Podemos afirmar que en el estado español se ha prohibido el derecho a opinar, siempre que sea una opinión crítica con el régimen.
"Hace poco alertábamos sobre la escalada represiva que el régimen está llevando a cabo contra la libertad de expresión, estirándo como un chicle el artículo 578 del código penal, ese al que llaman “delito de enaltecimiento del terrorismo”.
La detención, bautizada como “operación araña”, el pasado 28 de abril por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de 21 personas por simplemente opinar en las redes sociales abre una puerta a la total persecución de la libre expresión de ideas en público.
En los últimos días, además, se ha puesto de manifiesto que esta escalada represiva contra cualquier opinión distinta a la del gobierno es la nueva línea a seguir por el régimen, tanto desde la Audiencia Nacional como desde el resto del aparato judicial.
La condena al twittero L.J.M. a pagar 300 euros de multa, las costas del juicio y 1.000 euros de indemnización a la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, por llamarla “puta” en un comentario de twitter, constituye un absurdo, pero lo realmente grave es que la fiscalía pedía 4 años de prisión por este hecho. Es una muestra más de cómo el derecho a la libertad de expresión se está reduciendo hasta límites insospechados y de cómo los poderosos usan su privilegiada posición para amedrentrar e inculcar el terror a cualquiera que ose llevarles la contraria.
Otro ataque más a la libre opinión y expresión ha sido la reciente denuncia por parte de la policía municipal de Iruña a un grupo de personas que parodió una procesión en la pasada semana santa. A estas personas se les acusa de un “delito contra la libertad religiosa”.
Cómo comentábamos recientemente, las condenas por delitos de opinión se están haciendo habituales, como muestran las sentencias contra la twittera @albacorazonnegro (1 año de prisión), Pablo Hasel (2 años de prisión), los Bastoners Solidaris (1 año de prisión) o a Fernando Sota, el Tafallés que ingresó el pasado domingo en prisión por una condena de un año por haber puesto las fotos de dos presos políticos de su pueblo. Este último caso ha causado un gran revuelo ya que lo habitual cuando hay condenas no superiores a 2 años es dejar la condena en suspenso.
Ahora a todo esto hay que sumarle las razzias policiales como la del pasado 28 de abril.
En los últimos tiempos estamos viendo como cualquier ciudadano, simplemente por protestar en la calle, es susceptible de ser apaleado impunemente, o detenido semanas después en una nueva razzia policial, e incluso de ingresar directamente en prisión, como en el caso de Miguel e Isma, detenidos por el 22M. Tras imponer el terror contra el que se atreva a protestar en la calle, el siguiente paso está siendo imponer el terror contra el que se atreva a opinar publicamente, siempre que sea una opinión contraria a la del régimen.
La inclusión en esta operación de personas como Aitor Cuervo, un poeta antifascista con cierta relevancia, o de Aitor Martínez Ibarrola, que escribe en el medio digital popular Topatu.info, pone de manifiesto la posibilidad de que los comentarios en las redes sociales puedan usarse como una burda excusa para perseguir y reprimir a activistas sociales, a gente relevante del mundo de la cultura o a periodistas incómodos para el poder.
Las noticias difundidas por los mass-media, en las que dicen que se investiga otros 200 perfiles más de las redes sociales, nos alertan sobre la clara posibilidad de que las siguientes detenciones sean así: detenciones políticas en las que lo que se persigue son las ideas y el compromiso con ellas, pero poniendo la excusa de que “el detenido afirmó una vez en su cuenta de facebook que 'esta boca es mía' ”.
En definitiva, en el estado español el artículo 20 de la constitución, el que garantiza el derecho a la libertad de expresión, ha sido derogado de facto. Hemos retrocedido años atrás en el tiempo, a los años de la censura, el tijeretazo y la inquisición. Podemos afirmar que en el estado español se ha prohibido el derecho a opinar, siempre que sea una opinión crítica con el régimen".
lahaine.org
10/5/2014
"Hace poco alertábamos sobre la escalada represiva que el régimen está llevando a cabo contra la libertad de expresión, estirándo como un chicle el artículo 578 del código penal, ese al que llaman “delito de enaltecimiento del terrorismo”.
