¿Y la culpa de quién es?

La dirección del PP, en un Comité Ejecutivo Nacional. / Efe

Que éste es un final de etapa histórica lo certifica que dos personas que arrojaron una tarta a otra investigada por delitos de corrupción (caso de las dietas de Caja Navarra) sean condenadas a dos años de cárcel mientras la otra se marcha a su casa tranquilamente y, además, forrada. Éste es el país que es, un país corrupto. La verdadera Marca España es la corrupción.

Lo que acabo de escribir arriba es tremendo. Mírese como se mire, es triste, y tiene implicaciones terribles, pero eso lo da por hecho con naturalidad el Partido Popular. Un portavoz suyo, González Pons, se muestra orgulloso de pertenecer a ese partido, del que dijo que sus miembros y dirigentes son tan honrados como todos, tras conocerse que se financió, y sus dirigentes se lucraron, con dinero negro.

Conviene saber a quién se dirigía al decir eso, si a los militantes y votantes de su partido o a toda la ciudadanía española. Si se dirigía a su partido, entiendo que les decía: "Claro que somos delincuentes, pero sólo son delitos económicos. Lo normal, los demás también lo hacen. No os preocupéis porque ahora se haya descubierto, no es algo tan vergonzoso". Les da ánimos para continuar, no miréis a los lados, no escuchéis lo que os digan por la calle, hay que seguir, que enfrente están los otros. Un partido que asume eso es peligrosísimo para un país; simplemente, es un cáncer político.

Pero si se dirigía al conjunto de la sociedad, entiendo que le dijo: "Pero si aquí todos somos unos sinvergüenzas, no disimuléis. Éste es un país de ladrones, siempre lo hemos sido, y a mucha honra; somos vivos y no como esos europeos. Pero, ojo, que son unos hipócritas y también roban, pero más finamente".

Que un país no sea de fiar, con una población envilecida y un Estado corrupto, es lo peor. Un país así no tiene esperanza, es un país que no confía en su capacidad para sacarse adelante colectivamente. Es un país desesperado.

Sólo a un país desesperado se le puede hablar con el cinismo que demostró González Pons cuando vino a decir: "Somos tan honrados como todos, ya me entendéis, pero tenéis que agarraos a nosotros porque somos los más eficaces y no tenéis opción". Me parece que tanto un votante del PP como una persona cualquiera debe sentir que esa declaración es un escupitajo en la cara. ¡Vótanos y calla, perro!

Pero ¿realmente somos así? Yo no estoy de acuerdo, conozco a muchas personas honradas, con sentido de la dignidad e incluso del decoro; personas que, caso de incurrir en irregularidades económicas, sentirían una vergüenza enorme al ser conocidas. Personas decentes, en suma. Personas que no estafaron a la hacienda pública y que no recibieron dinero negro a cambio de prevaricar o de algún otro tipo de compensación. Personas que no se lucran con sobres llenos de billetes de 500 euros. ¿Por qué las insulta González Pons? Pues porque es lo que quiere, insultarlas. Rebajarlas a su nivel. El PP necesita una España sin dignidad alguna, una sociedad que asuma el peor retrato de sí misma, la España más tenebrosa y la más temible: llena de miedo y de odio. Un país lleno de personas resentidas, que esconden su cobardía tras la risotada, el grito y el navajazo. Incapaces de dialogar y crear proyectos colectivos.

Pero yo sé que González Pons miente, porque sé que existen en la sociedad muchas personas que, además de ser honradas y pagar impuestos cuando tienen trabajo, se comprometen en los asuntos colectivos desinteresadamente, crean asociaciones y redes de protección para quienes van siendo excluidos por la política que practica el Gobierno, se movilizan para parar tantas agresiones y retrocesos sociales y políticos... Y lo hacen sin cobrar, pagando sus gastos.

Si González Pons se lo dice a toda la sociedad, miente. Y si se lo dice a los votantes, afiliados y cargos del partido, entonces es que la Justicia tiene que intervenir porque ese partido debe ser investigado en sus intenciones y averiguar si, efectivamente, es una organización creada para cometer delitos monetarios.

La ciudadanía española no es como quiere retratarla ese señor, pero no hay duda de que hoy por hoy su España es así.

Suso de Toro 
eldiario.es / zona crítica
27/11/2013

Túneles con luz y casas a oscuras

Vecinos contra un desahucio en Madrid (Efe)

Cuando el sol se pone cada día, hay gente que se enfunda dos pijamas, apaga las luces y se mete en la cama. No lo hacen porque les guste irse a dormir a las siete de la tarde, sino porque no tienen cómo afrontar el pago de la luz, ese bien que las eléctricas distribuyen cada vez más a precio de oro. No lo hacen porque sean frioleros, sino porque no disponen de recursos para poder pagar el precio cada vez más prohibitivo de la calefacción.

No es una anécdota aislada. Es un relato habitual ya no solo de trabajadores sociales, que mantienen contacto directo con las personas más necesitadas, sino de gente cercana, de integrantes de movimientos sociales, de asistentes a asambleas de barrio, de familias aparentemente normales que coinciden contigo a las puertas del colegio esperando a los niños.

En 2012 1,4 millones de viviendas sufrieron cortes de luz en España por impago. En los últimos seis años la factura eléctrica se ha disparado un 60% y la renta media de los hogares ha descendido al menos un 8,5%. Hagan los cálculos...

Mientras tanto, Amancio Ortega alquila su oficina por más de un millón de euros, Botín festeja lo que considera un momento fantástico, Rajoy dice que estamos mejorando y Rouco Varela anuncia el comienzo de la recuperación. Los de arriba hablan de la luz al final del túnel mientras hay familias que no pueden ver la luz ni en su propio hogar.

Hay días duros en este otoño invernal. Hay gente llorando en las colas del Inem. Hay gente llorando en las colas de los comedores sociales. ¿No lo han visto ustedes? Pásense alguna vez y quédense un rato. Hay amigos que no pueden reponer su nevera a partir de los días 15 de cada mes. Hay seres queridos a los que les están negando la atención sanitaria. Ante ello la reacción más instintiva se traduce en rabia. Hay días de rabia visceral, de frustración, de una indignación pasiva capaz de bloquearnos.

Necesitamos la sublimación del enfado y la transformación de la rabia para convertirla en motor de cambio. Se están derrumbando los mitos de un modelo económico y ante ello no es suficiente la pataleta, ni la descripción crítica de la injusta realidad, y quizá ni siquiera las manifestaciones, si no van acompañadas de estrategias capaces de generar formas participativas y vinculantes a largo plazo.

La represión estatal forma parte de un guión escrito de antemano. Cuando el Estado tira demasiado de la cuerda, recurre a nuevas formas de control: Refuerza la coerción a través de la vía económica, aplicándonos directamente la doctrina del shock, con más recortes, y echa mano de las fuerzas de seguridad, a las que en realidad deberíamos llamar “sus fuerzas”, sin más.

 La capacidad de subordinación de la gente está condicionada por el monopolio del Estado sobre la llamada violencia legítima. El hecho de que las fuerzas de seguridad  -“sus fuerzas”- tengan capacidad para reprimir, constituye ya de por sí una coacción.

En palabras del historiador y ensayista británico Perry Anderson, ante una ‘crisis’ como la actual, la coerción puede pasar de ser determinante a ser dominante. Es decir, cuando desde arriba se genera una situación insostenible para muchos, el Estado opta por un despliegue de sus fuerzas y se apoya más en sus aparatos represivos que en los representativos.

Es lo que está pasando en España. El Gobierno toma posiciones y tantea la dimensión de su despliegue. El borrador de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana y el estudio para modificar la ley de huelga son, junto con el cambio del Código Penal, buena prueba de ello. Se están calentando los motores de la represión más tradicional, la que criminaliza la protesta, la que impone la sumisión con la amenaza de la fuerza, la que condena con penas de cárcel a sindicalistas por ocupar una finca.

Hay opciones frente a la sumisión y al sálvese quien pueda. Si creemos en la posibilidad de transformación, seremos capaces de seguir luchando, por muchas leyes 'de seguridad ciudadana' que intenten colarnos. Se pueden crear caminos para construir hegemonía cultural, a través de la educación, del comportamiento, de la organización, de la comunicación.

Son tiempos dolorosamente oscuros. Intentan quitarnos todo para acumular aún más riqueza, pero no pueden arrebatarnos nuestra capacidad de soñar, de querer mejorar lo que nos rodea. Tenemos derecho a imaginar, como principio de toda alternativa; a reivindicar, porque nada llega sin conquistas.

Decía Benedetti que había que defender la alegría como trinchera, como un principio, como una bandera. Como una forma de resistencia. Frente a la melancolía y la muerte. Frente a la oscuridad de las casas, frente a túneles de luz falsa.

por Olga Rodríguez  
26/11/2013
eldiario.es / zona crítica

Cinco falacias sobre la memoria histórica

(En orden de aparición en cualquier discusión sobre el franquismo, los torturadores sin juzgar, y el Valle de los Caídos).

1. «No es el momento de mirar al pasado». Falso. Las víctimas del franquismo están en el presente. Siguen vivas y piden justicia. Algunas todavía buscan los cuerpos de familiares fusilados, otras padecen secuelas permanentes de las torturas de los últimos años del franquismo. En la transición se les prometió que esa reparación llegaría más adelante, que era muy pronto. Ahora se les vuelve a engañar, diciendo que es demasiado tarde. Lo es, por eso hay que solucionarlo cuanto antes. Lo contrario de la memoria no es el futuro: es la amnesia.

2. «En todas las guerras muere gente». Sí, pero en España la gente siguió muriendo tras la guerra. Hubo fusilamientos masivos. Alrededor de 50.000 personas fueron ejecutadas tras la derrota de la República. El último campo de concentración franquista se cerró en 1947. Y las torturas y la represión continuaron.

3. «También hubo víctimas inocentes del otro bando». Cierto, pero esas víctimas ya fueron reparadas. Sus familiares recibieron compensaciones económicas: propiedades de los derrotados, pensiones vitalicias, estancos o plazas de funcionario. Sus cadáveres fueron recordados y enterrados en un lugar donde sus familiares pudiesen llorarlos. Mientras, las víctimas de la represión franquista siguieron en las cunetas. España es hoy, tras Camboya, el país del mundo con más fosas comunes. Hablamos de al menos 114.000 desaparecidos.

