los que ocultan, engañan, niegan y cantan la fortaleza del capitalismo. Pero para salvaguardarlo deben recurrir a fondos públicos y a restringir derechos y democracia.

La dirección del mundo occidental, está en manos no de parlamentos, eso es falso(al menos en Europa y las potencias centrales), sino de grandes empresas, conglomerados y fondos financieros. Estos son los propietarios de los medios de comunicación e imponen su cultura y su visión -la de sus propietarios- al objeto de imponer leyes, modas, partidos o destruyen lo que les estorba. Siempre encuentran recambios. Por tanto pretender luchar contra la austeridad por ejemplo y no tener un programa socialista, una organización socialista superadora del capitalismo, es pretender gobernar, para hacer la caridad que las multinacionales te permitan. Hablemos de una vez con crudeza, pues no estamos para juegos.

La crisis que seguimos sufriendo en el estado español, ha pasado de los seis millones de paradas en 2009 a las tres millones de personas pobres sin ningún apoyo social, los millones de trabajadores y trabajadoras pobres y precarias y el empobrecimiento general de las clases populares. ¿Qué es lo que ha urdido el sistema para perpetuarse en España?: romper la izquierda e inventar Ciudadanos. Seguir apoyando a Rajoy, pero buscar un sustituto por si acaso, capaz de gobernar con PSOE o PP para que nada cambie.

La crisis sigue y lo hace imponiendo la desigualdad. Una desigualdad creciente en su España. La marca España PP y grandes empresas, más partidos afines es la que permite construir un Estado, con una economía débil; sumisa a la Europa alemana y que depende para la inversión casi exclusivamente de los capitales extranjeros. Un estado con un débil mercado interior excepto en periodos ocasionales, excepcionales y con un empleo nuevo de tan mala calidad y mal pagado que no permite a su vez crear más empleo por parte de pymes y negocios familiares de servicios, comercio e industria ligera. Empleo de mala calidad, a pesar de las mentiras de Rajoy es empleo que no crea empleo, pues las empresas necesitan clientes y los clientes solo pueden sobrevivir y cuantos más jóvenes son las personas, en peores condiciones.

Con respecto a 2013, Rajoy y las políticas impuestas por “el mercado” y la Unión Europea como todo logro exhiben que se han creado sobre el papel 434.000 empleos. Pero las cotizaciones sociales con respecto a esa fecha solo han sido de un 0,96% superiores, lo cual indica la pésima calidad de los trabajos y como una gran parte de ellos son en negro. Obreras y obreros pobres para sustentar una economía pobre en la que sin embargo se enriquecen los ricos, los empresarios sin escrúpulos, los inversores extranjeros, los productores de comida basura barata y los delincuentes de cuello blanco o chupa y coche de gran cilindrada.

Lo que se ha impuesto es una devaluación salarial sin precedentes que encima impide la creación de buenos empleos y de paso pone en peligro el sistema público de salud y el futuro de las pensiones.

Por tanto, lo prioritario es la lucha contra la austeridad, lo cual significa también denunciar el capitalismo y volver a hacer propaganda socialista. Volver a ilusionar a las clases trabajadoras con un futuro mejor y con la recuperación de su dignidad, sus derechos, su seguridad, seguridad en una educación pública, una sanidad pública y una vejez digna. Las y los jóvenes de nuestros días no tendrán vejez digna de seguir así las cosas. Luego no entiendo como padres que dicen amar a sus hijos puedan votar al tripartito neoliberal, a las derechas conservadoras o al socioliberalismo castrado, que no van a revertir la tendencia pues creen en la necesidad de la austeridad y consideran la inversión pública –en España una de las más bajas de Europa- como un gasto.

Tampoco los inventos. La oligarquía dominante es un clásico. Es cierto que el panorama induce a pocas alegrías. Marketing en lugar de ideas, discurso y trabajo serio. Pero lo cierto es que las palabras que dijera hace ya decenios Pablo Iglesias el gran apóstol socialista y organizador obrero, sin organización de la clase, sin un partido obrero, sin sindicatos combativos y organizados a la vez, nada será posible.

