La dueña de la farmacia de la esquina es de derechas. Está al borde de la quiebra, pero cree a pies juntillas que la culpa es de la herencia recibida y de los de izquierdas, que no dejan al Gobierno hacer lo que debe.
Mi amigo Pepe, dueño de una pequeña granja en la sierra, se declara votante alterno del PP y el PSOE, pues no tiene claro quien le dará respuesta a su lenta agonía financiera.
Mi amiga Clara es funcionaria de la Administración. Se cree a salvo de la marejada de la crisis. Nunca tiene claro a quién votar, no le interesa la política. Ella cumple con su trabajo y no quiere saber nada más.
Pues bien, está a punto de empezar una nueva era para ellos, pero no lo saben. No pueden saberlo porque es un acuerdo prácticamente secreto. Les aviso y me creen trastornada. No tengo una bola de cristal, pero veo muy claro su futuro.
En los próximos meses, cuando entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP), algo que ninguno de ellos conoce, su pequeño universo se transformará:
La libertad de comercialización de los productos americanos hará proliferar nuevos supermercados, llenos de envoltorios de colorines y precios de risa. Los trabajadores precarios, que son mayoría, sólo podrán comprar a esos precios, su sueldo no dará para más. Los pequeños comercios de proximidad irán cerrando poco a poco y nuestro frutero acabará de reponedor, por 500€ al mes, en un “walt-mart”, descubriendo que la fruta que venden allí es una porquería y que él, para asombro general, es de izquierdas pero no lo sabía. Se hará activista de un grupo off-line, ya que las nuevas normas sobre datos de usuarios de internet los pondrían al descubierto si usaran las RRSS.
Los acuerdos del TTIP obligarán a privatizar casi completamente la Sanidad, por lo que los trabajadores precarios, que son mayoría, no tendrán acceso a muchos tratamientos médicos, que tendrán unos precios cada vez más elevados. La farmacéutica de la esquina verá disminuir su clientela y sus menguados ingresos, no podrá hacer frente a los créditos y pagos a proveedores. La farmacias, controladas y reguladas por el Estado, serán “liberalizadas” y nuestra boticaria, en quiebra, regalará su botica a “Procter & Johnson” a cambio de un salario de subsistencia. Descubrirá con horror que ser de derechas siendo un asalariado le provoca dudas existenciales severas.
Mi pobre amigo Pepe, tan cuidadoso con las normas sanitarias para criar sus vacas, verá cómo el mercado nacional es invadido por toneladas de carne americana, baratísima, pero llena de hormonas. Tendrá que cerrar en poco más de un año y subsistir como descargador en una distribuidora cárnica. Identificará al “libre comercio” como el enemigo del que no le defendieron ni PP ni PSOE. Abrazará la causa antineoliberal sin grandes resultados, pues la Ley Mordaza y el nuevo Código Penal impedirán protestas y manifestaciones “antisistema”.
En cuanto a mi amiga Clara, se verá afectada por la nueva legislación laboral que permitirá despedir a los funcionarios. Una demanda millonaria de la multinacional “All is mine” contra el Estado español por lucro cesante dejará el presupuesto estatal temblando para varios años y no habrá más remedio que despedir al 65% de los funcionarios para poder mantener los 250 cargos de confianza de cada ministro. Clara comprobará con estupor que su amiga Lola, que no fue capaz de aprobar las oposiciones, es ahora secretaria de un exdiputado que “trabaja” en la antes mencionada “All is mine”. Malvivirá trabajando sin contrato y descubrirá que sólo puede subsistir al margen del Estado.
Y si esta distopia futurista te parece exagerada, lee a continuación los puntos más destacados del TTIP que he recopilado como documentación:
Los cambios en las normas regulatorias afectarán a la producción y prestación de bienes y servicios (calidades, reglas de emisión de contaminación, inversiones y derechos de propiedad).
Los negociadores de la UE que se ocupan de este tratado están rodeados de los lobbies de las diferentes corporaciones multinacionales y patronales. La Comisión Europea se embarcó en más de 100 encuentros cerrados con lobbistas y multinacionales para negociar los contenidos del tratado. La Comisión Europea tuvo que reconocer esos encuentros a posteriori, y más del 90% de los participantes resultaron ser grandes empresas. Los documentos y negociaciones son opacos y secretos para el común. No se ha dejado participar a los sindicatos y a otros grupos de la sociedad civil.
El negociador principal de la parte europea reconoció en una carta pública que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante al menos 30 años. Concretamente aseguró que esta negociación sería una excepción a la Regla 1049/2001 que establece que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser públicos. Como dice el premio Nobel Joseph Stiglitz sobre la negociación clandestina del TTIP, “no se entiende tanto secretismo, a no ser que lo que están tramando sea realmente malo”.
Una vez aprobado el TLC todos los gobiernos tendrán que adaptar sus normativas nacionales a los nuevos acuerdos internacionales, lo cual implicará una nueva ola de reformas laborales, financieras, fiscales, etc. que sirva a esa armonización regulatoria propuesta en el tratado. El TTIP estará por encima de la Constitución de cada país, será como una supraconstitución. Y los tribunales internacionales de arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. El TTIP incluirá una cláusula de protección de los inversores extranjeros (conocida como Investor-State dispute settlement, ISDS), que permitirá a las multinacionales demandar a los estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o futuros.