4. «La prioridad es salir de la crisis y no hay dinero para estas cosas». Falso. El dinero para la memoria histórica era una cifra ridícula. El Gobierno socialista dedicaba a esta partida 6,2 millones de euros anuales. Nada más llegar, el PP lo dejó en 2,5 millones y aún le pareció demasiado. Desde hace dos años es cero. Rajoy no da un duro para la memoria histórica, pero sí lo tiene para el Valle de los Caídos. El 18 de julio el Gobierno aprobó una ayuda de 214.847 euros para reparar el mausoleo del tirano.

5. «No se puede juzgar el franquismo por la ley de amnistía». Falso. Esa ley no es muy distinta de la ley de punto final argentina, que fue derogada. El derecho internacional ha dejado más que claro que los crímenes contra la humanidad no prescriben. Así lo entiende la propia ONU, que va a llevar el caso español en el 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La ONU pide tres cosas al Gobierno: un plan estatal para localizar los cuerpos de los fusilados, derogar la ley de amnistía y juzgar las desapariciones. Es lo mínimo, lo mismo que han hecho todos los demás países democráticos que han sufrido una dictadura. Todos menos España.

Ignacio Escolar / Periodista
3 de noviembre del 2013
elPeriódico.com

El poder de las empresas transnacionales

Instalaciones de Repsol en Ecuador.  EDU LEÓN

LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL HA CREADO UN CONTEXTO DE IMPUNIDAD DE LAS TRANSNACIONALES

En los últimos cien años, mientras ha ido avanzando el capitalismo global y los Estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía en cuanto a las decisiones socioeconómicas, las empresas transnacionales han logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. Y es que aunque, en realidad, los antecedentes de lo que hoy son las compañías multinacionales pueden situarse varios siglos atrás –se habla de la existencia de empresas de este tipo ya a finales de la Edad Media, con los ejemplos de la Banca de los Médici o la Compañía de Indias–, no es hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando compañías estadounidenses como General Electric, United Fruit, Ford y Kodak comienzan a extender sus negocios fuera de su país de origen, en que las grandes corporaciones empiezan a adquirir un papel de extraordinaria relevancia en el concierto internacional. Y eso se potencia, especialmente, en las tres últimas décadas del siglo pasado y en lo que va de este, ya que el avance de los procesos de globalización económica y la expansión a escala planetaria global de las políticas neoliberales han servido para construir un entramado político, económico, jurídico y cultural, a nivel global, del que las empresas transnacionales han resultado ser las principales beneficiarias.

Es evidente el poder que, en términos económicos, tienen las corporaciones transnacionales. Basta comprobar, por ejemplo, cómo la mayor empresa del mundo, Wal-Mart, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del Producto Interior Bruto de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores al PIB de los Emi­ratos Árabes Unidos. Asimismo, las compañías multinacionales disponen de un innegable poder político: son moneda de uso corriente las estrechas relaciones entre gobernantes y empresarios, no hay más que ver cómo, por citar solo algunos casos, los expresidentes González, Aznar, Blair y Schröder han entrado en el directorio de corporaciones como Gas Natural Fenosa, Endesa, JP Morgan Chase y Gazprom, respectivamente; de la misma manera que, en sentido contrario, Mario Draghi y Mario Monti pasaron de Goldman Sachs a las presidencias del Banco Central Europeo y del gobierno italiano.

Igualmente, las empresas transnacionales poseen una extraordinaria influencia sobre la sociedad tanto en el terreno cultural –las grandes compañías emplean la publicidad y las técnicas de marketing para consolidar su gran poder de comunicación y persuasión en la sociedad de consumo– como en el plano jurídico: los contratos y las inversiones de las multinacionales se protegen mediante una tupida red de convenios, tratados y acuerdos que conforman un nuevo Derecho Corporativo Global, la llamada lex mercatoria, con el que las grandes corporaciones ven cómo se protegen sus derechos a la vez que no existen contrapesos suficientes ni mecanismos reales para el control de sus impactos sociales, laborales, culturales y ambientales.

Todo este poder que han acumulado las empresas transnacionales se ha venido acrecentando, de forma acelerada, desde los años setenta hasta hoy. Esto es, desde que con la aplicación de las medidas económicas promovidas por Milton Friedman y la Escuela de Chicago, el neoliberalismo fue imponiendo su ideología por todo el globo aprovechando los golpes militares, las guerras, las catástrofes naturales y las sucesivas crisis económicas para introducir drásticas reformas sin apenas oposición popular en el marco de “la doctrina del shock”. En los últimos cuatro años, desde que estalló el crash financiero global, y siguiendo la máxima de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, las instituciones que nos gobiernan están aplicando en Europa las mismas políticas que se llevaron a cabo en los países periféricos en las décadas de los 80 y 90: reformas laborales que recortan derechos laborales básicos, modificación del sistema de jubilaciones para favorecer los planes de pensiones privados, aumento de los impuestos indirectos y de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo, reducción de la tributación de empresas y grandes fortunas, mercantilización de los servicios públicos que todavía quedan por privatizar, eliminación de la inversión pública en edu­cación, sanidad, cooperación, dependencia, etcétera.

De este modo, mientras se inyectan presupuestos públicos millonarios a las mismas empresas que durante todos estos años se han beneficiado de la falta de regulación del sistema económico y financiero, la crisis es la excusa para avanzar con más fuerza en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatización de los bienes comunes y la apertura de puertas al capital transnacional para que pueda controlar más y más cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Las compañías multinacionales controlan los sectores estratégicos de la economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias del armamento y de la alimentación. Y la crisis capitalista no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negocio con los recursos naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras. Asistimos a una crisis sistémica que no es solo económica, sino también ecológica, social y de cuidados, que está produciendo estragos en las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial.

En este complejo contexto, resulta imprescindible continuar con la investigación, el análisis, la denuncia y la movilización en contra de los abusos que cometen las empresas transnacionales en su expansión por todo el globo. Porque, lejos de debilitarse con la actual crisis económica y financiera, el hecho es que las grandes corporaciones continúan fortaleciendo su poder e influencia en nuestras sociedades gracias a sus renovadas estrategias corporativas y a la constante aplicación de nuevos modelos de negocio. Por eso, a la vez que se profundizan las desigualdades y las mayorías sociales ven cómo sus derechos quedan relegados frente a la protección de los intereses comerciales y los contratos de las compañías multinacionales, se hace más necesario que nunca fortalecer las luchas y resistencias en contra de las empresas transnacionales. A la vez, ha de avanzarse en la reflexión y la construcción de alternativas socioeconómicas que nos permitan mirar más allá del capitalismo, abriendo ventanas hacia esos otros modelos posibles, otras realidades que no pasen por situar a las grandes corporaciones en el centro de la actividad de la sociedad sino que, justamente al contrario, las desplacen a un lado para colocar en su lugar a las personas y a los procesos que hacen posible la vida en nuestro planeta.

por PEDRO RAMIRO, ERIKA GONZÁLEZ, Juan Hernández Zubizarreta
DiagonalGlobal  21/11/13

Un mercado controlado por pocas empresas

¿Qué son las transnacionales?
Una empresa transnacional (o multinacional) es aquella empresa que está constituida por una sociedad matriz creada conforme a la legislación del país en que se encuentra instalada, que se implanta a su vez en otros países mediante inversión extranjera directa, sin crear empresas locales o mediante filiales, de acuerdo a las leyes del país de destino. Aunque tenga la apariencia jurídica de una pluralidad de sociedades, en lo esencial se constituye como una unidad económica con un centro único con poder de decisión.

El poder en pocas manos

En el año 2010, había 80.000 empresas transnacionales en todo el mundo, que controlaban 810.000 compañías filiales. Eso sí, a pesar de que existen miles de transnacionales en el mercado global, apenas unos cientos de ellas controlan a las demás: 737 multinacionales monopolizan el valor accionarial del 80% de total de las grandes compañías del mundo, y solo 147 controlan el 40% de todas ellas.

¿Cuánto se pueden demorar los litigios por temas fiscales?

Debido a la crisis, proliferan en los periódicos numerosas noticias sobre la reclamación de deudas por parte de Hacienda a empresas y particulares, ya que suele ser habitual que en momentos de vacas flacas los contribuyentes tengan menos capacidad para afrontar sus pagos. Pero en esta crisis muchos de los contribuyentes a los que la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) ha exigido el pago de las deudas son todo menos poco “pudientes”.

Es el caso de multimillonarios como Amancio Ortega, al que el fisco le reclamó el pago de 33 millones de euros por no haber declarado unas plusvalías de la salida a bolsa de Inditex en el Impuesto de Patrimonio, debido a una interpretación errónea de este tributo. En este caso, Ortega pagó religiosamente la cantidad, pero no siempre este rifirrafe con Hacienda acaba de una forma tan sencilla y en tan poco tiempo.

De hecho, según Defensa del Contribuyente, un litigio tributario suele demorarse una media de cuatro años en la vía administrativa hasta que termina en una resolución de los tribunales económico-administrativos. Sin embargo, si el caso salta después a la vía judicial, la espera ya pasa a ser de entre cuatro y seis años, según la complejidad del caso y la formación del juez. Por último, si el veredicto de la Audiencia Nacional no gusta a las partes, se puede recurrir al Tribunal Supremo, por lo que nos situaríamos en una década.

Obviamente, estos tiempos son el promedio, ya que si el perseguido por Hacienda es un gran contribuyente, la litigiosidad aumenta. Y es que las grandes fortunas pueden permitirse esperar debido al respaldo de su cuenta bancaria. De este modo pueden pagar los hasta 10.000 euros que cuesta el asesoramiento puntual de los mejores expertos, además de pedir ampliaciones de expedientes una y otra vez.

Por ejemplo, si el afectado es una gran compañía, le basta con provisionar la cantidad reclamada y cuanto más tiempo pase, mejor. De hecho, si al final de todo el proceso la sanción impuesta es más dura que cuando comenzó el litigio, se le aplicará la menor, por lo que el contribuyente juega sobre seguro. Además, en los diez años que puede prolongarse un juicio de este tipo, siempre puede perderse algún papel, aunque cada vez menos gracias a la implantación el expediente electrónico.

Por tanto, teniendo en cuenta esta realidad, es del todo comprensible que el 71,8% del fraude fiscal proceda de grandes empresas y patrimonios, colectivo en el que la Agencia Tributaria debería centrar sus labores de investigación y no tanto en los pequeños fraudes que cometen particulares, pymes y autónomos.

Carlos Cruzado,
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
nuevatribuna.es | 17 Noviembre 2013

Hay palabras que matan

El amor causa a veces tanta desazón que en lugar de producir gozo decimos que mata. San Juan de la Cruz lo definía por eso como un no se qué que mata con no se qué, y santa Teresa sufría por ello como nadie: “Hirióme una flecha, enherbolada de amor”.