Hemos regresado al capitalismo “manchesteriano” del siglo XIX, nada pues más antiguo que las recetas neoliberales, conservadoras o de Ciudadanos, por ejemplo. Hemos regresado a los jornales, las proletarias que sin saber que lo son trabajan como burras en tiendas de Zara, en grandes superficies o hacinadas en centros comerciales insalubres y repletos de personas, muchas tan pobres como ellas mirando, pasando en tiempo y paseando, pues no pueden comprar y si lo hacen es de rebajas o lo más sintético y barato posible.

Si nos podemos tomar una caña, nos la servirá un camarero que igual es grado en Trabajo Social o Bellas Artes, contratado o contratada por dos horas diarias, un mes de contrato, pero trabajando diez horas y haciendo lo que antes hacían dos camareros profesionales cobrando cuatro veces más. Esa es la sociedad que Rajoy, pero antes Zapatero nos han construido a órdenes del IBEX, las multinacionales privadas, siempre privadas y la banca subvencionada por el Banco Central Europeo.

Por eso desde el socialismo democrático llamamos a derribar esa muralla del austericidio impuesto por los poderosos, por los poseedores.

Por Carlos Martínez García
Miembro de Alternativa Socialista
03-11-15
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La ley que esconde la trampa

LA BOCA DEL LOGO

REFORMA DE LA JUSTICIA

La inmediata aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ausencia de medios adicionales en la justicia despiertan una amenaza inquietante: la posibilidad de que muchos casos se archiven por falta de pruebas y tiempo para investigar

En solitario, sirviéndose de la cómoda y absoluta mayoría parlamentaria y a escasos días de acabar la legislatura, el Partido Popular ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). O lo que es lo mismo, la norma de referencia de la justicia española para resolver los actos delictivos y procesar a sus autores.

El objetivo, al menos sobre la mesa, es agilizar los procesos judiciales e intentar que los casos no lleguen a eternizarse. Para ello, actualiza la norma vigente y establece, como principal novedad, límites a las instrucciones judiciales. A partir de ahora, estas serán de un máximo de seis meses para aquellos casos tipificados como ‘sencillos’ y dieciocho para los ‘complejos’, con posibilidad de una prórroga extraordinaria para estos de igual duración. Pero no son los límites --aceptados en mayor o menor medida por todos los actores de la justicia española-- lo que ha desatado la indignación en los juzgados, sino la forma en que el Gobierno ha decidido aplicar la nueva ley.

Hasta el punto de que seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales --Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales-- han pedido al Gobierno la suspensión de la entrada en vigor de la ley y acusan al nuevo texto de ser “una ley de punto y final”. Una acusación especialmente significativa si tenemos en cuenta que en los juzgados del país esperan ser esclarecidos varios casos de corrupción relacionados con el Partido Popular, entre ellos, el de su presunta financiación ilegal. La norma entrará en vigor apenas dos semanas antes de unas elecciones generales que previsiblemente difuminarán la mayoría de la que han gozado los populares estos cuatro años.

La ley afectará a todos los procesos en curso. En ese momento comenzará en los juzgados del país una carrera contrarreloj para, primero, tipificar cada causa y establecer así a qué plazos debe atenerse en sus primeros seis meses, y después intentar avanzar exitosamente en la instrucción para evitar el gran miedo que provoca la nueva ley: la impunidad: “En algunos casos no se van a poder aportar más pruebas y muchas de las causas quedarán cerradas en falso, sobre todo, las más complejas”, advierte Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Una amenaza que preocupa a jueces y fiscales
¿Existe el riesgo de archivo para los grandes casos? Todas las asociaciones de fiscales y jueces confían en que se pongan los medios para que no sea así y se logren solventar todos los casos, aunque reconocen que ese riesgo existe. “Solo ese riesgo merece una reflexión por parte del legislador”, añade Álvaro García Ortiz, de la Unión Progresista  de Fiscales (UPF).

