Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza). Reforma del Código Penal. Ley de Propiedad Intelectual (Tasa Google). Pacto Anti-Yihadista. Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley Torquemada). Éstas son las últimas medidas represivas adoptadas por el Gobierno del PP en el Estado español, varias de las cuales entrarán en vigor el próximo 1 de Julio en todo el estado.
Este incremento de la represión no es más que la respuesta preventiva de los gestores del capitalismo, en un momento de su desarrollo en el que los países occidentales, en su competencia con las nuevas potencias emergentes, se verán obligados a seguir suprimiendo derechos y recortando salarios. Un proceso que provocará la agudización de las contradicciones y de la lucha de clases.
Las medidas represivas persiguen eliminar cualquier atisbo de protesta social, reprimiendo toda forma de organización autónoma, popular y auténticamente crítica con el sistema.No son una mera expresión de la política ultraconservadora del Partido Popular sino que, respondiendo a la situación crítica en la que éste se encuentra, serían también reproducidas por el PSOE o por cualquier otro partido que tenga como objetivo la preservación del actual orden social.
Para lograr su objetivo el Estado dispone de sus distintos aparatos represivos: Los diferentes cuerpos policiales, el aparato judicial; que en ningún caso protegen los intereses de los más débiles, sino todo lo contrario. Cuenta también con los medios de comunicación de masas, cuya función es legitimar la explotación y tratar de evitar la subversión en el seno de de las clases populares.
Pero algunos medios de comunicación y las personas que trabajamos en ellos nos encontramos también en el punto de mira de esta persecución.
Casos como el de los periodistas Jaime Alekos, Alicia Armesto, Raul Capin, Adolfo Lujan, Pitu, Iraitz Salegi, Boro – enjuiciados por ejercer su labor informativa- o el ataque de los Mossos a la redacción de la Directa, por citar algunos ejemplos, son una muestra de la brutal insistencia con la que el sistema intenta silenciarnos para, de esa manera, invisibilizar las protestas y las luchas de los movimientos sociales, haciendo caso omiso a la libertad de expresión recogida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La ofensiva desatada en contra de la libre opinión expresada a través de Internet, donde ha podido desarrollarse una información independiente de los intereses de la banca y los grandes consorcios económicos, constituye otra expresión más de este mismo fenómeno.
El régimen no dudará en censurarnos, en cerrar nuestros medios, multarnos o encarcelarnos.
Es por eso que diferentes medios de comunicación del estado hemos visto la necesidad de aunar fuerzas contra un enemigo común, que va más allá del gobierno de turno, comunicando y denunciando todos los abusos y arbitrariedades.
Pero sabemos que no basta con la simple denuncia, si detrás de ésta no hay una fuerte organización popular que dispute el poder a las clases dominantes.
Es por eso que hacemos un llamamiento a los diferentes medios de comunicación alternativos y a los movimientos sociales a trabajar conjuntamente contra la represión y a movilizarse contra estas legislaciones de excepción.
En ello nos va no solo la libertad para pensar y la posibilidad de transmitir nuestras ideas, sino también la preservación de las escasas libertades formales que aún no han sido suprimidas.
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