Abierta la campaña de coacción al votante

"La convocatoria de elecciones en Grecia y la proximidad de todo un año electoral en España han desatado una campaña de coacciones a los votantes que raya el matonismo. Asistimos estupefactos a que bancos, periódicos, altas instancias de la política europea se lancen ya sin pudor alguno a una campaña para sembrar el terror y evitar el resultado que no les convenga. A ellos. ¿Alguien con dos dedos de frente puede creer que semejante empecinamiento busca el bien de la sociedad?

El recién nombrado presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha permitido decir a los griegos que "no voten mal", relatando los problemas que, en su opinión, afrontarían si eligieran a Syriza, como anticipan los sondeos. Se trata de una persona involucrada directamente –como presidente de Luxemburgo– en el turbio asunto de la evasión de impuestos de grandes empresas conocido como LuxLeaks. Sin pagar su factura política por esa responsabilidad, se inmiscuye para decidir qué es votar mal. ¿Cabe peor que quienes optaron por él tanto en su país como en la UE?

No es la primera vez que se presiona a los griegos. La memoria frágil, que tanto se empeñan en diluir, quizás ha olvidado el periplo vivido por los griegos. En 2011, la UE, su Merkel, su troika y la santísima madre de todos ellos, destituyeron a Giorgos Papandreou al pretender hacer un referéndum sobre los durísimos (nuevos) recortes que les decretaban. De un plumazo.

Arguyeron que había provocado convulsiones en los mercados. Designaron como sustituto a Lukás Papademos, que provenía de la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Todo muy democrático. Es que 'Grecia estaba en bancarrota'. Poco se ha contado cómo, al tiempo que recibía el primer rescate, compraba material de defensa a algunos de los privilegiados socios del cotarro. Por entonces, Merkozy (es decir, Alemania y Francia ) y EEUU.

Todos los representantes del neoliberalismo en la tierra emprendieron una campaña feroz (aunque parece que esta va a ser peor aún) para que no ganara las elecciones Syriza al año siguiente. Y no ganó. Por poco. Los griegos así han tragado nuevos recortes de los partidos que provocaron su ruina (trágicos algunos, como el drástico recorte de la sanidad pública), se han empobrecido todavía más, ha aumentado su quiebra, y han visto ascender de forma dramática el neofascismo de Amanecer Dorado. Sobre esto, la UE alerta poco. Nada.

Los males de esa élite para la que se gobierna se han recrudecido al surgir Podemos en España, el sur de Europa se les está subiendo a las barbas. El periódico El País, tras dar la batalla a diario contra ellos, concluía el editorial de este domingo, 'No cometer deslices', con esta peligrosa frase: "Caiga la ira ciudadana sobre quien acaricie un desastre de ese género". ¿Cómo? Convendría aclararlo. Venía precedida de esta argumentación: “La experiencia indica que cuando los mercados se crispan generan efectos manada sobre los protagonistas más débiles o menos fiables, el pánico financiero y la ruina”. ¿Y eso es normal y democrático?

El día anterior El País había apostado en cabecera de portada por una entrevista con el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, para afirmar que "Podemos amenaza la economía y que peligran los ahorros de los ciudadanos". Lo dice, pues, el Banco Central Alemán, tan influyente en aquel Tratado de Maastricht que marcaría el predominio de su país en la UE o la función del BCE –que no da crédito directo a los países, sino a los bancos privados para que nos lo presten… con intereses–. Con el sistema que defienden no peligran nada nuestros ahorros, al parecer, vivimos todos en la abundancia.

Se pongan como se pongan, una deuda de un billón de euros como la que ha terminado de engrosar a lo grande, precisamente, Mariano Rajoy, el Austero, no hay quien la pague. No, en varias vidas de españoles. Una y otra vez hay que ver con ejemplos la necesidad de auditar qué se debe y qué no.

Uno muy gráfico: el contrato de las basuras de Toledo –ya con varios imputados– se elevó en 11 millones de euros coincidiendo en el tiempo con un donativo de la empresa adjudicataria al PP de Cospedal de 200.000 euros, cuyo recibí firmó el tesorero aunque ellos digan que no hay nada. Mientras lo dilucida la justicia, digamos que fue casualidad. Pero a ver qué falta hacía aumentar en 11 millones de euros el servicio.

El ejército al servicio de estos poderes es numeroso y disciplinado, y cada día intenta sumar miembros incluso entre los tontos útiles. Los que escudriñan unos programas sí y otros no –de tenerlos o de cumplirlos– pero sobre todo a los que asoman la cabeza. Cualquiera que se relacione con Podemos será sometido no solo a tres escáneres y dos resonancias magnéticas, también a las armas de la mentira y la maledicencia. Hay que tener mucho temple para arriesgarse a estas técnicas. Ahora bien, quizás así se curten para luchar con alguna posibilidad de éxito en guerra tan desigual.

En 1982 las amenazas a España venían del PSOE, que también les iba 'a quitar el jamón y las gambitas', quién lo diría. Tienen una larga tradición de amedrentamiento, bien expeditivo a veces. Antaño maldecían con la ira de Dios, ahora parece que cuentan con la gente aunque en plan oclocracia. De votos, mejor no hablar, si se vota… mal.

Casi cinco millones y medio de parados, tres de ellos sin ninguna prestación, ni esperanzas de trabajo que no sea temporal y a tiempo parcial. Rebajados los sueldos y los derechos laborales. En aumento los desahucios. Niños con carencias alimenticias, insultados por prebostes del PP que los compara con obesos para no abrir los comedores escolares en Navidad. ONG que llaman a mandar potitos y comida en lugar de juguetes (imagen desoladora donde las haya). Pobreza energética, de aguantar a pelo el frío. Truncado el futuro por los recortes a la ciencia, a la educación y la cultura. Expoliados de parte de la sanidad pública para dar negocio privado con nuestra salud.

¿Las pensiones? Corren infinitamente mayor peligro con el PP y sus correligionarios que con nadie que piense en la sociedad en lugar de en el lucro desorbitado de unos pocos. Liderando todos los índices de aumento de la desigualdad y la pobreza mundial. Y además, amordazados por ley, espiados por decreto, manipulados con la propaganda que airean los medios como noticia, engañados hasta en informes oficiales, con la justicia cada vez menos libre, sobre todo cuando toca lo que no debe tocar.

