Un potente ejército formado por una ingente acumulación de capital e información, comandado por corporaciones no gubernamentales y agrupaciones de interés transnacional, hace tiempo que inició una guerra para
uniformar los usos políticos, económicos, culturales y de consumo en todo el planeta.
Es evidente que la están ganando. Para ello no han dudado en usar todo tipo de estrategias. Han sometido a las naciones poniendo a su servicio a los partidos políticos que las gobiernan y a los que tienen posibilidad de hacerlo.
Aquí, sin ir más lejos, la última convención municipalista del Partido Popular intentó vender como grandes éxitos, tanto la reducción del déficit municipal, como la aprobación de una ley que recorta la capacidad de prestación de servicios locales. Ya sólo se habla de dinero, de cifras, y de reformas que ponen los servicios a la ciudadanía a los pies de los caballos de la privatización.
De política ni palabra. En esta guerra el ciudadano no es sino un daño colateral más que puede ser inmolado en aras a la victoria final.
El triunfo del pensamiento único parece inevitable, pero aún es posible intentar tímidos contraataques a través del resquicio que ofrece la política municipal. Las administraciones locales, y más específicamente los ayuntamientos, tienen en sus manos un instrumento de primer orden, el principio constitucional de autonomía local, que les faculta para poner en práctica formas de gobierno y de relación con los administrados radicalmente distintas a las que propugnan los abanderados del uniformismo político.
Es de suponer que conforme nos acerquemos al inicio de la campaña electoral escucharemos de todo. Como nos tienen acostumbrados, van a intentar convertir las elecciones en un yo o el caos en el que se intentará dar más importancia a los líderes y a los números que a los ciudadanos y su bienestar. Como siempre,
oiremos promesas de las que nadie se acordará apenas cerradas las urnas y menos quienes las hacen.
Por si acaso a alguien se le ocurre ir un poco más allá, ahí van cuatro aspectos de la política municipal que merecerían especial atención de quienes pretendan gobernar los ayuntamientos en el próximo periodo.
Un urbanismo al servicio de los intereses generales
Se hace necesario
pasar página y dejar atrás las políticas urbanísticas hasta ahora imperantes. La funesta creación de la figura del urbanizador privado, ha resultado especialmente dañina para el desarrollo urbanístico en general, y para muchos ayuntamientos en particular. A la larga se ha demostrado que poner en manos privadas el planeamiento, ha degenerado en políticas urbanísticas ajenas al bien común. El desarrollo urbanístico en manos privadas se ha dirigido a satisfacer intereses espurios y ha sido la fuente de la que ha manado todo tipo de corruptelas, sin que aquí importe el tamaño del municipio o las siglas gobernantes.
Hay que recuperar la concepción de un urbanismo al servicio de los intereses generales y del sostenimiento del entorno. Para ello es necesario que los ayuntamientos
renuncien a los sistemas de gestión privada del planeamiento y opten por tramitar las actuaciones que se emprendan, porque así lo demande el interés municipal, con sus propios medios. Como máximo, y allí donde no pudiese hacerse así por insuficiencia de instrumentos materiales y humanos, debería optarse por un sistema de gestión mixta, en el que se conserve en todo momento la capacidad de decisión en las diferentes fases del desarrollo.
Ayuntamientos participativos
La administración local cuenta con una ventaja decisiva a la hora de establecer sistemas innovadores de participación y transparencia: su tamaño. Al tener como campo de actuación un número limitado de ciudadanos, se hace menos compleja la implantación de políticas de participación que generalicen iniciativas ya puestas en práctica en algún municipio, (presupuestos participativos, participación ciudadana en plenos y comisiones informativas etc.), o que exploren nuevas vías de cogestión ciudadana.
Podemos imaginar órganos mixtos que gestionen las políticas culturales, deportivas, de juventud y, en general, todas aquellas que cuenten con colectivos vertebrados a través de asociaciones, clubes y otras formas de participación colectiva.
Allí donde existan medios de comunicación de titularidad municipal, podrían existir consejos rectores que garanticen, tanto la participación de los colectivos con presencia activa en el territorio, como la difusión de la libre opinión personal de todos aquellos que deseen manifestarla por tales medios.
Pero también deberían ensayarse vías de corresponsabilización ciudadana en la gestión de determinados servicios como la limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes, recogida de resíduos, ecoparques, etc. Allí donde sean favorables las condiciones geográficas (por existir núcleos separados de población, barrios definidos, etc), o las subjetivas (por la presencia de grupos sociales vertebrados a través de asociaciones o grupos vecinales, etc.), se trataría de que fuesen los mismos vecinos, bajo la supervisión municipal, los que llevaran a cabo una parte de las tareas de mantenimiento mencionadas, a partir de una adecuada dotación de medios materiales y una asignación económica proporcionada.
Igualmente, el tamaño reducido de las administraciones locales, favorece la puesta en marcha de
políticas de transparencia tanto en lo que respecta a la información interna que se ponga a disposición de la ciudadanía (gastos, sueldos, contratos, etc.), como a la respuesta individual de solicitudes de información, que no debe tener más límite que la reserva legal de secreto respecto de algún tipo de datos especialmente sensibles. Ni que decir tiene que las tecnologías de la información facilitan enormemente estas cuestiones, y que en el fondo no se trataría más que desarrollar al máximo la obligación legal de contar con sedes electrónicas para que, además de ser un medio de información y gestión administrativa, sirvan de instrumento a través del cual encauzar la participación ciudadana en la política local mediante la recepción de propuestas, iniciativas, quejas o sugerencias.
