"La deuda ha sido un mecanismo colonial en muchas partes del mundo. Como tal, es un problema que afecta a la soberanía de los pueblos, y debería ser afrontado con valentía. Cualquier iniciativa que quiera profundizar la democracia debería establecer mecanismos de soberanía no negociables con instituciones que no respondan al principio democrático. Recientemente, Podemos ha aprobado una resolución titulada “Auditoría y Reestructuración de la Deuda”. La resolución contiene puntos interesantes. Pero parece dispuesta a no abordar el tema en función de sus efectos sobre la soberanía, la democracia y la justicia, mientras se pueda aligerar la carga que supone.
De entrada, la resolución de Podemos afirma que conviene huir del discurso de ‘no querer pagar la deuda’. La cuestión de la deuda, en realidad, se trata como una cuestión económica, que se intentará resolver facilitando la permanencia en el euro. Con esto, Podemos parece no querer enemistarse con las élites globales y dejar claro que no tomará medidas de forma unilateral si no se llega a acuerdos ¿Significa esto que seguiría pagando la deuda si se amenazara a España o se la chantajeara con dejarla fuera del euro, a pesar de los perjuicios sociales y políticos que implicaría el pago? Es difícil imaginar cómo se podría llevar a cabo una reestructuración beneficiosa. En casos como el de Grecia en 2011 y 2012 o el de los países africanos altamente endeudados en 2005, las quitas beneficiosas para los acreedores no lo fueron para los deudores. Las élites financieras, en realidad, han demostrado que sólo aplican quitas para hacer la deuda sostenible, evitando que haya un impago perjudicial para ellas.
Algo parecido sucede con el artículo 135 de la Constitución, modificado por el PP y el PSOE para priorizar el pago de la deuda y sus intereses. En marzo de 2014, Podemos proponía eliminar esta modificación que usurpa soberanía a la ciudadanía y se la entrega a unos pocos. En la actual resolución, este artículo ni siquiera se menciona. Con ello, se renuncia a hacer visible el déficit democrático que subyace al actual funcionamiento de las finanzas y que permite a las élites someter a la ciudadanía.
En realidad, las Auditorías Ciudadanas de la Deuda suponen un mecanismo soberano y democrático para supervisar y decidir sobre el sistema de endeudamiento público sin injerencias externas. La actual resolución de Podemos aboga por establecer auditorías ciudadanas como mecanismos de transparencia y difusión, pero no como instrumentos que expresen un mandato de la ciudadanía. En nuestra opinión, las auditorías sí deberían establecer un mandato que el gobierno debería aplicar. Los análisis salidos de un trabajo de auditoría que combine elementos técnicos con elementos de colaboración ciudadana en la investigación y la supervisión permitirían a la ciudadanía poder decidir que deudas son ilegítimas y no deben pagarse.
Por otra parte, la reestructuración de la deuda tampoco es suficiente para combatir el consenso de la libre circulación de capitales a nivel global. Ésta, en realidad, no cambiaría el modelo social ni permitiría asentar una recuperación económica sólida a no ser que se produzca un cambio profundo a nivel internacional. Tampoco garantizaría una posición más creíble frente a los poderes financieros. Si se compromete a pagar y a mantenerse en el euro, y si insiste en que el problema es simplemente económico y no de democracia, Podemos iría a las negociaciones habiendo mostrado demasiada moderación. Como nos muestra la historia, la esfera financiera no puede ser regulada mediante negociación. Las políticas financieras aplicadas en los años 30 del siglo pasado en EEUU, Europa y Japón, o casos recientes como el de Malasia, en 1997; Argentina, en 2002, e Islandia, en 2010, nos demuestran que la única manera de poner freno al sector financiero es reduciendo su tamaño y limitando su libertad de acción de forma drástica. Medidas de este tipo han sido aplicadas por la UE en Chipre en 2013 y son recomendadas por el mismo FMI en situaciones de crisis financieras. Éstas se llevan a cabo a través de mecanismos estatales. De ahí que sea erróneo técnicamente, como se decía antes, tratar la cuestión como una decisión que debe trascender al ámbito estatal.
Por último, plantear una reestructuración de la deuda sin introducir un precedente que asiente una nueva doctrina política respecto a las finanzas de los estados podría ser una gran oportunidad perdida. Los momentos en la historia en los que cambian los consensos sociales sobre políticas que han sido tachadas como radicales por las mismas élites, son aquellos en que existen situaciones de desesperación. En ellos, la credibilidad de quienes han sido críticos con el actual sistema va en aumento, mientras que la de los que han defendido el actual estado de las cosas se desmorona por sus agresiones, abusos y mentiras. Es en estos momentos, justamente, en los que se debe arriesgar. Y eso supone mostrar cómo ciertas medidas tachadas de peligrosas son en realidad esenciales para establecer una democracia real, que es a la que aspira Podemos.