El TTIP no es sólo comercio. Como dice el profesor canadiense David Schneiderman, esto es un “Nuevo Constitucionalismo”, que garantiza derechos a los inversores por encima de los derechos de los ciudadanos. Aquí hay que hacer referencia a la modificación del artículo 135 de la Constitución española, que da prioridad al pago de la deuda sobre el bienestar de los ciudadanos, aprobado por PP y PSOE sin hacer la pertinente consulta ciudadana ante una enmienda constitucional.
En materia laboral, EEUU no ha ratificado seis de las ocho principales convenciones de la OIT, entre ellas las que conciernen a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Por el contrario, todos los países de la Unión Europea han ratificado los ocho convenios fundamentales. Se habla de un proceso de mínimo denominador común en el que el resultado de la armonización será la igualación al nivel de la regulación más laxa.
La protección de las inversiones (o corporaciones) y sus normas de arbitraje dan preeminencia a las multinacionales sobre la capacidad legislativa de los gobiernos. El propósito no es la reducción de los ya bajos niveles arancelarios, sino la modificación de la regulación existente en las relaciones comerciales entre ambos espacios económicos, favoreciendo únicamente a las grandes empresas transnacionales que son las únicas interesadas. Se trata de la regulación relacionada con el control sanitario de determinados productos, con los estándares medioambientales, con los convenios laborales, con la propiedad intelectual e incluso con la privatización de servicios públicos. Se argumenta que estas normas suponen costes adicionales para las empresas, todo lo cual sería una pérdida de potencial económico para las distintas economías.
Cuando se amplían los mercados la competencia se incrementa y las empresas nacionales se ven obligadas a competir con las extranjeras. Y en esa pugna acaban victoriosas las empresas más competitivas. Se va a producir un trasvase de ventas desde las empresas locales, más pequeñas, hacia las grandes empresas que son las que pueden mantener estructuras de costes y precios reducidos a lo largo del tiempo hasta que hayan logrado eliminar a la competencia local.
Todas las que no puedan competir y ofrecer precios más bajos tendrán que desaparecer junto con todos sus puestos de trabajo. De hecho, la Comisión Europea ha reconocido que la ventaja competitiva de algunas industrias estadounidenses generarán un notable impacto negativo en sus homólogas en la Unión Europea, pero asume que los gobiernos tendrán fondos suficientes para mitigar los costes que ello genere.
El modelo agrario europeo es muy diferente al estadounidense, tanto en su organización como sobre todo en su tamaño. En EEUU hay 2 millones de granjas, mientras que en la Unión Europea hay 13 millones. En promedio una granja estadounidense es 13 veces más grande que una europea, lo que permite a las empresas estadounidenses competir en mejores condiciones. Por eso los agricultores europeos están tan preocupados: la amenaza de una concentración de poder y riqueza en el sector es muy alta.
La estructura productiva de los países de la periferia europea está mucho menos desarrollada que en el centro y norte de Europa y es mucho menos competitiva, de modo que una mayor competencia proveniente de las empresas estadounidenses afectará fundamentalmente a España, Portugal y Grecia.
Los negociadores de Estados Unidos han señalado particularmente a la regulación sobre sanidad y productos fitosanitarios como principales objetivos a armonizar. Y es que la regulación de la Unión Europea en esta materia está mucho más desarrollada y es más rígida que la de Estados Unidos, razón por la cual una armonización a la baja será especialmente lesiva para los ciudadanos europeos.
Los supermercados europeos se inundarán de productos que son habituales en Estados Unidos y que sin embargo a día de hoy están prohibidos en la Unión Europea por motivos sanitarios o ecológicos. Por ejemplo, el 70% de toda la comida vendida en Estados Unidos contiene ingredientes modificados genéticamente, algo impensable actualmente en la Unión Europea.
En materia de salud pública, la Unión Europea bloquea más de 1.200 sustancias que se utilizarían en cosméticos, mientras que Estados Unidos sólo bloquea poco más de diez.
En materia de protección de datos, en Estados Unidos las grandes empresas pueden acceder sin límites a toda la información privada de sus clientes. Así, empresas como Facebook, Google o Microsoft tienen capacidad de utilizar esa información como deseen.
Sin embargo, en la Unión Europea hay límites que protegen ese espacio personal. ACTA y ahora el TTIP buscan romper esa regulación europea para armonizarla con la falta de límites de Estados Unidos. Este tratado de libre comercio atenta directamente contra este requisito al conceder una mayor protección legal a las grandes empresas que a los propios ciudadanos o a los estados.
A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países (UNCTAD). En los 90 sólo había una docena. Se trata de un nuevo negocio en sí mismo, lo que ha hecho que muchas empresas de abogados se hayan especializado y estén dispuestas a litigar por cualquier evento que crean que puede servir para sacarle dinero a los estados, desviándose como consecuencia grandes cantidades de recursos y fondos públicos hacia las grandes empresas, en lugar de dedicarse a los servicios públicos fundamentales que garanticen la vida digna de las personas.
Si todo esto no te ha generado deseos de luchar contra el TTIP, creeré que no tienes sangre en las venas y que vamos camino de un neofeudalismo sin solución.
Por Ana Barba
24-Oct_2014
http://blogs.publico.es/
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