El sistema eléctrico español está dominado por un número muy pequeño de empresas transnacionales que explotan, en régimen de oligopolio, una necesidad básica. Esas empresas encabezan la lucha contra el autoconsumo con la perspectiva de seguir siendo las que dicten las condiciones de suministro y transporte en el nuevo paradigma energético.
El Ministerio de Industria, encabezado por el ministro José Manuel Soria y su secretario de estado de energía Alberto Nadal, ha desarrollado a lo largo de la legislatura que termina una larga batalla en defensa de los intereses de las grandes compañías eléctricas y contra el desarrollo de los sistemas de auto-producción y auto-consumo eléctrico renovable.
Muchas de las normas dictadas por este ministerio son atropelladas, injustas e indefendibles, repugnan al sentido común y contravienen las directivas europeas relativas al sector energético y a los objetivos de sostenibilidad ambiental. Y, aunque cuentan con la laxitud morosa de los tribunales españoles para salirse con la suya, difícilmente saldrán indemnes de los cientos de demandas planteadas en los tribunales internacionales. Lo saben. Saben que los intentos por impedir el desarrollo de las energías renovables están condenados al fracaso.
Entonces, ¿por qué ese empecinamiento, destinado a ser castigado en los tribunales? ¿Por qué hacer tanto daño a las personas, empresas y pequeños inversores que apostaron por las energías renovables?
Un sistema eléctrico corrupto
El sistema eléctrico español está dominado por un número muy pequeño de empresas transnacionales que explotan, en régimen de oligopolio, una necesidad básica. Sus clientes son la totalidad de la población, todos los hogares, empresas e industrias del país, consumidores cautivos que no pueden dejar de utilizar la electricidad para satisfacer sus necesidades. Esta es una situación inmejorable para cualquier empresa comercial.
Los privilegios del oligopolio se fundamentan en la connivencia con el poder político. Estas empresas obtienen una regulación favorable a sus intereses, en detrimento de los intereses de los consumidores, gracias a las influencias de algunos miembros de sus consejos de administración que, en un pasado reciente, ostentaron altos cargos políticos en el sector.
Esta práctica, conocida como "puertas giratorias", permite poner los contactos y la información privilegiada de los cargos políticos al servicio del oligopolio. La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha respondido, a la denuncia presentada por la Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético, que no ve indicios de delito en esta costumbre, pero para la ciudadanía es muy poco ética y nada estética, un caso evidente de mala praxis política.
Un error de cálculo
Fieles creyentes en el crecimiento infinito, durante los “años locos” de la burbuja las empresas del oligopolio apostaron muy fuerte por construir nuevas centrales de gas de ciclo combinado, seguros como estaban de que la progresión de la demanda era imparable. Un desatino. Sus grandes inversiones obedecían a un error de cálculo garrafal y vieron pronto amenazada su rentabilidad, porque apenas se utilizan. Menos mal que los amiguetes les ayudan a sobrellevar el mal trago con los pagos por capacidad.
Paralelamente, la generación renovable ha conocido una evolución imparable. La reacción del oligopolio a la implantación de estas tecnologías ha sido paradójica. Parecen estar asustadas ante la producción fotovoltaica, una tecnología muy flexible y escalable que, gracias a la impresionante caída de precios, permite abordar instalaciones de auto-producción de cualquier tamaño, con inversiones contenidas. Por otro lado, parecen ver con mejores ojos la tecnología eólica, mucho más exigente en capital. En cualquier caso, han señalado a las energías renovables como el enemigo a batir.
Son muchas las razones de esa enemistad manifiesta pero, la fundamental es el cuestionamiento de su modelo de negocio: venden un producto imprescindible, a un mercado cautivo y en las condiciones más ventajosas, gracias a su influencia casi mafiosa sobre el poder político.