Pues todo esto es lo que defienden los Juncker, los Bundesbank, y sus portavoces, lo que sería una tragedia corregir. Y con tal ahínco que, si se intenta siquiera paliar la estafa, se nos dice desde importante tribuna: “Caiga la ira ciudadana sobre quien acaricie un desastre de ese género”.

Llegados a este punto, es de temer de lo que serán capaces. El abanico es amplio, nada sucio queda fuera. Y, sin embargo, hay un poder ciudadano que crece. Lo saben, por eso luchan de esa forma. ¿De verdad hay alguien que piense que lo hacen por nosotros?

Yo ya lo he dicho: prefiero a Atila que seguir así".

por Rosa María Artal 
eldiario.es
15/12/2014 

“Si queremos ser gente decente nos tocará desobedecer esta ley”

Entrevistamos a Lorena Ruiz-Huerta, abogada y activista de No Somos Delito, con motivo de la aprobación de la Ley Mordaza por el Pleno del Congreso.

Lorena Ruiz-Huerta. / ADOLFO LUJÁN / DISO PRESS

"Lorena Ruiz-Huerta es abogada y activista de No Somos Delito. Tras criticar la actuación de la Policía en el programa de TV Salvados fue denunciada por injurias y calumnias. Para esta integrante de la Asociación Libre de Agogados, “la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana supone la defunción y el entierro de los derechos de participación democráctica”.

Al mismo tiempo que se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana se saca a concurso la plaza del  juez Ruz. ¿Se trata de una doble vara de medir?
Estamos asistiendo a la aparición de los casos más escandalosos de corrupción, que afectan a personas que han saqueado literalmente este país y que nos han llevado a esta crisis espantosa que estamos viviendo, y el gobierno se permite el lujo, gracias a la colonización política de los órganos de gobierno de los jueces, de apartar al juez que lleva la investigación del caso más importante de corrupción que afecta al gobierno... Y esto puede llevar a que se pierda toda la instrucción del caso Gürtel. Y al mismo tiempo aprueba esta ley hecha a medida para poder atacar y censurar la actividad de los movimientos sociales, que lo único que están haciendo es reivindicar la verdadera “seguridad ciudadana”. La gente quiere trabajo, vivienda, educación y sanidad. Ésa es la seguridad ciudadana que la gente está reclamando en las calles. Y hacen esta ley para reprimir salvajemente estas protestas. Este es el país que tenemos, que merecería la intervención de los cascos azules de la ONU si el mundo fuera serio.

¿Qué significado tiene la aprobación de esta ley?
La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana lleva 22 años de vigencia, durante mucho tiempo nos había parecido mala y restrictiva de derechos, pero en comparación con la reforma que van a aprobar hoy hasta parece una buena ley. La reforma de la ley supone la defunción y el entierro de los derechos de participación democrática, la libertad de reunión y manifestación, la libertad de expresión.

La nueva ley introduce hasta 15 infracciones de nuevo cuño que tienen que ver con el ejercicio de la libertad de reunión y manifestación. Un ejemplo de tantos es que pasan a sancionarse todo tipo de reuniones y manifestaciones no comunicadas a las autoridades a pesar de que en todos estos años tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha expuesto en su doctrina que no comunicar una manifestación al gobierno es una mera irregularidad administrativa. En ningún caso lo convierte en una manifestación ilegal, porque las manifestaciones ilegales son solo aquellas que se producen cuando su objetivo es ilegal o inconstitucional.

De esta manera lo que hace el gobierno es proteger el orden público elevándolo a categoría de derecho fundamental, poniéndolo incluso por encima de un derecho fundamental como es el de reunión y manifestación

Decías que se trata de una ley a medida. ¿A medida de quién?
La mayoría de estas nuevas infracciones están hechas ad nominem, es decir tienen destinatarios muy claros dentro de los movimientos sociales. Por ejemplo, nos encontramos con que que obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales se convierte en una una infracción grave, castigada con una multa de hasta 30.000 euros. Esto va dirigido claramente a la Plataforma de Afectado por la Hipoteca. Otro caso es el punto de desobediencia o resistencia a la autoridad en la negativa a identificarse: esto va dirigido a la campaña de desobediencia del DNI. Tenemos otro caso: la ocupación de cualquier inmueble o la ocupación de la vía pública, es decir la sanción del 15M, la sanción del movimiento de ocupación. La mera estancia en un centro social ocupado podrá ser un motivo de sanción administrativa.

Greenpeace decía que era una ley hecha para ellos.
También se introduce una sanción para aquellos que escalen edificios o monumentos o se lancen desde ellos. Cada movimiento social tiene una. Hay una sanción que también sería mía, personal, que sería faltar el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cualquier ámbito. Antes de las enmiendas, estaba especificado que la sanción sólo se produciría si la falta de respeto se producía dentro de las manifestaciones, pero ahora se ha modificado y el texto que se aprueba hoy incluye las faltas de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en el ejercicio de sus funciones desde cualquier espacio. Es decir, que salir en la televisión denunciando torturas puede ser constitutivo de una infracción.

Además de haber creado todas estas nuevas sancionas a medida, la vía administrativa es menos garantista que la vía penal. Para empezar, la administración es juez y parte, es la parte agraviada y además la que impone la sanción. Si el ciudadano no está de acuerdo con ello puedo recurrir, pero antes debe pagar las tasas judiciales, cosa que no pasa en la vía penal. Además de que las sanciones administrativas no contemplan la proporcionalidad en la cuantía con respecto a la capacidad económica de las personas, cosa que sí pasa en la vía penal.

¿Cuál es el concepto de “seguridad ciudadana” que tiene el Gobierno?
El problema es que el Gobierno confunde los conceptos de “seguridad ciudadana” y “orden público”, que son parecidos, pero no son iguales. La seguridad ciudadana es ese espacio necesario para el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas por parte de la ciudadanía. El orden público es otra cosa. La Ley de Seguridad Ciudadana es un escudo, una ley de protección personal del Gobierno frente a la ciudadanía vulnerando claramente conceptos jurídicos y derechos fundamentales. Esta reforma forma parte de un proceso que está viviendo España, junto con otros países de la Unión Europea, prácticamente todos, que es la vuelta a un Estado autoritario bajo un envoltorio llamado democracia. Se está produciendo un vaciamiento de los derechos constitucionales.