A las palabras les ocurre más o menos lo mismo. Aunque no nos demos cuenta, cuando se utiliza cualquiera de ellas no solo se “dice” algo sino que se realiza una acción que puede modificar lo que hay a nuestro alrededor y, por tanto, nuestra conducta. Eso significa que las palabras tienen capacidad performativa o, según Derrida, “el poder de transformar la realidad”.

Cuando se utiliza la expresión austeridad para referirse a las políticas de recortes no es por casualidad. Con ella se genera un sentimiento de culpa que genera sumisión porque interpreta la pérdida de derechos que conllevan como la consecuencia inevitable de nuestro gasto previo excesivo. Además, la inmensa mayoría de las personas consideramos la austeridad como un valor positivo, así que cuando se utiliza esa palabra asociada a una determinada política económica se está consiguiendo que se de por buena con independencia de lo que lleve consigo, de su contenido real.

La evidencia empírica muestra que si la deuda que se quiere combatir con recortes sociales se ha disparado no ha sido por culpa de haber tenido muchos gastos corrientes (concretamente en educación, sanidad, cuidados o pensiones públicas que son las partidas que se recortan) sino porque se pagan intereses leoninos y totalmente injustificados a los bancos privados, y las encuestas nos indican que casi un 80% de la población no desea que se realicen esos recortes. Pero cuando se asocian a la palabra austeridad se aceptan fácilmente porque se considera que esta es lo natural y deseable frente al despilfarro o derroche que cualquier persona decente condena. La palabra, casi por sí sola, transforma la realidad y condiciona nuestra conducta.

Algo parecido ocurre también con la palabra déficit cuando se refiere a la prestación de los servicios públicos.Si nos dicen que la sanidad o las pensiones públicas o una televisión autonómica o un servicio municipal tienen déficit, inmediatamente pensamos en algo negativo y condenable, en que han gastado más de lo debido y que, por tanto, hay que recortarlos o incluso renunciar a ellos.

Pero la realidad es que las actividades o servicios que se financian en el marco de un presupuesto público no pueden tener déficit o superávit en sí mismos. Pueden tenerlos los Presupuestos Generales del Estado, los de una comunidad autónoma o de un Ayuntamiento, pero no sus diferentes partidas o conceptos.

Lo mismo que no tendría sentido ninguno decir que la jefatura del Estado o la policía es deficitaria, tampoco lo tiene decirlo de la justicia, la sanidad, la educación, las pensiones o de una televisión pública. Salvo que queramos performar la realidad para convencer de que la monarquía o la policía o cualquier otro servicio público es muy caro, que gasta en exceso y que, por tanto, es prescindible o que sus recursos deben disminuir.

Sin que apenas nos demos cuenta, usamos palabras que matan porque nos hacen creer lo que no es para hacernos así más obedientes.

Ningún servicio público tiene déficit sino que, en todo caso, tiene financiación insuficiente. Y la tienen porque una parte privilegiada de la sociedad no quiere contribuir a financiarlos como demuestra que solo aplicando las medidas que proponen los técnicos del Ministerio de Hacienda para combatir el fraude fiscal se recaudaría prácticamente la misma cantidad (38.500 millones de euros) que van a suponer los recortes sociales de este año.

Pero es evidente que no tiene el mismo efecto político utilizar una expresión u otra. Si oímos a cada instante que lo público es deficitario se pedirá que se recorte, si se hablase de su escasa financiación, se reclamarían más recursos, obligando a que los de arriba, y no solo los de abajo, se rasquen también el bolsillo.

Juan Torres López | Economista
nuevatribuna.es | 12 Noviembre 2013

Siete claves sobre la prisión en España

Las cifras que hay que tener a mano para evitar intoxicarse con esa propaganda, a cuenta de la doctrina Parot, que presenta al sistema penal español como un coladero donde cualquier crimen sale muy barato.

1.-España tiene un récord: es el país de Europa occidental con más porcentaje de su población entre rejas. Tenemos 159 presos por cada 100.000 habitantes; la media europea es de 96. En todo el continente solo nos ganan algunos países exsoviéticos o de la Europa del este, como Montenegro, Letonia o Lituania

2.-No siempre fue así. La población reclusa se ha disparado durante los últimos 20 años. En 1990 había 33.058 presos. En 2010 eran más del doble: 73.929.

3.-¿Han aumentado los presos porque ha crecido la delincuencia? Pues no.  La tasa de criminalidad española es bajísima, de las menores de Europa. Los delitos violentos en España son pocos, tanto si se analiza por el número de denuncias como si miramos el porcentaje de crímenes. El número de asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes hacen de España uno de los países más seguros del planeta: solo 0,85 homicidios voluntarios por cada 100.000 habitantes. Esta tasa de asesinatos es un 65% menor a la media Europea (1,3), menos de una quinta parte de la estadounidense (4,75) o una fracción de lo que sucede en zonas con problemas de criminalidad, como Latinoamérica (25,49). Con el resto de los delitos violentos, los porcentajes son más o menos iguales.

4.-Tampoco crece el número de condenas, que lleva años bastante estable; ni el número de personas que entran anualmente en prisión, que casi no se ha movido. La población reclusa se ha duplicado porque los distintos Gobiernos han endurecido las leyes –presionados por esa demagogia a la que llaman “alarma social”–. Hay más presos porque las condenas son cada vez más largas y porque los beneficios penitenciarios se han reducido.

5.-Con las sucesivas vueltas de tuerca en el Código Penal, a golpe de populismo y titular, España ha logrado el sistema penal más represivo de toda Europa occidental. A mismos delitos, un delincuente en España suele recibir una pena mayor. ¿Afecta esta dureza a la baja criminalidad? No hay constancia: la criminalidad ya era baja antes de estas reformas, que solo han servido para llenar las saturadas cárceles españolas. El tiempo medio de estancia en prisión se ha multiplicado por dos en las últimas dos décadas. Está en 18 meses, el triple que los países de nuestro entorno; el doble que la media de la UE.

6.-Las penas medias son más altas. Las penas máximas, también. España no tiene cadena perpetua, en teoría. En la práctica sí. El tiempo máximo en prisión antes era de entre 25 y 30 años. Ahora, con las últimas reformas, ya son 40 años de cumplimiento íntegro. Es un castigo muy superior a cualquier condena vitalicia occidental; hay que irse a sistemas penitenciarios africanos o latinoamericanos (o a Texas) para encontrar una condena de 40 años íntegros. Es una cadena perpetua medieval.

7.-La cadena perpetua en Alemania dura, de media, 18 años. En el Reino Unido, la media es de 14 años. En Francia, unos 20 años. Por ejemplo, el terrorista vasco francés  Philippe Bidart fue condenado por un tribunal a dos cadenas perpetuas por varios asesinatos. Salió de la prisión francesa de máxima seguridad de Clairvaux a los 19 años; bastante antes que cualquiera de los etarras ahora excarcelados por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot.

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Fuentes:  Eurostat.  World Bank.  Informe Wold Prison Population List, de Roy Walmsley.  La política criminal mediática, de Laura Pozuelo Pérez.  Penas y personas, de Mercedes Gallizo.

Publicado el 27-10-2013 en El Periódico de Catalunya
Ignacio Escolar / eldiario.es

Los costes políticos de sostener el euro para las izquierdas

Este artículo señala que la construcción del euro fue parte de un proyecto político, que está siendo ampliamente exitoso, liderado por el mundo empresarial (tanto financiero como industrial) para debilitar al mundo del trabajo y a la Europa social que este creó. La complicidad de las izquierdas gobernantes en este proyecto explica su enorme descrédito.


No hay plena conciencia entre la mayoría de las izquierdas en nuestro país de que el establecimiento del euro respondió a un proyecto de debilitar, por todos los medios posibles, al mundo del trabajo y al modelo social que este mundo estableció y que había convertido a Europa en un punto de referencia internacional para todas las fuerzas progresistas del mundo. Este proyecto ha sido altamente exitoso, como lo muestra que el mundo empresarial (tanto el financiero como el industrial) está consiguiendo todo lo que ha deseado desde hace mucho tiempo. Hoy los gobiernos están forzando la bajada de salarios, el aumento del desempleo, el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatización de las pensiones y de los servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, y otros. Todas estas medidas se han realizado bajo el mandato de las instituciones que gobiernan el euro, tales como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el gobierno alemán, instituciones todas ellas de sensibilidad ultraliberal y que utilizan los instrumentos financieros que tienen a su disposición para imponer tales políticas neoliberales. Que esto es así es obvio. Y la evidencia empírica que avala tal interpretación de lo que está ocurriendo en Europa es abrumadora. Ni que decir tiene que los mayores medios de información, controlados por tales intereses empresariales, ocultan esta realidad.

Encontramos múltiples ejemplos de esta instrumentalización. Veamos uno de los casos más recientes. Hace unos meses se aprobó el presupuesto plurianual de la Unión Europea, dentro de las normas establecidas para la preparación de presupuestos en los próximos siete años (sí, leyó bien, siete años). En estas normativas, escritas en letra pequeña, se indica que cualquier transferencia de fondos (que se definen como “ayuda”) a autoridades municipales, regionales o nacionales (es lo que el lector ha podido ver en las pancartas de su ayuntamiento o comunidad autónoma, en la que se indica que el proyecto se ha financiado con fondos de la UE, con la bandera de estrellas en lugar prominente) está condicionada a que el gobierno del país se comprometa a seguir las políticas macroeconómicas neoliberales (que no tienen nada que ver con el proyecto financiado) que incluyen la retahíla de medidas que mencioné antes. Y estas medidas macroeconómicas las dicta y las supervisa la Comisión Europea, el grupo de tecnócratas que nadie ha elegido y que, en su mayoría, son de persuasión ultraliberal. En otras palabras, la Comisión Europea le dirá al gobierno español “usted no puede apoyar con fondos europeos la construcción, por ejemplo, de un hospital en Girona, a no ser que usted, gobierno de Madrid, se haya comprometido a bajar los salarios del país”.

