Expertos en comunicación distinguen entre la verdad a secas y la "verdad política", de modo que lo importante no sería tanto la realidad como la imagen que de ella se transmite o la que se clava en el imaginario colectivo. El Gobierno parece aferrado a ese concepto "flexible" de la verdad hasta tal punto que resulta ya imposible distinguir los patinazos o errores de las medias verdades o las mentiras intencionadas. Cuando el frutero se equivoca una vez en la cuenta a favor suyo y la siguiente a favor del cliente cabe pensar en un error. Si la factura perjudica reiteradamente al cliente sólo se puede concluir que engaña, sobre todo si el comerciante lo niega cuando es pillado in fraganti.
Un ministro de Hacienda proclama en sede parlamentaria que los salarios en España no bajan sino que "crecen moderadamente". Los propios datos estadísticos que ofrecen el Gobierno o el Banco de España demuestran que es rotundamente falso. Cualquier democracia que se respete a sí misma se llevaría por delante al susodicho ministro, bien por mentir o bien por desconocer algo básico en sus atribuciones. Como mínimo cabría esperar unas disculpas, pero eso resulta inimaginable desde la superioridad con la que habla el profesor Montoro. Para él, tampoco se ha subido el llamado IVA cultural: "lo que se ha subido es el coste de asistencia al espectáculo". Y los problemas del cine tampoco se deben a que se suba el precio de las entradas y se recorten las subvenciones sino a "la calidad de las películas". No importa que el cine español se exporte mejor que nunca. (Por ahí fuera no deben de entender de cine).
Un solo mandamiento
Lo de Montoro no son extravagancias de un loco hablando solo por la acera, sino mensajes coherentes con otros muchos que van armando una misma estrategia de comunicación política. La línea argumental se resume en un solo mandamiento: instalar en la opinión pública la sospecha sobre quienes protagonicen la crítica o la protesta. Cuando en febrero gente del cine aprovechó la ceremonia de los Goya para criticar los recortes sociales, Montoro no tardó veinticuatro horas en identificar actores famosos con evasores fiscales, sin la menor prueba. Llueve sobre mojado. También José Ignacio Wert identifica a profesores y alumnos huelguistas con grupos "antisistema" y "extrema izquierda radical", por no decir vagos y maleantes. Del mismo modo que el consejero madrileño Javier Fernández Lasquetty adjudica la marea blanca contra las privatizaciones de hospitales a supuestos intereses espúreos de médicos especialistas o a la manipulación política o sindical. Ahí queda eso. Da igual que salgan explicando sus razones un prestigioso neurólogo votante del PP o una enfermera del Opus.
El Gobierno ha ido plantando la semilla de la sospecha sobre funcionarios, sindicalistas, médicos, maestros, estudiantes, actores... Se venían librando los parados, pero les ha llegado su turno. Este viernes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha enredado en un carajal de cifras para lanzar el mensaje de que más de medio millón de parados "cobran fraudulentamente la prestación por desempleo". Los datos del Ministerio de Empleo reducen esa cifra a 69.456. Pero la realidad no importa. Horas antes, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, había reclamado "sanciones" para los parados que rechacen ofertas de trabajo, como si hubiera muchas desde las oficinas de empleo. La víspera ya había abierto el fuego el Consejo Empresarial de la Competitividad, según el cual en España la tasa real de paro no llegaría ni a la mitad de la oficialmente registrada.
Este país tiene, efectivamente, un grave problema de fraude y economía sumergida, cuya solución pasa por una profunda reforma fiscal y por una persecución eficaz de las grandes bolsas de fraude, empezando precisamente por el que protagonizan grandes empresas, delincuentes de cuello blanco y multinacionales que no encuentran obstáculos para captar ingresos en España y llevarse los beneficios a paraísos fiscales. Debería ser una prioridad de cualquier Gobierno.
Resulta patético que se pretenda exagerar el fraude cometido por parados justo cuando Cáritas advierte que la "pobreza severa" afecta ya a más de tres millones de ciudadanos en España. La estrategia de la sospecha también tiene límites.
JESÚS MARAÑA
11/10/2013
infoLibre
Un ministro de Hacienda proclama en sede parlamentaria que los salarios en España no bajan sino que "crecen moderadamente". Los propios datos estadísticos que ofrecen el Gobierno o el Banco de España demuestran que es rotundamente falso. Cualquier democracia que se respete a sí misma se llevaría por delante al susodicho ministro, bien por mentir o bien por desconocer algo básico en sus atribuciones. Como mínimo cabría esperar unas disculpas, pero eso resulta inimaginable desde la superioridad con la que habla el profesor Montoro. Para él, tampoco se ha subido el llamado IVA cultural: "lo que se ha subido es el coste de asistencia al espectáculo". Y los problemas del cine tampoco se deben a que se suba el precio de las entradas y se recorten las subvenciones sino a "la calidad de las películas". No importa que el cine español se exporte mejor que nunca. (Por ahí fuera no deben de entender de cine).
Un solo mandamiento
Lo de Montoro no son extravagancias de un loco hablando solo por la acera, sino mensajes coherentes con otros muchos que van armando una misma estrategia de comunicación política. La línea argumental se resume en un solo mandamiento: instalar en la opinión pública la sospecha sobre quienes protagonicen la crítica o la protesta. Cuando en febrero gente del cine aprovechó la ceremonia de los Goya para criticar los recortes sociales, Montoro no tardó veinticuatro horas en identificar actores famosos con evasores fiscales, sin la menor prueba. Llueve sobre mojado. También José Ignacio Wert identifica a profesores y alumnos huelguistas con grupos "antisistema" y "extrema izquierda radical", por no decir vagos y maleantes. Del mismo modo que el consejero madrileño Javier Fernández Lasquetty adjudica la marea blanca contra las privatizaciones de hospitales a supuestos intereses espúreos de médicos especialistas o a la manipulación política o sindical. Ahí queda eso. Da igual que salgan explicando sus razones un prestigioso neurólogo votante del PP o una enfermera del Opus.
El Gobierno ha ido plantando la semilla de la sospecha sobre funcionarios, sindicalistas, médicos, maestros, estudiantes, actores... Se venían librando los parados, pero les ha llegado su turno. Este viernes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha enredado en un carajal de cifras para lanzar el mensaje de que más de medio millón de parados "cobran fraudulentamente la prestación por desempleo". Los datos del Ministerio de Empleo reducen esa cifra a 69.456. Pero la realidad no importa. Horas antes, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, había reclamado "sanciones" para los parados que rechacen ofertas de trabajo, como si hubiera muchas desde las oficinas de empleo. La víspera ya había abierto el fuego el Consejo Empresarial de la Competitividad, según el cual en España la tasa real de paro no llegaría ni a la mitad de la oficialmente registrada.
Este país tiene, efectivamente, un grave problema de fraude y economía sumergida, cuya solución pasa por una profunda reforma fiscal y por una persecución eficaz de las grandes bolsas de fraude, empezando precisamente por el que protagonizan grandes empresas, delincuentes de cuello blanco y multinacionales que no encuentran obstáculos para captar ingresos en España y llevarse los beneficios a paraísos fiscales. Debería ser una prioridad de cualquier Gobierno.
Resulta patético que se pretenda exagerar el fraude cometido por parados justo cuando Cáritas advierte que la "pobreza severa" afecta ya a más de tres millones de ciudadanos en España. La estrategia de la sospecha también tiene límites.
JESÚS MARAÑA
11/10/2013
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