Esta reforma, ¿forma parte de un ataque más amplio a la justicia?
Existe un ataque generalizado al concepto de justicia como derecho fundamental, porque se nos olvida que la justicia es un derecho fundamental y también un servicio público igual que la sanidad o la educación. Con la ley de tasas es clarísimo que se impide a las clases populares el acceso a la justicia; con la reforma del poder judicial cada vez hay una tendencia mayor a la politización de los órganos de gobierno de los jueces. Asociaciones como Jueces por la Democracia y otras organizaciones de jueces, incluso más conservadoras, han denunciado el ataque sistemático del Gobierno a la separación de poderes y a la independencia judicial. Esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana está íntimamente relacionada con la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada, ya que supone una reforma global, con tres patas, del sistema punitivo del Estado, y un recorte de los derechos relacionados con la participación democrática.

A estas leyes se le suma la reforma de la justicia gratuita, que como la Ley de Tasas impide el acceso de la ciudadanía a la justicia, el acceso de la gente más pobre a tener alguien que defienda sus intereses ante la justicia y, por supuesto, la precarización del trabajo de los abogados. Nos precariza a los abogados que trabajamos con la gente más pobre y más excluida, y a ellos les quita el derecho de tener una defensa digna.

¿Qué puntos inconstitucionales pueden servir para luchar contra la ley?
Existen muchísimos puntos de la ley que podrían considerarse inconstitucionales. El más claro es uno que contraviene clarísimamente la jurisprudencia del TEDH y España como país firmante del Convenio Europea de Derechos Humanos tiene la obligación de incorporar la doctrina de este tribunal europeo. Y el TEDH dice que no se puede cercenar el derecho de reunión y manifestación, no se pueden disolver manifestaciones no comunicadas, no se pueden sancionar a manifestantes que participen en manifestaciones no comunicadas porque los Estados tiene la obligación de tolerar cierto grado de desorden público. Incorporar hasta 15 infracciones que sancionan a la ciudadanía que participa en este tipo de manifestaciones no comunicadas o ampliar las potestades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para disolver manifestaciones es claramente un conjunto de artículos que vulneran esta doctrina del TEDH y deberían ser consideradas inconstitucionales. Pero éste es sólo a un ejemplo de tantos artículos que podrían se considerados anticonsitucionales.

¿Cuál es el camino para tumbar esta norma?
Hay varias esperanzas. Una de ellas es que dentro de un año, tras las próximas elecciones, cambie el panorama político y se puedan derogar todas estas reformas legislativas, la Ley de Seguridad Ciudadana es sólo una de ellas. Pero no es bueno confiarlo todo a esa carta, es necesario seguir en la lucha. En este sentido, los partidos políticos de la oposición y el Defensor del Pueblo deberían hacer su trabajo y recurrir la ley al Tribunal Constitucional. En lo que a nosotros respecta, la PAH ha abierto un camino muy interesante que habrá que explorar, que es el de intentar acudir al Tribunal de Justicia de la UE, encargado de velar que los Estados miembros respeten los principios del derecho europeo. Y esta ley es claramente contraria a mucho de esos principios y a los tratados firmados por España.

¿Se puede combatir la ley desde la desobediencia?
La desobediencia a las leyes injustas siempre es un camino o una estrategia de lucha social. Como decía [el párroco de Entrevías] Enrique de Castro, “en este mundo para ser legal hay que ser un poco ilegal”. Si queremos ser gente decente lógicamente nos tocará desobedecer esta ley".

Martín Cúneo
Diagonal
11/12/14

Lo que roban es lo de menos

"Las medidas de regeneración democrática que Rajoy proclama en el Congreso con el anuncio de su firme propósito de luchar contra la corrupción ya empiezan a ponerse en práctica en RTVE. Tal vez se tomaba en serio sus propias palabras cuando afirmaba que el aluvión de casos de corrupción que aparece en los medios de comunicación es consecuencia de su persecución por las instituciones. La verdad, cuando nuestro máximo mandatario se refiere a sí mismo como una persona “con sentido común”, acierta, tiene un sentido de lo más común, tal vez excesivamente común para el cargo que ostenta, en ocasiones, roza lo fronterizo. La aparición de esas acciones delictivas en los medios de comunicación no se produce como consecuencia de su persecución por las instituciones que él mismo preside, sino como un hecho inevitable consecuente, ahora sí, al derecho a la información que preside los regímenes democráticos. No son las instituciones las encargadas de darlas a conocer sino de destaparlas y tipificarlas.

Consciente del papel que desempeñan los medios en la ponderación y difusión de estas actividades irrumpe de nuevo el Gobierno, tal y como tiene por costumbre en cada ocasión que ha llegado al poder, en la gestión de la información que nos dan los medios públicos con nuevas destituciones en los informativos de RTVE. El vergonzoso y antidemocrático espectáculo que dan las televisiones que gestiona el PP es el signo más evidente de su corrupción endémica, inherente, casi genética. Es imposible atajar la delincuencia económica de sus cargos, que es a lo que se refería el presidente en su discurso en las Cortes, si la corrupción está en la esencia de su acción política. El robo organizado desde tramas creadas por sus cargos de confianza es sólo un síntoma, una consecuencia inevitable del desprecio con el que aplican las leyes y gestionan la vida de los ciudadanos al margen de las más elementales reglas del sistema democrático.

Por alguna razón, al español lo que más le molesta es que el político robe. De hecho, con todo este debate de la Memoria Histórica, está dispuesto a consentir que nuestras cunetas estén plagadas de ciudadanos asesinados, pero la razón real por la que a estos políticos de “centro” esa ley les pone histéricos, la razón por la que no se consiente que ochenta años después del golpe de Estado perpetrado contra la libertad y la democracia por Franco no se pueda enseñar los colegios lo que aquí ocurrió, es porque el siguiente paso, y lo saben, es que saldrá a la luz todo lo que robaron, y eso los ciudadanos españoles no lo toleran. Sí, muchos de nuestros próceres, patriotas defensores de la unidad de España, no dudaron en asesinar a sus vecinos para robarles las propiedades y, paradójicamente, es más complicado de justificar desde la ideología el robo que el crimen. Lo que les importa, de verdad, es que se sepa que venimos de una estirpe de ladrones. Lo de asesinos tienen quien se lo relativice a través de revisiones de la Historia. La propia condesa antisistema, mascarón de proa de la lucha contra la corrupción en España y “descubridora” de la trama Gürtel, es una experta en el tema.

