Esta semana acaba el plazo para que todos aquellos que se han enriquecido
defraudando a Hacienda durante los opulentos años de la burbuja inmobiliaria
puedan lavar su dinero al módico precio de una comisión del 10% de lo que
decidan blanquear. Esa es la salida que ofreció en su momento el ministerio de
Hacienda a los patrioteros que se llenan la boca de España y las muñecas de
pulseras con los colores de la bandera para, a continuación, estafar al resto de
sus conciudadanos.
En un país donde la
economía sumergida supera ya el 23% del PIB -esto es, más de 240.000 millones de
euros- promover una amnistía fiscal al tiempo que el propio impulsor, el
ministro de Hacienda, se declara impotente para luchar contra el fraude fiscal
no es que sea amoral, es que resulta del género de opereta. Es más, dice mucho
de la voluntad de lucha contra el fraude fiscal el hecho de que el objetivo de
la amnistía se que afloren en torno a 2.500 millones de euros, es decir, apenas
un 1% del monto del dinero negro circulante en el país. La medida, en sí misma,
parecía más un llamamiento a la mala conciencia de unos pocos que a la
racionalidad económica de los muchos y buena prueba de ello es que, hasta donde
sabemos, es decir, hasta el mes de julio, apenas se habían blanqueado 50,4
millones de euros, desde entonces no hay ningún tipo de datos. Así que el resto
de ciudadanos, los que cumplen a carta cabal sus obligaciones fiscales, no saben
cómo evoluciona el trato preferente que el gobierno ha decidido conceder a
quienes han estafado a Hacienda, esa entidad que, según su publicidad
institucional, somos todos.
Todo ello contrasta ampliamente con el trato que se da a este delito en otros
países de Europa. La semana pasada, la cámara alta del Parlamento Alemán, el
Bundesrat, rechazaba el denominado Acuerdo
Rubik para regularizar las cuentas no declaradas que tengan los alemanes en
Suiza a pesar de que la medida había sido aprobada por el Bundestag, la cámara
baja. El
Acuerdo proponía regularizar esas cuentas a cambio de un impuesto que se situaba
entre el 21% y el 41% de los fondos no declarados, amén de que las cuentas
seguirían pagando impuestos sobre los rendimientos obtenidos en el futuro, todo
ello a cambio de mantener su opacidad.
El bloqueo del Acuerdo por parte del Bundesrat pone de manifiesto las
diferentes percepciones de Estado que tienen las autoridades alemanas y las
españolas y que son expresivas, a su vez, de las percepciones de los propios
nacionales de sendos Estados sobre sus instituciones. Exigir esfuerzos, apelar
al patriotismo, acudir al chantaje cuasi sentimental pretendiendo que a través
del sacrificio colectivo se puede salir de la crisis, al tiempo que se habilitan
mecanismos para que blanqueen sus capitales sin ningún tipo de penalización -es
más, premiándolos ya que ese 10% de comisión es inferior al tipo impositivo de
cualquiera de los impuestos que fueron defraudados en su momento-, es la mejor
forma de que todo el mundo entienda el doble rasero imperante en el país y que
las reglas se hacen con un metro de goma que se estira y se achica en función de
a quién se aplique. Y si además nos encontramos con ejemplos de severidad y
rigor en el tratamiento de los delincuentes, como ocurre en el caso alemán, las
razones para el cuestionamiento de las bases de nuestro pacto social no dejan de
aumentar con cada nueva medida del gobierno contra la crisis.
Alberto Montero Soler, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.
| 28-11-2012 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario