 |
| Stuttgart. La expansión de las marcas se basa en la rebaja de condiciones laborales en todo el mundo. DAVID FERNÁNDEZ |
En el verano de 2012, Forbes colocó al empresario gallego Amancio Ortega como propietario de una de las tres mayores fortunas del mundo. La noticia fue motivo de orgullo para muchos españoles y españolas, que justifican la buena estrella del señor Ortega repitiendo la letanía que han leído en alguno de los periódicos: se trata de un “empresario hecho a sí mismo” que recoge los frutos de haber trabajado mucho durante décadas. Pero los medios mayoritarios olvidan a las costureras gallegas que durante décadas han levantado las marcas de Inditex trabajando muy duro a cambio de salarios más bien modestos. Estas obreras, que muchas veces trabajaban en su propio domicilio y fuera de la legalidad, se han ido quedando sin empleo a medida que Zara, Bershka, Stradivarius y el resto de marcas de este grupo empresarial han subcontratado talleres en países que ofrecían unas condiciones “óptimas para la industria de la confección”.
En los últimos cinco años, los casos de explotación laboral, persecución sindical y vulneración de la libertad de asociación se han sucedido en Bangladesh y Camboya. Estos países pagan los salarios más bajos del mundo: en Bangladesh el salario medio de una obrera de la confección se sitúa alrededor de los 34 euros mensuales, en Camboya ronda los 60. Aunque estas cifras se ajustan a la ley, apenas llegan para cubrir los costes de una nutrición digna. Y no se acaba aquí la lista de denuncias: talleres clandestinos en São Paulo con trabajo esclavo, trabajadoras de la confección explotadas en Tánger, condiciones al límite de la legalidad para las personas que trabajan en las tiendas del Grupo Inditex. Ante esta realidad, resulta evidente que la fortuna de Ortega se forja a costa de la precarización y el empobrecimiento de miles de personas trabajadoras.
Gobiernos, empresas y medios de comunicación nos han hecho creer que la internacionalización de las empresas españolas conlleva el desarrollo de las economías de los países receptores, ayudando a incrementar el nivel de vida de las personas que allí viven. Incluso se ha aprovechado la desarticulación de las políticas públicas de “ayuda al desarrollo” para impulsar a las transnacionales como actores de cooperación. Según su teoría, en los países empobrecidos las multinacionales van a generar un crecimiento económico que a su vez va a originar mayores tasas de empleo, transferencia tecnológica, desarrollo del tejido local e ingresos para el Estado a través del pago de impuestos. En la práctica, las empresas transnacionales vulneran de forma sistemática los derechos humanos, y son uno de los principales responsables del empobrecimiento de millones de personas en el mundo. De ello dan cuenta los relatores especiales de Naciones Unidas en derechos de los pueblos indígenas, vivienda, salud, alimentación o medio ambiente, así como la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (Madrid, 2010) que hace referencia a las operaciones en América Latina de empresas españolas como Agbar, BBVA, Santander, Endesa, Gas Natural Fenosa, Repsol y Telefónica.
Peso en Latinoamérica
Los resultados operativos de dichas corporaciones tienen una alta dependencia de la región latinoamericana: los de Telefónica dependen en un 60% de América Latina; el BBVA recibe de esa región más de la mitad de lo que gana. Las compañías del Ibex-35 son las que en plena crisis, en 2011, tributaron de media el 11,6% de sus beneficios y “recomiendan” a los diferentes gobiernos españoles el rescate de la banca, las reformas laborales y de pensiones, la privatización de la sanidad y la fractura del sistema educativo.
Detrás de esta actitud irresponsable se debe señalar a sus propietarios, los accionistas. En 2010, el Banco Santander tenía como principales propietarios a grupos financieros de origen estadounidense y europeos que sumaban un 51,35% de las acciones. La familia Botín posee un 0,8% del capital social del banco y, de facto, Emilio Botín actúa como representante de los intereses de dichos capitales internacionales. Tomando como referencia la estructura accionarial de los diez valores más importantes del Ibex-35, vemos que como mínimo un 24% de su capital es propiedad de entidades financieras internacionales no españolas. En el capitalismo español, el poder está concentrado en muy pocas manos: 47 personas españolas (cinco mujeres y 42 hombres) controlan el 21,2% del poder de decisión de los consejos de administración de las empresas del Ibex-35. El presidente de La Caixa, Isidre Fainé, es consejero de cuatro de las empresas participadas por la entidad: Telefónica, Repsol, Agbar y Abertis.
La acumulación de capital por parte de grandes grupos empresariales o de personas de un determinado país no tiene nada que ver con el bienestar de la ciudadanía. Más bien facilita una concentración de poder que permite a las élites globales controlar los espacios de decisión política y los medios de desinformación de masas, presentándose como filántropos benefactores hechos a sí mismos mientras siguen enriqueciéndose sin límite a costa del empobrecimiento y la explotación de miles de obreras y obreros en el Estado español y en el mundo.
Jesús Carrión, Albert Sales i Campos
25/11/13
http://www.diagonalperiodico.net/global/20873-si-nuestras-empresas-les-va-bien.html
No hay comentarios :
Publicar un comentario