Con la corrupción ocurre lo mismo, sólo se produce la indignación cuando se descubre el robo. En realidad lo que menos daño hace a la sociedad es el dinero que obtienen estos políticos corruptos con sus actuaciones dentro o fuera de la ley, tal circunstancia que no les exime del calificativo, a través de las tramas que montan para robar, o de las puertas giratorias y demás triquiñuelas que ellos mismos diseñan al legislar, haciendo legal lo “corrupto”, sino las consecuencias que acarrea su acción política al gobernar contra los intereses de los ciudadanos. Así, lo peor no es el incremento de patrimonio que obtienen con las privatizaciones de los servicios sanitarios, sino el deterioro que esa gestión produce en la calidad de vida de los administrados, que es inconmensurable. Las muertes que esa gestión va a producir, como ya ha demostrado un informe presentado con total cinismo por el gobierno de Cameron consecuencia de una política idéntica a la nuestra. La dificultad en el acceso a los medicamentos, el copago, la reducción de pruebas diagnósticas, es contra eso, sobre todo, contra lo que hay que reaccionar.

Lo mismo ocurre con la energía. Poco perjudica, en realidad, al ciudadano lo que obtienen los altos cargos con los nombramientos en las diferentes asesorías en las empresas que, previamente, han privatizado, ni los viajes, bolsos y demás dádivas que reciben por su impecable gestión a favor de la élite empresarial, lo grave es que los españoles quedan inermes ante un monopolio mal disimulado que les condena a una existencia precaria. El nombramiento a dedo del político para un cargo en esas empresas con una remuneración injustificable es sólo la consecuencia del trabajo realizado, that is the question. El daño está en su gestión anterior, en su acción legal, no en la posiblemente ilegal o poco ética. En cuanto surgen los problemas y son citados a declarar, ellos mismos reconocen ante el juez su total ignorancia respecto a aquello que asesoraban sin explicar, en tal caso, en concepto de qué cobraban: cobran por los servicios prestados.

La mejor manera, ha decidido el señor Rajoy con su impresionante sentido común, de luchar contra la corrupción, es que no exista. Para ello debe silenciar, como tienen por costumbre, los medios de comunicación que administra, sin disimulo, sin vergüenza, con autoridad. Ellos mismos, ante las protestas por la falta de justificación profesional de los ceses en los informativos de TVE, lo dejan claro: “Tenemos derecho a nombrar un equipo de confianza”.

No, señores del Gobierno, ese es un derecho que no existe en democracia. La única confianza que deben ganar los servicios informativos públicos que pagamos todos es la de los ciudadanos, no la del Gobierno, eso es de otro régimen, coño. Otra cosa es lo que ustedes pueden exigir con el dinero que pagan bajo cuerda a los diferentes periodistas, en algunos casos condenados por la Justicia, o a los medios a los que acuden con dinero negro a sus ampliaciones de capital, o a través de las inyecciones económicas a diferentes medios enmascaradas con la propaganda institucional. Ahí, sí pueden exigir el servicio que pagan, pero dejen en paz, de una vez, a los profesionales de la información que, por cierto, han recibido premios de sus compañeros de los medios más prestigiosos del mundo encumbrándoles como un ejemplo.

Viven en la corrupción sistémica, ese es el tema. El robo es inevitable en tal estado, es como pedirle a Travolta que se quede sentadito en la discoteca".

EL GRAN WYOMING
01/12/2014
infolibre.es

El canon de los medios AEDE ya se cobra víctimas, incluidos ellos mismos

"La nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ya se cobra víctimas en España. No me refiero a Google News, que acaba de anunciar que cierra su servicio en nuestro país. Me refiero a la libertad de prensa, a la libertad de empresa, a la libre competencia, a la innovación, a los usuarios de Internet, a internet mismo.

La LPI incluye una cláusula, la 32.2, injusta y estúpida. Obliga a los agregadores de noticias (como Google News o Menéame) a abonar dinero a los editores de prensa por enlazar sus noticias. Y a los editores nos obliga a cobrarlo, lo queramos o no. El 32.2 dice que el nuestro es un derecho “irrenunciable”.

El derecho de cita es algo tan antiguo como la civilización y la cultura. El enlace es una de las esencias de Internet, del nuevo mundo de redes en que vivimos. Legislar contra eso es escupir contra el viento, ponernos palos nosotros solos en las ruedas de la historia, tirarnos en marcha del tren del futuro.

Obligarnos a los editores a cobrarle al que enlace nuestros contenidos es una aberración. Va contra la libertad de empresa. No lo digo yo, lo han dicho CEOE o la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Si nuestros derechos de propiedad intelectual son nuestros, ¿no podemos regalarlos o compartirlos? Los agregadores nos dan a los editores visibilidad, presencia en las redes, millones de usuarios. Algunos nos sentimos perfectamente retribuidos con eso.

El estúpido e injusto artículo 32.2 nace de un pacto entre los editores de prensa tradicionales, organizados en AEDE, y el Gobierno de Mariano Rajoy y de Soraya Saenz de Santamaría. Estos últimos querían un trato informativo al Gobierno muy cariñoso en estas vísperas electorales, y lo tienen: no hay más que ver algunas portadas y algunos editoriales día tras día. Aquellos querían un ingreso extra con el que arreglar su cuenta de resultados (y probablemente no lo van a tener) y, sobre todo, trataban de ponerle vallas protectoras a su negocio, de impedir que los nuevos medios online progresaran en visibilidad y reputación gracias a la profundidad infinita de la información en la red, vía el enlace. Todo es una expresión genuina, una vez más, de nuestra Marca España: conchabeos entre el poder y la prensa, y nada de libre mercado o libre competencia, nada que fomente la pluralidad y la libertad de prensa.

Ojo: sólo algunos de los editores agrupados en AEDE (los grandes, mientras que los medianos y los pequeños recelen) están en ese conchabeo. AEEPP, la asociación española de editores más numerosa y más representativa del sector (unos 120 asociados, más de mil cabeceras) y de la que soy presidente, se ha posicionado desde el primer día contra el canon AEDE o tasa Google, tanto directamente desde nuestra asociación como desde la Coalición Prointernet y hemos estado muy activos denunciando este atropello en todas las instituciones, incluidas las europeas.