El gobierno que ha promovido este sistema (y que tiene una enorme influencia en la Comisión Europea) es el gobierno alemán, máximo sostenedor de las políticas de austeridad hoy en la UE y en la Eurozona. Y lamento decirle que usted, ciudadano español, no tiene ninguna voz o posibilidad de cambiar esto, a no ser que se movilice para que España salga de este sistema que tiene al país estancado. Por cierto, parte de estos fondos vienen de su bolsillo, reciclados a través de la siempre presente Comisión Europea. Y me sabe mal informarle también que el Parlamento Europeo no pinta nada en esto. Ni tampoco puede hacer nada. En realidad, intentó hacer algo, pero no le dejaron. Había propuesto que los países pudieran utilizar fondos de la UE que estuvieran catalogados como inversiones para estimular el crecimiento, y también sugirió que en el cálculo del déficit público se separara el gasto en inversiones del gasto en consumo. Pero todo sigue como la Comisión decidió. ¿Lo entiende? Y mientras, se define como extremistas a aquellos que quieren salirse del sistema por considerar el cambio dentro del euro como imposible.

Los costes políticos del euro para las izquierdas

Una característica de nuestros tiempos es el enorme descrédito de los partidos socialdemócratas en la Unión Europea. De nuevo, los números hablan por sí mismos. El descenso de su apoyo electoral (sobre todo entre las clases populares) ha sido enorme. Y el número de militantes ha bajado espectacularmente. Como decía un observador, con gran agudeza política, “los militantes de tales partidos se han reducido a personas con cargos políticos, y a personas que esperan poder tener cargos políticos”. Aun cuando esta frase tiene un componente simplificador e injusto, lo cierto es que tales partidos han perdido a las personas más comprometidas ideológicamente con el socialismo, teniendo hoy muy poca capacidad de movilización.

Este descrédito se debe precisamente a su complicidad en establecer tal sistema de gobierno del euro. De nuevo, la evidencia que avala esta tesis es robusta. Es cierto que hay intentos de cambiar tal sistema de gobierno, esfuerzo al que se le añaden los partidos políticos más a la izquierda que la socialdemocracia. Pero este intento de reformar el sistema de gobierno asume que tal sistema es reformable, es decir, que puede cambiar para que sirva al mundo del trabajo, que constituye la mayoría de las clases populares. La evidencia, sin embargo, parece cuestionar que ello sea posible. El caso citado anteriormente así lo señala.

La protesta generalizada y el hartazgo popular hacia esta Europa

Está también claro que el hartazgo de las clases populares de la Unión Europea hacia tal entidad política está alcanzando niveles amenazadores para la reproducción de tal sistema de gobierno. Y es lógico que tal hartazgo lo lideren aquellas fuerzas políticas que cuestionan más radicalmente la existencia del euro y de la Unión Europea. El crecimiento de los partidos de la ultraderecha a nivel de Europa es un indicador de ello. Su éxito se basa en su radicalismo en contra de lo que llaman “las élites tecnócratas que roban el poder nacional” (acusación que es difícil desmentir), proponiendo la salida del euro y de la UE. En cierta manera, su éxito se debe al fracaso de las izquierdas en entender y responder al enfado de las clases populares hacia esta Europa, la Europa que de sueño democrático y social se ha convertido en pesadilla antisocial y antidemocrática. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar a que las izquierdas entiendan que esta Europa no es cambiable y que otra Europa es posible?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, y en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 15 de noviembre de 2013

España como anomalía

“Pero no ha llegado la paz, Luisito: ha llegado la victoria”. Esa es la respuesta que le da don Luis a su hijo en la escena final de Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez. Se trata de una escena memorable no sólo porque pertenezca a una de las mejores obras de nuestro teatro contemporáneo. El presente político español suele devolverle también la realidad. Nuestra historia nos condena a vivir instalados en la anomalía.

Leo con estupor que María Dolores de Cospedal anuncia en una convención de los jóvenes del PP que el gobierno quiere impedir a los tribunales internacionales la posibilidad de corregir decisiones tomadas en España. Sus palabras son gravísimas y suponen un disparo en el corazón de la democracia española. Nos devuelven a lo peor de la mentalidad intransigente del tradicionalismo patrio. Negar la legitimidad del derecho internacional (por ejemplo, de un Tribunal de Derechos Humanos) es una postura que nos coloca una vez más en la anomalía democrática. ¿Hemos salido alguna vez de ella?

La sentencia sobre la “doctrina Parot”, aunque responde a una impecable sensatez jurídica, ha levantado revuelo en el orgullo nacional. Supongo que no alcanzará tanto eco, ni la mitad de la mitad, otra intervención extranjera que sin embargo me parece de mucho más calado histórico y social. Me refiero al informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Los resultados son muy duros por lo que se refiere a España y no ya porque denuncie el desamparo en el que han vivido las víctimas del franquismo. Después de Camboya, somos el segundo país del mundo con más desaparecidos. Lo que me parece de verdad grave es que se denuncie el uso de la Ley de Amnistía de 1977 como una medida de punto final típica de las dictaduras para impedir la investigación de crímenes contra la humanidad. Ese es el uso que ha hecho de ella el triste, feo y desacreditado Tribunal Supremo.

En definitiva: la tan cacareada Transición Española no pertenece a la Paz. Fue el capítulo último de la Victoria.

La manipulación de la historia de España ha sido decisiva a la hora de legitimar la perpetuación de la oligarquía económica del franquismo como bloque de poder en la democracia. Las élites económicas nunca vivieron la Transición como una oportunidad para la verdadera transformación democrática y social del país. Buscaron una estrategia que les permitiera a la vez mantener sus privilegios y conectar con el capitalismo europeo. Se manipuló la historia para ocultar las responsabilidades de la guerra y de una alargada y cruel posguerra en la que se estableció la anomalía española.

Considero de lectura obligada el libro de Julián Casanova titulado España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil española (Crítica, 2013). El prólogo y el epílogo son tan importantes como el estudio del enfrentamiento bélico. En el prólogo se explica que España era un país europeo normal en el primer tercio del siglo XX. Los enfrentamientos y las tensiones propias de la época no fueron más violentas que en otros lugares y desde luego no justifican la interpretación de un inevitable golpe de Estado en 1936. Con la derrota de la república, llegó la Victoria, o lo que Julián Casanova llama la “paz incivil”. Entre 1939 y 1946, se ejecutaron al menos 50.000 personas y la cuenta no paró hasta 1975. Al contrario de lo que ocurrió con los caídos por Dios y por España, estos muertos fueron condenados al olvido, junto a tantos demócratas que acabaron en las tumbas, las fosas, el exilio y la cárcel a causa del golpe de Estado de 1936. No ocurrió lo mismo en Italia, Alemania, Austria o Francia. “En la larga y cruel dictadura de Franco –concluye Casanova-, reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX”.

Esa anomalía llegó a la Transición con las consignas del olvido, la equidistancia y la manipulada reconciliación. Nadia quería venganzas en 1975. Pero hubieran sido muy aconsejables la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas para no condenarnos a una democracia sin raíces, sin valores y sin pudor público. 

María Dolores de Cospedal expresa ahora el deseo de una España al margen de los tribunales internacionales y los derechos humanos. Es algo que llena de angustiado asombro. Seguimos soportando la ignorancia bárbara de unos políticos que no se avergüenzan de sentirse herederos del franquismo porque piensan, o les interesa pensar, que la palabra crimen tiene que ver con la República y no con unos militares que, apoyados por la Iglesia y los terratenientes, se levantaron en armas contra la democracia constitucional que estaba intentando modernizar el país. Y así nos va.

LUIS GARCÍA MONTERO
16/11/2013
infoLibre.es

Quien quiera religión, que se la pague

CARTA A UN AMIGO QUE CREE QUE LA IGLESIA CATÓLICA NO ESTÁ FINANCIADA POR EL ESTADO ESPAÑOL 

Querido amigo:

Habida cuenta de que eres víctima de otra de las mentiras que inventan los obispos españoles para seguir viviendo del cuento y del dinero de quienes queremos un estado laico,  intentaré desmontar la mentira en contra de la manipulación de quienes, como tú, obráis de de buena fe.

Vamos a ello.

Además de sus exenciones fiscales y de lo que perciben del IRPF de sus adeptos (crucecita en la declaración de la renta que  apenas les supone 200 millones de euros) el catolicismo también se financia con un dinero totalmente público procedente de los impuestos de todos, incluidos agnósticos y ateos.

El dinero que la Iglesia católica percibe de las arcas estatales (con desprecio al resto de confesiones por agravio comparativo) rebasa los 10.000 millones de euros repartidos en conceptos varios; un montante que procede de los presupuestos de las distintas administraciones públicas como son el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos.

Todo ello sin contabilizar ciertas partidas "excepcionales" que a modo de santas propinas ponen las guindas de tan injusta tarta. Por ejemplo, los 60 millones de euros (en metálico o en especie) que en su día sufragaron los gastos de seguridad, limpieza, organización y cesión de terrenos en la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, cuando Benedicto XVI aun era papa.

Cuando Rouco dice, a través de sus portavoz Camino, que "si los católicos no pusiera una cruz en la casilla del IRPF, la Iglesia no percibiría ningún dinero”, miente como un bellaco. Pues, además de los  los 200 millones de euros procedentes de la casilla de la declaración de la renta (cantidad relativamente pequeña), la financiación del catolicismo español procede de varias partidas de los Presupuestos Generales del Estado y rebasa los 10.000 millones de euros.

Veámoslo a continuación y empecemos con las nóminas de los profesores de religión, cuyo importe va directamente desde las arcas públicas a los presupuestos de la Iglesia Católica. Sólo para centros escolares se trasvasan más de 3.500 millones a los que hay que sumar otros 600 destinados a pagar a los profesores de Religión u otros docentes en centros concertados.

Sigamos con las exenciones fiscales que se aplican al inmenso patrimonio inmobiliario que posee la Iglesia, y no a sólo los centros de culto sino a los miles y miles de pisos (muchos de ellos procedentes de donaciones testamentarias de ancianos y ancianas que dejan sus bienes a la Iglesia, a veces aconsejadas por su confesor)  que tienen exención del pago impuestos como el del IBI o el de patrimonio, dejando de percibir el Estado 1.000 millones de euros por dichos conceptos.

Pero aun hay mas.

En concepto de atención sanitaria, el clero percibe 3.200 millones de euros para financiar tanto sus dispensarios y centros para transeúntes como hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, obras tal vez encomiables pero cuya responsabilidad no corresponde a la Iglesia por disponer el Estado de una red sanitaria pública que, en teoría, no hace proselitismo de credo o religión alguna.

