Cada español ha prestado 5.500 euros a los bancos para tapar su pufo inmobiliario

La burbuja inmobiliaria de la década 1998-2008 ha provocado en el sistema financiero español un agujero de unos 250.000 millones de euros, prácticamente impagable para los bancos, casi todos, que asumieron el riesgo de financiar la construcción de casas, urbanización de suelos y compra de terrenos para una demanda ficticia. El Estado español ha ido en su auxilio otorgándoles ayudas, en forma de avales, créditos, subvenciones o participaciones de capital, por un valor superior a los 200.000 millones de euros, según diversas estimaciones. Eso significa que cada ciudadano mayor de 18 años residente en España ha prestado ya a los bancos 5.500 euros para tapar su pufo inmobiliario, lo que paradójicamente no ha conseguido frenar la sangría de 400.000 desahucios de familias desalojadas de esas mismas viviendas.

Existe bastante confusión y opacidad en los datos oficiales sobre ayudas directas o indirectas a los bancos. Sin embargo, algunas estimaciones realizadas por expertos coinciden en su diagnóstico. Un estudio publicado por ATTAC Madrid  revela que las ayudas públicas a la banca ascenderían actualmente a 219.397 millones de euros. De esta cantidad, 59.130 millones son inyecciones directas de capital a Bankia (22.425), Catalunya Caixa (12.052), NovaCaixaGalicia (9.052), Banco de Valencia (5.500), CAM (5.249), CCM (1.650), Mare Nostrum (1.645), Unnim (953) y Caja España (604).

En segundo lugar están los llamados esquemas de protección de activos, ante las posibles pérdidas de determinadas entidades con problemas que han sido adquiridas por otras más solventes. Significan, según este estudio, 28.267 millones más garantizados por las arcas públicas para las operaciones Banco de Sabadell-CAM (16.610 millones), BBVA-Unnim (4.440), CaixaBank-Banco de Valencia (4.350), Liberbank-CCM (2.475) y Kutxabank-Cajasur (392).

A esto hay que añadir la factura que nos espera por el denominado banco malo, la SAREB, que se ha hecho cargo de los activos tóxicos del conjunto del sistema financiero: viviendas vacías, por terminar o suelos por edificar. La deuda garantizada más el capital aportado por el Estado, y descontado el privado, suma 48.546 millones. Se supone que gran parte de este dinero se recuperará, por la venta de estos bienes inmobiliarios a precio de saldo. Lo mismo ocurre con la adquisición de activos financieros por parte del Estado, que ha ascendido a 19.342 millones.

Y por último están los 64.112 millones en avales. Se trata de deuda emitida por las entidades financieras avaladas por el Estado, que no es dinero líquido en sí, y que por el momento no cuenta como deuda pública. Sólo lo haría en caso de impago, lo cual es probable en muchos casos teniendo en cuenta que buena parte de esos avales han respaldado emisiones de deuda de entidades casi en ruinas, como Bankia, Catalunya Caixa y NovaCaixaGalicia.

Otras estimaciones elevan aún más la factura pública del rescate a la banca española. El ex ministro de Trabajo y actual diputado socialista en el Congreso, Valeriano Gómez, la calcula en 232.000 millones de euros. Según sus cuentas, las ayudas públicas directas para la solvencia de las entidades financieras ascienden a 61.000 millones de euros, a lo que hay que añadir 36.000 millones de posibles futuras pérdidas cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, más el déficit originado por la venta de las entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), que según sus previsiones pueden ser de unos 35.000 millones, y por último unos 100.000 millones en avales, contabilizando también los últimos 30.000 concedidos por el Gobierno el pasado mes de noviembre.

¿Cuánto de este dinero se recuperará? Pues las estimaciones no son muy halagüeñas, puesto que el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) podría tener que asumir pérdidas por al menos un tercio de estos 200.000 millones. Pérdidas que de hecho ya se vienen produciendo desde 2010 y que están siendo pagadas por los ciudadanos en forma de recortes sociales y subidas de impuestos, ya que, por otra parte, la política de austeridad impuesta por Alemania en la UE obliga a ir rebajando progresivamente el déficit público. La predicción que lanza Gómez es aún más pesimista, pues eleva el coste total a futuro del rescate bancario para la ciudadanía a 150.000 millones, un 15 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Luego los recortes sociales, bajada de sueldos y subidas de cotizaciones e impuestos aún no habrían acabado.

Curiosamente, este enorme caudal público de ayudas a un sector privado, sin precedentes en la historia de España, no ha ido acompañado de contraprestaciones hacia la población en la actuación bancaria. Ni ha vuelto a fluir el crédito con suficiente fuerza ni se han parado los desahucios de familias que no pueden pagar porque se han quedado en paro y porque la cuota de su hipoteca es bastante elevada, problemas ambos provocados por esa misma burbuja inmobiliaria. Todo lo contrario. El Gobierno ha impugnado insistentemente la legislación antidesahucios aprobada por la Junta de Andalucía, hasta que ha conseguido paralizarla en el Tribunal Constitucional, con la justificación de que ponía en peligro la reestructuración bancaria.

De esta forma, los desalojos de familias que se quedan en la calle siguen produciéndose a diario. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde que se inicie en rigor la crisis, en 2008, y hasta finales de 2012, se habían producido en nuestro país 362.776 desahucios. A ello hay que sumar los del cuatro trimestre de ese año más los del primer semestre de este año 2013, cuando, según los datos del Banco de España, se han entregado a entidades financieras 35.098 viviendas por falta de pago, la mitad de manera voluntaria y la otra mitad mediando un desalojo forzoso. En total, unas 400.000 familias expulsadas de sus hogares.

Por  José Luis Gordillo
30.01.2014 
http://periodismohumano.com/

"Falsedades del pensamiento económico dominante".

"Permítame, Sr. lector, que le hable como si estuviéramos tomando un café, explicándole algunas de las mayores falsedades que se le presentan a diario en la prensa económica. Debería ser consciente de que gran parte de los argumentos que se presentan en los mayores medios de información y persuasión económicos del país para justificar las políticas públicas que se están llevando a cabo, son posturas claramente ideológicas que no se sustentan en base a la evidencia científica existente. Le citaré algunas de las más importantes, mostrándole que los datos contradicen lo que dicen. Y también intentaré explicarle por qué se continúan repitiendo estas falsedades, a pesar de que la evidencia científica las cuestiona, y con qué fin se le presentan diariamente a usted y al público.

Comencemos por una de las falsedades más importantes, que es la afirmación de que los recortes de gasto público en los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, vivienda social, y otros (que están perjudicando enormemente el bienestar social y calidad de vida de las clases populares), son necesarios para que no aumente el déficit público. Y se preguntará usted, “y, ¿por qué es tan malo que crezca el déficit público?”. Y los reproductores de la sabiduría convencional le responderán que la causa de que haya que reducir el déficit público es porque el crecimiento de este déficit determina el crecimiento de la deuda pública, que es lo que el Estado tiene que pagar (predominantemente a la banca, que tiene algo más de la mitad de la deuda pública en España) por haber pedido prestado dinero a la banca para cubrir el agujero creado por el déficit público. Se subraya así que la deuda pública (que se considera una carga para las generaciones venideras, que tendrán que pagarla) no puede continuar creciendo, debiéndose reducir recortando el déficit público, lo cual quiere decir para ellos recortar, recortar y recortar el Estado del Bienestar, hasta el punto de acabar con él, que es lo que está ocurriendo en España.

Los argumentos que se utilizan para justificar los recortes no son creíbles

El problema con esta postura es que los datos (que la sabiduría convencional oculta o ignora) muestran precisamente lo contrario. Los recortes son enormes (nunca se habían visto durante la época democrática unos tan grandes), y en cambio, la deuda pública continúa y continúa creciendo. Mire lo que está pasando en España, por ejemplo, con la sanidad pública, uno de los servicios públicos más importantes y mejor valorados por la población. El gasto público sanitario como porcentaje del PIB se redujo alrededor de un 3,5% en el periodo 2009-2011 (cuando debería haber crecido un 7,7% durante el mismo periodo para llegar al gasto promedio de los países de semejante desarrollo económico al nuestro), y el déficit público se redujo, pasando del 11,1% del PIB en 2009 al 10,6% en 2012, y en cambio la deuda pública no bajó, sino que continuó aumentando, pasando del 36% del PIB en 2007 al 86% en 2012. En realidad, la causa de que la deuda pública esté aumentando se debe, en parte, a los recortes del gasto público.

¿Cómo puede ser eso?, se preguntará usted. Pues la respuesta es fácil de ver. El descenso del gasto público implica que disminuye la demanda pública y con ello el crecimiento y la actividad económica, con lo cual el Estado recibe menos ingresos por vía de impuestos y tasas. Y al recibir menos impuestos, el Estado debe endeudarse más, con lo cual la deuda pública continúa creciendo. Ni que decir tiene que el mayor o menor impacto estimulante del gasto público depende del tipo de gasto. Pero se está recortando en los servicios públicos del Estado del Bienestar, que son los que crean más empleo y que están entre los que estimulan más la economía. Permítame que repita esta explicación debido a su enorme importancia.

