Uno de los tópicos que más recurrentemente se escuchan cuando se habla de política municipal es que en este ámbito las grandes líneas ideológicas y programáticas son irrelevantes, puesto que se trataría de ejercer el gobierno local desde la perspectiva de la “gestión” como elemento característico de actuación.
No es sólo que eso haya sido siempre falso, sino que desde la perspectiva actual de cambio de ciclo político, las candidaturas ciudadanas de unidad popular que concurrimos a las elecciones municipales de este mes tenemos muy claro que el acceso a los ayuntamientos debe hacerse desde la intención de introducir reformas institucionales y políticas de profundo calado que pongan a las administraciones locales al servicio de los intereses de la mayoría social.
Si analizamos el ciclo político que nos ha traído a la actual situación de deterioro democrático y de las condiciones de vida de las clases populares podemos fácilmente comprobar que los municipios han sido instituciones clave en el secuestro de los bienes comunes, su expolio y su puesta a disposición de las élites económicas y financieras.
Esto en A Coruña lo sabemos bien. Durante décadas sucesivos gobiernos del PSOE primero y del PP después han puesto lo común al servicio de unas élites económicas que se han sentido tan a gusto con los primeros como con los segundos. Tanto el uso privativo del territorio como la utilización de las cajas de ahorros para el enriquecimiento —en muchos casos corrupto— de unos pocos son paradigmáticas en este sentido.
Amparados en las distintas leyes del suelo estatales y autonómicas se han diseñado desarrollos urbanísticos que han expulsado a vecinos de sus lugares de vida y socialización, se han llevado por delante núcleos de población tradicionales y los han sustituido por barrios desconectados de la trama urbana y en los que sólo muy lentamente es posible tejer comunidad. Todo eso aderezado por un proceso de gentrificación acelerado en el centro de la ciudad y de 20.000 viviendas vacías al tiempo que se prevén 25.000 nuevas, pasto previsible de la especulación.
Todo esto no habría sido posible si aquellas instituciones financieras que debían estar al servicio del bien común no hubiesen servido como catalizador de inversiones especulativas que han utilizado el territorio de la ciudad y el acceso a la vivienda para extraer rentas de las clases populares en un proceso claro de redistribución inversa.
Naturalmente si hablamos ahora de nueva política y queremos trascender el márquetin electoral debemos dotar de contenidos programáticos claros nuestras propuestas. Estos deben ir, a mi juicio, por tres vías que pueden incidir directamente en la gestión municipal: el radicalismo democrático, el establecimiento de prioridades claras y la creación de un modelo inclusivo de ciudad. Las dos primeras líneas pueden llevarse a cabo en el corto plazo. La tercera implica una visión y un desarrollo de políticas con la vista puesta en el horizonte.
Si queremos realmente recuperar los Ayuntamientos debemos proponer un método de gobierno responsable, democrático y transparente. El contraste con la situación actual es nuevamente definitorio: programas electorales sistemáticamente incumplidos, el mandato representativo como excusa para dar la espalda a las demandas ciudadanas, que no se interrumpen durante cuatro años, y la opacidad como estrategia previa para la corrupción sistémica. Debemos, pues, proponer formas de gobierno y gestión participativa.
Los Consejos Sociales deben servir para, junto con el tejido asociativo y los actores sociales de cada ciudad, diseñar líneas políticas generales y crear foros de discusión de las políticas sectoriales (seguridad, movilidad, protección social, etc). Por otro lado, en una ciudad como A Coruña, la puesta en marcha de las juntas de distrito y la capacidad de decisión descentralizada en los barrios, aplicando métodos participativos y de cogestión. En tercer lugar, fórmulas de diseño de los presupuestos y de los planeamientos urbanísticos participativos, donde esta participación se entienda como capacidad de iniciativa de la ciudadanía y no como reacción frente a lo propuesto por la institución.
Ayuntamiento y ciudad gobernando juntos. Esto no supone, ni mucho menos, abdicar de las responsabilidades de quienes hayan sido elegidos, ni presentarse a las elecciones sin un programa de gobierno, sino entender el ejercicio del cargo de una manera colaborativa, no dirigista.
La responsabilidad debe implicar rendición de cuentas. Es necesario utilizar los mecanismos participativos para explicar las decisiones que se han tomado y ofrecer evaluaciones de las mismas. También establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos, de modo que quienes no cumplan puedan ser censurados o, incluso, revocados.