Sumemos ahora el pellizquito de 25 millones destinado a pagar a los funcionarios con sotana, un dinero  abonado por el Estado como sueldo de los religiosos que ejercen como capellanes en cárceles y cuarteles. Por cierto, ¿existen pastores protestantes, rabinos judíos, sacerdotes anglicanos y ortodoxos, etcétera, etcétera que ejerzan en cárceles y cuarteles de España subvencionados con cargo al contribuyente? La respuesta es no.

Otro regalillo de papá Estado son los 500 millones que recibe el clero en concepto de “monumentos”. Una propina con la que se financia las labores de conservación de su inmenso patrimonio artístico.

Ya por último, reseñemos los más de 290 millones que todos (creyentes y no creyentes) regalamos al catolicismo español en concepto de subvenciones para eventos religiosos y asociaciones de ámbito local.

Todos los datos aportados proceden de los ejercicios de 2011 y 2012, pero es de suponer que en el ejercicio presupuestario actual las cifras sean mayores habida cuenta de lo proclive que es el PP a beneficiar al catolicismo .

Estimado amigo, confío que ese Dios en quien crees,  me haya iluminado para que aporte luz a la oscuridad que te impide ver la verdad.

Recibe un abrazo y mis mejores deseos.

http://lainfinitaespiral.blogspot.com.es/2013/11/quien-quiera-religion-que-se-la-pague.html
martes, 12 de noviembre de 2013

Chispazo blanco en el chapapote

2002

Fuimos uno de esos puntitos blancos. Limpiamos con manos débiles el duro y espeso chapapote que cubría como una manta las playas de Moaña, Carnota, Lira. Todavía queda regusto en los pulmones de aquel alquitrán húmedo y nos recuerdo como patos enfangados luchando contra una inmensidad negra imposible de domar. Los voluntarios metíamos la cabeza bajo las rocas para llegar al último rincón y meter en el capacho toda aquella mierda; lo hacíamos porque aquello era lo que habíamos venido a hacer pero no porque realmente pudiera ser hecho. Limpiábamos con rabia, sin esperanza.Y veíamos en los ojos de los vecinos de Cangas do Morrazo, que nos prestaron el instituto para dormir, frustración, pena y también un punto de prudencia o disculpa, como si ya supieran lo que iba a pasar.

Pasamos la nochevieja alrededor de los mejillones que nos cocinaron las mujeres del pueblo; luego bailándole a una queimada preparada por los hombres. Con ellos vimos las campanadas en Telecinco – que hizo un plano cenital de barcas de pescadores dispuestas en círculo en el puerto de Muxía y que iban encendiéndose para cada uva – y percibimos una sensación madura de agradecimiento pero también de anticipación de los acontecimientos. Nosotros pensamos que participábamos en el principio de un despertar; ellos sabían lo que sin embargo iba a pasar.

Y lo que pasó entonces fue que en las primeras elecciones apenas unos meses después del hundimiento del Prestige, las municipales celebradas en mayo de 2003, los responsables políticos de la gestión del accidente en Galicia se vieron reforzados. Aquella noche electoral, cada uno desde su rincón, mirábamos los resultados del escrutinio de voto en los pueblos a los que habíamos ido a limpiar. Pueblo a pueblo, todos habían vuelto a ganar. Nos habíamos enamorado de una rabia sin matices y no supimos ver que aquellos ojos nos contaban una gran complejidad que ahora suena más sensata pero que entonces nos rompió la luna de miel.

Y lo que ha pasado ahora es que el juicio, el único espacio de escarmiento a petroleras, armadores y gobiernos que quedaba, ha terminado con la exculpación de las únicas tres personas que, casi a modo de chivos expiatorios, quedaban encausadas. Absueltos. Aquí no ha pasado nada y que el seguro corra con los gastos.

El mensaje queda claro. Barra libre. Lo peor no es que no haya condenas, lo peor es que no se tomaron medidas serias para que no vuelva a pasar.

Pero el Nunca Máis fue algo más que una carrera de obstáculos por la pista sinuosa de la justicia. Fue también un chispazo blanco en una sociedad alquitranada. La primera movilización ciudadana ajena a las estructuras políticas formales de una generación que entonces estuvo en Galicia, luego estuvo contra Irak, luego se refugió en Internet o en movimientos culturales y luego se reencontró en el 15M. Se convirtió, como define el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, en “gente de entre 20 y 30 años que no había tenido experiencias de politización más allá del desencanto de sus padres o de sus hermanos mayores en los años 90”. Y que sin darse mucha cuenta estaba participando socialmente con compañeros de universidad y muchas otras personas sin etiquetas ideológicas en una protesta a gran escala basada en “hacer algo” para avergonzar a los responsables de que ese algo tuviera que ser hecho. Como ha sucedido después con los desahucios.

Fue también la primera vez que muchos pensamos en los roces entre los conceptos de público y común; entre protesta, solidaridad y Estado. Que sí, que estoy satisfecho aquí limpiando pero, ¿qué hago aquí? ¿Por qué tenemos que limpiar nosotros y no el ministerio? ¿Quién nos da de comer este bocadillo y quién lo paga? ¿Por qué en este vaso pone Telefónica? ¿Por qué la cámara de TVE sólo enfoca al Ejército y los dos se van cuando terminan de grabar?, me preguntaba en aquel texto con 19 años. Hoy vamos por los 30 y en las mismas preguntas estamos, pero al menos sí sabemos por qué en aquella playa nos sentíamos cómodos a pesar de la lucha absurda contra la suciedad. Fue el primer punto de luz de una energía nueva. Y esa no se apaga por una decepción judicial.

www.juanlusanchez.com/

14. nov. 2013

Cuando la policía invita a tabaco

No tengo nada en contra de la enseñanza de la religión católica. Al contrario, estoy convencido de que una buena formación religiosa es lo único que de verdad empuja sin remedio y a gran velocidad hacia el ateísmo. Cuando era joven, nadie se tomaba en serio los dogmas católicos, porque los conocíamos bien. Sin embargo, siempre había desnortados que se sentían atraídos por el budismo o el taoísmo, sólo por ignorancia o por extravagancia, puesto que bastaba con un par de libros para concluir que se trata de la misma nada entre dos platos que ofrece el catolicismo, aunque con mucho peor prosa, desde luego. Como se solía decir a quienes te daban la matraca con el budismo zen o cualquier otra pamplina con túnica: venga, hombre, si no creo en la religión verdadera, ¡cómo voy a creer en las falsas!

Sin embargo, por mucho que piense que cuanta más catequesis menos fe, jamás se me ocurriría hacer obligatoria la enseñanza de la religión para fomentar el ateísmo. Igual que ahora hay “espacios libres de humo”, la escuela debe ser un “espacio libre dogmas y de dioses”. El que quiera intoxicarse con creencias, que inhale homilías a escondidas durante el recreo, en la esquina de enfrente del Instituto, que se fume unas encíclicas liadas en papel biblia o que se inyecte parábolas alucinógenas con jeringuilla desechable. De acuerdo, pero nunca en clase. Y jamás evaluable. Hasta ahí podíamos llegar.

Y hasta ahí hemos llegado. Lo que me sorprende es que muchos lectores cedan a la tentación de echarle la culpa al PP, no sin ayuda de un titular que dice: El PP quiere clases de Religión también en bachillerato. Como si el PSOE hubiera promovido alguna vez, desde el Gobierno, la enseñanza laica.

¿No recuerdan que el PSOE ha gobernado durante décadas sin mover un dedo a este respecto?  Antes bien, todo lo contrario. ¿Quién si no el PSOE se inventó la enseñanza concertada, para poder ayudar a la Iglesia y socavar la enseñanza pública? Entrevisté para este diario, con el querido Manuel Fernández Cuesta, a Álvaro Marchesi, el ideólogo de la LOGSE, y no escuché ni un solo argumento racional para tanta sumisión a la Iglesia. Todavía en 2006, en lugar de obligar a la iglesia católica a autofinanciarse, el último Gobierno socialista aumentó su asignación de un 0,5% a un 0,7% del IRPF? Formidable.  ¿Y la reforma de la Ley de Libertad Religiosa? La paralizó Zapatero, que adujo “falta de consenso”. ¿Y el Concordato? Ahí sigue, intacto, tras décadas de socialismo en el poder. Eso sí, los ministros del PSOE no se perdían una procesión del Corpus ni la ocasión de lucir mantilla española para las genuflexiones ante príncipes de la Iglesia.

Otro tanto se podría decir del mercado laboral, por ejemplo.

¿Por qué digo esto? ¿Acaso olvido que, como me recuerdan a menudo algunos comentaristas, el enemigo es la derecha y no el PSOE?

Pues porque he visto algunas películas. Cuando la policía quiere que un criminal confiese, se reparten los papeles, uno de poli bueno y otro de poli malo. Y todo el mundo sabe que lo más peligroso es caer en las trampas que tiende el poli bueno. Casi es más de fiar el malo. Nunca hay que creerse que el poli bueno y el malo están enfrentados: colaboran y trabajan los dos a sueldo de los mismos. Rubalcaba, nada menos que el ladino y autoritario Rubalcaba, aquel que cuando hacía de poli malo chuleaba a estudiantes con mucho más cinismo que (el impresentable) Wert, ahora resulta que es el poli bueno. Cosas veredes. Usted sabrá si debe aceptar el cigarrillo y el café que le ofrece el poli bueno. Usted verá si quiere creerse que el poli bueno está de su lado.

Rafael Reig
29/10/2013
eldiario.es

Cinco ideas desde las que pensar la tecnología hoy

Foto: UWW ResNet cc

1. Una nueva tecnología no es una tecnología mejor; es una tecnología distinta

Un lector de e-books Kindle es una tecnología asombrosa. Es capaz de poner en nuestras manos, instantáneamente, cualquier novedad editorial que acaba de lanzarse al mercado sin movernos de casa, y sin importar en qué parte del mundo estemos. En sus 213 gramos de peso caben alrededor de 1100 títulos, años y años de lectura en nuestro bolsillo. Y además, su programa de autopublicación permite que autores desconocidos puedan potencialmente llegar a un público inmenso sin necesidad de una editorial.

Pero casi tan importante como lo que hace un Kindle es lo que no hace. Un libro de papel puede ser hojeado en segundos, y nos permite saltar de un punto a otro del texto, o empezarlo al azar por cualquier página. El e-book nos ata a la linealidad del botón de página hacía adelante y página hacía atrás, de la misma manera que el vinilo nos permitía soltar la aguja sobre cualquier punto del LP y el CD nos obliga a saltar de tema en tema.
El rico universo de la edición en papel, con sus distintas calidades de papel, tamaños, texturas y tipografías queda reducido en el Kindle a seis tipos distintos de letra. Un e-book es un texto; un libro además es un objeto.