Podríamos pensar, un poco ingenuamente, que esto es así por su incapacidad para adaptarse al nuevo paradigma industrial que surge con las tecnologías de producción renovable de electricidad. Pero no hay que dejarse engañar. Las grandes empresas energéticas no son dinosaurios industriales anclados en el pasado, no es que quieran aferrarse a las viejas y conocidas tecnologías fósiles y nucleares, que son muy sucias pero funcionan. Todas estas empresas tienen poderosos grupos de ingeniería y desarrollo. Todas han sido capaces de innovar en tecnologías de red para gestionar a distancia la facturación de sus suministros. La innovación tecnológica no les es ajena.
La guerra a las renovables
La estrategia industrial, compartida por los dos partidos que se han alternado en el poder desde 1982, ha sido la formación de grandes grupos empresariales. La formación del oligopolios es pues una consecuencia inevitable de la estrategia seguida en la larga reconversión industrial de la transición. Las soluciones que se salen de este esquema de concentración empresarial son consideradas contraproducentes y, en el terreno energético, las energías renovables han sido el enemigo a batir.
Durante el primer gobierno neoliberal, iniciado en 1996 y presidido por José M. Aznar, tuvo lugar la liberalización del sector eléctrico y de las telecomunicaciones, entre otros, pero también, en 2004, el primer decreto de estímulo a las energías renovables.
Durante este tiempo, una infinidad de regulaciones superpuestas han garantizado los beneficios de las empresas de producción eléctrica convencional, la llamada producción "de régimen general", favoreciendo las inversiones en ciclo combinado y racaneando el apoyo y los estímulos a la producción renovable. Sobran los ejemplos: los costes de transición a la competencia, el reconocimiento sin evaluación de los costes de producción alegados, el sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, la renuncia a reclamar la parte correspondiente a las concesiones hidráulicas, los pagos por capacidad, los incentivos por interrumpibilidad, la prolongación de los plazos de explotación nuclear, etc. El catálogo de abusos es muy largo pero se resume brevemente: su coste recae siempre sobre los consumidores, que difícilmente pueden defenderse en este galimatías, intencionadamente oscuro y alambicado.
La última escena de este sainete retrógrado es el Real Decreto con el que el Ministerio de Industria pretende regular el auto-consumo. Es una comedia negra porque esa regulación que pretende hace completamente inviable el auto-abastecimiento, bloquea los intentos de algunas comunidades autónomas para eludir el impuesto al sol y se enfrenta a las directivas europeas y al sentido común.
Las razones de este ensañamiento obsesivo
Para entender la estrategia del oligopolio y de la administración a su servicio hay que distanciarse un poco de las muchas batallas y litigios abiertos por el Ministerio, para situarnos en perspectiva: estamos iniciando un cambio de paradigma y lo que está en juego es la hegemonía en el nuevo mercado energético. Reemplazar un sistema eléctrico basado en la producción centralizada y el transporte a largas distancias en alta tensión por otro, en el que predomina la producción descentralizada y el consumo cercano, apoyado en una red inteligente que proporciona el equilibrio y la potencia de fondo, es una tarea gigantesca o, dicho de otro modo, es un gran negocio.
La transición hacia un modelo renovable y descentralizado abre un mercado muy goloso. Un mercado en el que pequeñas empresas, pioneras en el sector, tratan ya de abrirse un hueco en el diseño, la regulación y el control de estos sistemas de sistemas de generación de energía limpia. También hay conglomerados empresariales de tamaño importante, que tratan de crecer en los mercados termoeléctrico y fotovoltaico, que son terrenos mucho más exigentes en capital.
Pero nuestro voraz oligopolio lo quiere todo. No quiere dejar que ese mercado se desarrolle en sus narices sin quedarse con la mayor tajada. Pero sabe que, para tener éxito, necesita tener un producto competitivo para un mercado maduro. Veremos, sin duda, a las grandes compañías ofertando un producto que ahora demonizan. Tendrá gracia ver a Endesa, Iberdrola y Gas Natural ofreciendo instalaciones de auto-consumo, llave en mano, en uno o dos años. Y, para que la gestión técnica de la necesaria y gigantesca smart grid funcione, necesitarán incorporar a un socio tecnológico de primer nivel. Muy posiblemente, veremos a Telefónica en proyecto conjunto con las eléctricas, proporcionando la infraestructura de red de datos que haga posible la telegestión eficiente del balance neto.