Cuando el Estado (tanto central como autonómico y local) aumenta el gasto público, aumenta la demanda de productos y servicios, y con ello el estímulo económico. Cuando baja, disminuye la demanda y desciende el crecimiento económico, con lo cual el Estado recibe menos fondos. Es lo que en la terminología macroeconómica se conoce como el efecto multiplicador del gasto público. La inversión y el gasto públicos facilitan la actividad económica, lo cual es negado por los economistas neoliberales (que se promueven en la gran mayoría de medios de mayor información y persuasión del país), y ello a pesar de la enorme evidencia publicada en la literatura científica (ver mi libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar, Ariel Económica, 1997).

Otra farsa: nos gastamos más de lo que tenemos

La misma sabiduría convencional le está diciendo también que la crisis se debe a que hemos estado gastando demasiado, muy por encima de nuestras posibilidades. De ahí la necesidad de apretarse el cinturón (que quiere decir recortar, recortar y recortar el gasto público). Por regla general, esta postura va acompañada con el dicho de que el Estado tiene que comportarse como las familias, es decir “en ningún momento se puede gastar más de lo que se ingresa”. El Presidente Rajoy y la Sra. Merkel han repetido esta frase miles de veces.

Esta frase tiene un componente de hipocresía y otro de falsedad. Déjeme que le explique el por qué de cada uno. Yo no sé cómo usted, lector, compró su coche. Pero yo, como la gran mayoría de españoles, compro el coche a plazos, es decir, a crédito. Todas las familias se han endeudado, y así funciona su presupuesto familiar. Pagamos nuestras deudas a medida que vamos ingresando los recursos que, para la mayoría de españoles, proceden del trabajo. Y de ahí deriva el problema actual. No es que la gente haya ido gastando por encima de sus posibilidades, sino que sus ingresos y sus condiciones de trabajo han ido deteriorándose más y más, sin que la población sea responsable de ello. En realidad, los responsables de que ello ocurra son los mismos que le están diciendo que tienen que recortarse los servicios públicos del Estado del Bienestar y también bajar los salarios. Y ahora tienen la osadía (para ponerlo de una manera amable) de decir que la culpa la tenemos usted y yo, porque hemos estado gastando más y más. Yo no sé usted, pero le garantizo que la mayoría de las familias no han estado comprando y amasando bienes como locos. Todo lo contrario.

La misma hipocresía existe en el argumento de que el Estado ha estado gastando demasiado. Fíjese usted, lector, que el Estado español ha estado gastando, no mucho más, sino mucho menos de lo que han gastado otros países de similar nivel de desarrollo económico. Antes de la crisis, el gasto público representaba solo el 39% del PIB, cuando el promedio de la UE-15 era un 46% del PIB. Ya entonces, el Estado debería haberse gastado como mínimo 66.000 millones de euros más en gasto público social para haberse gastado lo que le correspondía por su nivel de riqueza. No es cierto que ni las familias ni el Estado se hayan gastado más de lo que deberían. Y a pesar de ello, le continuarán diciendo que la culpa la tiene la mayoría de la población que ha gastado demasiado y ahora tiene que apretarse el cinturón.

También habrá usted escuchado que estos sacrificios (los recortes) hay que hacerlos “para salvar al euro” 

De nuevo, esta cantinela de que “estos recortes son necesarios para salvar al euro” se reproduce constantemente Ahora bien, en contra de lo que constantemente se anuncia, el euro no ha estado nunca en peligro. Ni tampoco hay la más mínima posibilidad de que algunos países periféricos (los PIGS, que incluye a España) de la Eurozona sean expulsados del euro. En realidad, uno de los problemas de los muchos que tienen estos países es que el euro está demasiado fuerte y sano. Su cotización ha estado siempre por encima del dólar y su elevado poder dificulta la economía de los países periféricos de la Eurozona. Y otro problema es que el capital financiero alemán les ha prestado, con amplios beneficios, 700.000 millones de euros y quiere ahora que los países periféricos los devuelvan. Si alguno de ellos dejara el euro, la banca alemana podría colapsar. Esta banca (cuya influencia es enorme) no quiere ni oír hablar de que estos países deudores se vayan del euro. Les aseguro que es lo último que desean.

Esta observación, que es obvia, no es un argumento, por cierto, a favor de permanecer en el euro. En realidad, creo que los países PIGS deberían amenazar con salirse del euro. Pero es absurdo el argumento que se utiliza de que España tenga que ver reducido el tiempo de visita al médico todavía más para salvar al euro (que es el código para decir, “salvar a la banca alemana y devolverle el dinero” que prestó consiguiendo enormes beneficios).

Estas son las falacias que constantemente se le exponen. Pero le aseguro que se le presentan sin que exista ninguna evidencia que las avale. Así de claro.

La causa de los recortes

Y se preguntará usted, ¿por qué se hacen entonces estos recortes? Y la respuesta es fácil de ver, aunque raramente la verá en aquellos medios de información y persuasión. Es lo que solía llamarse “lucha de clases”, pero ahora aquellos medios no utilizan esta expresión por considerarla “anticuada”, “ideológica”, “demagógica” o cualquier epíteto que utilizan para mostrar el rechazo y deseo de marginalización de aquellos que ven la realidad según un criterio distinto, e incluso opuesto, al de los que definen la sabiduría convencional del país.

Pero, por mucho que lo quieran ocultar, esa lucha existe. Es la lucha (lo que mi amigo Noam Chomsky llama incluso guerra de clases –como expone en su introducción al libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de Juan Torres, Alberto Garzón y yo) de una minoría (los propietarios y gestores del capital, es decir, de la propiedad que genera rentas) contra la mayoría de la población (que obtiene sus rentas a partir de su trabajo). Ni que decir tiene que esta lucha de clases ha ido variando según el periodo en el que uno vive. Era distinta en la época de nuestros padres y abuelos de la que está ocurriendo ahora. En realidad, ahora es incluso más amplia, pues no es solo de las minorías que controlan y gestionan el capital contra la clase trabajadora (que continúa existiendo), sino que incluye también a grandes sectores de las clases medias, formando lo que se llaman las clases populares, conjuntamente con la clase trabajadora. Esta minoría es enormemente poderosa y controla la mayoría de los medios de información y persuasión, y tiene también una gran influencia sobre la clase política. Y este grupo minoritario desea que se bajen los salarios, que la clase trabajadora esté atemorizada (de ahí la función del desempleo) y que pierda los derechos laborales y sociales. Y está reduciendo los servicios públicos como parte de esta estrategia para debilitar tales derechos. También es un factor importante la privatización de los servicios públicos, que es consecuencia de los recortes, y que permite la entrada del gran capital (y muy en particular del capital financiero-banca y de las compañías de seguros) en estos sectores, aumentando sus ganancias. Usted habrá leído cómo en España las compañías privadas de seguros sanitarios se están expandiendo como nunca antes lo habían conseguido. Y muchas de las empresas financieras de alto riesgo (que quiere decir, altamente especulativas) están hoy controlando grandes instituciones sanitarias del país gracias a las políticas privatizadoras y de recortes que los gobiernos están realizando, justificándolo todo con la farsa (y créanme que no hay otra manera de decirlo) de que tienen que hacerlo para reducir el déficit público y la deuda pública".

por Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
publico.es
30 de enero de 2014

De qué nos quejamos

"Le sorprenden a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las protestas de estos días en España porque “no casan” con la recuperación. El conciliábulo neoliberal de alto rango se ha puesto de acuerdo para corroborarlo, desde el acomodaticio Obama a Lagarde. Se hace ineludible, por tanto, explicarles de qué nos quejamos.

Hemos entendido que, si hubieran existido más Gamonales, se habría evitado el pozo sin fondo de las inversiones públicas ruinosas que nos han hipotecado más allá de lo tolerable. No hace falta buscar mucho: la Comunidad Valenciana, por ejemplo, está llena. Desde la Ciudad de las Arts al circuito de Fórmula 1, pasando por el puerto deportivo, parques temáticos o donaciones deportivas. ¿Hablamos de la Ciudad de la Cultura gallega? ¿De las exposiciones universales? ¿De los aeropuertos inútiles que ni siquiera han visto pasar aviones? ¿De las radiales que ahora también hemos de rescatar? Si la sociedad hubiera protestado como en Burgos, nos habríamos ahorrado un buen pico.

Nos quejamos porque nos hemos encontrado con que nuestros derechos constitucionales están supeditados al pago de una deuda que, lejos de disminuir, ha crecido a niveles récords en la historia. Si hace un año ya hablábamos de que era la mayor que se había registrado jamás, comprobamos que sigue aumentando con el mismo vigor. Añade unos 10.000 millones de euros cada mes. Aún con los insufribles recortes estamos así, ¿cómo esperan, y con qué, paguemos semejante agujero?

El déficit lleva parejo camino. Porque mientras se merman sanidad y servicios esenciales, crecen los asesores como esporas. Porque el pozo bancario y una pésima gestión mantienen las arcas vacías. Añadamos la imprevisión continua de este Gobierno que le lleva lo mismo a vaciar la hucha de las pensiones como a gravar hasta los vales de comida con los que algunas empresas retribuyen a sus empleados. Recaudar, aunque se cause un perjuicio mayor.