Según estiman los fiscales, actualmente existen en España unas 680.000 causas pendientes. Más las que se mantienen a la espera y que se irán abriendo durante los primeros meses de implantación de la ley. Todas ellas ocuparán las preocupaciones de los menos de 2.500 fiscales con los que cuenta el país. La división de los factores arroja un cálculo aparentemente imposible de asumir. “Quieren despachar el fondo de armario de la justicia en seis meses a costa de la salud de los fiscales, que ya van con la lengua fuera, y es imposible. No hay tiempo”, abunda Viana (APIF).

Sin embargo, también hay voces en la magistratura que no entienden el revuelo generado por la nueva norma. "La finalización de los plazos no implica el sobreseimiento de los casos. Pero es que aun así, cabría una prórroga indefinida para todos los casos, los sencillos y los complejos", alega José Vicente Gimeno Sendra, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional y primera firma de la carta publicada en el diario El Mundo en la que varios juristas defendían la nueva ley. "No veo esa alarma por la impunidad. Han visto un problema donde no lo hay", sostiene.

Los juzgados no contarán con más recursos para aplicar la norma pues la propia ley impone que no se habiliten partidas presupuestarias. El titular de Justicia, Rafael Catalá, ha prometido a los fiscales medidas adicionales, pero las promesas no dejan de ser papel mojado. El actual ejecutivo tiene sus días contados. Será el Gobierno formado después de las próximas elecciones el que apruebe y gestione estas medidas.

Entre los fiscales causa estupor la inminencia en la aplicación de la ley. La vacatio legis, periodo que transcurre desde la publicación de una nueva ley hasta su entrada en vigor, es de dos meses. Una “irregularidad jurídica” para García Ortiz (UPF). “Una reforma del derecho procesal suele tener una vacatio de un mínimo de seis meses o incluso un año. No es comprensible. La única explicación posible es que quisieran que entrara en vigor antes de las elecciones”, denuncia.

También se cuestiona la gestión de estos límites, pues aunque el juez conserve la instrucción de los casos --algo que no ocurre en países de nuestro entorno-- y decida sobre su prórroga, únicamente podrá hacerlo a instancias del fiscal (para las prórrogas extraordinarias también se contempla que puedan solicitarlas las partes personadas en el caso, pero nunca el juez). Una contradicción que no contenta a los que optaban por encomendar la instrucción al fiscal ni a aquellos que prefieren que la mantenga el juez, como la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que no ve sentido a este cambio.

“Si los jueces han instruido correctamente y no se ha encontrado ninguna patología al respecto no creemos necesario el cambio”, apunta Pablo Llarena, presidente de la asociación, la única que ha pedido un cambio y revisión de la norma. Los que hubieran preferido un cambio del modelo procesal no entienden cómo, encargando la instrucción al juez, este acabe dependiendo de la fiscalía para decidir la prórroga. “Si el que investiga es el juez no tiene sentido ponerle límites y que no pueda investigar, aun queriendo, si no lo permite el fiscal. Es una chapuza”, critica Viada (APIF).

Falta de medios, no de voluntad
Jueces y fiscales sienten que el ministerio ha cuestionado su eficacia a la hora de establecer límites. “Parece que somos responsables del retraso de la justicia cuando los casos se retrasan por causas ajenas a nosotros, no por voluntad propia”, lamenta Begoña López Anguita, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia. Ninguna persona preguntada acaba escapando a las referencias del tiempo que puede demorarse una diligencia en comparación con los límites que marcará la ley a partir del próximo 6 de diciembre. “Cualquier informe que se pida a la Administración tarda como mínimo seis meses”, sentencia García Ortiz (UPF). Justo el primer plazo que marca la ley.