Creo que está historia no ha escrito aún su capítulo final. El cierre de Google News y el probable cierre de otros servicios similares lo van a pagar los usuarios con su tiempo y lo vamos a pagar todos los medios, los tradicionales y los nuevos. Nuestro visibilidad en la red se reducirá, nuestro tráfico también, nuestros ingresos probablemente también… Veremos lo que tardan algunos editores tradicionales -autovíctimas de su propia iniciativa- en pedirle a Google que reabra su Google News.

PD. 20minutos también se ha opuesto desde el primer día a esta norma absurda. “Es una medida de incierto resultado y que puede tener incluso efectos colaterales indeseados”, decíamos en febrero pasado. Ya tenemos los primeros".

POR ARSENIO ESCOLAR 11 DE DICIEMBRE DE 2014
http://blogs.20minutos.es/

Ajuste neoliberal y pobreza salarial: los “working poor” en la Unión Europea

"El objeto de este artículo es doble. Por un lado, plantearemos el surgimiento y auge

desde los primeros ochenta y hasta la actualidad de una nueva modalidad de pobreza

en la Unión Europea. Este fenómeno, al que nos referiremos usando el término

anglosajón de working poor, consiste en el hecho de que una parte significativa

de las personas europeas que se encuentran bajo el umbral de pobreza, trabajan.

Como veremos, este fenómeno de pobreza laboral sobrepasa con creces los límites

de la marginalidad: la mayoría de los pobres de la UE viven en hogares donde al

menos hay un ingreso salarial completo.Tras apuntar la importancia cuantitativa de

los working poor en la UE, así como las implicaciones teóricas y políticas de que el

trabajo asalariado ya no sea un medio eficaz para proteger a los trabajadores de la

pobreza, pasaremos a explicar las causas de este fenómeno. En este sentido, en el

contexto del neoliberalismo como nuevo marco de gestión del capitalismo que se

impone desde finales de los setenta, planteamos que existe una relación entre el

creciente proceso de empobrecimiento laboral y la precarización de la relaciones

salariales asociada al ajuste neoliberal.

El estudio de los working poor nos permite analizar la pobreza desde una perspectiva
de clase, lo que conlleva superar algunas deficiencias, teóricas y políticas,
de otros análisis al uso. Normalmente la pobreza se estudia como un fenómeno
exógeno, independiente del funcionamiento normal del capitalismo. Se suele presentar
como el resultado de un fallo de gestión, algo que está ahí y sobre lo que nos
podemos preguntar cómo es y cómo hacerlo desaparecer, pero no por qué existe, y
sobre todo, por qué se constituye en un rasgo típico del capitalismo. Son análisis
meramente descriptivos, que a veces incluyen preceptos normativos para reducir la
pobreza, pero que no transcienden, en el mejor de los casos, el ámbito de la distribución.
En este texto, sin embargo, se apuesta por estudiar la pobreza desde el análisis de la producción,
y en concreto, desde su centro: la relación salarial y el mercado
de trabajo. Esta óptica nos permite dos cosas. Por un lado, entender la pobreza
no como un daño colateral sino como un elemento sistematizado en el capitalismo,
es decir, normalizado dentro del sistema. Y por otro, explicar las causas de pobreza
salarial atendiendo a las mutaciones que han operado en los mercados laborales europeos
durante las dos últimas décadas.

El concepto de working poor nos sirve para referirnos a aquellas personas que, a
pesar de tener una relación laboral normalizada (con contrato legal) se sitúan por
debajo del umbral de pobreza de su país. Es decir, que aunque trabajan en condiciones
legales y reciben un salario, no consiguen dejar de ser pobres. Es un concepto
ampliamente utilizado en los estudios de mercado laboral de EE UU, pero novedoso
y muy poco desarrollado en los análisis de economía europea. Esta situación
es un fiel reflejo de la realidad, ilustrando tanto la tradicional dicotomía entre los
modelos laborales europeos y estadounidense -supuesto trade off entre desempleo
y precariedad laboral- como el viraje europeo, que ilustramos en este texto, hacia
un mercado laboral “anglosajonizado”.

El análisis del surgimiento y auge de los working poor durante el neoliberalismo
que proponemos en este artículo ha de ser bien entendido. Esta supuesta novedad
de la fase neoliberal no es más que una forma de expresar la ruptura con el período
fordista, siendo sin embargo este último el que deberíamos interpretar en clave de
excepcionalidad. El particular contexto fordista, inevitablemente ligado a la contención
de procesos revolucionarios y a las conquistas laborales asociadas al Estado
del bienestar (Seguridad Social, seguro de enfermedad, pensiones, subsidio de
desempleo, etc.), permitió en los países europeos arrinconar la pobreza en aquellos
colectivos que no participaban con normalidad en el proceso de trabajo asalariado,
ya fueran éstos desempleados o población inactiva (vagabundos, pensionistas y
otros ancianos, niños, etc.). Es la quiebra de estas conquistas sociales y laborales la
que nos devuelve a una situación de preguerra, en la que, como a lo largo del siglo
XIX y buena parte del XX, la pobreza ya no es patrimonio de los grupos de población
excluidos del mercado laboral, sino que se sistematiza dentro de las pautas de
inserción laboral normalizada. Tras el paréntesis fordista, en el período neoliberal
no estaríamos asistiendo a otra cosa que a una reorganización del funcionamiento
capitalista que explicita la subordinación de lo que en el capitalismo siempre estuvo
subordinado: las condiciones de vida de los trabajadores.

Extracto del artículo de

Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez
56 VIENTO SUR Número 82/Septiembre 2005

Artículo completo:
http://www.vientosur.info/articulosabiertos/vientosur82-ajusteneooliberalypobrezasalarial.pdf

La corrupción termina por pudrir la sociedad

"Se abren ante nuestros ojos numerosas evidencias de que, cuando la corrupción no se ataja, se expande e infiltra el esqueleto de un Estado hasta pudrirlo. Avisa, pero los ciudadanos suelen tener dificultades en relacionar causa y efecto –aunque más en unos países que en otros–. Así, va creciendo y llega a invadir los pilares fundamentales. La reacción social puede llegar tarde.

