cierra su servicio en nuestro país. Me refiero a la libertad de prensa, a la libertad de empresa, a la libre competencia, a la innovación, a los usuarios de Internet, a internet mismo.
La LPI incluye una cláusula, la 32.2, injusta y estúpida. Obliga a los agregadores de noticias (como Google News o Menéame) a abonar dinero a los editores de prensa por enlazar sus noticias. Y a los editores nos obliga a cobrarlo, lo queramos o no. El 32.2 dice que el nuestro es un derecho “irrenunciable”.
El derecho de cita es algo tan antiguo como la civilización y la cultura. El enlace es una de las esencias de Internet, del nuevo mundo de redes en que vivimos. Legislar contra eso es escupir contra el viento, ponernos palos nosotros solos en las ruedas de la historia, tirarnos en marcha del tren del futuro.
Obligarnos a los editores a cobrarle al que enlace nuestros contenidos es una aberración. Va contra la libertad de empresa. No lo digo yo, lo han dicho CEOE o la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Si nuestros derechos de propiedad intelectual son nuestros, ¿no podemos regalarlos o compartirlos? Los agregadores nos dan a los editores visibilidad, presencia en las redes, millones de usuarios. Algunos nos sentimos perfectamente retribuidos con eso.
El estúpido e injusto artículo 32.2 nace de un pacto entre los editores de prensa tradicionales, organizados en AEDE, y el Gobierno de Mariano Rajoy y de Soraya Saenz de Santamaría. Estos últimos querían un trato informativo al Gobierno muy cariñoso en estas vísperas electorales, y lo tienen: no hay más que ver algunas portadas y algunos editoriales día tras día. Aquellos querían un ingreso extra con el que arreglar su cuenta de resultados (y probablemente no lo van a tener) y, sobre todo, trataban de ponerle vallas protectoras a su negocio, de impedir que los nuevos medios online progresaran en visibilidad y reputación gracias a la profundidad infinita de la información en la red, vía el enlace. Todo es una expresión genuina, una vez más, de nuestra Marca España: conchabeos entre el poder y la prensa, y nada de libre mercado o libre competencia, nada que fomente la pluralidad y la libertad de prensa.
Ojo: sólo algunos de los editores agrupados en AEDE (los grandes, mientras que los medianos y los pequeños recelen) están en ese conchabeo. AEEPP, la asociación española de editores más numerosa y más representativa del sector (unos 120 asociados, más de mil cabeceras) y de la que soy presidente, se ha posicionado desde el primer día contra el canon AEDE o tasa Google, tanto directamente desde nuestra asociación como desde la Coalición Prointernet y hemos estado muy activos denunciando este atropello en todas las instituciones, incluidas las europeas.
Creo que está historia no ha escrito aún su capítulo final. El cierre de Google News y el probable cierre de otros servicios similares lo van a pagar los usuarios con su tiempo y lo vamos a pagar todos los medios, los tradicionales y los nuevos. Nuestro visibilidad en la red se reducirá, nuestro tráfico también, nuestros ingresos probablemente también… Veremos lo que tardan algunos editores tradicionales -autovíctimas de su propia iniciativa- en pedirle a Google que reabra su Google News.
PD. 20minutos también se ha opuesto desde el primer día a esta norma absurda. “Es una medida de incierto resultado y que puede tener incluso efectos colaterales indeseados”, decíamos en febrero pasado. Ya tenemos los primeros".
POR ARSENIO ESCOLAR 11 DE DICIEMBRE DE 2014
http://blogs.20minutos.es/
"La nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ya se cobra víctimas en España. No me refiero a Google News, que acaba de anunciar que La LPI incluye una cláusula, la 32.2, injusta y estúpida. Obliga a los agregadores de noticias (como Google News o Menéame) a abonar dinero a los editores de prensa por enlazar sus noticias. Y a los editores nos obliga a cobrarlo, lo queramos o no. El 32.2 dice que el nuestro es un derecho “irrenunciable”.
El derecho de cita es algo tan antiguo como la civilización y la cultura. El enlace es una de las esencias de Internet, del nuevo mundo de redes en que vivimos. Legislar contra eso es escupir contra el viento, ponernos palos nosotros solos en las ruedas de la historia, tirarnos en marcha del tren del futuro.
Obligarnos a los editores a cobrarle al que enlace nuestros contenidos es una aberración. Va contra la libertad de empresa. No lo digo yo, lo han dicho CEOE o la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Si nuestros derechos de propiedad intelectual son nuestros, ¿no podemos regalarlos o compartirlos? Los agregadores nos dan a los editores visibilidad, presencia en las redes, millones de usuarios. Algunos nos sentimos perfectamente retribuidos con eso.
El estúpido e injusto artículo 32.2 nace de un pacto entre los editores de prensa tradicionales, organizados en AEDE, y el Gobierno de Mariano Rajoy y de Soraya Saenz de Santamaría. Estos últimos querían un trato informativo al Gobierno muy cariñoso en estas vísperas electorales, y lo tienen: no hay más que ver algunas portadas y algunos editoriales día tras día. Aquellos querían un ingreso extra con el que arreglar su cuenta de resultados (y probablemente no lo van a tener) y, sobre todo, trataban de ponerle vallas protectoras a su negocio, de impedir que los nuevos medios online progresaran en visibilidad y reputación gracias a la profundidad infinita de la información en la red, vía el enlace. Todo es una expresión genuina, una vez más, de nuestra Marca España: conchabeos entre el poder y la prensa, y nada de libre mercado o libre competencia, nada que fomente la pluralidad y la libertad de prensa.
Ojo: sólo algunos de los editores agrupados en AEDE (los grandes, mientras que los medianos y los pequeños recelen) están en ese conchabeo. AEEPP, la asociación española de editores más numerosa y más representativa del sector (unos 120 asociados, más de mil cabeceras) y de la que soy presidente, se ha posicionado desde el primer día contra el canon AEDE o tasa Google, tanto directamente desde nuestra asociación como desde la Coalición Prointernet y hemos estado muy activos denunciando este atropello en todas las instituciones, incluidas las europeas.
Creo que está historia no ha escrito aún su capítulo final. El cierre de Google News y el probable cierre de otros servicios similares lo van a pagar los usuarios con su tiempo y lo vamos a pagar todos los medios, los tradicionales y los nuevos. Nuestro visibilidad en la red se reducirá, nuestro tráfico también, nuestros ingresos probablemente también… Veremos lo que tardan algunos editores tradicionales -autovíctimas de su propia iniciativa- en pedirle a Google que reabra su Google News.
PD. 20minutos también se ha opuesto desde el primer día a esta norma absurda. “Es una medida de incierto resultado y que puede tener incluso efectos colaterales indeseados”, decíamos en febrero pasado. Ya tenemos los primeros".
POR ARSENIO ESCOLAR 11 DE DICIEMBRE DE 2014
http://blogs.20minutos.es/
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