Estamos hartos también –y mucho– de los cuentos sobre el empleo. El Gobierno de Rajoy ha elevado el paro desde el 22,85% que se encontró en 2011 al 26%. Ha destruido casi un millón de puestos de trabajo. Ésa es la verdad de los datos, y muchos lo sabemos. Que está lejos siquiera volver al número de parados con los que el PP inició su mandato. Eso sí, el objetivo se ha cumplido. Se trataba de abaratar todo el empleo en España para ser más "competitivos". Aunque fuera a costa de una gran precarización y del descomunal aumento de las desigualdades sociales. Mucha gente es consciente, sin embargo, de que hasta llegar a trabajar por un cuenco de arroz y un catre hay mucho camino donde mejorar la “productividad”. Y ése es su único “modelo” de país. ¿Tienen otro? ¿Cuál? No lo vemos.

Es sencillamente flagrante que se atrevan a hablar de recuperación con unos seis millones de parados reales, según la EPA. Sobre todo habiendo destruido a una generación de jóvenes. A finales de 2011 nos angustiábamos porque el 48,95% de ellos no tuvieran trabajo. Ahora el paro juvenil alcanza casi el 58% y tienen el cuajo de decir que esto es el país de las maravillas.

Los ERE y despidos ya de mayores de tan sólo 45 años. El contrato temporal y por horas como gran hallazgo, lo mejor para labrarse un porvenir estable. Por eso los ciudadanos se van como nunca. La emigración ha causado una caída de la población española sin precedentes. Otro récord. Ni en la gran oleada del franquismo se registró tan elevado número. Y encima, a quienes tienen el coraje de iniciar la aventura de buscar trabajo fuera de su país les van a quitar la tarjeta sanitaria a los 90 días. Aunque no lo encuentren. Empieza a ser más que evidente lo que han hecho con una sanidad universal que sí podía pagarse.

Nos quejamos de la corrupción. Muchos ciudadanos han entendido ¡por fin! esa obviedad: es imposible edificar nada sano en semejante sustrato de podredumbre. A todos los niveles. Perplejos de ver pasar sobres, comisiones, sueldos y sobresueldos, estamos asistiendo a espectáculos que “casan mal” –en este caso sí–, pero con la democracia. No percibimos la separación de poderes, sino todo lo contrario. Y organismos solventes internacionales nos dan la razón, impelidos a intervenir por lo que están viendo.

El Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa, el prestigioso GRECO, urge a las autoridades españolas a restablecer la confianza en las instituciones políticas y judiciales, como si hablara con una república bananera. Dedica un especial apartado a la Fiscalía General del Estado, a los fiscales. Si nosotros estamos estupefactos de los manejos que estamos viendo con la infanta Cristina, o con Miguel Blesa, este organismo internacional, también. Por eso, por primera vez en la historia, llama a “reforzar la imparcialidad” de la Fiscalía. Y a nadie se le ha caído la cara ni de vergüenza.

Nos quejamos de ver cómo dan millones de dinero público a los bancos, en una factura que no deja de crecer mientras osan hablar de recuperación. Luego los venden de saldo. El Banco de Valencia, por un euro, perdiendo 5.449 millones; Novagalicia tirando a la basura otros 8.000 millones; el Banco Gallego, por otro euro. Éste nos salió más barato: sólo habíamos metido en él 245 millones. Ahora preparan dar negocio privado con el apenas apañado –gracias a nuestro dinero, nuestra sanidad o nuestra investigación– gran pufo de Bankia. Para seguir rebuscando por las esquinas algo con lo que paliar el fiasco que nos han montado.

Nos quejamos –todavía no suficiente– de la venta de España por parcelas a fondos buitre, cuya misión no es precisamente la inversión productiva. ¿Cómo no va a ser atractivo acudir a las suculentas rebajas con las que se están desprendiendo de todo cuanto era nuestro? ¿Y quién compondrá después el destrozo que no dejan de causar? En algunos casos es ya irreparable.

Nos quejamos del enorme retroceso que en sólo dos años de gobierno han perpetrado contra los derechos y libertades civiles. De su ley del aborto alabada tan sólo por la ultraderecha francesa. De cuanto pergeña Wert en educación. De las leyes represoras de Fernández Díaz y Gallardón. De la destrucción de nuestra sanidad pública, que era una de las mejores del mundo. De sus mentiras, de que nos tomen el pelo. De sus momios y prebendas, de su autoritarismo. De su política de comunicación sectaria y manipuladora, de sus mamporreros, que están privando de la información imprescindible a los ciudadanos.

¿Empiezan a ver que algo “sí casan” las protestas? Muchos intuyen que sólo los “Gamonales” podrán detener el podrido pastel de bodas que aún nos reservan".

por Rosa María Artal 
eldiario.es
20/01/2014

Entrevista a Antonio Orejudo sobre la violencia

"Pregunta. Cómo pasa el tiempo... el fin de semana pasado le preguntaba a usted qué estaba pasando en el barrio Gamonal de Burgos y hoy no sólo lo sabemos, sino que también sabemos cómo ha terminado todo. En menos de una semana hemos asistido al planteamiento de la historia, al nudo y al desenlace. Esto es lo que se llama aceleración histórica. Hoy la Guerra de los Cien Años duraría veinte minutos. ¿Ha sacado usted alguna conclusión de todo lo que ha ocurrido?

Respuesta. Una aclaración antes de empezar la entrevista: nosotros no hemos asistido al planteamiento de la historia. Para el gran público la historia ha empezado in medias res, a la mitad. El planteamiento tiene ya muchos años. Nosotros nos hemos enterado cuando han quemado el primer contenedor.

P. ¿Y qué conclusión saca de ello?

R. Que la violencia ha sido útil. Si no hubiera sido por ella, no nos hubiéramos enterado. Si los vecinos de Gamonal se hubieran reunido con velas alrededor de las excavadoras o se hubieran limitado a cantar Abre la muralla, ya estarían terminando el bulevar.

P. O sea que usted está a favor del uso de la violencia.

R. No diga tonterías, por favor. Yo soy un señor de mediana edad, con hipoteca y familia a mi cargo, un escritor pequeño burgués que usa electrodomésticos de la casa Apple. ¿Cómo voy a estar a favor de la violencia? No tengo ningún interés en que me prendan fuego a la casa, y menos ahora que me acaba de caducar el seguro de hogar. Pero por más que me fastidie, no puedo negar lo evidente: que sin guerrilla en Gamonal, el alcalde ya estaría vendiendo plazas de aparcamiento.

P. Yo más bien diría que si no hubiera habido guerrilla en Gamonal, el alcalde, que salió elegido en unas elecciones democráticas, habría podido aplicar su programa electoral, que por cierto contemplaba la actuación en Gamonal. Lo que le pregunto es si está usted de acuerdo con que la violencia pueda alterar la democracia.

Sobre eso habría mucho que decir. Qué programa electoral presentó el alcalde. Qué tipo de actuación se describía en él. Pero vamos a dejar eso aparte, y vamos a suponer que sí, que el alcalde llevaba en su programa electoral una detallada descripción de la actuaciones en Gamonal. Vamos a suponerlo. ¿La violencia ha alterado la democracia? Bueno,  si por democracia entendemos únicamente su forma, las votaciones periódicas, podría extraerse esa conclusión, desde luego. Pero las elecciones no son la democracia. Son solamente su instrumento, una manera de saber lo que quiere la gente. Pero no la única. Las manifestaciones y las huelgas, por ejemplo, recogidas como derecho en la Constitución, son también una manera de hacerse oír. No sé si para usted sería justificable usar la violencia contra un Gobierno que —imagíneselo— no reconociera los resultados de unas elecciones generales. Pues igual hay que pensar de la misma manera cuando un alcalde no reconoce la voluntad del barrio que quiere reformar.

P. Es muy peligroso pensar que en determinadas circunstancias la violencia puede ser justificada. Porque ¿quién fija esas condiciones? Por nuestra historia deberíamos estar escarmentados.

R. Por favor, no me sea usted merluzo. ¿Qué quiere, que la Constitución regule el derecho a quemar contenedores? Ya le he dicho que yo soy un señor de orden al que no le apetece que le abollen el utilitario. Pero también soy un buen lector, y tengo mi culturilla, y sé que hay muy pocas conquistas sociales, muy pocas revoluciones, muy pocos cambios históricos que se hayan conseguido sin violencia. Y hablo de violencia, de verdadera violencia, no de quemar un contenedor. Da igual que te guste o no que la violencia sea una palanca de cambio. Lo ha sido. Punto. Y esto sirve también, no deberíamos olvidarlo, para los procesos de independencia.

P.¿Y no cree usted que puede tener razón el Ministerio del Interior cuando dice que en las pacíficas y respetables manifestaciones de los vecinos se infiltran minorías de violentos itinerantes?

R. A ver: Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, es un chaval de 39 años. Yo a su edad también era un cachondo y hacía bromas inspiradas en Gila... Salvo que su intención no sea hacer reír, ahora que lo pienso... Podría ser que con ese desdoblamiento de los manifestantes entre empadronados y ambulantes lo que pretenda en realidad sea apalearlos a todos. Qué violento este Martínez, ¿no?".