Por último, transparencia en la gestión. Toda la información debe ser pública y accesible a la ciudadanía. Sólo así, poniendo una lupa encima de los representantes, los vecinos y vecinas podrán controlar las actuaciones realizadas y asegurarse que la actuación de aquéllos es honesta.
La segunda línea tiene que ver con las prioridades. Ciertamente, y ya se ha dicho en este debate, las reformas legislativas han limitado las capacidades de los municipios. Esto no significa que no se puedan hacer cosas. En nuestra ciudad hemos visto cómo se suprimían o privatizaban servicios básicos para la ciudadanía mientras se encontraba dinero para obras faraónicas de escasa utilidad social.
Para llenar el bolsillo de los de siempre acaban apareciendo fondos. Revertir este modo de actuar está en nuestras manos. Debemos priorizar los servicios públicos de calidad, apostando por la remunicipalización de los mismos, y su gestión desde puntos de vista no mercantilizados, el gasto social y la lucha contra el desempleo.
La tercera línea tiene más que ver con el modelo de sociedad que queremos, y esto implica pensar a largo plazo. Primero, a través del planeamiento urbanístico y la regeneración de los espacios en la ciudad. Debemos crear las condiciones para evitar operaciones especulativas y de gentrificación, y procurar barrios cohesionados territorial y socialmente. Además, hay que apostar también por las economías locales, dejando de poner infraestructuras al servicio de grandes áreas comerciales en las periferias, y apoyar las iniciativas que surgen desde abajo.
La función del Ayuntamiento en este caso debe ser poner la tierra y regar la semilla. La planta ya existe, están en todas esas propuestas que surgen en la propia ciudad, de economía social, de colaboración, de emprendimiento cultural, ético, etc. El gobierno de la ciudad simplemente debe apostar por la inteligencia colectiva que ya existe y poner las condiciones para que se desarrolle.
No creo que podamos esperar de estas elecciones municipales que sean el pistoletazo de salida inmediato a un proceso constituyente. Sí creo, sin embargo, que pueden servir para recuperar la esperanza e impulsar eso que llamamos "nuevo ciclo político". Un ciclo político que debe servirnos para sentar las bases de una sociedad más justa, movida por valores diferentes de la pura y simple mercantilización de nuestras condiciones de vida, y con respeto a la diversidad cultural y territorial. En eso andamos, en A Coruña y en otros muchos lugares.
Por Xulio Ferreiro
Candidato da Marea Atlántica á alcaldía da Coruña
07/05/2015
Fuente
No es sólo que eso haya sido siempre falso, sino que desde la perspectiva actual de cambio de ciclo político, las candidaturas ciudadanas de unidad popular que concurrimos a las elecciones municipales de este mes tenemos muy claro que el acceso a los ayuntamientos debe hacerse desde la intención de introducir reformas institucionales y políticas de profundo calado que pongan a las administraciones locales al servicio de los intereses de la mayoría social.
Si analizamos el ciclo político que nos ha traído a la actual situación de deterioro democrático y de las condiciones de vida de las clases populares podemos fácilmente comprobar que los municipios han sido instituciones clave en el secuestro de los bienes comunes, su expolio y su puesta a disposición de las élites económicas y financieras.
Esto en A Coruña lo sabemos bien. Durante décadas sucesivos gobiernos del PSOE primero y del PP después han puesto lo común al servicio de unas élites económicas que se han sentido tan a gusto con los primeros como con los segundos. Tanto el uso privativo del territorio como la utilización de las cajas de ahorros para el enriquecimiento —en muchos casos corrupto— de unos pocos son paradigmáticas en este sentido.
Amparados en las distintas leyes del suelo estatales y autonómicas se han diseñado desarrollos urbanísticos que han expulsado a vecinos de sus lugares de vida y socialización, se han llevado por delante núcleos de población tradicionales y los han sustituido por barrios desconectados de la trama urbana y en los que sólo muy lentamente es posible tejer comunidad. Todo eso aderezado por un proceso de gentrificación acelerado en el centro de la ciudad y de 20.000 viviendas vacías al tiempo que se prevén 25.000 nuevas, pasto previsible de la especulación.
Todo esto no habría sido posible si aquellas instituciones financieras que debían estar al servicio del bien común no hubiesen servido como catalizador de inversiones especulativas que han utilizado el territorio de la ciudad y el acceso a la vivienda para extraer rentas de las clases populares en un proceso claro de redistribución inversa.
