En sus fascinantes relatos clínicos, Oliver Sacks relata algunos casos profundamente desconcertantes de personas que quedan atrapadas en el tiempo. Es como si la historia se hubiera congelado para ellos en un momento determinado. Dejan de reconocer el cambio que sucede alrededor y en ellos mismos. En El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Sacks cuenta la historia de un tipo cuya historia se detiene en 1945, sin tener conciencia de que el mundo haya seguido su curso. Sacks lo enfrenta a su propio aspecto poniéndole un espejo delante suyo, pero el enfermo considera que la imagen es una broma macabra, convencido como está de tener 19 años desde hace varias décadas.
En Un antropólogo en Marte, describe el caso conmovedor de un hombre que se quedó atascado en 1970, cuando era todavía un hippie y seguidor entusiasta del grupo de rock Grateful Dead. Tras sufrir el parón del tiempo, el Doctor Sacks consiguió hacerle salir de su sopor existencial durante unas horas en 1991, llevándolo al Madison Square Garden de Nueva York a escuchar un concierto del mítico grupo. Durante el concierto, el hippie pareció recuperar el contacto con la vida, mostrando reacciones emocionales que habían estado ausentes durante muchísimos años. Tan pronto como regresó al hospital en el que vivía, volvió a su estado vegetativo.
Viendo la reacción de la derecha española ante el final del terrorismo, tengo la impresión de que las historias que cuenta Sacks tienen cierta relevancia. Un espectador imparcial que observe las decisiones de fiscales y jueces, que analice la política errática y pueril del Ministerio de Interior, que lea los artículos de Fernando Savater, que siga a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cada vez más sectaria, y que esté al tanto de las declaraciones de José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, no podrá sino concluir que toda esa gente se ha quedado estancada en los primeros años del siglo XXI, cuando, tras el fracaso del pacto de Lizarra, ETA lanzó su última campaña terrorista, asesinando a numerosos concejales y autoridades del Estado.
No han asumido que en España se ensayó un proceso de paz que precipitó la divergencia entre Batasuna y ETA y que dicha divergencia, junto con la debilidad operativa de ETA, forzó a los terroristas a renunciar a las armas. No reconocen que nos encontramos en un tiempo nuevo, en el que no sirven las recetas que se utilizaron hace quince años. Siguen aferrados a una especie de antiterrorismo de pata negra, según el cual todo aquel que no participa de la solución represiva que ellos propugnan es un filoetarra, un miserable y un tonto útil.
El ministro de Interior, el genial Jorge Fernández Díaz, de cuya ley de “seguridad” me ocupé en un artículo anterior, parece seguir aquella vieja consigna comunista de hacer “el análisis concreto de la situación concreta” con la política antiterrorista: tan pronto como ETA da un paso en la buena dirección y el lobby de las víctimas y los tertulianos reaccionarios ponen el grito en el cielo, el ministro lanza una operación policial para detener “etarras” y de este modo tranquilizar a su parroquia: así ocurrió a finales de septiembre con la detención de 18 miembros de Herrira (hoy todos ellos en libertad) tras el comunicado de ETA del 27 de septiembre pasado; y así ha vuelto a pasar la semana pasada con la detención de otras ocho personas pertenecientes al llamado “frente de makos” (con medidas adicionales de gran efectividad como el cierre de 32 perfiles de Twitter y 125 de Facebook), tras el acto de Durango en el que los presos decidieron aceptar la legalidad penitenciaria (sin duda, otro paso de gigante de los etarras hacia su victoria final).
En esta ocasión, la astracanada que suele acompañar a las operaciones diseñadas por el ministro ha consistido en que desde el Ministerio se anunciaran por Twitter las detenciones antes de que los policías hubieran salido de sus dependencias. Si al anterior ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba le hubiera sucedido esto, ya se habría encargado la caverna de que fuera el hazmerreír de toda España.
