Culpables de ser pobres.

La criminalización del parado como sospechoso de holgazanería cala en el discurso político.

Con ese relato, los poderes buscan justificar el abandono a su suerte del más desfavorecido y neutralizar cualquier resistencia a las medidas de ajuste.

 

En España hay 1.737.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro. / jon nazca (REUTERS)

Si es pobre, por algo será. Si le van mal las cosas, es que no se ha esforzado suficiente. Como una lluvia fina, el pensamiento que culpabiliza al pobre por ser pobre y al parado por no encontrar trabajo va calando en el discurso político. Es en realidad el reverso del ideario del liberalismo económico, que entroniza la figura del emprendedor como modelo social y sitúa la competitividad como motor de cualquier progreso. En fase de bonanza económica, especialmente si está basada en dinámicas especulativas, este ideario tiene una gran aceptación social porque siempre hay historias de éxito fulgurante que mostrar. Pero en tiempos de crisis, puede volverse fácilmente contra los pobres y los parados, a los que se presenta como sospechosos de holgazanería y culpables de haber malbaratado sus oportunidades.

Aunque pocas veces se expresa abiertamente, el desprecio por quienes necesitan ayudas públicas acaba aflorando. A veces de forma inoportuna, como le ha ocurrido al candidato republicano Mitt Romney. Sugerir que casi la mitad de los norteamericanos son parásitos sociales ha arruinado su carrera a la presidencia de Estados Unidos. Otras, de forma estridente, como cuando la diputada Andrea Fabra lanzó en el Congreso de los Diputados aquel burdo “que se jodan” en el momento en que se debatía recortar prestaciones a los parados. Y a veces sibilinamente, como cuando el diputado Josep Antoni Duran i Lleida afirmó que mientras los payeses catalanes lo pasan mal, en otras partes de España “hay campesinos que pueden quedarse en el bar de la plaza y continúan cobrando”.

Estas palabras no son inocentes. “El relato que se hace de lo que ocurre es determinante porque contribuye a construir el marco conceptual que servirá de referencia a la hora de valorar lo que ocurre”, explica Montserrat Ribas, profesora de la Universidad Pompeu Fabra y coordinadora del grupo de investigación sobre Estudios del Discurso. Si en ese relato se introduce la idea de que los parados y los pobres son parásitos, es presumible que cuando se decidan recortes en las prestaciones, estos no encuentren resistencia entre quienes no sufren esa situación.

La crisis se presenta como catástrofe pero también puede verse como estafa

El sociolingüista George Lakoff, autor del libro No pienses en un elefante, ha definido el papel de estos marcos conceptuales en la conformación de la opinión pública. Cuando la ideología conservadora, afirma Lakoff, utiliza por ejemplo la expresión “hay que aliviar la carga impositiva”, el marco conceptual en el que se inscribe implica una visión de los impuestos como algo que aprieta, que oprime a la sociedad. Del mismo modo, cuando Mitt Romney se refiere a “ese 47% de la población norteamericana que no paga impuestos y depende de las Ayudas del Estado”, que se siente “víctima” y se “cree con derecho a recibir atención médica, comida o vivienda”, está diciendo que ni es víctima ni tiene derecho a esas ayudas. Esa idea forma parte de un marco ideológico según el cual, cada uno ha de espabilarse y si alguien es pobre o fracasa, es por su culpa. Algo habrá hecho mal. En este marco conceptual, los poderes se sienten legitimados para abandonar a su suerte a los desfavorecidos.

Todo discurso político tiene un marco conceptual de referencia. También el de la crisis. Montserrat Ribas ha observado que el relato que se hace de la crisis está orientado a neutralizar cualquier resistencia a las medidas que se aplican. “El relato hegemónico presenta la crisis como una catástrofe natural, que ha ocurrido por una serie de fuerzas que no podemos controlar y que tiene consecuencias graves para todos. Como en las catástrofes, hay que resignarse, aceptar los sacrificios y colaborar para salir de ella”.

Con este enfoque, la crisis no tiene responsables, ni se considera importante determinar cómo se reparten sus cargas. Una vez instaurado este discurso, quienes cuestionan las políticas de ajuste y se resisten a los sacrificios son malos ciudadanos, como sugirió Rajoy en Nueva York al ensalzar “a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de prensa”, en referencia a las protestas de la plaza de Neptuno de Madrid.