La local, una administración de servicios
La esencia de los ayuntamientos, su razón de ser, es
la prestación de servicios a sus vecinos. La administración local juega un papel esencial a la hora de “cambiar” impuestos por servicios. La cercanía existente entre los ciudadanos y sus munícipes, hace que la exigencia de servicios abundantes y de calidad sea más intensa. Por eso es especialmente sangrante el intento de cercenar, con la excusa de control del déficit, esa capacidad prestadora con la introducción en el mundo local de las figuras de las “competencias impropias” y “duplicidad en la prestación” que pretende imponer la última reforma de la Ley local.
Sin dejar de reconocer que los años del exceso han endeudado en demasía a determinados ayuntamientos, también hay que recordar que el déficit municipal es un mínima parte del estatal (en los últimos ejercicios se habla ya de superávit), por lo que de poco valen los argumentos Que se ponga freno a la capacidad prestadora de los entes locales. Por otra parte, si los ayuntamientos prestan servicios que no le son originalmente propios (por poner dos ejemplos la educación infantil no obligatoria, o los servicios sociales), lo hacen porque las administraciones obligadas a ello, o no los prestan en el municipio, o lo hacen de manera muy deficiente.
Dado que el que los ayuntamientos dejen de prestar estos servicios, no implica necesariamente que lo hagan otras administraciones, el resultado de esta “batalla competencial” será una derrota en toda regla de los vecinos.
Los ayuntamientos deben seguir ofreciendo a sus vecinos todos aquellos servicios que demande su población y que no presten las administraciones central o autonómica, le sean propios o no. Una norma legal no debe anteponerse al deseo de bienestar ciudadano y si un ayuntamiento está en disposición de ofertar un servicio, debe hacerlo aunque la legislación lo señale como impropio. Es indudable que la capacidad económica es un límite, pero si es necesario se habrá de acudir a la financiación, a la reordenación del gasto, o a formas mixtas de prestación en las que se conserve el poder de decisión.
En este aspecto, se hace necesario evitar por todos los medios la privatización de servicios. Esta fórmula, tan atractiva para muchos, no implica más que sustraer del interés público la gestión de determinados servicios en los que pasa a primar el interés privado del prestador. No faltan ejemplos de que, a la larga, las privatizaciones cuestan dinero, y no poco, a la administración local.
Hay actualmente un terreno que está especialmente necesitado de abono en forma de servicios: el de la población excluida o en riesgo de exclusión por haber sido expulsada del sistema laboral o social. En esta faceta toda intervención municipal en forma de asistencia, promoción o integración es poca. Faltaría al compromiso que contrae con su vecindad, la corporación que, excusándose en pretextos legales, dejase de actuar allí donde es más necesario, si dejase desamparados a sus vecinos más necesitados, por lo que las políticas locales de prestación y promoción deben incidir especialmente en este sector de población, independientemente de quien ostente en cada caso la competencia.
La hacienda local necesaria
No debe quedar nadie que no reconozca que el principio constitucional de “suficiencia de las haciendas locales” es a día de hoy una broma pesada.
No hay corporación local que cuente con ingresos suficientes, no ya para prestar servicios impropios, sino para afrontar con eficiencia y eficacia los propios.
Desgraciadamente el margen de actuación en la materia es tremendamente angosto. El respeto al principio de igualdad, ha puesto en manos de la administración central el poder de regular todo aquello que respecta a las haciendas locales. Y cuando se pretende igualar, la experiencia dicta que se deja la imaginación a un lado y se establece el rasero por el punto más bajo.
Queda fuera de toda posibilidad que los ayuntamientos puedan implantar medidas para mejorar sus ingresos que no estén previamente autorizadas por alguna norma estatal. La fuente de financiación tiene un caudal tan escaso que aparte de la (exigua) participación en los presupuestos estatales y los ingresos tributarios propios (heridos de muerte por centrarse exclusivamente en el uso del suelo), sólo queda como medio de financiación la cesión del patrimonio municipal para usos particulares. Hasta que el sistema se modifique, las nuevas corporaciones deberán llevar a cabo una reordenación del gasto en el que, a partir de un análisis que determine la incidencia social de los servicios prestados, y las necesidades vecinales, se eliminen todos aquellos gastos superfluos o que no beneficien directamente a la población, especialmente la más necesitada. Esto podría llevar al cese en la oferta de determinados servicios o actividades, para destinar los fondos a ellas destinados, a financiar otros más necesarios como los de asistencia.
Es necesario diseñar de nuevo todo el sistema financiero municipal. La aprobación de una nueva ley de haciendas locales que ponga en manos de los ayuntamientos los instrumentos financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones, está permanentemente aparcada en el congreso. Todo esfuerzo que desde los ayuntamientos se dedique a este objetivo, será poco.
Es evidente que
los actuales ayuntamientos no son los de antaño, pero en la laboriosa construcción de un estado democrático como la que estamos viviendo, la asignatura pendiente es el diseño de poderes locales autónomos, participativos, cercanos a su tierra, y que no sean correas de transmisión de las políticas de los grandes partidos a nivel estatal.
Tenemos una nueva oportunidad de aprobar en la convocatoria de mayo. Debemos aprovecharla que cada vez nos quedan menos.
por RAMÓN SORIANO CEBRIÁN
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