Por si no fuese suficiente con los golpes de efecto del ministro, la Fiscalía, presionada por la AVT, no tuvo mejor ocurrencia que solicitar al juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional la prohibición de la manifestación del pasado sábado. El juez no lo dudó y dio la razón al fiscal. Si ya era cuestionable desde un punto de vista democrático la forma en la que se limitaba el derecho de manifestación mientras ETA estaba activa y asesinaba, ahora resulta sencillamente inaceptable. La decisión judicial fue tan ridícula que consiguió unir al PNV y a Sortu, que organizaron una de las manifestaciones más grandes de la historia del País Vasco. Todo un éxito del Estado de derecha en el que vivimos.
ETA renunció a la violencia en octubre de 2011. Desde entonces, la derecha congelada en el tiempo mantiene los mismos esquemas políticos de la época en que ETA asesinaba. Siguen los aspavientos, la indignación, la solidaridad impostada con las víctimas, el discurso de la resistencia, la claridad moral, en fin, todo esa retórica que hoy suena completamente acartonada. Andan tan desasosegados con la marcha de los acontecimientos, que piensan que endureciendo sus posturas conseguirán conservar aquel mundo en blanco y negro de los malos contra los buenos.
El Gobierno no solo se ha negado en rotundo a hablar de presos, sino que ha endurecido su postura cegando la vía Nanclares de reinserción, ejerciendo toda clase de presiones sobre el Tribunal de Estrasburgo para que no se tumbara la doctrina Parot, consiguiendo que expulsaran de Noruega a los etarras que estaban en contacto con la Comisión Internacional de Verificación y negándose a acercar a los presos de ETA a prisiones del País Vasco. Y como muestra suprema de negación del principio de realidad, el Estado mantiene a Arnaldo Otegi en prisión.
Ojalá la derecha se hubiera quedado congelada en 1988 y no en 2000. Aquel año, los principales partidos democráticos (Alianza Popular, el Centro Democrático y Social de Suárez, Euskadiko Eskerra, PNV y PSE) firmaron el Pacto de Ajuria Enea, cuyos puntos 9 y 10 establecían esto:
“En consonancia con las resoluciones adoptadas por unanimidad por el Parlamento Vasco, consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto. Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular".
Qué mal les ha sentado el paso del tiempo a nuestros más aguerridos antietarras.
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
15/01/2014
infolibre.es
En Un antropólogo en Marte, describe el caso conmovedor de un hombre que se quedó atascado en 1970, cuando era todavía un hippie y seguidor entusiasta del grupo de rock Grateful Dead. Tras sufrir el parón del tiempo, el Doctor Sacks consiguió hacerle salir de su sopor existencial durante unas horas en 1991, llevándolo al Madison Square Garden de Nueva York a escuchar un concierto del mítico grupo. Durante el concierto, el hippie pareció recuperar el contacto con la vida, mostrando reacciones emocionales que habían estado ausentes durante muchísimos años. Tan pronto como regresó al hospital en el que vivía, volvió a su estado vegetativo.
Viendo la reacción de la derecha española ante el final del terrorismo, tengo la impresión de que las historias que cuenta Sacks tienen cierta relevancia. Un espectador imparcial que observe las decisiones de fiscales y jueces, que analice la política errática y pueril del Ministerio de Interior, que lea los artículos de Fernando Savater, que siga a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cada vez más sectaria, y que esté al tanto de las declaraciones de José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, no podrá sino concluir que toda esa gente se ha quedado estancada en los primeros años del siglo XXI, cuando, tras el fracaso del pacto de Lizarra, ETA lanzó su última campaña terrorista, asesinando a numerosos concejales y autoridades del Estado.
No han asumido que en España se ensayó un proceso de paz que precipitó la divergencia entre Batasuna y ETA y que dicha divergencia, junto con la debilidad operativa de ETA, forzó a los terroristas a renunciar a las armas. No reconocen que nos encontramos en un tiempo nuevo, en el que no sirven las recetas que se utilizaron hace quince años. Siguen aferrados a una especie de antiterrorismo de pata negra, según el cual todo aquel que no participa de la solución represiva que ellos propugnan es un filoetarra, un miserable y un tonto útil.