Antonio Orejudo   autor de cuatro novelas. Ha sido colaborador de El País, Público y Cadena SER.
eldiario.es
19/01/2014 

Policía

"Uno de los muchos asuntos que dejó pendiente la “modélica transición” fue la democratización de fuerzas de seguridad. De la noche a la mañana la misma policía que había torturado, matado y apaleado a miles de ciudadanos en nombre de la ley de Franco por la gracia de Dios se convirtió en garante y defensora de nuestros derechos, cosa evidentemente imposible: Quienes habían conculcado sistemáticamente todos los derechos humanos no podían transformarse como por encantamiento en los máximos adalides de los mismos porque aquellas personas que habían sido capaces de torturar año tras año traspasaron las fronteras que hay entre el ser humano y especies inferiores que no tienen capacidad de discernir y, por tanto, de distinguir entre lo que repugna a la ética o aquello que la engrandece. Los titubeos incesantes de aquel periodo llegaron a tal grado de ineptitud que tras aprobar la Constitución de 1978 los poderes públicos ni siquiera fueron capaces de unificar los cuerpos policiales preexistentes –policía armada, formada con el asesoramiento del jefe de las SS Heinrich Luitpold Himmler, y guardia civil, fundada por el Duque de Ahumada para proteger la gran propiedad- en uno solo de nuevo cuño que actuase al modo de las policías federales y con criterios democráticos. De tal modo que los grupos fascistas que nos acompañaron dramáticamente durante aquellos años –Batallón Vasco Español, Triple A, Guerrilleros de Cristo, GAL- continuaron funcionando sin el menor obstáculo y sin solución de continuidad hasta 1989.

Se creyó entonces que el tiempo terminaría por apartar de la función pública a los más conspicuos franquistas y que la sangre joven, la modificación de reglamentos y las academias conformarían una nueva policía acorde con los tiempos, pero no se encaró ningún proceso depurativo que apartase para siempre, y condenase, a aquellos funcionarios policiales que habían cometido delitos muy superiores a los que perseguían: Ningún delito es mayor que la tortura. Los comisarios Conesa, Ballesteros o el inspector Billy el Niño, entre otros muchos, ocuparon puestos policiales de la máxima responsabilidad sin que su currículum ultrafranquista fuese obstáculo para ello, sin que su turbio pasado fuese impedimento para seguir actuando según los métodos aprendidos durante la dictadura.

Construir una policía verdaderamente democrática es tarea dificilísima porque en algún momento, por esencia, habrá de utilizar la fuerza bruta, pero hay dos factores indispensables para que eso pueda ser factible, uno la voluntad política indeclinable para que así sea, otro, derivado del anterior, que aquellas personas que gustan de la violencia jamás puedan ingresar en las fuerzas de seguridad, expulsando de su seno, por supuesto, a quienes han hecho gala de su afición a la porra u otros medios coercitivos. Mucho se ha hablado últimamente de la extrema “dureza” con que actúan los Mossos d’Escuadra –una policía de nuevo cuño-, pero me da la sensación de que no se va a la raíz de la cuestión, la voluntad política que la armó: El nacionalismo catalán, en el poder durante casi tres décadas, desde el primer momento quiso tener una fuerza policial de choque para lo cual ideó un sistema de selección en ese sentido y que, por tanto, dejaba de lado los principios democráticos básicos. No hubo voluntad política para hacer una policía al servicio de los ciudadanos, de su libertad y de su seguridad, sino la de crear una especie de guardia pretoriana al servicio del poder político y económico catalán. Su actuación violenta ante las protestas ciudadanas no difiere en nada de la vieja policía que actúa en otros puntos del país, la misma saña, la misma desproporcionalidad, idéntica chulería, parecido desprecio hacia los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a manifestarse, a protestar y a gritar ante la injusticia. Y no sirve eso de la “obediencia debida”, las órdenes ilegales –y lo son las que lesionan los derechos humanos- no se obedecen: Aporrear –en el sentido estricto de la palabra- a una persona hasta dejarla exhausta no es conducta que esté permitida por ninguna ley democrática.

Tuve la desgracia de estar en la Plaza de Tirso de Molina de Madrid (antes Progreso) en el mes de diciembre de 1979, cuando varios miles de universitarios nos manifestábamos pacíficamente –hay que enfatizarlo- contra la Ley de Autonomía Universitaria de González Seara. Había un ambiente festivo, coreábamos canciones y gritábamos consignas mientras saltábamos para amortiguar el frío. Nada indicaba que aquella tarde, aquella noche fuese a pasar –aunque escondida- a las páginas negras de nuestra historia cuando de repente se oyeron varios disparos. La desbandada fue inmediata y sólo unos cientos de despistados quedamos perdidos por las calles aledañas intentado esquivar a los grises y sus tanquetas. Sentí miedo porque sabía lo que aquellos señores eran capaces de hacer, miedo por mi integridad física que se convirtió en pánico cuando una hora después supe que habían matado a dos compañeros, cuando oí al ministro decir que estaban pagados por la KGB basándose en que les habían encontrado varios miles de pesetas: Estudiaban y trabajaban para pagarse los estudios como cobradores de seguros, ese era el origen de lo que llevaban en los bolsillos. Estos días, estos meses, desde que el Partido Popular gobierna, he vuelto a sentir un miedo parecido, por mis hijos, por mis amigos, por miles de personas que no conozco, por mí, de nuevo he vuelto a ver a la policía franquista actuar como la policía franquista, pegar como la policía franquista, crear infundios como la policía franquista. Creía que eso ya era pasado, que no volvería a ver escenas como las que entonces vi, pero sí, he visto a personas perder ojos por pelotas de goma, huesos rotos, cabezas abiertas, sangre, llantos, histeria. Todo por protestar, todo por denunciar una situación cada vez más insostenible, todo por no creer en la política que representa como nadie un ministro del Interior al que se le apareció Dios un lejano día de Las Vegas.

Hay una policía moderna que investiga utilizando los medios de hoy para poner ante los jueces pruebas suficientes para incriminar al delincuente; hay otra antigua, brutal, que es utilizada por el poder como único instrumento de lucha contra el descontento social, la progresiva pauperización, el paro, la corrupción y la indignación ciudadana. Ésta sobra".

nuevatribuna.es | Pedro Luis Angosto | 21 Enero 2014

Contra ETA viven mejor

En sus fascinantes relatos clínicos, Oliver Sacks relata algunos casos profundamente desconcertantes de personas que quedan atrapadas en el tiempo. Es como si la historia se hubiera congelado para ellos en un momento determinado. Dejan de reconocer el cambio que sucede alrededor y en ellos mismos. En El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Sacks cuenta la historia de un tipo cuya historia se detiene en 1945, sin tener conciencia de que el mundo haya seguido su curso. Sacks lo enfrenta a su propio aspecto poniéndole un espejo delante suyo, pero el enfermo considera que la imagen es una broma macabra, convencido como está de tener 19 años desde hace varias décadas.

En Un antropólogo en Marte, describe el caso conmovedor de un hombre que se quedó atascado en 1970, cuando era todavía un hippie y seguidor entusiasta del grupo de rock Grateful Dead. Tras sufrir el parón del tiempo, el Doctor Sacks consiguió hacerle salir de su sopor existencial durante unas horas en 1991, llevándolo al Madison Square Garden de Nueva York a escuchar un concierto del mítico grupo. Durante el concierto, el hippie pareció recuperar el contacto con la vida, mostrando reacciones emocionales que habían estado ausentes durante muchísimos años. Tan pronto como regresó al hospital en el que vivía, volvió a su estado vegetativo.

Viendo la reacción de la derecha española ante el final del terrorismo, tengo la impresión de que las historias que cuenta Sacks tienen cierta relevancia. Un espectador imparcial que observe las decisiones de fiscales y jueces, que analice la política errática y pueril del Ministerio de Interior, que lea los artículos de Fernando Savater, que siga a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cada vez más sectaria, y que esté al tanto de las declaraciones de José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, no podrá sino concluir que toda esa gente se ha quedado estancada en los primeros años del siglo XXI, cuando, tras el fracaso del pacto de Lizarra, ETA lanzó su última campaña terrorista, asesinando a numerosos concejales y autoridades del Estado.

No han asumido que en España se ensayó un proceso de paz que precipitó la divergencia entre Batasuna y ETA y que dicha divergencia, junto con la debilidad operativa de ETA, forzó a los terroristas a renunciar a las armas. No reconocen que nos encontramos en un tiempo nuevo, en el que no sirven las recetas que se utilizaron hace quince años. Siguen aferrados a una especie de antiterrorismo de pata negra, según el cual todo aquel que no participa de la solución represiva que ellos propugnan es un filoetarra, un miserable y un tonto útil.

El ministro de Interior, el genial Jorge Fernández Díaz, de cuya ley de “seguridad” me ocupé en un artículo anterior, parece seguir aquella vieja consigna comunista de hacer “el análisis concreto de la situación concreta” con la política antiterrorista: tan pronto como ETA da un paso en la buena dirección y el lobby de las víctimas y los tertulianos reaccionarios ponen el grito en el cielo, el ministro lanza una operación policial para detener “etarras” y de este modo tranquilizar a su parroquia: así ocurrió a finales de septiembre con la detención de 18 miembros de Herrira (hoy todos ellos en libertad) tras el comunicado de ETA del 27 de septiembre pasado; y así ha vuelto a pasar la semana pasada con la detención de otras ocho personas pertenecientes al llamado “frente de makos” (con medidas adicionales de gran efectividad como el cierre de 32 perfiles de Twitter y 125 de Facebook), tras el acto de Durango en el que los presos decidieron aceptar la legalidad penitenciaria (sin duda, otro paso de gigante de los etarras hacia su victoria final).

