La norma, por otra parte, no es más que la aplicación estricta de aquella otra ley no escrita que dictaminaba que quien paga manda. Nos lo recordaba estos días el profesor de Filosofía Política de Harvard, Michel J. Sandel, al advertirnos de los perversos efectos que la creciente desigualdad tiene en la democracia. Y es que las salas VIP de los aeropuertos comienzan a ser un inocente recuerdo ahora que los clientes que pueden permitirse asumir el sobrecoste pueden experimentar el placer de acceder sin colas a la sala de embarque, ni listas de espera, viajando siempre en primera. Pero la priorización de los adinerados no se reduce a las agencias de viaje. De hecho, fue Marx quien hace ya bastantes décadas alertó de que con el capitalismo todo tiende a convertirse en mercancía. La diferencia está en que hoy se perdió el pudor por la compraventa de algunos productos cuya adquisición antaño sonrojaba.
Así, hoy es posible contaminar más de lo permitido por el módico precio de pagar 13 euros la tonelada de dióxido de carbono. Y en el presidio de Santa Ana, en California, el reo tiene la oportunidad de pernoctar en celdas de lujo por el módico precio de 82 dólares la noche, una oferta sin duda atractiva para ser implantada en España con la que se podría hacer más llevadera la breve estancia en prisión de tanto prevaricador, corrupto y malversador mientras espera el indulto gubernamental. Por faltar no faltan ni las ofertas de amigos de alquiler gestionados, sin duda, por las más serias y competitivas empresas.
Todo ello le lleva a preguntarse a Sandel sobre dónde está el límite a la total mercantilización de nuestra cotidianidad y nuestras necesidades. La disquisición tampoco es nada nueva si pensamos que mientras la ética protestante trabajaba de firme para sentar las bases del capitalismo, el catolicismo realmente existente en la época hacía sus pinitos, mucho antes de poner en marcha el Banco Vaticano, con la venta al por mayor de aquellas acciones preferentes para el Paraíso a base de bulas y misas de difunto.
Así pues no resulta extraño que España se sume a las nuevas modas. O Catalunya. Por lo pronto, los trabajadores del Hospital Sant Pau de Barcelona denunciaban la pasada semana que la dirección del centro priorizó la intervención quirúrgica de un paciente privado de pago a una urgencia de un enfermo perteneciente al sistema público de salud. Pues eso, lo dicho, los ricos primero convertido en norma única de urbanidad. Aunque con excepciones, claro. Ahí está, por ejemplo, la nueva legislación de seguridad ciudadana que quiere aprobar el PP y sus planes para privatizar el orden público. Seguro que, en este caso, las dos primeras hostias de un segurata no se las va a llevar Amancio Ortega.
por José Manuel Rambla | Periodista
nuevatribuna.es | 13 Diciembre 2013
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