Decía Pi i Margall que cuando las libertades de los catalanes perecieron frente a las tropas borbónicas en 1714 también perecieron las libertades de los españoles. En aquellos tiempos fue así. En los tiempos actuales, salvando las diferencias, que son muchas, las libertades de los españoles también se juegan en Catalunya frente a las fuerzas borbónicas, hoy encarnadas en el bipartidismo.
El Régimen del 78 implosiona delante de nuestra mirada, ahogado en la corrupción y en la demofobia. Nadie de ese entramado va a conceder de forma gratuita el derecho a decidir ni de los catalanes ni de los ciudadanos españoles en general. El derecho a decidir sobre el autogobierno, el propio cuerpo, la economía, la forma de estado, las libertades o la educación, es el derecho fundamental sobre el que se asienta la democracia. Es una obviedad decirlo. Aunque la maquinaria herrumbrosa del 78 siga trabajando para convencer a la ciudadanía de lo contrario. O sea, que quien tiene la prerrogativa de decidir sobre nuestras vidas, siempre sin consultar, es el partido cleptómano, que ganó las elecciones con un programa de bandera falsa, para saquearnos.
Lo que hoy, 9-N, se juega en Catalunya son las libertades. Este no es el referéndum de autodeterminación que han pedido el 96 por ciento de los ayuntamientos catalanes, la totalidad de los colegios profesionales, la mayoría de los sindicatos y la mayoría del Parlament (las encuestas dicen que hay también una mayoría del 80 por ciento de los ciudadanos, pero no sabemos con certeza el porcentaje porque no les dejan pronunciarse). Esta no es una consulta con las garantías necesarias para decidir sobre la autodeterminación y en esto hay unanimidad en Catalunya. De modo que no se podrán extraer grandes conclusiones de las urnas, si las hay, pero sí de la movilización de los ciudadanos. Lo que piden los catalanes este domingo no es la independencia; piden la libertad de poder expresar su opinión en un referéndum futuro y con garantías. Piden libertad y eso es lo que se les niega, situando el conflicto en un horizonte político absolutamente contingente.
Es normal que nuestra catastrófica derecha, concentrada en el recorte de salarios, derechos y libertades, confronte directamente con el derecho a decidir. Es un poco menos explicable que lo haga el PSOE, que sí defendía este derecho durante la Transición, como todos los partidos genuinamente antifranquistas, pero del que ha abdicado hace mucho tiempo. El PSC, que ya se ha roto por este motivo, navega por un mar repleto de contradicciones y de dudas. Quien no tiene dudas es la presidenta Susana Díaz, que proclama que el derecho a decidir de los catalanes “es una trampa”, olvidando aquellas palabras de Abraham Lincoln que decían que “hay momentos en la vida de todo político en los que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios”
La presidenta andaluza ha decidido ejercer de verso suelto en su partido. Niega que Catalunya sea una nación, lo que levanta un gran cabreo entre los socialistas catalanes –que pierden votos cada vez que ella habla– u opta por apoyar el segundo recurso de Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra la consulta del 9-N, lo que pone de los nervios a sus colegas de Madrid, que han decidido no hacerlo. La presidenta se ha convertido en el icono socialista del nacionalismo español, cuyo homo predecesor hay que buscarlo en la Extremadura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra o en las profundidades de la Castilla de José Bono.
Hay una gran perturbación en los cielos del Régimen del 78 y un enorme ruido alrededor del proceso catalán. Catalunya es una grieta para el bipartidismo, pero también su única oportunidad para salvar el pellejo. Eso explica que el Gobierno haya renunciado a buscar una solución democrática al conflicto. Mantenerlo encendido, con ese punto irritante de desprecio hacia los ciudadanos catalanes, tiene ventajas políticas. La fundamental es la electoral.
“La unidad de España”, amenazada por los separatistas, que antes eran etarras pero ahora son catalanes, será el banderín de enganche del PP para las elecciones. Es su mejor posibilidad de esquivar el castigo tras haber saqueado al país y empobrecido a los ciudadanos. Sobre la unidad de España no hay que rendir cuentas a los electores como hay que hacerlo con la economía, los derechos sociales o la corrupción. Es el estandarte perfecto para comparecer ante ese casi 70 por ciento de personas que califican de mala o muy mala la gestión que está haciendo el Gobierno, según la última encuesta del CIS.
Por razones similares, a Susana Díaz le viene bien la misma bandera en Andalucía. Con un PP en caída libre y los complacientes socios de IU resignados a ser cabeza de ratón por los siglos de los siglos, las elecciones se le planteaban como un paseo militar. Solo una amenaza: la corrupción rampante y obscena que asola al socialismo andaluz, pero que ya se ha demostrado insuficiente para cambiar el signo de las urnas. Y en esto llegó Podemos, cuyos círculos están creciendo como las setas en la comunidad. Y con Podemos llega la amenaza a la hegemonía del PSOE en Andalucía.
Más le vale a la presidenta hablar de Catalunya, porque si habla de Andalucía, de “esta tierra de oportunidades” como ella la llama, también tendrá que hablar del millón largo de parados registrados, explicar por qué es aquí es donde más ha crecido la pobreza (uno de cada cuatro andaluces está afectado por “la pobreza humana” y el 40 por ciento está en el umbral de caer en ella), convencer de que solo el Gobierno de Madrid es el culpable de que aquí tengamos medio millón de hogares en los que nadie trabaja y seiscientas mil personas sin cobertura social. Mientras, la Junta sigue recortando. Así que es mejor hablar de Catalunya.
Derecho a decidir es hoy la expresión totémica de la libertad para esa marea social que se está levantando en Catalunya y en España contra el decrépito Régimen del 78. Es imparable, aunque el bipartidismo todavía aspira a conjurar con reformas menores la posibilidad de entrar en un proceso rupturista y constituyente para que todo quede en un espejismo. Otra vez.