El oligopolio sabe que la conexión a una red inteligente es la solución más viable para el almacenamiento de excedentes. La red es la mejor solución, no las baterías. Por eso es de esperar que finalmente sustituyan el antipático término fijo de la factura, en función de la potencia contratada, por una "Cuota de Conexión" fija. También los gigantes de la distribución están interesados en este suculento mercado: la megadistribuidora Walmart ya está instalando plantas fotovoltaicas en Latinoamérica, Ikea empezará a vender equipos fotovoltaicos en Reino Unido. Es muy posible que lleguemos a ver una guerra abierta entre nuestros gigantes tecnológicos y los paquidermos de la distribución. Una guerra de titanes en la que las eléctricas tienen un as en la manga: las redes de distribución.
El acceso a las redes de distribución es la clave para mantener su dominio. Si hay que cerrar las grandes plantas térmicas y nucleares, tan sucias como rentables, y la producción distribuida se generaliza, siempre les quedarán las infraestructuras de distribución, que consideran su monopolio natural.
Para democratizar el acceso a la energía, en el nuevo escenario de producción distribuida a partir de fuentes renovables, es vital recuperar el control público de las redes de transporte y distribución. Los nuevos actores políticos deben plantearse recuperar una posición dominante en Red Eléctrica Española, el gestor de la infraestructura de transporte. Por su parte, los gobiernos locales y autonómicos deben proponerse recuperar el control de las redes de distribución, que deben ser de titularidad pública para facilitar el acceso de las instalaciones de auto-producción a la red.
Por estas razones, la posibilidad de un cambio de ciclo político en España es visto como un desastre, que podría dar al traste con sus planes estratégicos. Por eso las empresas del oligopolio están obsesionados con controlar el desarrollo de el nuevo modelo energético en España. Por eso son tan agresivas.
Por Luis González
Coordinador de la Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético
27/07/2015
Fuente
El Ministerio de Industria, encabezado por el ministro José Manuel Soria y su secretario de estado de energía Alberto Nadal, ha desarrollado a lo largo de la legislatura que termina una larga batalla en defensa de los intereses de las grandes compañías eléctricas y contra el desarrollo de los sistemas de auto-producción y auto-consumo eléctrico renovable.
Muchas de las normas dictadas por este ministerio son atropelladas, injustas e indefendibles, repugnan al sentido común y contravienen las directivas europeas relativas al sector energético y a los objetivos de sostenibilidad ambiental. Y, aunque cuentan con la laxitud morosa de los tribunales españoles para salirse con la suya, difícilmente saldrán indemnes de los cientos de demandas planteadas en los tribunales internacionales. Lo saben. Saben que los intentos por impedir el desarrollo de las energías renovables están condenados al fracaso.
Entonces, ¿por qué ese empecinamiento, destinado a ser castigado en los tribunales? ¿Por qué hacer tanto daño a las personas, empresas y pequeños inversores que apostaron por las energías renovables?
Un sistema eléctrico corrupto
El sistema eléctrico español está dominado por un número muy pequeño de empresas transnacionales que explotan, en régimen de oligopolio, una necesidad básica. Sus clientes son la totalidad de la población, todos los hogares, empresas e industrias del país, consumidores cautivos que no pueden dejar de utilizar la electricidad para satisfacer sus necesidades. Esta es una situación inmejorable para cualquier empresa comercial.
Los privilegios del oligopolio se fundamentan en la connivencia con el poder político. Estas empresas obtienen una regulación favorable a sus intereses, en detrimento de los intereses de los consumidores, gracias a las influencias de algunos miembros de sus consejos de administración que, en un pasado reciente, ostentaron altos cargos políticos en el sector.