Naturalmente si hablamos ahora de nueva política y queremos trascender el márquetin electoral debemos dotar de contenidos programáticos claros nuestras propuestas. Estos deben ir, a mi juicio, por tres vías que pueden incidir directamente en la gestión municipal: el radicalismo democrático, el establecimiento de prioridades claras y la creación de un modelo inclusivo de ciudad. Las dos primeras líneas pueden llevarse a cabo en el corto plazo. La tercera implica una visión y un desarrollo de políticas con la vista puesta en el horizonte.
Si queremos realmente recuperar los Ayuntamientos debemos proponer un método de gobierno responsable, democrático y transparente. El contraste con la situación actual es nuevamente definitorio: programas electorales sistemáticamente incumplidos, el mandato representativo como excusa para dar la espalda a las demandas ciudadanas, que no se interrumpen durante cuatro años, y la opacidad como estrategia previa para la corrupción sistémica. Debemos, pues, proponer formas de gobierno y gestión participativa.
Los Consejos Sociales deben servir para, junto con el tejido asociativo y los actores sociales de cada ciudad, diseñar líneas políticas generales y crear foros de discusión de las políticas sectoriales (seguridad, movilidad, protección social, etc). Por otro lado, en una ciudad como A Coruña, la puesta en marcha de las juntas de distrito y la capacidad de decisión descentralizada en los barrios, aplicando métodos participativos y de cogestión. En tercer lugar, fórmulas de diseño de los presupuestos y de los planeamientos urbanísticos participativos, donde esta participación se entienda como capacidad de iniciativa de la ciudadanía y no como reacción frente a lo propuesto por la institución.
Ayuntamiento y ciudad gobernando juntos. Esto no supone, ni mucho menos, abdicar de las responsabilidades de quienes hayan sido elegidos, ni presentarse a las elecciones sin un programa de gobierno, sino entender el ejercicio del cargo de una manera colaborativa, no dirigista.
La responsabilidad debe implicar rendición de cuentas. Es necesario utilizar los mecanismos participativos para explicar las decisiones que se han tomado y ofrecer evaluaciones de las mismas. También establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos, de modo que quienes no cumplan puedan ser censurados o, incluso, revocados.
Por último, transparencia en la gestión. Toda la información debe ser pública y accesible a la ciudadanía. Sólo así, poniendo una lupa encima de los representantes, los vecinos y vecinas podrán controlar las actuaciones realizadas y asegurarse que la actuación de aquéllos es honesta.
La segunda línea tiene que ver con las prioridades. Ciertamente, y ya se ha dicho en este debate, las reformas legislativas han limitado las capacidades de los municipios. Esto no significa que no se puedan hacer cosas. En nuestra ciudad hemos visto cómo se suprimían o privatizaban servicios básicos para la ciudadanía mientras se encontraba dinero para obras faraónicas de escasa utilidad social.
Para llenar el bolsillo de los de siempre acaban apareciendo fondos. Revertir este modo de actuar está en nuestras manos. Debemos priorizar los servicios públicos de calidad, apostando por la remunicipalización de los mismos, y su gestión desde puntos de vista no mercantilizados, el gasto social y la lucha contra el desempleo.
La tercera línea tiene más que ver con el modelo de sociedad que queremos, y esto implica pensar a largo plazo. Primero, a través del planeamiento urbanístico y la regeneración de los espacios en la ciudad. Debemos crear las condiciones para evitar operaciones especulativas y de gentrificación, y procurar barrios cohesionados territorial y socialmente. Además, hay que apostar también por las economías locales, dejando de poner infraestructuras al servicio de grandes áreas comerciales en las periferias, y apoyar las iniciativas que surgen desde abajo.
La función del Ayuntamiento en este caso debe ser poner la tierra y regar la semilla. La planta ya existe, están en todas esas propuestas que surgen en la propia ciudad, de economía social, de colaboración, de emprendimiento cultural, ético, etc. El gobierno de la ciudad simplemente debe apostar por la inteligencia colectiva que ya existe y poner las condiciones para que se desarrolle.
No creo que podamos esperar de estas elecciones municipales que sean el pistoletazo de salida inmediato a un proceso constituyente. Sí creo, sin embargo, que pueden servir para recuperar la esperanza e impulsar eso que llamamos "nuevo ciclo político". Un ciclo político que debe servirnos para sentar las bases de una sociedad más justa, movida por valores diferentes de la pura y simple mercantilización de nuestras condiciones de vida, y con respeto a la diversidad cultural y territorial. En eso andamos, en A Coruña y en otros muchos lugares.
Por Xulio Ferreiro
Candidato da Marea Atlántica á alcaldía da Coruña
07/05/2015
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