Corremos el riesgo de pasar del Estado de bienestar al de beneficencia

Montserrat Ribas invita a imaginar qué ocurriría si en lugar del “relato de la catástrofe” se impusiera “el relato de la estafa”. Estaríamos buscando a los responsables de lo ocurrido, les estaríamos exigiendo responsabilidades políticas y penales, y exigiríamos cambios radicales en la regulación del sistema financiero para evitar que vuelva a repetirse. “En este relato, el papel del ciudadano es totalmente diferente. No es de pasividad y resignación, sino de exigencia y reforma”, señala.

Y aún hay un tercer relato posible: el de la crisis como “golpe de Estado del capitalismo”. En este relato, la recesión es utilizada para limitar la democracia e imponer un sistema autoritario que permita someter a toda la población a los dictados del poder económico, en beneficio de este.

De momento, el relato de la crisis como estafa pugna por abrirse paso desde la plaza de Neptuno de Madrid y desde los foros sociales abiertos al calor del movimiento del 15-M. Pero en el discurso oficial el que predomina es el de la crisis como catástrofe.

La culpabilización de las víctimas aparece, en este contexto, como un mecanismo de legitimación de los recortes sociales. En la presentación del plan Prepara, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, insistió en que se iban a aplicar medidas contra los parados que no quisieran aceptar un trabajo, como si los parados españoles recibieran muchas ofertas de empleo. Báñez justificó los nuevos criterios de concesión de la ayuda de 430 euros en la necesidad de hacerla más equitativa y evitar abusos. Para justificarlo, declaró sentirse “insultada” al saber que había “hogares que ingresan 8.000 euros, en los que un niñato recibe una paga de 400 por no hacer nada”. De entrada, hogares en los que entran 8.000 euros al mes no hay tantos como para ponerlos como paradigma, pero lo que en realidad la ministra encubría con esta retórica era un drástico recorte en las ayudas, que a partir de ahora solo podrán cobrar quienes estén prácticamente al borde de la indigencia.

Hay un relato que utiliza la recesión para imponer una salida autoritaria

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció también que los parados que reciben una prestación podrán ser requeridos para realizar trabajos comunitarios, como limpiar bosques, y que si se niegan, se les podrá retirar el subsidio. “En realidad, anunciaba algo que ya existe. Los trabajos de colaboración social están regulados desde 1994. Entre 4.000 y 6.000 parados realizan este tipo de colaboraciones y si no hay más es porque las Administraciones deben aportar la diferencia hasta el salario mínimo interprofesional, y no tienen dinero”, explica Paloma López, secretaria de Empleo de CC OO. “Es curioso que cuando la pobreza ha escalado dos puntos en un año y hay 1.737.000 hogares en los que todos sus miembros están en el paro, se insista tanto en la idea de que los desempleados no hacen suficiente esfuerzo para poder trabajar”, añade. “Con este discurso, las víctimas de la crisis se encuentran doblemente penalizadas: además de perder su empleo, son sospechosos de querer vivir a costa de los demás”.

Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade, subraya que la crisis ha aumentado la pobreza, pero muchos de los actuales pobres ya estaban en situación de exclusión social antes de que estallara. En la fase de máximo crecimiento España seguía teniendo un paro estructural del 8%. “En 2007, el 18% de la población se encontraba bajo el umbral de la pobreza. Ahora ese porcentaje es del 22% y lo que ha ocurrido es que quienes ya eran pobres, están mucho peor”. Durante la crisis han aumentado las diferencias sociales. “En 2007, la diferencia del PIB per cápita medio del 20% de los más ricos era 5,3 veces mayor que el del 20% más pobre; ahora es 6,9 veces mayor”, señala Carreras.

Hay pues más pobres que además están peor y tienen menos posibilidades de salir del agujero. Porque justo cuando más se necesitan, la crisis está erosionando también las políticas de inserción social. Así lo confirma Nacho Sequeira, director de la Fundación Exit, una entidad creada en Barcelona para facilitar la inserción laboral de jóvenes de 16 a 21 años con un perfil de fracaso escolar. “Los alumnos con mayores dificultades pueden salir adelante si tienen un acompañamiento adecuado. Pero en un momento en que hay índices de paro tan alto, las empresas demandan un tipo de trabajador que coincide con el perfil considerado de éxito. Los jóvenes menos formados o que necesitan un proceso de preparación más largo, tienen ahora menos posibilidades”, señala. “Se está desmontando el discurso de la promoción social”, corrobora Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano. “Ver que hay gente de clase media que tiene que acudir a Cáritas o a los comedores sociales causa mucha alarma. Todo el mundo teme encontrarse en esa situación y acepta con naturalidad que se destinen los recursos a los casos extremos. Se está instaurando un discurso de la urgencia en el que, como todo está muy mal y hay que atender lo más urgente, los programas de inserción social quedan relegados”.