Si la diligencia está pedida antes de haber acabado el plazo entraría en la instrucción. “El problema son las diligencias que deban hacerse como consecuencia del resultado obtenido de las anteriores y que no entrarían en plazo”, explica Antonio Viejo Llorente, juez decano de Madrid, que prevé un “efecto contraproducente” de la ley puesto que, ante el miedo de que no puedan aportarse las pruebas necesarias para esclarecer los casos, se pidan todas desde el principio de la instrucción, aumentando aún más la carga de trabajo en los juzgados.

“Los medios no son suficientes”, reconoce Llarena (APM), que aunque defiende que la situación de la justicia en España “no está tan mal” --“los tiempos de respuesta están por encima de la media de la OCDE a pesar de ser uno de los países con más pleitos”-- sí reconoce que “hay investigaciones en las que el tiempo permitido puede ser insuficiente”.

“A excepción de las grandes fiscalías como son Anticorrupción o la Audiencia Nacional, carecemos de equipos propios. Al no existir un cuerpo propio, los procesos se dilatan, pero no se dilatan por voluntad sino por falta de medios”, lamenta. Sobre todo, esos medios se refieren, además de a un aumento en las plantillas de jueces y fiscales, a un personal que pueda asistir a su tarea y evitar que se pida auxilio a la Administración pública, lo que suele retrasar las diligencias.

“Necesitamos peritos que puedan hacer informes dentro de los juzgados. Contables, forenses… Gente dependiente de los propios juzgados”, abunda López Anguita (JpD). También se reclama una mayor coordinación entre los juzgados, sistemas informáticos más avanzados y una mayor especialización del funcionariado, especialmente para abordar causas tan complejas como los casos de corrupción. Un cuerpo de jueces especializados en delitos económicos, por ejemplo.

Todos advierten de que a la hora de investigar casos de este tipo hay trámites que inevitablemente alargan y dificultan la instrucción. Las comisiones rogatorias para solicitar información en el extranjero son un ejemplo. “En el espacio europeo funcionan razonablemente bien”, sostiene García Ortiz (UPF), pero no ocurre lo mismo con países con los que no se tengan convenios o no tengan tan buena disposición para colaborar. No es ningún secreto que Reino Unido no ha contestado ninguna de las comisiones rogatorias que se han enviado en la instrucción del caso Gürtel.

“En el caso del ático de Ignacio González en Marbella se hicieron comisiones rogatorias a Delawere, Panamá y Reino Unido. Llevan sin respuesta desde hace dos años. Es verdad que se han puesto trabas por el camino, ¿pero quién te dice que no te puedan poner trabas?”, denuncia José Manuel Sánchez Fornet, del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. “Las entidades privadas, los bancos, te pueden contestar o no. Y ahora con los plazos las defensas lo van a tener muy fácil para impedir que esas pruebas acaben llegando”, concluye López Anguita (JpD).

¿Fin a las macrocausas o “puro maquillaje”?
Ni siquiera los criterios de conexidad introducidos, dirigidos a evitar las denominadas macrocausas (que por su gigantismo y complejidad podían llegar a dilatar enormemente los procesos por acumularse una gran cantidad de acusados y delitos) convencen a todos. La ley contempla que se pueda llevar a juicio un delito una vez la instrucción crea probada la comisión del mismo sin necesidad de que se tengan que esclarecer todos aquellos que se imputan. Sin embargo, argumentan los más escépticos, únicamente se facilita la interpretación.

“La modificación no es imperativa. Es simple y llanamente puro maquillaje”, denuncia la abogada Isabel Elbal, que forma parte de la acusación particular en casos como el de los papeles de Bárcenas o la pieza separada del caso Gürtel que investiga si una donación a la campaña del PP de María Dolores de Cospedal en 2007 por parte de Sacyr está detrás de la concesión de un contrato de recogida de basuras en Toledo. Elbal es muy crítica con la ley y no duda en ver un claro objetivo político con su aprobación. “Tiene la apariencia de agilizar la justicia, pero a cambio deja casos sin investigar y conocer. Responde a una voluntad política, que no es otra que la de la impunidad”.

