Vivimos tiempos de paradojas: nunca ha habido tanta riqueza y dinero circulando, pero “hay que apretarse el cinturón” para salir de la crisis. Hay más de seis millones de personas sin empleo, el paro es percibido como el mayor problema del país y pareciera que, por ahora, la respuesta de los sindicatos de concertación pasa sobre todo por la renovación del pacto social. Y la de los alternativos por la movilización y llamados a la huelga general... ¿No queda otra, “con la que está cayendo”, que pedir empleo a los empresarios? Abrimos el debate.
El trabajo no es un problema, y es, además, necesario, porque la transformación de la naturaleza por la actividad humana es imprescindible para la supervivencia de la especie y de los individuos. A este respecto, lo único que ha cambiado es que la enorme productividad desatada por el capitalismo ha llegado a entrar en contradicción con los límites ecológicos y ha configurado un gigantesco mercado de bienes de consumo innecesarios. Quizá ya no hace falta tanto trabajo para reproducir la vida humana. Quizá hay un exceso de actividades antisociales alimentadas por el proceso de acumulación sin fin en que el capitalismo consiste. Pero esa no es la cuestión principal.
El problema esencial –el que genera el mismo proceso de acumulación– de nuestro tiempo no es el trabajo, sino el trabajo asalariado. La relación asimétrica que impone que una persona, sin acceso a los medios de producción, deba vender su fuerza de trabajo a otra, propietaria de los mismos, a cambio de una retribución que ha de permitir –trabajo doméstico no pagado mediante– reproducir esa misma fuerza, para que la rueda pueda seguir girando al día siguiente. La diferencia entre el valor de lo que permite reproducir la fuerza de trabajo y el valor de lo producido se llama plusvalía. Y es un producto específicamente humano que se apropia en exclusividad una de las partes de la relación.
Asalariado
Sustentada esa dinámica esencial –el trabajo asalariado–, el problema se configura como una cuestión relativa a una relación de fuerzas en un momento concreto. Es el escenario de un conflicto: la lucha de clases. Las victorias parciales de una u otra parte le permiten aumentar o disminuir el grado de explotación, modificar los mecanismos por los que se expresa la misma confrontación, desestructurar al adversario. Eso es lo que ha pasado con el mundo laboral en las últimas décadas: la emergencia de un profundo proceso de desestructuración, segmentación y debilitamiento de la clase trabajadora por parte de un empresariado cada vez más triunfante y organizado.
Subcontratas, ETT, contratos temporales, deslocalizaciones, facilitación del despido, flexibilidad absoluta en torno a las condiciones esenciales de trabajo… constituyen mecanismos, conscientemente desarrollados, para enfrentar a los trabajadores entre sí.
La llamada descentralización productiva –lo que otros llaman el postfordismo– no es más que una brutal mutación que transforma un mundo laboral de obreros, con contrato para toda la vida, con un cierto contrapoder sindical y con el salario suficiente para poder hacer frente a los gastos de una familia patriarcal –modelo fordista–, en un magma ultraflexible de posiciones diferenciadas, nadando desde los restos de lo anterior, cada vez más acosados –el llamado core business–, hasta las mil y una formas de la precariedad postmoderna: temporales, subcontratados, en misión, falsos autónomos, con jornada parcial, en formación, etc.
Estructura esencial
Lo que ha explosionado es la idea misma del derecho del trabajo como elemento de racionalización de la relación salarial, como normativa que legitimaba y, al tiempo, limitaba, la explotación inherente a la forma capitalista de trabajar. Ahora estamos ante una mixtura ultraflexible entre la dictadura del Capital en el centro de trabajo y mecanismos de domesticación de la fuerza laboral, como el desempleo de masas y la conformación de “zonas grises” entre el derecho social y otros ordenamientos legales –falsos autónomos, prácticas formativas, trabajo migrante, etc.–
¿Deberíamos trabajar tanto? Probablemente no. ¿Deberíamos garantizar un ingreso básico a quienes no pueden acceder a un empleo? Sin duda, sí. Pero no olvidemos que ni la renta básica ni el reparto del empleo serán posibles sin operar seriamente sobre la relación salarial. Sin intentar, organizadamente, influir sobre ella y, si se puede, abolirla. Cómo hacerlo es una pregunta compleja que daría para otro artículo. Lo que está claro es que el de la relación salarial es un espacio decisivo para discutir la estructura esencial de la sociedad.