En esta ocasión, la astracanada que suele acompañar a las operaciones diseñadas por el ministro ha consistido en que desde el Ministerio se anunciaran por Twitter las detenciones antes de que los policías hubieran salido de sus dependencias. Si al anterior ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba le hubiera sucedido esto, ya se habría encargado la caverna de que fuera el hazmerreír de toda España. 

Por si no fuese suficiente con los golpes de efecto del ministro, la Fiscalía, presionada por la AVT, no tuvo mejor ocurrencia que solicitar al juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional la prohibición de la manifestación del pasado sábado. El juez no lo dudó y dio la razón al fiscal. Si ya era cuestionable desde un punto de vista democrático la forma en la que se limitaba el derecho de manifestación mientras ETA estaba activa y asesinaba, ahora resulta sencillamente inaceptable. La decisión judicial fue tan ridícula que consiguió unir al PNV y a Sortu, que organizaron una de las manifestaciones más grandes de la historia del País Vasco. Todo un éxito del Estado de derecha en el que vivimos.

ETA renunció a la violencia en octubre de 2011. Desde entonces, la derecha congelada en el tiempo mantiene los mismos esquemas políticos de la época en que ETA asesinaba. Siguen los aspavientos, la indignación, la solidaridad impostada con las víctimas, el discurso de la resistencia, la claridad moral, en fin, todo esa retórica que hoy suena completamente acartonada. Andan tan desasosegados con la marcha de los acontecimientos, que piensan que endureciendo sus posturas conseguirán conservar aquel mundo en blanco y negro de los malos contra los buenos.

El Gobierno no solo se ha negado en rotundo a hablar de presos, sino que ha endurecido su postura cegando la vía Nanclares de reinserción, ejerciendo toda clase de presiones sobre el Tribunal de Estrasburgo para que no se tumbara la doctrina Parot, consiguiendo que expulsaran de Noruega a los etarras que estaban en contacto con la Comisión Internacional de Verificación y negándose a acercar a los presos de ETA a prisiones del País Vasco. Y como muestra suprema de negación del principio de realidad, el Estado mantiene a Arnaldo Otegi en prisión.

Ojalá la derecha se hubiera quedado congelada en 1988 y no en 2000. Aquel año, los principales partidos democráticos (Alianza Popular, el Centro Democrático y Social de Suárez, Euskadiko Eskerra, PNV y PSE) firmaron el Pacto de Ajuria Enea, cuyos puntos 9 y 10 establecían esto:

“En consonancia con las resoluciones adoptadas por unanimidad por el Parlamento Vasco, consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto. Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular".

Qué mal les ha sentado el paso del tiempo a nuestros más aguerridos antietarras.

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
15/01/2014
infolibre.es

Revuelta en Burgos; una lectura de clase

Algunos apuntes para entender las revueltas que están teniendo lugar en el barrio de Gamonal (Burgos).


Las protestas del Bulevar; algunos apuntes.

Gamonal es populoso y obrero, más de 100.000 personas que se hacinan en un barrio abandonado y en depresión: cierre de centros de salud y guarderías, el movimiento vecinal criminalizado y perseguido, falta de inversión en políticas sociales que permitan conseguir empleo o una garantía frente a los riesgos. Familias en el paro y la miseria, que observan cómo sus hijos, los chavales del barrio y de clase trabajadora, son apaleados por los cuerpos represivos.

Como la rentabilidad de seguir construyendo más viviendas, en una ciudad jalonada de esqueletos hormigonados, ha descendido, la burguesía apuesta por los procesos de gentrificación que dispersen a la clase trabajadora de Gamonal, y por la privatización de la vía pública mediante la eliminación de 600 aparcamientos. La única alternativa para los trabajadores consistiría en adquirir una plaza privada que no se pueden permitir, en la mayoría de los casos. Para miles de familias, el modelo urbanístico ha supuesto la miseria.

Gamonal; territorio de conflictividad social y autogestión (Por Diario de Vurgos (Burgos))

Gamonal, un territorio cuya identidad viene definida por la transición de pueblo a barrio obrero a mediados del siglo XX, se convierte en periferia de la ciudad de Burgos y en uno de sus motores de desarrollo urbano al albergar de forma masiva a la población que proviene del éxodo rural. Un trasvase poblacional que en gran medida se empleará como mano de obra fabril en el recién creado Polo de Promoción y Desarrollo Industrial que se ubicará en los mismos márgenes del barrio.

De esta manera, hacinamiento urbanístico y contexto industrial, marcarán las señas de identidad de un barrio en el que la conflictividad formará parte constitutiva de su ADN. Un fenómeno que se obstina en repetirse y reaparecer a lo largo de su historia, en la que se intercalan igualmente largos periodos de adormecimiento y apatía social.

A través de nuestro viaje en el tiempo, Gamonal nos mostraría fábricas autogestionadas por los propios trabajadores como la de CYFISA, huelgas y manifestaciones multitudinarias y también  luchas contra la subida del precio del autobús y la carestía de la vida. En nuestro viaje contemplaríamos incluso movimientos populares que trataban de evitar que se edificase en lugares tan emblemáticos como la Plaza Santiago o el Parque Félix Rodríguez de la Fuente.

Lucha sostenida y solidaria; ya van 40 detenid@s.

La izquierda se encuentra con dificultades para contrarrestar la manipulación y las mentiras de los medios; la criminalización infame y constante que han emprendido se responde explicando a la gente que, dichos medios y grupos como PROMECAL, pertenecen a los empresarios interesados en la especulación en el Bulevar.

El problema es que la significación de las protestas ha pretendido desposeer a las protestas de su significado político; son vándalos, no manifestantes, repiten que se trata de grupos radicales cuando se trata del movimiento vecinal y de la juventud oprimida, que tiene poco que perder; sin trabajo, sin posibilidad de pagar las tasas o el material escolar, sin futuro.

La lucha se inició hace meses con una primera manifestación, que reunió a unas 4.000 personas. Luego de varias movilizaciones similares, el Ayuntamiento se negó a escuchar la voluntad de los vecinos y la lucha se recrudeció. Como comentan algunos compañeros, Gamonal no se vende barato. Y es que hablamos de un barrio solidario y obrero que cuenta en su haber con grandes victorias, como la paralización del parking subterráneo de Eladio Perlado durante 2005; experiencias de autogestión, huelgas masivas y luchas sociales que se proyectan contra el Burgos dominado por las oligarquías.

¿Quién ejerce la violencia?

El Bulevar supone un claro ejemplo de cómo funcionan las cosas en esta ciudad. Méndez Pozo y Arranz Acinas acumulan a sus espaldas un largo historial delictivo, especulativo y criminal. Yo perdí a un familiar cercano en el accidente de la calle sauce de 2005. Once obreros murieron debido a que Arranz Acinas se ahorraba costes en las instalaciones donde guardaban la maquinaria, falta de seguridad laboral, entre otras causas.

La cuestión es que Méndez Pozo y sus semejantes han comandado los destinos de esta ciudad; miles de familias que sufren la especulación y que, habiendo sido bombardeadas por los medios de comunicación que controla Méndez, tímidamente, y al mismo tiempo que rechazan la construcción del bulevar, condenan la supuesta violencia de sus vecinos. Violencia es pasar hambre, familias enteras en el paro y la miseria de un barrio obrero. Violencia es que me retiren el tratamiento hospitalario porque el HUBU no es "un hospital para enfermos crónicos", que no haya trabajo ni posibilidades de salir adelante, que mi familiar esté muerto por su culpa. Eso sí es violencia.

por Víctor Atobas
Domingo, 12 de Enero de 2014 

El abismo, fase superior del capitalismo

Cautivo y desarmado el más inocente recuerdo del estado social, la crisis ha terminado. Este podría ser el parte final de esta última fase de unas hostilidades iniciadas oficialmente en septiembre de 2008, tras la voladura de ese “Maine” simbólico que fue la quiebra de Lehman Brothers. Hoy todos se llenan la boca con la consolidada recuperación de la economía, con los buenos resultados de los índices bursátiles y las previsiones macroeconómicas para 2014, aunque todos admitan también que el crecimiento será insuficiente para generar empleo, que la desigualdad y la pobreza son ya el nuevo fantasma que recorre Europa y que la reactivación es tan tímida que amenaza con agotarse al menor catarro de los Brics, o ante la más ligera recaída reumática de Alemania o Francia. Puede que por ello, previsor como pocos, Mariano Rajoy haya optado por cerrar 2013 con la adquisición de camiones con cañones de agua, no vaya a ser que las endebles perspectivas de optimismo obliguen a aplacar imprevistos focos de resistencia.