El Egipto de los golpistas –ya tolerados por Occidente sin empacho alguno– ha exonerado a Mubarak de todos los cargos que pesaban sobre él. El sanguinario dictador no es corrupto, ni, por tanto, malversó fondos públicos, ni se enriqueció ilícitamente, ni tiene responsabilidad alguna por los 850 muertos que ocasionó la represión, bajo su mandato, de las protestas de la Primavera Árabe. Todo fue, cuentan los medios controlados por el nuevo dictador golpista, el general Abdelfatá al Sisi, cosa de una campaña orquestada en el extranjero. No pasó lo que pasó y, para que cuele,  se impone hasta la censura a quienes no cuenten de buen grado la versión oficial.

De esta forma ha acabado el sueño de la libertad que levantó a miles de personas en la plaza Tahrir. Por la que incluso tantas perdieron su vida. Lograron su objetivo: derrocar al dictador, pero la corrupción, la degradación, se había adueñado del cuerpo de Egipto desde mucho tiempo atrás. Más aún, es su forma de ser, la corrupción es el sistema. Con la connivencia e incluso el apoyo de quienes pasan por ser sólidas democracias. La próxima vez lo conseguirán, quizás. La próxima vez deberán antes cortar los hilos que suministran energía a los corruptos. También dentro del país. La próxima vez puede que lo consigan porque estarán mucho peor.

Si Egipto y otros países de la zona representan un ejemplo extremo, podemos cruzar el Atlántico para contemplar los estragos de otro monstruo que fue creciendo ante nuestros ojos durante décadas. Poco a poco. En México la corrupción ha implosionado. Son años de ir viendo esas mordidas de saludo a los policías que se toman como tradición pintoresca y van creciendo en corruptelas peligrosas sin ponerles freno, hasta que la mafia se sienta en el propio poder de algunos Estados en los que votan mafia los llamados ciudadanos.

Y un día la mafia –que ya ha manipulado, extorsionado, ejecutado, aterrorizado– se pasa de lo que se ha ido considerando admisible. 43 jóvenes asesinados (y como si fueran ganado), simplemente porque creyeron que su protesta iba a servir para algo. Muchos mexicanos han saltado hartos de aguantar: ¿lograrán algo? Si no es así, la próxima vez la peste de la corrupción habrá avanzado más, tras haber ganado otra batalla.

En Ferguson,  Estado de Misuri, en el Medio Oeste de Estados Unidos, también ha estallado la sociedad. Corrupción no es solo robar, los funcionarios públicos que incumplen a sabiendas sus tareas también son corruptos y corrompen el sistema. Y matar a tiros a un joven (negro) desarmado y con los brazos en alto y absolver al policía (blanco) que lo asesinó ha colmado el vaso del aguante. De negros y blancos.

España está muy lejos de esos ejemplos, nos dirán. Lo que ocurre es que no sabemos cuántos grados nos separan todavía. El presidente del partido con Caja B –según el juez–, que se beneficia a título lucrativo de la trama Gürtel –según el juez–, y, a la sazón presidente del Gobierno de España, afirma que la corrupción no está generalizada. En particular, en los políticos que se sientan en el Congreso, a lo sumo "los más" del  "y tú, más". Y sus señorías se aplauden. Pero los ciudadanos perciben que cada día salta un escándalo y un prócer del país es pillado con las manos en la masa aunque todos ellos digan que son inocentes palomas que perderían el pico entero antes de traicionar nuestra confianza.

Estamos hablando de una corrupción que implica a miembros de la Casa Real, partidos políticos –como el PP, con inmenso poder en estos momentos–, sindicatos, organizaciones empresariales, la Justicia, los medios informativos. Por lo demás, aquí no pasa nada. Dicen ellos.

Andan preguntándose estos días si los españoles volverán a votar corrupto. Y en este caso me refiero a alcaldes imputados que una y otra vez son elegidos por sus conciudadanos para desesperación del resto, de las personas honradas que han de padecer esa lacra que trunca el futuro de toda la sociedad.

Parece mentira siquiera el hecho de que exista la posibilidad de votar corrupto, pero se da y no lo solucionarán las tibias y tramposas leyes de transparencia con las que intentan cubrirse las espaldas. La corrupción se arregla desde el poder. Si es ese el objetivo. Se puede dotar de medios a la justicia y limpiar lacras importantes del sector. Meter en la cárcel, pronto, sin indultos ni prebendas, a los condenados. Sería un medio efectivo para que los ciudadanos corruptos no pudieran votar a políticos corruptos. Un alcalde no puede ejercer desde la cárcel aunque alguna barbaridad similar hemos visto ya.  Jueces para la Democracia, entre otros, denuncia que, por el contrario, no hay medios para impartir justicia en unos tribunales sobrecargados, y que (una vez más)  las medidas que anuncia Rajoy son… mentira.

No todos los ciudadanos que votan corrupto lo son. El estado de opinión de la sociedad cuenta y España vive en estos momentos una efervescencia de opinión, conviene insistir. Numerosos ciudadanos escuchan o leen que los corruptos no son corruptos o tienen algún atenuante. Y dudan. Y vuelven a votar con su corazón poco formado e informado, tan permisivo. La próxima vez habrá que intentar que abran los ojos, su cerebro y su ética.

La campaña emprendida contra Podemos, tan desaforada, nos muestra con diáfana evidencia, las aguas turbias en las que se mueve la política y grandes medios del periodismo en este país. Tamaña desproporción solo puede indicar intereses ocultos. Sin duda tienen defectos, la Inmaculada Concepción está en el cielo, según la leyenda sacra. Pero ¿constituyen el principal problema de España a tenor de lo que está ocurriendo? Y ni siquiera es eso solo…

Con un periodismo responsable y limpio, ¿hubiera llegado la corrupción a las cotas que ha llegado en nuestro país? ¿Cuánto trabajo previo faltó? ¿Por qué faltó? ¿Por qué continúan las manipulaciones o los paños calientes? ¿Por qué desvían la atención? Las respuestas son cruciales.

Hay que volver a mirar afuera y a las trayectorias que llevaron a otros países a ser prácticamente insalvables. A que sea más costosa cada vez la recuperación de la decencia y la democracia. Uno no empieza sentando a la mafia en el poder, a esa que manda asesinar disidentes. No, así no se empieza. Se empieza tragando. Primero pequeños bocados, después sapos vivos completos, luego lo que echen.