Esta práctica, conocida como "puertas giratorias", permite poner los contactos y la información privilegiada de los cargos políticos al servicio del oligopolio. La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha respondido, a la denuncia presentada por la Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético, que no ve indicios de delito en esta costumbre, pero para la ciudadanía es muy poco ética y nada estética, un caso evidente de mala praxis política.
Un error de cálculo
Fieles creyentes en el crecimiento infinito, durante los “años locos” de la burbuja las empresas del oligopolio apostaron muy fuerte por construir nuevas centrales de gas de ciclo combinado, seguros como estaban de que la progresión de la demanda era imparable. Un desatino. Sus grandes inversiones obedecían a un error de cálculo garrafal y vieron pronto amenazada su rentabilidad, porque apenas se utilizan. Menos mal que los amiguetes les ayudan a sobrellevar el mal trago con los pagos por capacidad.
Paralelamente, la generación renovable ha conocido una evolución imparable. La reacción del oligopolio a la implantación de estas tecnologías ha sido paradójica. Parecen estar asustadas ante la producción fotovoltaica, una tecnología muy flexible y escalable que, gracias a la impresionante caída de precios, permite abordar instalaciones de auto-producción de cualquier tamaño, con inversiones contenidas. Por otro lado, parecen ver con mejores ojos la tecnología eólica, mucho más exigente en capital. En cualquier caso, han señalado a las energías renovables como el enemigo a batir.
Son muchas las razones de esa enemistad manifiesta pero, la fundamental es el cuestionamiento de su modelo de negocio: venden un producto imprescindible, a un mercado cautivo y en las condiciones más ventajosas, gracias a su influencia casi mafiosa sobre el poder político.
Podríamos pensar, un poco ingenuamente, que esto es así por su incapacidad para adaptarse al nuevo paradigma industrial que surge con las tecnologías de producción renovable de electricidad. Pero no hay que dejarse engañar. Las grandes empresas energéticas no son dinosaurios industriales anclados en el pasado, no es que quieran aferrarse a las viejas y conocidas tecnologías fósiles y nucleares, que son muy sucias pero funcionan. Todas estas empresas tienen poderosos grupos de ingeniería y desarrollo. Todas han sido capaces de innovar en tecnologías de red para gestionar a distancia la facturación de sus suministros. La innovación tecnológica no les es ajena.
La guerra a las renovables
La estrategia industrial, compartida por los dos partidos que se han alternado en el poder desde 1982, ha sido la formación de grandes grupos empresariales. La formación del oligopolios es pues una consecuencia inevitable de la estrategia seguida en la larga reconversión industrial de la transición. Las soluciones que se salen de este esquema de concentración empresarial son consideradas contraproducentes y, en el terreno energético, las energías renovables han sido el enemigo a batir.
Durante el primer gobierno neoliberal, iniciado en 1996 y presidido por José M. Aznar, tuvo lugar la liberalización del sector eléctrico y de las telecomunicaciones, entre otros, pero también, en 2004, el primer decreto de estímulo a las energías renovables.
Durante este tiempo, una infinidad de regulaciones superpuestas han garantizado los beneficios de las empresas de producción eléctrica convencional, la llamada producción "de régimen general", favoreciendo las inversiones en ciclo combinado y racaneando el apoyo y los estímulos a la producción renovable. Sobran los ejemplos: los costes de transición a la competencia, el reconocimiento sin evaluación de los costes de producción alegados, el sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, la renuncia a reclamar la parte correspondiente a las concesiones hidráulicas, los pagos por capacidad, los incentivos por interrumpibilidad, la prolongación de los plazos de explotación nuclear, etc. El catálogo de abusos es muy largo pero se resume brevemente: su coste recae siempre sobre los consumidores, que difícilmente pueden defenderse en este galimatías, intencionadamente oscuro y alambicado.
La última escena de este sainete retrógrado es el Real Decreto con el que el Ministerio de Industria pretende regular el auto-consumo. Es una comedia negra porque esa regulación que pretende hace completamente inviable el auto-abastecimiento, bloquea los intentos de algunas comunidades autónomas para eludir el impuesto al sol y se enfrenta a las directivas europeas y al sentido común.