En cualquier caso, lo que esta superación de la crisis, legitimada por los editoriales del grupo Prisa, pone definitivamente de manifiesto es la superación de las teorías leninistas que consideraban el imperialismo como la fase superior del capitalismo. Hoy sabemos que el contradictorio desarrollo de las relaciones de producción y las fuerzas productivas que diría la vieja terminología marxista hoy en recuperación, no ha concluido en el modelo monopolístico teorizado por el dirigente bolchevique en plena Gran Guerra cuyo centenario se conmemora precisamente este año. Por el contrario, el sistema económico ha demostrado su disposición a adentrarse con paso firme por los senderos de aquella barbarie anunciada por Rosa Luxemburgo.

Por lo pronto, el casino financiero internacional, en cuya ruleta se dirime desde hace años la deriva de la economía mundial, ya no confía en el vigor de las antiguas potencias occidentales e incluso recela de las fuerzas reales de esos países emergentes tan alabados hasta hace bien poco. Ahora la bolita que gira en su azaroso discurrir entre el rojo y el negro, centra todo el interés de las apuestas en lo que, según la terminología acuñada por el economista Farida Khambata, se ha venido en llamar “mercados fronteras”, integrados por territorios tan heterogéneos como Kenia, Argentina, Pakistán, los Emiratos Árabes o Vietnam. Países en vías de emerger a un incógnito desarrollo, que en conjunto representan demográficamente un apetecible mercado, acumulan buena parte de las reservas energéticas, cobijan una mano de obra en proceso de saldo y, lo que es más importante para los cálculos de riesgo, presentan unos índices de crecimiento bursátil sin competencia posible en otras latitudes.

Es así como el capitalismo está logrando invertir su viejo ideario de progreso, manteniendo intacta la misma canción. Si las esperanzas económicas pasaron primero del agotado centro a la segunda esfera en la periferia, hoy se centran en ese horizonte más lejano de los países frontera, en un dantesco peregrinar que conduce inevitablemente al círculo último en los abismos. Por ello no resulta sorprendente la decisión de la multinacional sueca H&M de trasladar su producción a Etiopía, donde los 45 euros al mes que allí cobra un trabajador les permiten márgenes de beneficio mucho más atractivos que los 300 euros que hoy tienen que pagar a sus abusivos empleados chinos.

Y en medio de este panorama, la troika, con la aquiescencia del gobierno, insiste en que España debe profundizar su reforma laboral. Para echarse a temblar… O al monte.

José Manuel Rambla | Periodista
nuevatribuna.es | 09 Enero 2014

Los Reyes ya no viven como reyes

El Rey en la Pascua Militar

Me contaba la anécdota uno de los asistentes a una cena que presidía la reina Sofía hace ya unos cuantos años, cuando la monarquía todavía era campechana. En la mesa en la que se sentaba la reina, la esposa de un político de renombre comenzó a despotricar sobre sus hijos adolescentes: "Los hijos lo quieren todo, la consola, el dinero, no quieren estudiar, lo quieren todo hecho en la vida”. Y remató su reflexión con el Premio a la Frase Bocachancla del Año: “¡Si es que ahora los hijos viven como… reyes!". A continuación, silencio embarazoso de los comensales y Sofía tirando de trucos diplomáticos para sacar la conversación del atolladero. 

Y tenía razón: los Reyes han vivido como reyes, más consentidos que admirados, entre algodones mediáticos, méritos exagerados y mimos con forma de yate. Pero esa vida de estrellas de rock se ha ido desvaneciendo a medida que dejaban de pincharse en España los grandes éxitos de la Transición. Las llamadas de la Zarzuela no achantan como antaño y entre sus logros recientes está que a la revista 'Hola' se le ha escacharrado el Photoshop de tanto darle al filtro 'papada cut'.

La Casa Real se cayó en la marmita de la Transición y durante casi cuatro décadas los superpoderes le han servido para engatusar a directores de periódico, presidentes del Gobierno y asiduos al IBEX 35. Y siguen encamados brindándose arrumacos, pero la escena se ha tornado forzada y no hay quien disimule el decorado de cartón piedra del fondo; se le ven las costuras al anuncio de compresas hiperfeliz que nos han vendido todos estos años. En 2008 cayó Lehman Brothers, entre medias la gente se cabreó y ahora el rey no se puede ir de farra y la monarquía sale goleada en las encuestas. Las penurias de vivir en la postransición. Todo es cuestionable. El trono, también.

El cuestionamiento, sin embargo, merodea muy cerca del rey pero sin adentrarse en la zona cero de la Casa Real. Todavía tenemos que acudir a la prensa en inglés para preguntarnos cómo ha podido el rey acumular su fortuna. Aunque el círculo se va cerrando y a su hija pequeña la han reimputado -la hija que no sabe nada del padre que no sabe nada- a pesar de que Rafael Spottorno se había travestido de Martirio, con carucha de pena y lagrimotas que pedían clemencia. Pero nada. Es todo muy raro. La pócima de Panoramix ya no funciona y los Reyes ya no viven como reyes.

En todo caso, a falta de enredar demasiado en las cuentas del rey, en España, país de chismes por encima de todas las cosas, hemos preferido husmear en sus pecados privados que, si nos atenemos a la lista de los programas más vistos de la televisión, son los pecados que importan, y los que pueden darte un disgustazo. Y el rey ya no puede cazar elefantes, le airean supuestas amigas para que no trasnoche y le han dicho que se dedique a reinar, que es lo más aburrido que tiene ser rey en España. Hace unos años a Juan Carlos le augurábamos una jubilación a lo Hugh Hefner y se le está quedando la vejez como la vida en un internado victoriano, con todo el mundo atreviéndose a organizarle la existencia y dándole la pelmada con que no tome vino blanco en las comidas (esto me lo chivó un camarero al que adoctrinaron para que no le sirviera vino blanco al rey "porque le sienta mal" y el rey, como hace todo hijo de vecino con lo que le sienta mal o demasiado bien, pidió que le llenaran la copa y el camarero se la llenó, que para eso es el rey y esto es España, cojones ya).

En fin, al rey se le ve tan mayor que hasta los acólitos lo quieren jubilar antes de que se lleve la institución real por delante con uno de sus titubeos. Porque el rey titubea en los discursos, y los periódicos -esto es lo nuevo- escriben la palabra titubeante como nunca se había escrito antes, muy a la tremenda, como si el cielo fuera a caer sobre nuestras cabezas. Y lo que ocurre es que el rey titubea por falta de luz en el atril. Lo afirma la Zarzuela y se lo hemos dicho a nuestras madres más de una vez cuando llegábamos piripis a casa con dieciséis años: “Ama, es que me han echado algo en el kalimotxo y había poca luz en el atril”. Algo en el kalimotxo, la luz me la enciendan, por favor… y el príncipe Felipe dándose cabezazos contra la pared y preparando el currículum por si hay que entregarlo en una empresa eléctrica.

Yo no soy experto en la Casa Real, pero el otro día mi abuela llegó tarde a la cena de Nochebuena y se perdió el discurso del rey en la tele. Algo insólito. Si a mi abuela se le pasa el discurso y ni siquiera puede decir "qué mayor está el rey" en Nochebuena, es que la monarquía está a puntito de caramelo. Así que mientras una parte de los monárquicos, los indiferentes y desapasionados, se despistan como mi abuela y ni les va ni les viene, la otra parte, la de los fans borbónicos, le recuerdan asustados al rey que lo mejor es abdicar a tiempo que ciento volando, no vaya a ser que la luz que se ve al final del túnel no sea la lámpara del atril ya reparada sino la luz republicana después de casi cuarenta años de monarquía en España.

Iker Armentia 

Follow @@ikerarmentia

08/01/2014

eldiario.es

Balance para inocentes

Podría haber sido una inocentada, pero no lo es. El presidente del Gobierno convoca la única rueda de prensa sin limitación de preguntas que ha ofrecido en todo el año para hacer balance político de 2013. Y consigue colocar el mensaje de que "lo peor ha pasado" y asistimos al "inicio de la recuperación".

Se trata del presidente de un Gobierno que este mismo día 27 de diciembre, vísperas de los Santos Inocentes, decide la congelación para 2014 del salario mínimo interprofesional.

Se trata del presidente del mismo Gobierno que decreta una nueva subida del recibo de la luz del 2,3% durante el primer trimestre de 2014, sin aclarar lo que ocurrirá después y presumiendo de que gracias a su intervención en el mercado de precios ha evitado el alza del 11% que pretendían las empresas eléctricas.

Se trata del presidente que ha aprobado (sin consenso) una reforma de las pensiones que prevé la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, al desvincular la subida de las pensiones y el IPC.

Se trata de un presidente que presume de que ya nadie le pregunta si habrá rescate a España, pero no menciona que el rescate a la banca ya ha supuesto más de 42.000 millones de euros cargados a los contribuyentes, ni que los inspectores de la troika visitan regularmente Madrid para comprobar que se cumplen las condiciones del memorándum impuesto por la troika y aceptado por el señor Rajoy.

