A los pobres, sin embargo, se les excluye de los derechos sociales, se les priva de los medios básicos para una vida digna y se les hace, además, responsables de ello. Hay así "…una categoría de personas ‘excluidas’ a las que se atribuye un amplio repertorio de características individuales: poca fuerza de voluntad, vagancia, vicios, incapacidad para gestionar el dinero, hábitos sexuales no aceptados, impulsividad, predisposición a la delincuencia, alcoholismo, drogodependencias […] la sutil pero progresiva transformación de los problemas sociales en asuntos individuales justifica la transferencia de responsabilidades del ámbito de los servicios sociales al de la política criminal (1)".
Un recurso ampliamente utilizado por el fundamentalismo neoliberal para acabar con el paro, es poner a los ciudadanos al borde de la indigencia para que formen un ejército de parados que pueda servir de reducción de los costes salariales y, como consecuencia, sirvan de impulso de nuevas actividades empresariales con más posibilidades de beneficio y luego echarles la culpa de lo que les pasa. El incremento de la presión sobre los parados para que trabajen vía su culpabilización, viene a plantear que las causas del desempleo se encuentran en deficiencias aptitudinales o actitudinales de carácter personal. El mensaje que se lanza es que el empleo lo crean los empresarios y el desempleo los propios trabajadores.
Con esta filosofía todo vale. Nos inoculan para cualquier barbaridad. El colmo de la insensibilidad y la falta de empatía lo hemos visto en estos días con la propuesta del BBVA de reducir los salarios de los trabajadores un 7 por ciento para fomentar el trabajo, ¡cómo si la austeridad estuviera dando resultados! Aclaremos, además, que el salario mínimo interprofesional (SMI) es de 9.168 euros anuales y que el presidente del BBVA cobra alrededor de 15.470 euros diarios.
No obstante, debiéramos estar acostumbrados a estas cosas con el modelo neoliberal; una, entre muchas, que nos cuenta Owen Jones es la siguiente: “Brian McArdle era un exguardia de seguridad de cincuenta y siete años de Lanarkshire que había quedado medio ciego y paralizado de un costado por un derrame cerebral. Le costaba horrores hablar, ya no digamos alimentarse o vestirse; un ejemplo clásico y trágico de por qué es tan importante que en nuestro país exista un Estado de bienestar, pueden pensar ustedes. Sin embargo, al señor McArdle le mandaron presentarse a una “evaluación de aptitud para el trabajo” a cargo de Atos, una empresa francesa contratada para reducir el gasto en prestaciones a base de reducir el número de personas que solicitaban ayudas de incapacidad. Días antes de su cita, McArdle sufrió otro derrame cerebral, pero, aun así, se presentó. Lo declararon apto para el trabajo. El día 26 de septiembre de 2012, le informaron de que iba a dejar de cobrar prestaciones al día siguiente, le dio un ataque al corazón, se desplomó en la calle y murió (2)”.
Quien nos ha traído la crisis nos ha apresado en un mundo cruel y feroz. El índice de incidencia de siniestralidad laboral, cuya tendencia era descendente antes de la crisis, se revierte en el año 2012 a pesar del cierre casi completo de la construcción. Sector que mostraba los peores índices de siniestralidad laboral. Las personas que han solicitado la Renta Mínima de Inserción (RMI) en el ámbito nacional, han pasado de 103.071 personas titulares de RMI en 2007 en el inicio de la crisis, a 258.408 personas en el año 2013 según los ministerios de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad. Sin embargo, en el año 2014, el número de filiales ubicadas en territorios con ventajas fiscales batió el récord con 891. El Banco Santander, con 235 filiales, es la principal beneficiaria de la elusión fiscal, según un informe de Oxfam Intermón y el ORSC.
No puedo estar más de acuerdo con Susan George cuando nos dice: “Estamos viviendo una fase regresiva en lo que respecta al bienestar humano y medioambiental. Una clase internacional dominante especialmente codiciosa no ceja en su empeño de arrebatar a la clase pobre trabajadora y a la clase media muchas de las mejoras y ventajas por las que tanto han luchado en las últimas décadas y los últimos siglos. La lucha ahora debe ser internacional. Los derechos humanos deben ser universales y, para que ello suceda, las instituciones públicas y privadas deben estar bajo el control de la democracia (3)".
En estos últimos decenios la diferencia entre pobres y ricos no ha hecho más que agrandarse, sin embargo, no se ha penalizado a aquellos que han tenido la culpa de la misma y sí a los pobres que han sufrido las consecuencias. ¡Qué mundo cruel!
(1) Sales, Albert (2014:13): El delito de ser pobre. Una gestión neoliberal de la marginalidad, Barcelona: Icaria.
(2) Jones, Owen (2015:270). El Establishment. Seix Barral.
(3) George, Susan (2005:37-38) Frente a la razón del más fuerte. Galaxia Gutenberg.
Por Ernesto Ruiz Ureta
18 de Mayo de 2016
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