El ministro de Interior, el genial Jorge Fernández Díaz, de cuya ley de “seguridad” me ocupé en un artículo anterior, parece seguir aquella vieja consigna comunista de hacer “el análisis concreto de la situación concreta” con la política antiterrorista: tan pronto como ETA da un paso en la buena dirección y el lobby de las víctimas y los tertulianos reaccionarios ponen el grito en el cielo, el ministro lanza una operación policial para detener “etarras” y de este modo tranquilizar a su parroquia: así ocurrió a finales de septiembre con la detención de 18 miembros de Herrira (hoy todos ellos en libertad) tras el comunicado de ETA del 27 de septiembre pasado; y así ha vuelto a pasar la semana pasada con la detención de otras ocho personas pertenecientes al llamado “frente de makos” (con medidas adicionales de gran efectividad como el cierre de 32 perfiles de Twitter y 125 de Facebook), tras el acto de Durango en el que los presos decidieron aceptar la legalidad penitenciaria (sin duda, otro paso de gigante de los etarras hacia su victoria final).
En esta ocasión, la astracanada que suele acompañar a las operaciones diseñadas por el ministro ha consistido en que desde el Ministerio se anunciaran por Twitter las detenciones antes de que los policías hubieran salido de sus dependencias. Si al anterior ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba le hubiera sucedido esto, ya se habría encargado la caverna de que fuera el hazmerreír de toda España.
Por si no fuese suficiente con los golpes de efecto del ministro, la Fiscalía, presionada por la AVT, no tuvo mejor ocurrencia que solicitar al juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional la prohibición de la manifestación del pasado sábado. El juez no lo dudó y dio la razón al fiscal. Si ya era cuestionable desde un punto de vista democrático la forma en la que se limitaba el derecho de manifestación mientras ETA estaba activa y asesinaba, ahora resulta sencillamente inaceptable. La decisión judicial fue tan ridícula que consiguió unir al PNV y a Sortu, que organizaron una de las manifestaciones más grandes de la historia del País Vasco. Todo un éxito del Estado de derecha en el que vivimos.
ETA renunció a la violencia en octubre de 2011. Desde entonces, la derecha congelada en el tiempo mantiene los mismos esquemas políticos de la época en que ETA asesinaba. Siguen los aspavientos, la indignación, la solidaridad impostada con las víctimas, el discurso de la resistencia, la claridad moral, en fin, todo esa retórica que hoy suena completamente acartonada. Andan tan desasosegados con la marcha de los acontecimientos, que piensan que endureciendo sus posturas conseguirán conservar aquel mundo en blanco y negro de los malos contra los buenos.
El Gobierno no solo se ha negado en rotundo a hablar de presos, sino que ha endurecido su postura cegando la vía Nanclares de reinserción, ejerciendo toda clase de presiones sobre el Tribunal de Estrasburgo para que no se tumbara la doctrina Parot, consiguiendo que expulsaran de Noruega a los etarras que estaban en contacto con la Comisión Internacional de Verificación y negándose a acercar a los presos de ETA a prisiones del País Vasco. Y como muestra suprema de negación del principio de realidad, el Estado mantiene a Arnaldo Otegi en prisión.
Ojalá la derecha se hubiera quedado congelada en 1988 y no en 2000. Aquel año, los principales partidos democráticos (Alianza Popular, el Centro Democrático y Social de Suárez, Euskadiko Eskerra, PNV y PSE) firmaron el Pacto de Ajuria Enea, cuyos puntos 9 y 10 establecían esto:
“En consonancia con las resoluciones adoptadas por unanimidad por el Parlamento Vasco, consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto. Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular".
Qué mal les ha sentado el paso del tiempo a nuestros más aguerridos antietarras.
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
15/01/2014
infolibre.es
No hay comentarios :
Publicar un comentario