La detención, bautizada como “operación araña”, el pasado 28 de abril por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de 21 personas por simplemente opinar en las redes sociales abre una puerta a la total persecución de la libre expresión de ideas en público.
En los últimos días, además, se ha puesto de manifiesto que esta escalada represiva contra cualquier opinión distinta a la del gobierno es la nueva línea a seguir por el régimen, tanto desde la Audiencia Nacional como desde el resto del aparato judicial.
La condena al twittero L.J.M. a pagar 300 euros de multa, las costas del juicio y 1.000 euros de indemnización a la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, por llamarla “puta” en un comentario de twitter, constituye un absurdo, pero lo realmente grave es que la fiscalía pedía 4 años de prisión por este hecho. Es una muestra más de cómo el derecho a la libertad de expresión se está reduciendo hasta límites insospechados y de cómo los poderosos usan su privilegiada posición para amedrentrar e inculcar el terror a cualquiera que ose llevarles la contraria.
Otro ataque más a la libre opinión y expresión ha sido la reciente denuncia por parte de la policía municipal de Iruña a un grupo de personas que parodió una procesión en la pasada semana santa. A estas personas se les acusa de un “delito contra la libertad religiosa”.
Cómo comentábamos recientemente, las condenas por delitos de opinión se están haciendo habituales, como muestran las sentencias contra la twittera @albacorazonnegro (1 año de prisión), Pablo Hasel (2 años de prisión), los Bastoners Solidaris (1 año de prisión) o a Fernando Sota, el Tafallés que ingresó el pasado domingo en prisión por una condena de un año por haber puesto las fotos de dos presos políticos de su pueblo. Este último caso ha causado un gran revuelo ya que lo habitual cuando hay condenas no superiores a 2 años es dejar la condena en suspenso.
Ahora a todo esto hay que sumarle las razzias policiales como la del pasado 28 de abril.
En los últimos tiempos estamos viendo como cualquier ciudadano, simplemente por protestar en la calle, es susceptible de ser apaleado impunemente, o detenido semanas después en una nueva razzia policial, e incluso de ingresar directamente en prisión, como en el caso de Miguel e Isma, detenidos por el 22M. Tras imponer el terror contra el que se atreva a protestar en la calle, el siguiente paso está siendo imponer el terror contra el que se atreva a opinar publicamente, siempre que sea una opinión contraria a la del régimen.
La inclusión en esta operación de personas como Aitor Cuervo, un poeta antifascista con cierta relevancia, o de Aitor Martínez Ibarrola, que escribe en el medio digital popular Topatu.info, pone de manifiesto la posibilidad de que los comentarios en las redes sociales puedan usarse como una burda excusa para perseguir y reprimir a activistas sociales, a gente relevante del mundo de la cultura o a periodistas incómodos para el poder.
Las noticias difundidas por los mass-media, en las que dicen que se investiga otros 200 perfiles más de las redes sociales, nos alertan sobre la clara posibilidad de que las siguientes detenciones sean así: detenciones políticas en las que lo que se persigue son las ideas y el compromiso con ellas, pero poniendo la excusa de que “el detenido afirmó una vez en su cuenta de facebook que 'esta boca es mía' ”.
En definitiva, en el estado español el artículo 20 de la constitución, el que garantiza el derecho a la libertad de expresión, ha sido derogado de facto. Hemos retrocedido años atrás en el tiempo, a los años de la censura, el tijeretazo y la inquisición. Podemos afirmar que en el estado español se ha prohibido el derecho a opinar, siempre que sea una opinión crítica con el régimen".
lahaine.org
10/5/2014
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