Y luego están las cosas que un Kindle puede hacer pero que sería preferible que no hiciera, como permitir a Amazon borrar a distancia unilateralmente y sin aviso previo los libros que has comprado, o limitar el número de veces y el tiempo por el que puedes prestarle a un amigo un libro. Si un libro de papel es una posesión que se puede transmitir en herencia, comprar un ebook es firmar un contrato de alquiler cuyas condiciones de uso futuras son inciertas.

Porque el discurso de lo digital está íntimamente ligado a una noción de progreso irrevocable, Silicon Valley nos querrá convencer siempre de que toda transición hacía un nuevo sistema solo puede ser beneficiosa. Pero como todo aquello que es el resultado de un proceso de diseño, una tecnología descansa sobre un delicado balance entre logros y renuncias. Cuando la adoptamos, aceptamos entablar una negociación para decidir si estamos dispuestos a desprendernos de ciertas cosas a cambios de nuevas posibilidades. Así, como sociedad hemos decidido que a cambio de poder acceder instantáneamente a una cantidad infinita de música, no nos importa que su calidad de reproducción sea peor que en los años setenta del siglo pasado.

La pregunta de si una tecnología es beneficiosa o perjudicial raramente nos lleva demasiado lejos. Es más productivo plantearse, ¿Qué ganamos y qué perdemos? ¿Quién gana y quién pierde?

2. Los problemas complejos no tienen soluciones simples

A estas alturas sabemos que hay una serie de cosas que Internet nos permite hacer de manera infinitamente más sencilla que tecnologías previas. Desde coordinar acciones colectivas a gran escala entre individuos sin la necesidad de una estructura jerárquica clásica, a eliminar toda clase de intermediarios. También nos permite recoger, almacenar y analizar cantidades de información sin precedentes y ponerlas al servicio de todos.

Estas capacidades han traído consigo la promesa de repensar y regenerar muchos órdenes de la sociedad y la economía, y las hemos abrazado con entusiasmo. Los ejemplos nos desbordan: las redes sociales se han convertido en catalizadores de nuevos modos de activismo y protesta ciudadana en todo el mundo. El movimiento Open Data está poniendo al alcance de ciudadanos y de emprendedores toda clase de datos gubernamentales para mejorar la transparencia de las administraciones y fomentar nuevos procesos de innovación. Y la agregación de datos procedentes de sensores, bases de datos y información generada por usuarios se está aplicando para mejorar el tráfico de las ciudades, reducir el consumo eléctrico de los hogares o mejorar la recogida de residuos.

Sin embargo, por mucho que nos lo diga Tim O’Reilly o por muy emocionantes que sean los relatos liberadores que nos ofrece el conferenciante medio de TED, problemas de tal orden de complejidad, que implican a tantos agentes distintos con incentivos contrapuestos, no suelen solucionarse solamente con la introducción de una nueva tecnología.

El activismo en Red es claramente una herramienta poderosa para canalizar la indignación y facilitar la protesta, pero no puede, por sí solo, construir un orden alternativo que reemplace a los modelos jerárquicos institucionales fuertemente establecidos. Abrir a la ciudadanía las ricas fuentes de datos de las administraciones claramente ofrece nuevas oportunidades, pero no es una receta mágica que cree el impulso y la motivación a participar en una ciudadanía pasiva. Y estamos aprendiendo que lamentablemente, visualizar no es lo mismo que actuar; el cambio de conducta que esperamos que se produzca en nosotros cuándo somos capaces de leer nuestro consumo eléctrico diario depende de más factores que de tener un smart meter instalado en casa.

Es difícil creer que la solución de la educación en el tercer mundo sea lanzar portátiles desde el cielo sobre un pueblo aislado de Africa. Sobre todo si el que te lo cuenta es el que fabrica los portátiles.

3. Una tecnología no nos hace a todos iguales

“Cualquiera puede” es una de las frases favoritas en la retórica del optimismo tecnológico. Así, con una Impresora 3D cualquiera puede fabricarse en casa objetos físicos, y en Wikipedia cualquiera puede contribuir en la redacción de una entrada enciclopédica.

Cuando decimos que una tecnología tiene un efecto democratizador normalmente queremos decir que el coste de participación se reduce notablemente frente al de modelos anteriores, y que es más fácil instaurar una meritocracia efectiva: el que más contribuye obtiene más reconocimiento. El problema es que para contribuir, todos no partimos desde el mismo sitio. La posibilidad de participar e intervenir viene dada por muchos otros factores: desde el contexto socioeconómico y cultural, a en qué lado de la brecha digital nos situamos. Y una vez dentro de una comunidad, hay dinámicas de poder que harán que no todas las contribuciones se valoren de la misma manera.

Menos del diez por ciento de los editores de Wikipedia son mujeres. La Wikimedia Foundation estaría contenta si en 2015 esa cifra hubiese subido a un 25 por ciento. Y el problema número uno de cualquier organizador de un evento sobre tecnología es no acabar con un cartel de participantes formado esencialmente por hombres occidentales de entre 25 y 45 años, con predominancia de anglosajones. La diversidad cultural es el principal obstáculo que Silicon Valley aún tiene que superar, porque los rostros y CVs de los que idean nuestras herramientas se parecen todavía demasiado entre sí.

4. Innovar si, pero ¿a qué precio?

A lo largo de la primera década del siglo XXI, hubo un sector económico que invirtió en investigación, contrató científicos hipercualificados y adoptó las tecnologías más sofisticadas por encima de todos las demás. Fue la industria de los servicios financieros, la misma que provocó la crisis de 2008 y echó a rodar la bola de la recesión global.

Con cada vez mayor frecuencia, las Startups de éxito plantean modelos de negocio que si bien abren nuevas posibilidades interesantes, se enfrentan abiertamente con la legislación en vigor. Es el caso de Uber o Air BnB, servicios que permiten contratar coches o alquilar habitaciones en casas de extraños, y que pasan por alto la regulación que afecta a Hoteles y Taxis en muchas ciudades. Los intereses del capital riesgo y de la ciudadanía, no hace falta decirlo, no están necesariamente alineados.

Hemos glorificado la innovación como el factor determinante para el desarrollo, la única vía de forjar un modelo de crecimiento no especulativo. Sin embargo, la innovación tecnológica que posibilita disrupciones en múltiples industrias no es moral ni políticamente neutral. Cada vez son más las voces que avisan, por ejemplo, de que la industria tecnológica está siendo uno de los factores claves en el desaforado crecimiento de la desigualdad a lo largo de las últimas tres décadas, fomentando que se concentre una cantidad de capital cada vez mayor en un número menor de manos. No hay mejor ilustración de esto que los mil millones de dólares que Facebook empleó en comprar Instagram, una compañía con trece empleados.

5. Es mejor no hacer predicciones, sobre todo si tratan sobre el futuro

El producto de más éxito de la industria tecnológica es siempre un nuevo futuro, en el que todo va a cambiar, una vez más. El que primero apueste por él tiene la oportunidad de sacarle una ventaja decisiva a los que más tarden en subirse al carro. Una nueva tecnología es una promesa de una transformación radical y una amenaza de que si no la entiendes bien es posible que te acabes quedando fuera.

De aquí la tendencia algo irritante de los gurús tecnológicos a asegurarnos como van a ser las cosas en cinco, diez, quince años. La certeza sobre el número de impresoras 3D que habrá en los hogares a comienzos de la próxima década, o sobre el momento en que la “inteligencia” de un ordenador alcanzará la del cerebro humano no sólo es presuntuosa, sino que suele esconder intereses personales o creencias que directamente rayan en lo religioso. El futuro puede ser Google Glass, pero también es muy probable que no lo sea porque tampoco lo fueron la Realidad Virtual ni Second Life. Sólo hay que leer la prensa de 1991 o 2007 para comprobar el grado de consenso que generaban estas visiones como anticipos inevitables del futuro que vendría.

El siglo XX se llevó consigo la fe en un futuro definido y nítido, y el XXI es el siglo de la incertidumbre. Hemos comprendido que a la hora de anticiparnos a lo que va a venir, lo que sabemos es menos determinante que “ lo que no sabemos que no sabemos”, en la famosa expresión de Donald Rumsfeld. El más célebre de los expertos en predicción de nuestro tiempo, el estadístico norteamericano Nate Silver, insiste en su bestseller “La Señal y el Ruido” en que sobreestimamos constantemente nuestra capacidad de predecir los acontecimientos, en parte por nuestra baja comprensión de la probabilidad y la incertidumbre. El que quiera un ejemplo sólo tiene que repasar la narrativa de las últimas elecciones catalanas, y cómo cientos de columnistas dedicaron miles de horas a pronosticar un resultado al que nadie, absolutamente nadie, fue capaz de acercarse.

¿Significa esto que no haya que hablar del futuro? No. El futuro sigue siendo un instrumento útil para la discusión y para decidir nuestros siguientes pasos. Pero el futuro es una herramienta, nunca una inevitabilidad.

Los (casi)demócratas

España, 2013. 35 años de constitución, una larga sucesión de Gobiernos elegidos de distintos colores y con distintas mayorías. Estado miembro de la Unión Europea. Con un ejército democrático y una Guardia Civil incluso 'medio civil', ya. El estado de las autonomías. Niños en las escuelas aprendiendo inglés, sociedad multicultural, e incluso campeona del mundo de fútbol.

Todo el país se mueve hoy en día en estos términos de una sociedad moderna, cordial, respetuosa. En definitiva: una sociedad que cree y practica la democracia.

¿Toda la sociedad? Toda no. Un pequeño grupo de españoles irreductibles no acaba de abrazar del todo estas prácticas tan igualitarias. Esto que nos ha venido del extranjero y que no les acaba de convencer. Saben que no pueden comportarse como antes, claro, pero pueden desarrollar nuevas formas, acaso más discretas para mantener sus privilegios y el mundo como ellos lo entienden: son los (casi)demócratas.

Un (casi)demócrata no es fácil de diferenciar de un ciudadano corriente.
Están mezclados entre nosotros y no son fáciles de reconocer a simple vista. Algunos dicen que determinados símbolos como unas pequeñas pulseritas rojigualdas les delatan, pero la verdad es que ya han aprendido a mezclarse con nosotros y es difícil detectarlos. Algunos incluso han aprendido a respetar la cola y no saltarse el turno en el, mercado o en el médico. Bueno, más bien en el mercado, porque una característica de estos (casi)demócratas es que no suelen usar los mismos servicios públicos que el resto de los ciudadanos. Es decir: no van al mismo médico que tú. Incluso algunas corrientes de pensamiento antisistema sugieren que estos (casi)demócratas están intentando destruir estos servicios públicos que han sido bandera de nuestro país y nuestra democracia: la educación y la sanidad.