Se trata de un presidente que proclama que "2014 será un año mucho mejor, con más crecimiento, menos personas en paro, más cotizantes a la Seguridad Social...", después de adelantar que a finales de 2013 habrá menos parados que a finales de 2012 porque "un dato es seguro: en 2013 habrá menos personas inscritas en las oficinas del Inem". Como si la EPA no existiera. Como si nadie supiera que decenas de miles de parados ya no están en los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (el Inem ya no existe). Muchos ni siquiera están ya en España. Como si los propios Presupuestos del Ejecutivo no contemplaran que a finales de 2014, en la mejor de las hipótesis, habrá medio millón de parados más que cuando Rajoy entró en la Moncloa, pese al descenso de la población activa.

Se trata de un presidente que afirma y repite que "hemos dejado atrás la recesión", que las exportaciones van como un tiro y que España ha ganado competitividad, aunque no menciona el principal "avance" en ese terreno: una devaluación salarial que todo el mundo conoce salvo el ministro Montoro.

Se trata de un presidente que asegura que los más de 8.000 millones de euros que este año se ahorran por la rebaja de la prima de riesgo "pueden ir a partidas sociales". Lástima que nadie le pregunte ni él concrete a qué partidas sociales piensa destinar esa cantidad y cómo se compadece tal afirmación con el mantenimiento de los recortes en la sanidad o la educación públicas (aplicados por las autonomías pero exigidos por el Gobierno).

Se trata del presidente de un Gobierno que acaba de aprobar la reforma del aborto más retrógrada de Europa, que satisface más al ultraderechista Le Pen o a los obispos más conservadores que a no pocos dirigentes y votantes del PP. Un presidente que sólo se refiere al atropello como "ese asunto", para no hablar del aborto, con todas las letras que encierra regresar al drama de los ochenta, a las clínicas ilegales y a la hipocresía de que sólo las mujeres con recursos podrán interrumpir su embarazo. "Ese asunto".

Se trata de un presidente que presume de Ley de Transparencia y de una nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, pero que no dice una sola palabra sobre el hecho de que hace una semana el juez ordenase registrar la sede nacional de su partido. Y que sigue sin responder a dos o tres preguntas sencillas: "¿Por qué envió usted a Luis Bárcenas un sms que rezaba '¡ánimo, Luis, sé fuerte!', después de saber que ocultaba cuentas millonarias en Suiza?". "¿Quién decidió que cuatro imputados o relacionados con la trama Gürtel, incluido Luis Bárcenas, estuvieran entre los diez mejor pagados del PP en 2010 y 2011, después de estallar el escándalo?". Por sus gestos y silencios, Rajoy debe pensar lo mismo que San Agustín sobre los que se interrogaban acerca de lo que hacía Dios antes de crear el mundo: "estaba preparando el infierno para quienes hacen ese tipo de preguntas". (Sólo que San Agustín recogía una broma popular).

Se trata, sin duda, de un presidente cuyos asesores confían en que cualquier mínimo atisbo de luz en la economía (aunque sea a costa de ensanchar la brecha de desigualdad) le permitirá aspirar a la reelección. Un presidente convencido de que, como sostenía El Roto en aquella ácida viñeta, son muchos los electores del PP que "no votan, fichan". Hay balances que pueden sonar a inocentada, pero pocas bromas sobre su posible eficacia.

P.D. En los países anglosajones, las inocentadas se celebran el 1 de abril (Fools' Day o Día de los tontos). Habrá que estar atentos al recibo de la luz una vez concluido el primer trimestre.

por JESÚS MARAÑA
28/12/2013
infolibre.es

2013, el año en el que el estado español se endeudó más de toda su historia

El Tesoro Público emitió deuda pública por valor de 1.237.000 millones de euros, nunca antes había emitido tanta en un solo año.

Cada vez que el Tesoro Público acude a una subasta de bonos y letras del Estado, inmediatamente sale el Ministerio de Economía a celebrar el “éxito” porque ha conseguido colocar millones de euros a un interés de un 4%. E inmediatamente Televisión Española y la derecha mediática sale a celebrar ese ‘éxito’. En primer lugar no se aclara al ciudadano que cada vez que el Tesoro emite deuda y acude a una subasta, lo que está haciendo el Gobierno es pedir dinero prestado y desde que Rajoy llegó a La Moncloa no hemos parado de pedir dinero, dinero que hay que devolver con intereses. El volumen de deuda pública llegará en 2014 al 100% del producto Interior Bruto (PIB), y eso significa que tardaremos en pagarla varias generaciones. Aquí ni Rajoy ni el PP se atreven a hablar de ‘herencia recibida’ porque Zapatero dejó la deuda pública en un 63% del PIB. Rajoy y de Guindos la han aumentado, de momento, un 30%.

Nunca antes se había pedido tanto

Solo en 2013 el Gobierno emitió deuda por valor de 237.000 millones de euros, cifra jamás alcanzada por ningún gobierno en un solo año. Del total emitido el 54% se corresponde con emisiones de deuda a medio y largo plazo, una cantidad que supera en más de 6.000 millones el tope que había establecido el Ministerio de Economía para todo el año. Pero es que además el Tesoro ha recurrido con frenesí a las colocaciones sindicadas, que son las que realiza el estado con un grupo de entidades financieras. En 2013 ha llevado a cabo 5 operaciones de estas características, algo que no había ocurrido desde 2009. Este año ha emitido 23.000 millones de euros en deuda sindicada.

Empeñados hasta las cejas

Los números son los números. Y además estos son oficiales, los del propio Tesoro, con lo que después de emitir el mayor volumen de deuda de la historia de España en un año, cuando finalice 2013 la deuda pública del Estado (la acumulada por Gobierno central, Autonomías y Ayuntamientos) rondará el 98% del Producto Interior Bruto. Tanto la Unión Europea como el Fondo Monetario Internacional consideran que en 2014 la deuda de España alcanzará el 100% del PIB. El año en el que España debió menos dinero de toda su historia fue en 2007, con el Gobierno de Zapatero, cuando la deuda pública solo suponía un 36,3% del PIB, muy por debajo de la media europea y muy por debajo de Alemania. Solo en concepto de intereses por la deuda emitida, este año los españoles tendremos que pagar 33.000 millones de euros.

por Kaos. Laboral y economía

Jueves, 02 de Enero de 2014

El alma de los pobres

Una de las características definitorias del gran escritor catalán Josep Pla es su agudísima sensibilidad para captar la realidad de las relaciones humanas que suele esconderse tras múltiples velos culturales o ideológicos. Sus cuadernos de notas aparecen así trufados de observaciones acerca de lo que, en principio, podría pensarse que no son sino pequeños detalles, mínimos aspectos del mundo de los hombres, pero que, cuando alguien como Pla nos hace caer en la cuenta, resultan ser de importancia para entenderlo y orientarse en él. Un ejemplo de “pequeña” observación, que aparece en sus Notas dispersas, es la siguiente:

“Una de las cosas más curiosas de este país es la enorme cantidad de pobres que tiene la misma alma que los ricos —que desprecian a los demás pobres como los desprecian los ricos—”.

Y antes de seguir hay que advertir que no hay que llamarse a engaño con la referencia a “este país” porque si bien Pla gusta de referirse de modo explícito al microcosmos que conforman los pueblos de la Cataluña rural, sus observaciones aspiran las más de las veces a tener un alcance universal. Que es lo que pasaría, en mi opinión, en este caso. El desprecio de muchos de los pobres por los de su condición no sería una anomalía, algo exclusivo de los payeses del Ampurdán, de los catalanes o de los españoles, sino que, para los que pensamos que Pla anda en lo cierto, estaría siempre presente en mayor o menor grado en el modo de proceder de los pobres entre sí en toda sociedad estructurada posicionalmente siguiendo un criterio económico: el de tanto tienes, tanto vales. Y el asunto no es baladí, pues frente a la supuesta “solidaridad de clase” que tantos políticos y analistas suponen que la mayoría de los pobres se guardan siempre entre sí y que debería regir su comportamiento político en las urnas, lo que se sigue de una apreciación como la de Pla apuntaría a que tal cosa, cuando se da, no sería ni habitual ni mayoritaria, sino en todo caso fruto de un “trabajo” educativo o político que buscase crearla modificando esa propensión al desprecio entre los de abajo.

La solidaridad entre las clases bajas no es espontánea; exige trabajo educativo.

Pues bien, puede que sea “normal” o “explicable” que los individuos de estatus económicamente inferior tengan una deferencia con los de clase superior. De igual manera, también puede parecer “normal” que los de estatus superior “minusvaloren” a los de estatus inferior. Son comportamientos que es incluso posible que estén insertos en nuestro código genético, como parecería seguirse de la observación de que son formas de actuar que compartimos con nuestros “primos” biológicos, tal y como aparecen repetidamente en ese ejemplo de ciencia social que es la Política de los chimpancés de Frans de Waal. Pero lo que parecería ser exclusivamente humano, demasiado humano, sería ese desaprecio que muchos de los de abajo se guardan entre sí, y del que no es infrecuente encontrar manifestaciones por doquier.