Ese es el gran temor de todos, puesto que todo el mundo, incluidos aquellos que imaginan buena fe en la última gran ley aprobada por el Partido Popular, expresan su preocupación. “Es una ley hecha con buena fe, pero sin conocimiento. El que la haya hecho no ha pisado un juzgado en su vida”, subraya Viada (APIF). Y concluye: “Dentro de cuatro o cinco años esta ley puede llegar a ser buena, pero después de no haber invertido ni un duro en justicia y haber creado el atasco quieren reducir los asuntos pendientes. ¿Pero a qué precio?”.

Por Álex Moreno
28-10-2015
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Darwin no vive aquí

Maqueta de la gigantesca ‘Arca de Noé’ para cuya construcción se llevan recaudados 29 millones de dólares. /Captura de vídeo de arkencounter (YouTube)

Hace unos días en EEUU una comisión científica del gobierno comenzó a estudiar la posibilidad de permitir la fecundación de óvulos con material genético modificado que permita la creación de bebés libres de enfermedades hereditarias. La noticia es especialmente impactante en una nación predispuesta a abrir la puerta a los bebés de diseño, pero incapaz de reconocer la teoría de la evolución.

En ningún país como en EEUU la ciencia y la religión han conseguido alcanzar ese grado de concubinato que permite compaginar sin pudor cientos de premios Nobel en medicina con la idea de que Darwin debe desaparecer de las escuelas. Tampoco en ninguna otra nación ha sido posible la creación de un Museo que defienda que los humanos y los dinosaurios vivieron  juntos, o incluso la apertura de un parque temático centrado en el martirio de Jesús.

Holy Land, en el estado de Florida, es ese cielo de polispam al que millones de cristianos acuden todos los años atraídos por la promesa de vivir la Biblia en formato IMAX 3D. Una especie de DisneyWorld para mártires que vende bendiciones de plástico y que permite masticar una hamburguesa en el Monte del Calvario, lejos de las penalidades de la Judea milenaria, pero cerca de ese personal Jesús en el que muchos evangelistas suelen encontrar al final su redención.

Es precisamente en esa fé evangélica, que promueve la espiritualidad customizada, en la que hay que entender el empeño que tienen algunos políticos por sacar a la ciencia de los colegios. En muchas escuelas de EEUU los padres ya pueden decidir si quieren que sus hijos reciban o no educación sexual, o si prefieren que los retoños no pasen por el apuro de disecar una rana. Sin embargo, ningún estado hasta ahora se había atrevido a proponer lo que propuso el mes pasado un senador republicano de Missouri, dispuesto a dejar que los padres saquen a sus hijos de la clases de ciencias si al maestro se le ocurre hablar de la evolución.

Lo cierto es que la rabieta con el padre del evolucionismo le viene a los fanáticos estadounidenses desde hace más de 80 años cuando un profesor de Missouri, llamado John T Scoopes, se atrevió a llevar a juicio al Estado después de que le impedieran enseñar la selección natural en las aulas. Casi un siglo después el acoso al darwinismo sigue vigente en el país de las libertades, curiosamente cada vez más preso de su propia intolerancia.

El año pasado, una iniciativa para que las escuelas enseñarán en Missouri que el creacionismo es lo mismo que el darwinismo fue tumbada a última hora, aunque logró ser sometida a votación en el Congreso estatal. En los próximos meses se espera que comience la construcción de un proyecto que pretende recrear el Arca de Noé a tamaño natural, y para cuya construcción se han recaudado ya más de 29 millones de dólares.

El director de la iniciativa, que quiere reivindicar así el carácter histórico del Arca, protagonizó hace unos meses un encendido debate con un reconocido divulgador científico sobre los orígenes de la humanidad.  El debate, que no consiguió cambiar el pensamiento de los más radicales, sí hizo posible que el empresario recaudara más dinero para su Arca, en la que por cierto piensa meter también dos animales de cada especie, incluido el ser humano.

Por TATIANA LÓPEZ 
Publicado: 28/2/2014
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