Esas personas no entienden todo el revuelo que se monta en torno a este tema de la corrupción.
Mandar es complicado, ellos lo saben bien, con tanta gente por debajo que no cooperan y que sólo quieren chupar del bote sin ayudar en nada... Lo tienen 'bien comprobado' en la gestión de sus empresas, que las llevan heroicamente a pesar del complot de trabajadores y sindicatos por hundirles. Así que si un alcalde o un concejal deciden hacer algo de una forma... Digamos... rápida, sin complicaciones..., una normativa, recalificar un terreno, algún 'convenio' no público con alguna empresa o fundación, es porque ellos saben lo que es mejor para todos nosotros. ¿Si llevamos siglos funcionado así y todo ha ido bien...? "Además: ¿no les han votado, no tienen mayoría?, pues ya estaaaaaaaa....". Si tan malos son, ya los echarán en las próximas elecciones, se autoconvence. "¡Que manía con tener que escuchar una y otra vez que se meten en política para forrarse...! Si quisieran dinero estarían en la empresa privada, joder". Sector en el que, como ellos bien saben, no faltan recovecos, y con un par de buenos 'contactos' (y quién no los tiene...) hay posibilidades de enriquecerse 'legítimamente'. En algún caso, tal vez algo demasiado rápido y cortando un par de esquinas, si la avaricia te puede, pero desde luego legítimamente. Que eso es suyo. De siempre ha sido así y están convencidos. Y es evidente que nuestro sistema, un sistema representativo en forma de una moderna monarquía parlamentaria, es el mejor que existe, y el Rey Don Juan Carlos ya ha demostrado en múltiples ocasiones su talante democrático." Y esto no es opnión, son hechos históricos..." Dirían. Y se repiten, y repiten a quién quiera escucharlos: "Al que no le guste: ¡a votar, coño!, que cuatro años no es mucho tiempo".

Otro tema que suele ocupar a estos (casi)demócratas es la fiscalidad.
Bueno, en realidad su nula o mínima carga fiscal. Un verdadero (casi)demócrata sabe perfectamente los fundamentos jurídicos que regulan el comportamiento de las SICAVs, y claro, no hará nada ilegal. Bueno, mejor dicho, nada que "si no lo hago yo, lo van a hacer otros porque esto es así... Así que mejor lo hago yo. Si no sería tonto". Y si le van las cosas bien, acabará yendo un par de veces al año a Suiza, 'a subir montañas', como decía el tesorero ese de su partido, que claramente era una oveja negra que "de robar a alguien, nos robó a nosotros. Somos los principales perjudicados, confiamos en la justicia y queremos que esto se resuelva lo antes posible", como bien ha interiorizado de los mensajes de las tertulias de la tele, y repite a los demás sin pudor y con gesto afectado cada vez que tiene la oportunidad. Eso de pagar impuestos suena como algo lejano y que no está hecho para los de su clase.

Un genuino (casi)demócrata acata y respeta siempre todas las decisiones judiciales.
Todas. Sin excepción. Bueno, casi todas, que claro, hay por ahí algunos jueces, asociaciones, judiciales, prensa rebelde..., incluso injerencias de la Unión Europea y otros factores que hacen que determinadas decisiones no sean 'justas, justas...'. Y bueno, es evidente que esas, no hay que 'respetarlas del todo' y podemos insultar al juez de turno y quejarnos a los cuatro vientos de como los bolcheviques han tomado la judicatura o expresarnos con cualquier contenido que queramos, eso sí, siempre utilizando la siguiente forma: " Como no puede ser de otra forma en Democracia, yo acato y respeto todas las decisiones judiciales..........., PEEEEEEERO..." (<- y aquí ya puedes añadir lo que quieras). Ya han aprendido e interiorizado esta fórmula, y la repiten sin cesar desde temprano por las mañanas cuando el periódico, radio o televisión de su color así se lo hace saber, generalmente mediante el uso de un sutil subtexto en tertulias o columnas de opinión. Ahí estará él, como un buen legionario, un buen español, para poner su granito de arena en defensa del buen nombre de nuestro País. Siempre en defensa de la Justicia. Pero la de verdad, claro. Respetando, repito, todas las decisiones judiciales ' salvo, claro, alguna cosa'. Y repito: si tiene alguna duda, los medios independientes de comunicación ya le darán alguna indicación para aclararse.

Un (casi)demócrata es alguien muy leal. Siempre estará al lado de las víctimas.
Sin excepciones ni distingos. " Es un tema muy serio como para hacer política", suele repetir. Eso sí, estará al lado de las víctimas 'correctas', que hay cada una por ahí que... También defenderá con serio semblante y voz profunda y calmada que: " Lo que pasó en la guerra fue terrible. Los dos bandos cometieron atrocidades. Gracias a Dios que con la Constitución nos pusimos todos de acuerdo y lo arreglamos. Es mejor no remover el pasado". Estas personas se irritan mucho cuando ven a esos viejos protestando por que no sé qué abuelo suyo que está enterrado en una cuneta u otras historias fantasiosas de ese tipo... A un casi(demócrata) le parecen esas cuestiones algo del pasado y que no tiene sentido hablar de ellas en una sociedad moderna, ahora que todo va tan bien. Le enfada mucho el 'uso político' que se hace de eso que vienen llamando Memoria Histórica y no pierde oportunidad de criticar esa totalitaria, sectaria e injusta ley pasada por un antiguo Gobierno (de otro color) y que obligaba a retirar símbolos, " que pertenecen a nuestra historia". " Primo de Rivera, vale. Pero...¿Y que hacemos con la Avenida de Roma, le cambiamos el nombre también, ¿o eran muy demócratas los romanos esos que nos conquistaron? ¿Y los Visigodos?" repite con frecuencia. Le indigna que se pretenda reescribir la historia, cuando ya está escrita, y bien escrita, por una serie de señores muy serios y capaces, como todo el mundo sabe.

Un (casi)demócrata es un hombre de su tiempo y no tiene nada en contra de los extranjeros.
Estará a favor de llenar el estrecho de Gibraltar de patrulleras " por la propia seguridad de los migrantes", que quede claro, y de devolverlos a sus países, liberándolos así de las garras de las mafias esas que se aprovechan de ellos. Vamos, que eso es lo que cuentan las noticias. Sus noticias. Y sobre los migrantes que ya están aquí... pues bueno, " también son seres humanos" y mientras no estén en el colegio de sus hijas (que no se lo pueden pagar, claro) pues no tendrán mayor problema. En su barrio no les ve. Ni en su supermercado, ni en su club social. Ha oído que van en metro, pero él ni se acuerda de la última vez que lo utilizó. Con lo caro que ha salido el BMW Q5 ese, habrá que usarlo, se dice. Además, habrá que tener a alguien para cuidar al abuelo, ¿no? Eso sí, como es normal, se les exigirá que se 'integren' y 'conozcan y respeten la cultura española'. " Lo normal cuando vas invitado a casa de alguien es cumplir las normas de esa casa". Un poco de educación y respetar los espacios de los demás. Así todo irá bien.

A un (casi)demócrata se le hinchará el pecho de orgullo cuando en alguna disciplina deportiva tenga España algún gran éxito.
Por supuesto se sentirá agotado tras la retransmisión como si hubiera jugado el mismo esa final a cinco sets y de tres horas de duración. Aguantará la retransmisión hasta el final del todo para escuchar la Marcha de Granaderos que tenemos como musiquilla representativa de nuestro país, y se emocionará 'de verdad y como corresponde' al ver como izan un trapito de colores rojo y amarillo. Un trapito que le gusta, que piensa que representa 'todas las virtudes que nos unen y que hacen que uno sea un buen español', pero del que también piensa que en un diseño anterior era más acertado, con una bonita especie animal del mundo de las aves en su centro, en vez del escudo ese constitucional o no sé qué... Sileciosamente, mientras escucha emocionado con los ojos vidriosos, tatareará en su cabeza una letra que tenía este himno, escrita por el gran poeta José María Pemán. Por supuesto, a los (casi)demócratas no se les pasa por la cabeza que algunos (o muchos, no sé) de nuestros héroes deportivos sitúen su residencia fiscal en otros países, Suiza, generalmente (debe ser por el buen chocolate que hay allí). O el que monten entramados empresariales en el mismo Reino de España en las comunidades donde tiene acceso de una forma cuanto menos inmoral (y muchas veces ilegal) a beneficios fiscales que no les corresponderían. Un verdadero (casi)demócrata no siente nunca que le roban a él cuando se malversa dinero público o se pagan comisiones por obras y cosas de esas. Si siempre ha funcionado así, ¿por qué va a estar mal? es a todo lo que sería capaz de llegar en su cabeza. Además, el dinero público, es " dinero que no es de nadie" y mientra tanto él, claro, va a poder seguir desgravándose en el IRPF el uniforme escolar del carísimo colegio privado de sus hijas, que eso, sí que es dinero de alguien.

Un (casi)demócrata profesa una peculiar relación con la religión.
Y sí, no escribo -su- religión sino -la- religión. Porque España, y esto sí que lo sabe todo el mundo (tienen muy claro), es un país católico, apostólico y romano. Y eso desde hace tres o cuatro mil años, " por lo menos". Probablemente lleve orgulloso algún crucifijo o símbolo de su filiación religiosa y estará visiblemente presente en primera fila en las más trascendentes celebraciones de cada año. Gastará energía en defender a su iglesia como el mayor servicio social del país, sin recordar que hace años ya que no renovó su suscripción a Cáritas. Y claro, como " la religión es algo muy personal", y además, " estamos en el s.XXI", pues él no se sentirá excesivamente obligado y la (no)practicará de forma acorde a los tiempos modernos que corren y a una persona de su importancia y ocupaciones. " Menos mal que logramos parar a aquel presidente que quería destruir a la iglesia", recuerda con frecuencia. Aquel que permitió a los homosexuales casarse entre ellos. " Y con aquella vicepresidenta tan horrible, que claro, era peor".