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| Ejemplo de 'kit' fotovoltaico para pequeños consumidores. |
Las razones de este ensañamiento obsesivo
Para entender la estrategia del oligopolio y de la administración a su servicio hay que distanciarse un poco de las muchas batallas y litigios abiertos por el Ministerio, para situarnos en perspectiva: estamos iniciando un cambio de paradigma y lo que está en juego es la hegemonía en el nuevo mercado energético. Reemplazar un sistema eléctrico basado en la producción centralizada y el transporte a largas distancias en alta tensión por otro, en el que predomina la producción descentralizada y el consumo cercano, apoyado en una red inteligente que proporciona el equilibrio y la potencia de fondo, es una tarea gigantesca o, dicho de otro modo, es un gran negocio.
La transición hacia un modelo renovable y descentralizado abre un mercado muy goloso. Un mercado en el que pequeñas empresas, pioneras en el sector, tratan ya de abrirse un hueco en el diseño, la regulación y el control de estos sistemas de sistemas de generación de energía limpia. También hay conglomerados empresariales de tamaño importante, que tratan de crecer en los mercados termoeléctrico y fotovoltaico, que son terrenos mucho más exigentes en capital.
Pero nuestro voraz oligopolio lo quiere todo. No quiere dejar que ese mercado se desarrolle en sus narices sin quedarse con la mayor tajada. Pero sabe que, para tener éxito, necesita tener un producto competitivo para un mercado maduro. Veremos, sin duda, a las grandes compañías ofertando un producto que ahora demonizan. Tendrá gracia ver a Endesa, Iberdrola y Gas Natural ofreciendo instalaciones de auto-consumo, llave en mano, en uno o dos años. Y, para que la gestión técnica de la necesaria y gigantesca smart grid funcione, necesitarán incorporar a un socio tecnológico de primer nivel. Muy posiblemente, veremos a Telefónica en proyecto conjunto con las eléctricas, proporcionando la infraestructura de red de datos que haga posible la telegestión eficiente del balance neto.
El oligopolio sabe que la conexión a una red inteligente es la solución más viable para el almacenamiento de excedentes. La red es la mejor solución, no las baterías. Por eso es de esperar que finalmente sustituyan el antipático término fijo de la factura, en función de la potencia contratada, por una "Cuota de Conexión" fija. También los gigantes de la distribución están interesados en este suculento mercado: la megadistribuidora Walmart ya está instalando plantas fotovoltaicas en Latinoamérica, Ikea empezará a vender equipos fotovoltaicos en Reino Unido. Es muy posible que lleguemos a ver una guerra abierta entre nuestros gigantes tecnológicos y los paquidermos de la distribución. Una guerra de titanes en la que las eléctricas tienen un as en la manga: las redes de distribución.
El acceso a las redes de distribución es la clave para mantener su dominio. Si hay que cerrar las grandes plantas térmicas y nucleares, tan sucias como rentables, y la producción distribuida se generaliza, siempre les quedarán las infraestructuras de distribución, que consideran su monopolio natural.
Para democratizar el acceso a la energía, en el nuevo escenario de producción distribuida a partir de fuentes renovables, es vital recuperar el control público de las redes de transporte y distribución. Los nuevos actores políticos deben plantearse recuperar una posición dominante en Red Eléctrica Española, el gestor de la infraestructura de transporte. Por su parte, los gobiernos locales y autonómicos deben proponerse recuperar el control de las redes de distribución, que deben ser de titularidad pública para facilitar el acceso de las instalaciones de auto-producción a la red.
Por estas razones, la posibilidad de un cambio de ciclo político en España es visto como un desastre, que podría dar al traste con sus planes estratégicos. Por eso las empresas del oligopolio están obsesionados con controlar el desarrollo de el nuevo modelo energético en España. Por eso son tan agresivas.
Por Luis González
Coordinador de la Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético
27/07/2015
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