El PP se ha caracterizado siempre por llenársele la boca de la palabra patriotismo y el concepto de patria. Siempre se presenta como el adalid de los valores patrióticos, valedor de la España eterna de los Reyes Católicos, del Imperio hacia Dios, y de la indivisible unidad. Esa postura contrasta con sus hechos, dado que, pese a enarbolar la bandera del amor patriótico, está llevando a cabo una política consistente en malvender el patrimonio, con el único propósito de engordar las arcas del Estado sin necesidad de molestar a sus donantes de la oligarquía, a los que no quiere subir los impuestos y para que el señor Montoro, Ministro de Hacienda, saque pecho y diga sin rubor alguno que este país es un modelo económico a imitar por todo el mundo, causando, a partes iguales, hilaridad y alipori en el pueblo y estupor en Europa.No es de extrañar que en su día, Zapatero llamase a los populares ‘patriotas de hojalata’, a raíz de que el entonces partido mayoritario de la oposición criticase la política europea del Ejecutivo socialista porque, según Raxoi, Zapatero estaba cediendo a las presiones de la UE en contra de los intereses de España. El transcurso del tiempo pondría de manifiesto hasta qué punto iba a ceder a las presiones de la UE el entonces líder de la oposición, y hasta qué punto, para satisfacer las órdenes europeas, comete los mayores disparates, al tomar decisiones de las que nos enteramos antes por la prensa extrajera que por la nacional. Así, hace pocos días, el periódico francés Le Monde revelaba que el PP - patriotas de hojalata como los llamó Zapatero-, ha puesto a la venta el 25% del patrimonio del Estado, para hacer frente ‘a sus dificultades financieras’.
La noticia ha sido poco tratada en la prensa oficial, esa que agarra un asunto entre sus fauces y, como perro de presa, no la suelta ni aunque se la intenten arrancar a palos. Da igual que el asunto sea la corrupción, el deseo independentista de Catalunya o el fracaso de Madrid a la hora de optar a ser Ciudad Olímpica. Si ‘toca’ tratar cualesquiera de esos asuntos, los diarios, las tertulias televisivas, los informativos y los digitales se vuelcan con fruición sobre ellos, para que la gente se entretenga con el monotema y así obvia informar sobre asuntos sangrantes que pasan sin pena ni gloria, ignorados por una ciudadanía que no se entera de las tropelías que perpetra el Gobierno del PP.
Sin embargo, la decisión del Gobierno de Raxoi es de suma gravedad, porque está poniendo el patrimonio de todos los ciudadanos en almoneda, al vender 15.000 propiedades, que van desde edificios emblemáticos en las más bellas calles de Madrid a suelo no urbanizable en torno a carreteras y vías férreas, o incluso paraísos de alto valor ecológico, lo que ha hecho que los conservacionistas pongan alarmados el grito en el cielo.
Le Monde informaba de que una de las joyas de esa liquidación pública es la finca de La Almoraima, en Andalucía, una pequeña maravilla única en Europa de 14.000 hectáreas, de las que el 90% pertenecen al Parque Natural de los Alcornocales, uno de los ejemplos más espectaculares de bosque mediterráneo primario. Con el objeto de vender cuanto antes ese tesoro ecológico, cuyo precio de mercado actual rebasaría los 180 millones de euros, el gobierno aprobó un plan de desarrollo para el lugar, incluyendo el permiso para crear dos campos de golf y la construcción de un hotel de cinco estrellas y un aeropuerto, condición sine qua non para atraer a ricos clientes rusos o del Golfo. La prensa silenció ese plan de desarrollo del Gobierno del PP.
Con el propósito de reducir el déficit del Estado tanto como ordena la UE, o la Fürheresa Merkel, que viene a ser lo mismo, el Gobierno de Raxoi no duda en malbaratar el patrimonio de todos los ciudadanos, ya sea poniendo en venta patrimonio del Estado, vendiendo a fondos buitre edificios construidos para ser destinados a viviendas sociales, o patentes industriales a esos mismos especuladores.
El Ejecutivo de Raxoi, tan patriota como para negarse a hablar de un referéndum en Catalunya, porque no quiere ni oír mencionar la posibilidad de la secesión de una parte de España, no duda en poner en manos extranjeras el patrimonio ecológico o histórico del país, o desprenderse de industrias que igualmente pasarán a especuladores de otros , los mismos que causaron la crisis, contando, seguramente, con que gobiernos tan patrióticos como el del PP les seguirían el juego y pondrían en sus manos todo cuanto apetecían para especular por los siglos de los siglos.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP están poniendo también en manos extranjeras el patrimonio público, fruto de los excesos del tiempo de las vacas gordas, con el fin de recuperar una parte de todo lo que despilfarraron, a base de concesiones a empresas privadas que gestionen edificios públicos que, si fuesen rentables, deberían administrar para que el dinero de su cometido revirtiera en lo público, en lugar de ponerlo en manos privadas que se beneficiarán de la privatización, a la vez que los onerosos mantenimientos seguirán costándole el dinero al pueblo.
Un ejemplo paradigmático de esos edificios, que sobrepasaron en muchos millones los costes presupuestados inicialmente, disparando brutalmente el precio de las obras, es la Ciudad de las Ciencias y las Artes de València. El edificio, considerado por el PP del País Valencià como un paradigma de la moderna ciudad del Turia, proyectado por el arquitecto áulico Santiago Calatrava, va a ser privatizada, con el argumento de que de esa forma se aumentará la atracción turística y cultural, según expresó el Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch.
Sin embargo, la decisión viene dada por el ruinoso negocio que supone para las arcas de la arruinada Generalitat, aunque desde la oposición se argumenta que, si es rentable esa infraestructura, lo lógico sería que la gestionase el Consell, para revertir los beneficios a las arcas públicas, ya que, a pesar de todo, habrá que pagar el mantenimiento y la conservación del oneroso proyecto.
Mas la Ciudad de las Artes y las Ciencias no es la única obra pública que las autonomías gobernadas por el PP quiere privatizar. En Madrid, después del fiasco de las Olimpiadas, el Ayuntamiento quiere hacerlo con los edificios construidos para albergar las competiciones deportivas que no se usarán, como la costosa Caja Mágica. O en Galicia, el megalómano proyecto de Manuel Fraga, construido a medias en Santiago de Compostela que, después de costarle más de mil millones de euros a los galegos, ahora no sirve para nada, porque está a medio terminar.
Además de obras públicas, que bien gestionadas podrían suponer substanciosas entradas de dinero en las arcas públicas, el PP está decidido a privatizar la Sanidad, con el fin de ponerla en manos también extranjeras, en Madrid o el País Valencià, con un modelo que quiere extender por todo el Estado, con el fin de hacer un negocio que no resulta nada claro y que sus detractores consideran que oculta intereses económicos espurios.
Poner a la venta los tesoros del patrimonio, o infraestructuras destinadas a los ciudadanos en manos de corporaciones extranjeras no parece que sea una forma efectiva de hacer patria. Mas el PP, representante de la derecha de este país mira mucho antes el negocio que los intereses de los ciudadanos. Ya lo dijo alguien en su día: La derecha no tiene ideas, solo tiene cartera.
16/09/2013
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