Hay una ciudadanía que ya no traga. No les ha dado un pronto absurdo, según hacen ver desde el poder. Existen razones. No es una casualidad. Prefieren cualquier opción, antes que la podredumbre que padecemos y con tal empeño manipulador. Cómo termine por canalizarse habrá que verlo, habrá que luchar por encontrar el camino. Cada minuto perdido, eso sí, es un paso atrás."

por Rosa María Artal 
eldiario.es/zonacritica
01/12/2014

¡Enlazar no es delito! ¡No al canon AEDE!

El año que viene, muchos de los artículos que en la actualidad pueden leerse en esta página y en otras webs no se podrán publicar debido a que la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y la implantación del llamado canon AEDE lo podría dificultar, si no imposibilitar. Esta medida supone una mordaza para toda la comunicación por Internet, y en especial para las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por la difusión de la información crítica de calidad entre la ciudadanía y la educación popular.

ENLAZAR NO ES DELITO. CITAR ES UN DERECHO. 

EL LIBRE ACCESO A LA CULTURA Y A LA INFORMACIÓN, LA BASE DE UNA DEMOCRACIA.

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA RED Y LOS AUTORES CULTURALES SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El pasado 14 de febrero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (texto publicado en el B.O.C.G. el 21 de febrero).

Este proyecto de Ley, arcaico en su concepción, recorta numerosos derechos en España, afecta muy negativamente a amplios sectores de la sociedad, pone en peligro la cultura libre y cuestiona el funcionamiento de internet, limitando la cita y el enlace a una actividad meramente mercantil.

Esto ha generado un rechazo inmediato y casi unánime desde todos los ámbitos posibles por los motivos que exponemos sintéticamente a continuación.

1. La protección de la propiedad intelectual en internet no se garantiza imponiendo cánones o tasas arbitrarios. Por el bien de la economía española, ha de garantizarse la sostenibilidad de los creadores digitales en su conjunto, no sólo de una parte. Un sector se desarrolla fomentando los nuevos modelos de negocio digitales en lugar de destruirlos. Cualquier derecho nace del diálogo entre todas las partes afectadas.

2. La Constitución Española consagra, en su artículo 20, el derecho fundamental “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, lo cual debe conjugarse con cualquier derecho de propiedad, pero jamás anularlo.

3. Adicionalmente, esta ley cercena otros derechos fundamentales, afecta a valores democráticos esenciales y limita el libre acceso a la información y a la cultura. Ignora la declaración de los Derechos Humanos, conculca derechos constitucionales como la libertad de expresión y la libre creación, viola el secreto de las comunicaciones, es un ataque directo a la neutralidad de la red y no respeta un derecho individual básico: que cada cual ofrezca su obra bajo las condiciones que considere oportunas.

4. La figura del “derecho irrenunciable” derivado de citar textos en internet afectaría sin excepción a todos los creadores y les impediría renunciar voluntariamente a ese derecho. Ello pondrá en serio peligro las licencias Creative Commons, ampliamente extendidas y que actualmente ofrecen cobertura jurídica a los derechos de autor de una parte muy significativa de los contenidos de la Red. Nos encontramos ante una imposición del “copyright” sobre los partidarios del “copyleft” que vulnera derechos e intereses colectivos en lugar de garantizarlos y favorece que la recaudación se concentre en muy pocas manos.

5. Lejos de ser una amenaza, los agregadores de noticias y otras herramientas digitales que enlazan y citan al medio de origen, tales como buscadores, redes sociales o blogs, favorecen el libre acceso ciudadano a la información y generan un amplio tráfico hacia los medios de comunicación. Además, siendo el derecho de cita la esencia del Periodismo, esta ley amenaza frontalmente su ejercicio. Criminalizar los enlaces genera una inseguridad jurídica que cuestiona los fundamentos y el uso de internet. Garantizarlos, respetando los derechos, beneficia a todos: usuarios, herramientas y medios de comunicación.

6. La mal llamada “tasa Google” ha sido impulsada sólo por una parte del colectivo de editores, los integrados en AEDE. Otras asociaciones y editores se oponen a esta medida. AEDE debería considerar las consecuencias económicas que supondrá para sus socios salir de los indexadores y las desastrosas consecuencias para sus empleados, como recortes salariales y pérdidas de empleo. Este canon de AEDE aumentará aún más la precariedad de un sector tremendamente castigado por la crisis.

7. La entrada en vigor de esta Ley supone una tasa adicional para el conocimiento. La entidad de gestión de derechos CEDRO recauda actualmente de los profesionales de todo el sistema educativo. La nueva ley establece que las Universidades paguen también por los contenidos que los profesores publican para sus alumnos, y que hasta hoy se acogían a licencias Creative Commons. CEDRO recaudará en régimen de monopolio un canon de 5 euros por alumno. Consideramos esto un atentado contra la Educación, la investigación y los textos académicos, que pasarán a estar regidos por el “copyright” en lugar de ser de dominio público.

8. Este canon, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de cuantía no determinada por la ley, actúa en detrimento de la justa recompensa a los autores y supone una subvención encubierta a los editores, a quienes el art. 2 de la Directiva 2001 de Propiedad Intelectual NO INCLUYE como beneficiarios de derechos de propiedad intelectual, y que pese a ello se llevan el 45% de la recaudación de CEDRO. Es significativo que la redacción de la ley se refiera sólo a las “industrias culturales” ignorando expresamente a “los autores”, agravando una situación que ya se inició con la pérdida de derechos de los periodistas a favor de los editores por la confección de “clippings” (resúmenes de prensa).

9. Se elimina “de facto” el derecho de copia privada, vinculándolo a la copia material de un soporte físico, práctica ésta casi inexistente en la era digital. La copia privada de una obra es un uso legitimo que existía antes de internet y seguirá existiendo tras esta reforma. Gravar con un canon a la copia privada equivale a imponer una multa preventiva a cada ciudadano ante un hipotético uso delictivo, por más que éste nunca suceda. Criminalizar al consumidor con fines recaudatorios no es el camino.

10. No han de apoyarse medidas de control de la “piratería” que pongan en peligro la esencia misma de la red. Oponerse a esas medidas no implica respaldar la caricatura del “todo gratis”. Es preciso desarrollar un nuevo marco de protección de la industria cultural que tenga en cuenta las particularidades de la era digital y sirva para lo que nació este tipo de legislación: fomentar la práctica de la cultura ofreciendo una compensación económica a los autores.