Nuestro hombre (casi)demócrata es un hombre de su tiempo. Y no tiene nada en contra de la homosexualidad.
" Es como una enfermedad, eso le puede pasar a cualquiera. Si ellos no quieren curarse, pues...", y frecuentemente precederá alguna frase subordinada de un: " yo tengo amigos homosexuales...". Lo único que le molesta es que aquellos homosexuales quieran coartar su propia libertad libertad casándose entre ellos, cuando el matrimonio, " es lo que es". Eso está claro. No entiende como esta gente quiere atacar así a la familia. " Debe ser puro vicio. U odio a los de nuestra clase. A los normales". Y en en cuanto a eso de adoptar... " Por encima de mi cadáver. Por aquí no paso, en una Democracia, la libertad del niño es más importante que la libertad de los homosexuales" oyó decir en la radio una vez, e hizo suyo el argumento.

Para acabar la pieza, vamos a lo práctico. Una buena forma de detectar a un (casi)demócrata es escucharlo atentamente durante un suficiente periodo de tiempo. Es bastante probable que a lo largo de una conversación pronuncie alguno de los términos del siguiente listado:
Paracuellos
ERE
"los de la ceja"
romper España
ETA

Habrá siempre que estudiar el contexto, pero es probable que al usarlo, nuestro interlocutor se aproxime o integre en este grupo de los (casi)demócratas que nos ocupa hoy. Es más, si estos conceptos lo usa de forma reiterada, o como contestación a otros argumentos (aunque no tengan nada que ver...) o incluso si los dice al final de una frase alterándose un poco al pronunciarlo... Podemos prácticamente asegurar su pertenencia a este colectivo. Otra buena forma de descubrirlos es utilizar la palabra "dimitir" con insistencia en la conversación. Si hacen como que no saben que es o la circunscriben ex-clu-si-va-men-te a políticos de determinado color, no hay duda... Estamos ante uno de ellos.

Pues nada, amigos: hasta aquí el retrato de estos (casi)demócratas que pueblan en 2013 nuestro querido país de nombre España; una (casi)democracia.

[Este post ha sido inspirado por un Diputado Nacional de un gran partido y portavoz adjunto de su grupo en el Congreso, todo un (casi)demócrata.]

Stéphane M. Grueso
20/10/2013
eldiario.es

Una reforma insostenible

Hoy se ha debatido en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la reforma eléctrica del Gobierno, que ha contado con el rechazo de gran parte de la oposición. Algunos diputados han expresado sus críticas de forma contundente como Joan Baldoví de Compromís-Equo que ha levantado los brazos en la tribuna de oradores al grito de “¡Manos arriba, esto es un atraco!”. Por su parte, Laia Ortiz, de ICV, ha señalado que cada vez más personas se suman a iniciativas sociales relacionadas con la energía como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.nEsta reforma energética es un paso más del Gobierno a favor del Oligopolio eléctrico y en contra de los ciudadanos. Se pretende cercenar una vez más el derecho de la ciudadanía a elegir qué tipo de modelo energético desea y cómo desea producir la electricidad. Se profundiza en un modelo centralizado, obsoleto y dependiente del exterior en lugar de impulsar medidas de transición hacia un modelo más limpio, sostenible, democrático y justo. Dos son los grandes puntos que perjudican de manera seria al ciudadano e impiden el desarrollo de un modelo de producción descentralizado y ligado los lugares de consumo.

El autoconsumo que no es
Unos días después de la presentación de la reforma energética se publicó el borrador de autoconsumo. Un borrador que es una burla para el sector y para quienes ansiaban la regulación de una práctica que podría permitirles generar su propia electricidad. De aprobarse finalmente este borrador, haría prácticamente inviable el autoconsumo eléctrico. Quedaría relegado a hogares o industrias que tengan un alto consumo de electricidad durante las horas de sol (restaurantes, polígonos, etc) pero la gran mayoría de la ciudadanía no tendría acceso a él por los peajes impuestos. En este borrador, la principal traba que se encuentra es la obligación para aquellos que quieran instalar autoconsumo eléctrico de pagar un peaje de respaldo para el uso de la red. Un peaje que explica que quien utilice el autoconsumo debe pagar por el mantenimiento y uso de la red, aunque esté consumiendo la electricidad que su propia planta genera.

Este borrador no contempla el balance neto (compensación de saldos entre lo producido y lo consumido) ni tampoco evalúa los impactos positivos que para el sistema eléctrico tendría el autoconsumo. Después de unas cuantas buenas palabras en la introducción, el borrador se adentra en atacar los supuestos problemas que para el sistema podría tener el autoconsumo para justificar los peajes. El texto obvia que el autoconsumo supone una oportunidad para el desarrollo de sistemas de producción eléctrica descentralizados ligados al lugar de consumo con lo que se evitan pérdidas por transporte. Tampoco se mencionan los beneficios para el medioambiente en términos de reducción de emisiones de CO2 y minimización de impactos paisajísticos.

Por último, al Gobierno se le olvida que el autoconsumo genera empleo, mucho y de calidad. Imagínense que cientos o miles de personas decidieran instalar sistemas de autoconsumo en sus hogares. ¿No podría ser una forma de ofrecer trabajo a los miles de parados de la construcción? Claro, el problema es que miles de sistemas de autoconsumo suponen miles de hogares ahorrando en su factura de la luz y dejando de consumir electricidad proveniente de las grandes eléctricas.

Penalizar al ciudadano
La reforma ha introducido una subida en la parte fija de la factura de la luz, el término de potencia, de un 63%. De esta manera, el ciudadano paga más por la electricidad aunque consuma menos ya que la subida es sobre los costes fijos y no sobre las horas de luz consumidas. Se desincentiva el ahorro y la eficiencia energética y se penaliza al ciudadano, una vez más.

Al aumentar la parte fija de la factura de la luz se consigue otro objetivo: desincentivar el autoconsumo dado que el ahorro es menor al verse el ciudadano obligado a pagar una cantidad fija aunque el autoconsumo le permita un ahorro sobre la energía consumida de la red.


Parece que la nueva reforma energética tenga el objetivo prolongar todo lo posible el desarrollo de las energías renovables en el sistema, eliminar a la competencia e impedir el acceso de la ciudadanía a fuentes locales de producción para que quienes ahora manejan el mercado de producción de energía sigan haciéndolo. De esta manera, cuando los combustibles fósiles sean demasiado caros para seguir explotándolos, unas pocas empresas tendrán el control sobre las fuentes de energía y podrán seguir repartiéndose el pastel.

Por Energía que transforma
31-Oct-2013
DiagonalBlog

Afectados por el síndrome de Estocolmo

En España nos encontramos técnicamente en estado de secuestro en cuanto al ejercicio de los derechos civiles. No podemos obrar con libertad para cumplir nuestras inquietudes personales, ni podemos cambiar las condiciones del entorno para logar, finalmente, poder hacer lo primero.

Como todo sujeto rehén de un secuestro, nuestra vida ha dejado de tener sentido propio y ya solo sigue el curso impuesto por terceros. Y dado que las cosas  no son como siempre nos parecieron sino que ahora son como nuestros captores nos dicen que realmente son, hemos de encogernos de hombros y aceptar de buen grado lo que se nos dice, que hay que renunciar a principios y valores que siempre fueron sagrados, que interioricemos que realmente resulta necesaria una merma de la calidad de la vida pues nuestro estándar era muy elevado, y que encajemos con deportividad una degradación innecesaria de los servicios públicos.

Como tantos secuestrados estamos al borde de sufrir un shock emocional que afecta a la comprensión racional de la realidad. Estamos expuestos a sufrir eso que se conoce como síndrome de Estocolmo que puede llevar a bloquear el aparato perceptivo, modificar la capacidad de análisis y neutralizar la voluntad para poner en pie una revisión crítica de aquello que nos acontece. El síndrome de Estocolmo es una respuesta disfuncional que hace que el sujeto dominado por la fuerza asuma las posiciones del sujeto dominador para dar salida al estrés que supone el haber perdido la autonomía.

Y cuando esto ocurre, como es el caso del estado avanzado del secuestro que sufrimos, la soberanía del individuo frente a los poderes se diluye como un azucarillo y ya no nos parece sino un cuento feliz que nuestra mamá nos contaba para hacernos más reconfortante el sueño. Los estándares de vida ligados al disfrute de techo digno, trabajo responsable y convivencia moralizante quedan trasnochados entre todas las expectativas de la inocencia perdida de una juventud alocada e ignorante. El esfuerzo colectivo coordinado para el disfrute de servicios de salud, ayuda a los más dependientes, educación, movilidad, deporte, etc dejan de ser realidades de nuestra vida y se  transforman en excentricidades de rico, en ensueños imposibles y hasta en exigencia soberbia de modos de vida que no están hechas para nosotros.  

Porque en el estado de secuestro, inermes e imposibilitados, comenzamos a comprender primero, a aceptar después y hasta apoyar las razones que llevan a nuestros captores a forzarnos por nuestro bien a esta nueva realidad. Aceptamos salarios de mierda porque no somos competitivos (aunque la competitividad tiene poco que ver con la retribución salarial). Convivimos con la imagen feudal que desprende el lugar donde reposan nuestra soberanía, el Parlamento sumido en una barricada, separado de los ciudadanos por un foso metálico como el castillo feudal de los siervos y por las mismas razones de seguridad (de seguridad de quienes están al otro lado de la valla perenne que lo rodea). Hemos oído tantas veces las alabanzas de la gestión privada de los servicios públicos, que hay quienes ya albergan dudas sobre la auténtica intención escondida tras la persecución implacable hasta la eliminación de los mecanismos de ayuda colectiva y solidaridad intergeneracional, pues en esto consisten los servicios públicos creados y gestionados por el estado.

Nos secuestraron cuando con argucias y zalamerías que muchos querían oír (todo va a ir bien, basta con que cambie el gobierno dijeron sin esforzarse mucho más). Consiguieron maniatarnos con mayoría en el parlamento transmitida a todo tipo de ente, agencia o poder subalterno. A partir de ese momento comenzó la tortura sicológica de la mentira, la tergiversación, la negación de los hechos, la burda creación de mundos paralelos, la exaltación de lo inane.

Nos han mentido tanto en todo, con tanta intensidad, constancia y perfidia que ahora estamos al borde del síndrome de Estocolmo. A punto de aceptar su discurso: que ya  salimos de la crisis, que los males que nos aquejan además de estar identificados están a punto de ser erradicados, que los culpables de lo ocurrido van a recibir su merecido. Y nosotros, bajo el síndrome de Estocolmo, reaccionamos con credulidad y hasta con euforia.  De hecho ya hay quienes les desbordan: Populistas, etnicistas, homófobos, victimistas…  

Emilio Jurado | Director de CDIEM
nuevatribuna.es | 31 Octubre 2013