JOSÉ L. CARRETERO MIRAMAR.
Profesor de Derecho del Trabajo e integrante del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA)
06/06/13
Fuente
El trabajo no es un problema, y es, además, necesario, porque la transformación de la naturaleza por la actividad humana es imprescindible para la supervivencia de la especie y de los individuos. A este respecto, lo único que ha cambiado es que la enorme productividad desatada por el capitalismo ha llegado a entrar en contradicción con los límites ecológicos y ha configurado un gigantesco mercado de bienes de consumo innecesarios. Quizá ya no hace falta tanto trabajo para reproducir la vida humana. Quizá hay un exceso de actividades antisociales alimentadas por el proceso de acumulación sin fin en que el capitalismo consiste. Pero esa no es la cuestión principal.
El problema esencial –el que genera el mismo proceso de acumulación– de nuestro tiempo no es el trabajo, sino el trabajo asalariado. La relación asimétrica que impone que una persona, sin acceso a los medios de producción, deba vender su fuerza de trabajo a otra, propietaria de los mismos, a cambio de una retribución que ha de permitir –trabajo doméstico no pagado mediante– reproducir esa misma fuerza, para que la rueda pueda seguir girando al día siguiente. La diferencia entre el valor de lo que permite reproducir la fuerza de trabajo y el valor de lo producido se llama plusvalía. Y es un producto específicamente humano que se apropia en exclusividad una de las partes de la relación.
Asalariado
Sustentada esa dinámica esencial –el trabajo asalariado–, el problema se configura como una cuestión relativa a una relación de fuerzas en un momento concreto. Es el escenario de un conflicto: la lucha de clases. Las victorias parciales de una u otra parte le permiten aumentar o disminuir el grado de explotación, modificar los mecanismos por los que se expresa la misma confrontación, desestructurar al adversario. Eso es lo que ha pasado con el mundo laboral en las últimas décadas: la emergencia de un profundo proceso de desestructuración, segmentación y debilitamiento de la clase trabajadora por parte de un empresariado cada vez más triunfante y organizado.
Subcontratas, ETT, contratos temporales, deslocalizaciones, facilitación del despido, flexibilidad absoluta en torno a las condiciones esenciales de trabajo… constituyen mecanismos, conscientemente desarrollados, para enfrentar a los trabajadores entre sí.
La llamada descentralización productiva –lo que otros llaman el postfordismo– no es más que una brutal mutación que transforma un mundo laboral de obreros, con contrato para toda la vida, con un cierto contrapoder sindical y con el salario suficiente para poder hacer frente a los gastos de una familia patriarcal –modelo fordista–, en un magma ultraflexible de posiciones diferenciadas, nadando desde los restos de lo anterior, cada vez más acosados –el llamado core business–, hasta las mil y una formas de la precariedad postmoderna: temporales, subcontratados, en misión, falsos autónomos, con jornada parcial, en formación, etc.
Estructura esencial
Lo que ha explosionado es la idea misma del derecho del trabajo como elemento de racionalización de la relación salarial, como normativa que legitimaba y, al tiempo, limitaba, la explotación inherente a la forma capitalista de trabajar. Ahora estamos ante una mixtura ultraflexible entre la dictadura del Capital en el centro de trabajo y mecanismos de domesticación de la fuerza laboral, como el desempleo de masas y la conformación de “zonas grises” entre el derecho social y otros ordenamientos legales –falsos autónomos, prácticas formativas, trabajo migrante, etc.–
¿Deberíamos trabajar tanto? Probablemente no. ¿Deberíamos garantizar un ingreso básico a quienes no pueden acceder a un empleo? Sin duda, sí. Pero no olvidemos que ni la renta básica ni el reparto del empleo serán posibles sin operar seriamente sobre la relación salarial. Sin intentar, organizadamente, influir sobre ella y, si se puede, abolirla. Cómo hacerlo es una pregunta compleja que daría para otro artículo. Lo que está claro es que el de la relación salarial es un espacio decisivo para discutir la estructura esencial de la sociedad.
JOSÉ L. CARRETERO MIRAMAR.
Profesor de Derecho del Trabajo e integrante del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA)
06/06/13
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