Sabemos que vivimos en una cultura muy influenciada por el sentimiento de culpabilidad, en la que expresiones como ‘no pagar’ o ‘no trabajar’ provocan una reacción negativa. Sin embargo, iniciativas como Podemos podrían ayudar a dar sentido al ‘No Pagamos’ que la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda lleva años explicando. Otros ejemplos como el de la PAH enseñan que los diques culturales impuestos desde arriba se pueden romper, generando una gran cohesión social alrededor de nuevas causas. Esto se podría hacer otorgando centralidad a las auditorías ciudadanas, centrando los esfuerzos en explicar que se deben establecer mecanismos para detectar deudas fraudulentas e ilegítimas, y que éstos tendrán una misión democrática parecida a otros mecanismos democráticos que se van a establecer. La ciudadanía podría entender fácilmente que esta iniciativa es de sentido común. Poco a poco se deberían añadir otros elementos al debate, como el control de los flujos financieros o la soberanía monetaria. El tiempo juega a favor de Podemos en esta temática. Si estos mecanismos soberanos no se establecen ahora, posiblemente no se haga nunca".
por Sergi Cutillas
05/11/2014
eldiario.es
De entrada, la resolución de Podemos afirma que conviene huir del discurso de ‘no querer pagar la deuda’. La cuestión de la deuda, en realidad, se trata como una cuestión económica, que se intentará resolver facilitando la permanencia en el euro. Con esto, Podemos parece no querer enemistarse con las élites globales y dejar claro que no tomará medidas de forma unilateral si no se llega a acuerdos ¿Significa esto que seguiría pagando la deuda si se amenazara a España o se la chantajeara con dejarla fuera del euro, a pesar de los perjuicios sociales y políticos que implicaría el pago? Es difícil imaginar cómo se podría llevar a cabo una reestructuración beneficiosa. En casos como el de Grecia en 2011 y 2012 o el de los países africanos altamente endeudados en 2005, las quitas beneficiosas para los acreedores no lo fueron para los deudores. Las élites financieras, en realidad, han demostrado que sólo aplican quitas para hacer la deuda sostenible, evitando que haya un impago perjudicial para ellas.
Algo parecido sucede con el artículo 135 de la Constitución, modificado por el PP y el PSOE para priorizar el pago de la deuda y sus intereses. En marzo de 2014, Podemos proponía eliminar esta modificación que usurpa soberanía a la ciudadanía y se la entrega a unos pocos. En la actual resolución, este artículo ni siquiera se menciona. Con ello, se renuncia a hacer visible el déficit democrático que subyace al actual funcionamiento de las finanzas y que permite a las élites someter a la ciudadanía.
En realidad, las Auditorías Ciudadanas de la Deuda suponen un mecanismo soberano y democrático para supervisar y decidir sobre el sistema de endeudamiento público sin injerencias externas. La actual resolución de Podemos aboga por establecer auditorías ciudadanas como mecanismos de transparencia y difusión, pero no como instrumentos que expresen un mandato de la ciudadanía. En nuestra opinión, las auditorías sí deberían establecer un mandato que el gobierno debería aplicar. Los análisis salidos de un trabajo de auditoría que combine elementos técnicos con elementos de colaboración ciudadana en la investigación y la supervisión permitirían a la ciudadanía poder decidir que deudas son ilegítimas y no deben pagarse.
Por otra parte, la reestructuración de la deuda tampoco es suficiente para combatir el consenso de la libre circulación de capitales a nivel global. Ésta, en realidad, no cambiaría el modelo social ni permitiría asentar una recuperación económica sólida a no ser que se produzca un cambio profundo a nivel internacional. Tampoco garantizaría una posición más creíble frente a los poderes financieros. Si se compromete a pagar y a mantenerse en el euro, y si insiste en que el problema es simplemente económico y no de democracia, Podemos iría a las negociaciones habiendo mostrado demasiada moderación. Como nos muestra la historia, la esfera financiera no puede ser regulada mediante negociación. Las políticas financieras aplicadas en los años 30 del siglo pasado en EEUU, Europa y Japón, o casos recientes como el de Malasia, en 1997; Argentina, en 2002, e Islandia, en 2010, nos demuestran que la única manera de poner freno al sector financiero es reduciendo su tamaño y limitando su libertad de acción de forma drástica. Medidas de este tipo han sido aplicadas por la UE en Chipre en 2013 y son recomendadas por el mismo FMI en situaciones de crisis financieras. Éstas se llevan a cabo a través de mecanismos estatales. De ahí que sea erróneo técnicamente, como se decía antes, tratar la cuestión como una decisión que debe trascender al ámbito estatal.
Por último, plantear una reestructuración de la deuda sin introducir un precedente que asiente una nueva doctrina política respecto a las finanzas de los estados podría ser una gran oportunidad perdida. Los momentos en la historia en los que cambian los consensos sociales sobre políticas que han sido tachadas como radicales por las mismas élites, son aquellos en que existen situaciones de desesperación. En ellos, la credibilidad de quienes han sido críticos con el actual sistema va en aumento, mientras que la de los que han defendido el actual estado de las cosas se desmorona por sus agresiones, abusos y mentiras. Es en estos momentos, justamente, en los que se debe arriesgar. Y eso supone mostrar cómo ciertas medidas tachadas de peligrosas son en realidad esenciales para establecer una democracia real, que es a la que aspira Podemos.
Sabemos que vivimos en una cultura muy influenciada por el sentimiento de culpabilidad, en la que expresiones como ‘no pagar’ o ‘no trabajar’ provocan una reacción negativa. Sin embargo, iniciativas como Podemos podrían ayudar a dar sentido al ‘No Pagamos’ que la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda lleva años explicando. Otros ejemplos como el de la PAH enseñan que los diques culturales impuestos desde arriba se pueden romper, generando una gran cohesión social alrededor de nuevas causas. Esto se podría hacer otorgando centralidad a las auditorías ciudadanas, centrando los esfuerzos en explicar que se deben establecer mecanismos para detectar deudas fraudulentas e ilegítimas, y que éstos tendrán una misión democrática parecida a otros mecanismos democráticos que se van a establecer. La ciudadanía podría entender fácilmente que esta iniciativa es de sentido común. Poco a poco se deberían añadir otros elementos al debate, como el control de los flujos financieros o la soberanía monetaria. El tiempo juega a favor de Podemos en esta temática. Si estos mecanismos soberanos no se establecen ahora, posiblemente no se haga nunca".
por Sergi Cutillas
05/11/2014
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