11. Esta Reforma debería incluir medidas de acompañamiento que apoyen el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en internet, así como la mejora de los ya existentes. De no hacerlo, perjudicará la innovación de los sectores afectados y perpetuará un modelo de distribución cultural y de acceso a la información manifiestamente caduco.

12. Esta reforma de la LPI aparenta ser producto de una dinámica de corruptelas entre lobbies y el poder político, evidenciado por el reciente relevo de directores en los principales diarios nacionales y la escenificación de la reforma de la ley presentándola con una fotografía del presidente de la AEDE junto a la vicepresidenta del Gobierno. Esto pone bajo sospecha a unos y a otros, si consideramos la proximidad de procesos electorales.

CONCLUSIÓN:

La reforma de esta ley, tal cual se ha redactado, está abocada al fracaso y le auguramos muy corto recorrido, pues no se adecúa a la realidad ni cubre las necesidades de los sectores y agentes implicados. Es un freno para el desarrollo de la cultura libre y la industria, inasumible en tiempos de dificultades económicas, en los que es preciso primar la innovación y favorecer el surgimiento de nuevos mercados emergentes, en los que España demuestra un enorme potencial.

Además, contiene innumerables ambigüedades e indefiniciones, que una ley de esta envergadura no puede permitirse, ya que abre la puerta a una aplicación discrecional y a graves efectos colaterales indeseados.

Por todo ello, instamos al Gobierno a reconsiderar y retirar esta reforma y a abrir con todos los sectores afectados el diálogo que estos reclaman desde hace meses para aportar soluciones más adecuadas a la nueva realidad que plantea la sociedad digital.

Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a toda la sociedad para participar, aportar, comprometerse y difundir la campaña de rechazo al #CanonAEDE difundiendo tanto esta declaración como sus actos, acciones e iniciativas.

#canonAEDE

http://canonaede.es

Usa este logo como avatar en tus perfiles en las redes, junto al hashtag #canonAEDE

Si quieres colaborar difundiendo esta información, copia esta declaración en tu blog y ¡hazla tuya!

La deuda como amenaza

Xavier Caño Tamayo, Alainet

"Según el Banco de España, la deuda pública española es de algo más de un billón de euros. El 97,1% del PIB. Es decir, de toda la riqueza nacional. La deuda se ha triplicado desde que empezó la crisis; en 2007 era un 36% del PIB y hoy es casi el 100%. Una deuda que es impagable, una deuda que es imprescindible auditar y reestructurar.

En el Reino de España, los intereses de la deuda a pagar en 2015 sobrepasan los 35.000 millones de euros. Casi una quinta parte de lo que se ingresará por impuestos. De reducirse los intereses de la deuda pública, los países de la eurozona, España incluida, tendrían presupuestos con superávit. O, dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por el Banco Central Europeo al interés con el que generosamente financia a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima. Y es que la utilización de la deuda no es técnica, inocente, neutral ni imparcial. Los bancos han destinado el dinero barato del BCE para pagar los créditos con los que alimentaron la burbuja inmobiliaria y para comprar deuda pública con la que obtienen beneficios a costa del erario público.

Que la deuda sea impagable hace imprescindibles moratorias, reestructuraciones, suspensiones y quitas. Medidas normales en el capitalismo, como lo fueron en el feudalismo y antes. En la Babilonia de Hammurabí, hace cuatro mil años, hubo una treintena de reestructuraciones de deuda, incluidas cuatro anulaciones.

Pero no hay que ir tan lejos para comprobar que reestructuraciones y quitas de deuda son actuaciones frecuentes. Por el Acuerdo de Londres de 1953, 25 países acreedores aceptaron anular un 62% de la deuda externa alemana. Reducción que fue clave para la rápida recuperación y posterior desarrollo de la República Federal Alemana. Reinhart y Trebesch nos ofrecen algunos datos históricos sobre otras reestructuraciones de deuda cercanas; las amplias reducciones de deuda pública de Francia o Italia tras la conflagración mundial del 52% y 36% respectivamente respecto a su PIB de 1934. La deuda fue condonada en su mayor parte, olvidada y, tras la reestructuración, mejoraron las condiciones económicas y ambos países crecieron.

La reestructuración o anulación de deuda pública es voluntad política, no cuestión técnica. Como también es voluntad política decidir a quién beneficia una reestructuración de la deuda. ¿A la ciudadanía? ¿A la minoría que detenta el poder económico? La deuda pública se utilizó en los noventa para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales. El mecanismo era sencillo: para lograr préstamos del Banco Mundial, había que cumplir las condiciones que imponía el FMI. Que eran ajustes estructurales (despidos masivos y patente de corso para el capital), privatizar todo lo público y rebajar salarios. Chantaje puro y duro.

Desde hace tres décadas, es política neoliberal aumentar el endeudamiento de la mayoría de países para controlarlos o incidir en sus políticas. En la vieja Europa la deuda ha aumentado extraordinariamente por los tratados de Maastrich y Lisboa que prohíben al Banco Central Europeo prestar directamente a los gobiernos, pero no a los bancos privados. Con la caída de ingresos del Estado, por las rebajas de impuestos a los que más poseen y más ganan, los gobiernos recurren a la banca privada que compra sus bonos de deuda a interés más alto. Es el mecanismo de aumento de la deuda pública en Europa y de control que cierra así el círculo del uso torticero de la deuda.

Puesto que el modo clásico de producción flaquea desde hace décadas para obtener los beneficios que pretendía la clase dominante, la deuda pública se ha convertido en manos del poder económico y de sus gendarmes (FMI, BCE, CE…) no solo en mecanismo de control político sino también en medio para conseguir esos anhelados beneficios. En modo de acumulación de capital. Como también lo son la austeridad fiscal por trasvase de rentas de las clases populares a las élites, la corrupción (apropiación ilegal directa del contenido de las arcas públicas) y la especulación financiera desaforada. Si la deuda pública es hoy medio de acumulación, es un modo de explotación y de dominio.

Por todo ello, hacer frente a la deuda, auditarla, reestructurarla y reducirla, pensando sobre todo en la gente, es obligatorio para defender los derechos de la mayoría, para empezar a cambiar las cosas y construir otro mundo posible más decente".

25 de noviembre de 2014
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