Una posible explicación a ese desprecio podría venir de la mano de una reflexión de Rafael Sánchez Ferlosio, quien hace algunos años señalaba cómo el comportamiento en el consumo de bienes conspicuos por parte de los pobres estaba dirigido por la imperiosa necesidad que cada uno de ellos sentía por mantener una distancia posicional con el resto, ya que, en los estratos sociales más bajos el “no ser menos” equivale a “no ser menos que los últimos”, pues por debajo no queda, socialmente, más que el suelo: “no ser nadie”, “ser un muerto de hambre” (La mano visible, EL PAÍS, 26-10-1992). Anhelo este de distinción de los pobres entre sí que, condenado inevitablemente al fracaso para la mayoría y más en una situación de crisis económica, llevaría a muchos de ellos, como modo de compensar psicológicamente ese fracaso, al desprecio de los de que están en igual o parecida situación.

Uno de los ejemplos que validan la tesis de Pla es el experimento ya clásico de la Psicología Social llevado a cabo por A. N. Doob y A. E. Gross en 1968 en el que analizaban la reacción de unos conductores ante un anodino hecho cotidiano: la tardanza en arrancar del vehículo que se encontraba delante de ellos en un semáforo en rojo. Lo que constataron fue que la habitual respuesta de algunos de los conductores que se encontraban retenidos —tocar el claxon, comportamiento que se usó como indicador de agresividad—, sucedía de modo distinto si el coche que se demoraba en arrancar era de alta o de baja gama. Si era de baja gama, viejo o destartalado, los bocinazos empezaban al poco de cambiar a verde el semáforo, en tanto que si el coche era de alta gama, los demás conductores demostraban su deferencia ante el estatus superior de su propietario no haciendo sonar sus cláxones o dejando pasar mucho más tiempo antes de ponerse a hacerlo. El experimento se ha repetido alterando las condiciones del mismo, estudiando por ejemplo cuán diferente era el comportamiento agresivo de los conductores retenidos en función de su propio estatus socioeconómico. Por lo general, los vehículos de estatus más bajo siempre suelen estimular reacciones más rápidas (y, por tanto, más agresivas) que los vehículos de estatus más alto, si bien suele observarse que los conductores de vehículos de más estatus reaccionan más agresivamente cuando se ven frustrados que los de más baja gama.

En los estratos sociales más bajos el “no ser menos” equivale a “no ser menos que los últimos"

En una línea similar puede citarse otro experimento más reciente de Nathan Pettit y Robert Lount en el que se muestra que la gente suele esforzarse más en derrotar a los rivales más débiles que en desbancar a los más fuertes. Se trataba en este caso de un equipo de estudiantes de la universidad de Cornell al que se le dijo —falsamente— que estaban compitiendo haciendo distintas tareas contra otro equipo de otra universidad que ocupaba un ranking más alto (o más bajo) que Cornell. Pues bien, se observó que cuando los estudiantes pensaban que se estaban enfrentando a una universidad de menor rango, lo hicieron mucho mejor que cuando pensaban que se enfrentaban a una universidad de más alto rango.

No es difícil poner este tipo de comportamientos con otros de relevancia social y política. Los juicios mucho más duros que los de abajo suelen hacer de las modestas triquiñuelas de sobrevivencia que hacen sus semejantes en estos tiempos de crisis en comparación con las evaluaciones más leves de las enormes corruptelas, patrimonio de los de arriba o la infundada creencia de que la actual plutocracia es una meritocracia merecedora de respeto, no serían sino muestras de esa transformación del otrora orgulloso proletariado en el actual y melindroso “precariado” al que solo le alcanzan las fuerzas para menospreciar a los que aún están más abajo, los “poligoneros”, como tan bien ha descrito Owen Jones para el caso británico en su obra Chavs.

Y si ello es así, si la observación de Pla es ahora quizás más real que nunca, fácil es comprender las dificultades que hoy afrontan en las urnas quienes propugnan políticas económicas de corte igualitario o redistributivo. Porque bien lo tienen los pocos ricos en su sempiterno enfrentamiento con los muchos pobres cuando pueden contar a su favor con que en los cuerpos de muchos de estos anidan reflejos de su propia alma, de alma de rico.

Fernando Esteve Mora es profesor titular de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.
elpais.com  2 ENE 2014 

Itinerario a recorrer con la nueva ley, una mujer que quiera abortar

El periplo en busca de cuatro certificados

Es fundamental empezar a poner en la realidad este anteproyecto, que llevará a quienes quieran abortar a tener que hacerlo de forma clandestina, lo que significa la desprotección de las mujeres, de su salud y de su vida.

  En España, desde 2010, el aborto es libre en las primeras 14 semanas de embarazo (que es cuando se produce más del 90% de los abortos). La futura ley acabará con ese derecho. EL PAÍS ha reconstruido el periplo que tendrá que recorrer con la nueva ley una mujer que quiera abortar, tomando como ejemplo el caso que se augura más probable —que la embarazada alegue riesgo para su salud psíquica— y contando con que todo le salga bien: que los médicos acrediten que existe ese riesgo y que ningún profesional objete por el camino. Este será el itinerario:

1). La mujer va al ginecólogo (público o privado) o al médico de cabecera y dice que está embarazada y que quiere abortar. Si alega riesgo para su salud psíquica, el médico —tras confirmar el embarazo— la deriva a un psiquiatra o le da la opción de que lo elija ella.

2). El psiquiatra la recibe y determina que, en efecto, si esa mujer sigue adelante con el embarazo existe un riesgo de “menoscabo importante” y “duradero en el tiempo” para su salud (tiene que constatar esos dos elementos). Le firma el informe.

3). La mujer tiene que buscar entonces un segundo psiquiatra, que le hace otra entrevista y, si está de acuerdo con el primero, le firma el informe. Puede ocurrir que sea vista desde el inicio por los dos médicos, ya que en la mayoría de los equipos de psiquiatría de hospitales o clínicas hay varios especialistas. ¿Qué ocurre si los dos psiquiatras tienen opiniones diferentes?. Habrá que pedir la opinión de otro, hasta conseguir que dos psiquiatras firmen el informe. Los dos psiquiatras pueden trabajar en centros públicos o privados, y pueden trabajar ambos en el mismo centro, pero ninguno de ellos puede estar empleado en el centro (público o privado) que después vaya a practicar el aborto.

4). Uno de los dos psiquiatras tiene que dar, además, a la mujer, de forma “personal, individualizada y verbal”, información clínica explicándole dos cosas: los riesgos que el aborto puede conllevar “para la salud de la mujer y para su maternidad futura” y las consecuencias que sobre su salud psíquica tendría seguir con el embarazo. Tras explicarle esas dos cosas, el médico le extiende un certificado. Según fuentes del Ministerio de Justicia, los informes médicos serán sufragados por la Administración (igual que la propia intervención, porque el aborto forma parte de los servicios incluidos en la cartera de la sanidad pública); en el caso de que la mujer haya acudido a médicos privados, ella paga los informes y después “se le reembolsará” el dinero.

5). Con los dos informes médicos y con la certificación de haber recibido la información clínica sobre los riesgos que conlleva abortar, la mujer es derivada por el ginecólogo o médico de cabecera que la atendió al principio (o acude directamente ella misma) a los servicios de salud o servicios sociales. Estos tendrán que prestarle un “asesoramiento asistencial completo”*, también de forma “personal, individualizada y verbal”, es decir, concertando una cita. El Ministerio de Justicia asegura que esa cita se concertará “de forma inmediata, ese mismo día o al día siguiente”, saltándose las listas de espera si las hubiera.

*El “asesoramiento asistencial completo” incluirá:
Información de que “la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”;
orientación “sobre el modo de resolver los problemas y conflictos” personales que la mujer haya alegado como razón para abortar;
Un “estudio de la posibilidad de actuar directamente” sobre esos conflictos con ayuda de la Administración;
e información sobre las alternativas al aborto (ayudas públicas, guarda administrativa del niño, acogimiento o adopción).

6). Una vez terminado ese asesoramiento, el personal del servicio de salud expide un certificado indicando la fecha. A partir de entonces, la mujer, ya con los dos informes psiquiátricos y las dos certificaciones (información clínica y asesoramiento social) concedidos, tiene que reflexionar durante siete días antes de comunicar definitivamente su decisión de abortar.


6 bis). Cuando la mujer es menor de edad el proceso puede alargarse más. Si tiene entre 16 y 18 años necesitará para abortar el “asentimiento” (la ratificación) de sus padres o tutores; si tiene menos de 16 años necesitará su “consentimiento expreso”. En ambos casos, si los padres no dan su permiso a la chica, ella puede acudir a un juez (una vez que tenga todos los informes médicos y de asesoramiento asistencial concedidos, y como muy tarde 15 días antes de que venza el plazo legal para abortar). También pueden pedir la intervención del juez los médicos a los que la joven haya acudido, si perciben que existe ese conflicto en la familia. En un procedimiento de carácter urgente, a puerta cerrada y con presencia del fiscal, el juez resolverá a quién da la razón tras escuchar a la mujer y a “los demás interesados”. Si la chica tiene entre 16 y 18 años, primará su voluntad, salvo que el juez “constate su falta de madurez”; si tiene menos de 16 años, primará la voluntad de los padres, salvo que se acredite en la vista que ello es “contrario a la protección del interés de la mujer”. En todo caso, decidirá un juez. Todo el procedimiento judicial, recurso incluido, no puede superar los ocho días de duración.

VERA GUTIÉRREZ CALVO 
Madrid  28 DIC 2013
http://sociedad.elpais.com/