Por Bonifacio Cañibano
9 NOV 2014
Fuente
El Régimen del 78 implosiona delante de nuestra mirada, ahogado en la corrupción y en la demofobia. Nadie de ese entramado va a conceder de forma gratuita el derecho a decidir ni de los catalanes ni de los ciudadanos españoles en general. El derecho a decidir sobre el autogobierno, el propio cuerpo, la economía, la forma de estado, las libertades o la educación, es el derecho fundamental sobre el que se asienta la democracia. Es una obviedad decirlo. Aunque la maquinaria herrumbrosa del 78 siga trabajando para convencer a la ciudadanía de lo contrario. O sea, que quien tiene la prerrogativa de decidir sobre nuestras vidas, siempre sin consultar, es el partido cleptómano, que ganó las elecciones con un programa de bandera falsa, para saquearnos.
Lo que hoy, 9-N, se juega en Catalunya son las libertades. Este no es el referéndum de autodeterminación que han pedido el 96 por ciento de los ayuntamientos catalanes, la totalidad de los colegios profesionales, la mayoría de los sindicatos y la mayoría del Parlament (las encuestas dicen que hay también una mayoría del 80 por ciento de los ciudadanos, pero no sabemos con certeza el porcentaje porque no les dejan pronunciarse). Esta no es una consulta con las garantías necesarias para decidir sobre la autodeterminación y en esto hay unanimidad en Catalunya. De modo que no se podrán extraer grandes conclusiones de las urnas, si las hay, pero sí de la movilización de los ciudadanos. Lo que piden los catalanes este domingo no es la independencia; piden la libertad de poder expresar su opinión en un referéndum futuro y con garantías. Piden libertad y eso es lo que se les niega, situando el conflicto en un horizonte político absolutamente contingente.
Es normal que nuestra catastrófica derecha, concentrada en el recorte de salarios, derechos y libertades, confronte directamente con el derecho a decidir. Es un poco menos explicable que lo haga el PSOE, que sí defendía este derecho durante la Transición, como todos los partidos genuinamente antifranquistas, pero del que ha abdicado hace mucho tiempo. El PSC, que ya se ha roto por este motivo, navega por un mar repleto de contradicciones y de dudas. Quien no tiene dudas es la presidenta Susana Díaz, que proclama que el derecho a decidir de los catalanes “es una trampa”, olvidando aquellas palabras de Abraham Lincoln que decían que “hay momentos en la vida de todo político en los que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios”
La presidenta andaluza ha decidido ejercer de verso suelto en su partido. Niega que Catalunya sea una nación, lo que levanta un gran cabreo entre los socialistas catalanes –que pierden votos cada vez que ella habla– u opta por apoyar el segundo recurso de Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra la consulta del 9-N, lo que pone de los nervios a sus colegas de Madrid, que han decidido no hacerlo. La presidenta se ha convertido en el icono socialista del nacionalismo español, cuyo homo predecesor hay que buscarlo en la Extremadura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra o en las profundidades de la Castilla de José Bono.
Hay una gran perturbación en los cielos del Régimen del 78 y un enorme ruido alrededor del proceso catalán. Catalunya es una grieta para el bipartidismo, pero también su única oportunidad para salvar el pellejo. Eso explica que el Gobierno haya renunciado a buscar una solución democrática al conflicto. Mantenerlo encendido, con ese punto irritante de desprecio hacia los ciudadanos catalanes, tiene ventajas políticas. La fundamental es la electoral.
“La unidad de España”, amenazada por los separatistas, que antes eran etarras pero ahora son catalanes, será el banderín de enganche del PP para las elecciones. Es su mejor posibilidad de esquivar el castigo tras haber saqueado al país y empobrecido a los ciudadanos. Sobre la unidad de España no hay que rendir cuentas a los electores como hay que hacerlo con la economía, los derechos sociales o la corrupción. Es el estandarte perfecto para comparecer ante ese casi 70 por ciento de personas que califican de mala o muy mala la gestión que está haciendo el Gobierno, según la última encuesta del CIS.
Por razones similares, a Susana Díaz le viene bien la misma bandera en Andalucía. Con un PP en caída libre y los complacientes socios de IU resignados a ser cabeza de ratón por los siglos de los siglos, las elecciones se le planteaban como un paseo militar. Solo una amenaza: la corrupción rampante y obscena que asola al socialismo andaluz, pero que ya se ha demostrado insuficiente para cambiar el signo de las urnas. Y en esto llegó Podemos, cuyos círculos están creciendo como las setas en la comunidad. Y con Podemos llega la amenaza a la hegemonía del PSOE en Andalucía.
Más le vale a la presidenta hablar de Catalunya, porque si habla de Andalucía, de “esta tierra de oportunidades” como ella la llama, también tendrá que hablar del millón largo de parados registrados, explicar por qué es aquí es donde más ha crecido la pobreza (uno de cada cuatro andaluces está afectado por “la pobreza humana” y el 40 por ciento está en el umbral de caer en ella), convencer de que solo el Gobierno de Madrid es el culpable de que aquí tengamos medio millón de hogares en los que nadie trabaja y seiscientas mil personas sin cobertura social. Mientras, la Junta sigue recortando. Así que es mejor hablar de Catalunya.
Derecho a decidir es hoy la expresión totémica de la libertad para esa marea social que se está levantando en Catalunya y en España contra el decrépito Régimen del 78. Es imparable, aunque el bipartidismo todavía aspira a conjurar con reformas menores la posibilidad de entrar en un proceso rupturista y constituyente para que todo quede en un espejismo. Otra vez.
Por Bonifacio Cañibano
9 NOV 2014
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