El discurso culpabilizador genera angustia e insolidaridad

La consecuencia es bastante previsible: quienes están en esos programas pasarán a engrosar en poco tiempo las listas de quienes tienen necesidades perentorias y han de acudir a Cáritas. “La crisis puede suponer una marcha atrás de varias décadas en las políticas de inserción social”, advierte Isidro Rodríguez.

Esas políticas no solo son necesarias, también son económicamente rentables. Cuando en Francia se produjo la crisis de los campamentos gitanos, toda Europa miró hacia España. En los últimos 30 años, las condiciones de vida de los gitanos españoles han mejorado de forma espectacular. “El éxito se debe a dos factores: nuestro tardío Estado de bienestar ha sido inclusivo con los gitanos; han podido beneficiarse de políticas de acceso a la vivienda, la educación y la salud. Pero además se han aplicado programas específicos de acompañamiento educativo, de realojamiento o de integración en el mercado laboral”, señala Isidro Rodríguez. El resultado es que ahora todos los niños gitanos acaban al menos la enseñanza primaria, y el objetivo ahora es que también terminen la secundaria. Y si en 1978, el 75% de las familias gitanas estaban instaladas en infraviviendas, en 2007 ese porcentaje se había reducido al 12%. Y las que viven en chabolas, hasta el 4%. Estas cifras muestran que la inserción es posible. Que ir al colegio y vivir en barrios normalizados abre oportunidades y no solo ellos, sino todo el país sale beneficiado. Los programas de acompañamiento permiten que el horizonte de un joven gitano no sea ya la chatarra o el mercado ambulante.

Pero el presupuesto de la fundación Secretariado Gitano para 2013, de 17 millones de euros, es un 20% inferior al de este año y se mantiene gracias a que el 60% de sus fondos proceden de la Unión Europea. “Se está aprovechando la crisis para deslegitimar este tipo de programas”, dice su director.

Pero la pobreza no solo se nutre de colectivos en riesgo de exclusión. Hay también nuevos perfiles de pobres que viven su situación de precariedad con una gran angustia pues son personas preparadas que forjaron sus expectativas en los años de bonanza. ¿Quiénes son esos nuevos pobres? Son aquellos para los que el ascensor social, en lugar de subir, está bajando. El discurso oficial no los trata como tales, pero Montserrat Ribas señala dos ejemplos: “Esos jóvenes profesores asociados de la universidad que se han quedado sin trabajo por los recortes, o aquellos que se han quedado cobrando 500 euros al mes. También podría incluirse a muchos de los investigadores que trabajan en una plaza Ramón y Cajal”. Estamos hablando de jóvenes científicos que han hecho una tesis doctoral en el extranjero y hacen investigación de primera línea. No es que fueran unos potentados de la ciencia, pero si a un sueldo de 1.100 euros al mes se le recorta el 25%, lo que queda fácilmente cae por debajo de los índices de pobreza. Estos talentos empobrecidos ven con estupor que no hay dinero para la investigación, pero sí lo hay para rescatar a la banca.

Se ha repetido que para triunfar en la vida se ha de ser emprendedor, estar muy preparado y ser competitivo. Pero, como apunta Ignasi Carreras, no todo el mundo tiene un perfil emprendedor, no todo el mundo ha de hacer un negocio y por muy activo que alguien sea, si cierran las empresas y se destruye empleo, es muy difícil encontrar trabajo. En este contexto, la idea de que solo los mejores saldrán adelante y de que quienes quedan relegados es porque no valen o no se esfuerzan está teniendo efectos psicológicos devastadores en los muchos jóvenes que se estrellan una y otra vez contra la realidad de un mercado laboral en caída libre.

El mismo marco conceptual que permite culpabilizar a los pobres y a los parados es el que opera en los países del norte contra los del sur. El discurso culpabilizador genera angustia, pero también insolidaridad. Y abre la puerta a una nueva ignominia: la competencia feroz entre los mismos pobres por los escasos recursos disponibles. “No quiero ser apocalíptico, pero lo peor que nos puede ocurrir es que después de la crisis económica venga la crisis social”, afirma Isidro Rodríguez. “Los países que mejor resisten la crisis son aquellos que tienen un Estado de bienestar más sólido y una sociedad civil fuerte y cohesionada. No podemos pasar del Estado de bienestar al Estado de beneficencia”, concluye Carreras.

Milagros Pérez Oliva

5 OCT 2012