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El informe del Comité de la Verdad sobre la Deuda Griega, cuyo resumen ejecutivo ha publicado en el Estado español la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en exclusiva, concluye que la deuda soberana en Grecia es insostenible y proporciona evidencias de casos de deudas ilegales, ilegítimas y odiosas.
Foto del eurodiputado Miguel Urbán de la conferencia en la que se ha presentado la auditoría de la deuda griega.
Tras varios meses de trabajo, el Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia, ha hecho público los resultados del proceso de auditoría. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que ha participado del proceso a través del economista Sergi Cutillas, ha publicado en exclusiva en el Estado español el resumen ejecutivo del informe de auditoría.
Dicho resumen está ya disponible en el blog que la PACD ha creado para dar seguimiento a los acontecimientos que se desarrollan en el país heleno a raíz de las negociaciones con sus acreedores.
Dicho informe concluye que la deuda soberana en Grecia, a fecha de junio de 2015, es insostenible a causa de las condicionalidades de los programas de rescate. El informe, que analiza el proceso de acumulación de deuda desde los años 1980, así como el impacto de los programas impuestos en Grecia por parte de la Troika, concluye que existen evidencias de casos de deudas ilegales, ilegítimas y odiosas. Se establecen también las bases legales para el repudio y la suspensión de la deuda soberana griega, opción que la Comisión de la Verdad recomienda al gobierno griego.
El comité de la verdad sobre la deuda soberana en Grecia fue establecido por la presidenta del Parlamento griego, Zoi Konstantopoulou, en abril de 2015, y ha contado con la participación de expertos griegos e internacionales. Entre ellos dos participantes españoles, Sergi Cutillas (miembro de la PACD e investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización) y Daniel Albarracín (miembro de Podemos). El Comité ha presentado este jueves sus resultados junto al primer ministro griego, Alexis Tsipras.
Los trabajos del Comité de la Verdad y las conclusiones del proceso de auditoría se tornan especialmente relevantes dadas las diferencias entre el gobierno griego y sus acreedores en el proceso de negociación sobre el desembolso del siguiente tramo del rescate de la UE.
Desde la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) muestran su apoyo al derecho del pueblo griego a decidir de forma soberana qué hacer con la deuda insostenible, ilegal, ilegítima y odiosa. El vídeo de apoyo elaborado y difundido por la PACD ha obtenido más de 45.000 visitas desde su lanzamiento el lunes.
Los días 1 y 2 de julio la PACD organizará actos de apoyo al pueblo griego en Barcelona y Madrid respectivamente, en los que participarán, entre otros, Zoi Konstantopoulou, la Presidenta del Parlamento griego, Diego Borja, ministro de finanzas de Ecuador en el momento de la reestructuración de la deuda soberana en aquél país en 2008, y Daniel Munevar, asesor del ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis.
En Silicon Valley está surgiendo una nueva élite de ingenieros y pensadores que no solo quiere decidir lo que consumimos, sino también cómo vivimos. Pretenden cambiar el mundo y no piensan aceptar las reglas tradicionales. ¿Debemos pararles?
De izquierda a derecha: Sebastian Thrun (Google), Travis Kalanick (Uber), Ray Kurzweil (Google), Sergey Brin (Google), Marissa Mayer (Yahoo), Peter Thiel (Pay Pal -Thiel), Tim Cook (Apple), Joe Gebbia (Airbnb).
A juzgar por todo lo que se oye de él, Travis Kalanick, fundador y jefe de Uber, parece un cabrón. Insulta públicamente a sus competidores y se ríe de sus clientes en Twitter. A los políticos los considera unos incompetentes. Kalanick da a entender que a él le resulta tan fácil llevarse a las mujeres a la cama como a otros llamar a un taxi. A las protestas de sus conductores por las malas retribuciones responde vaticinando que, de todos modos, en el futuro serán sustituidos por ordenadores.
A Uber le han bastado cinco años para extenderse desde San Francisco a más de 50 países, pese a las resistencias (en España su servicio está suspendido). Es un producto excelente. En la mayor parte del mundo, no solo es más barato, sino mejor que cualquier taxi. En el fondo, podría dar igual cómo fuera el jefe, pero en este caso la cosa no es tan sencilla, ya que la empresa es un reflejo de su fundador: agresiva, desaprensiva y exageradamente ambiciosa. Cuando la ciudad de Portland (EE UU) prohibió Uber porque incumplía la legislación, a Kalanick le dio igual y siguió adelante con sus planes. El jefe de la autoridad del transporte de la ciudad no daba crédito: “Se creen que pueden presentarse aquí e infringir la ley. Es increíble. Por lo visto, se creen Dios”. La oposición es similar en muchas otras ciudades en las que Uber hace caso omiso de las decisiones de los tribunales. Pero para Kalanick todo esto no son más que refriegas en una guerra de conquista mucho mayor: convertirse en un gigante de la movilidad que transporte personas y mercancías, a cualquier lugar, simplemente pulsando una tecla y a precios económicos.
Uber no es la única empresa en busca de la conquista planetaria. Así es como piensan todas: Google y Facebook, Apple y Airbnb, los demás gigantes digitales y miles de empresas pequeñas que siguen su ejemplo. Su meta es el mundo entero. Tienen la vista puesta en objetivos muy realistas. Todo esto es posible gracias a la combinación de dos elementos con un impacto sin precedentes en la historia de la economía: globalización y digitalización.
El progreso tecnológico ha sido vertiginoso. Lo que está en marcha es una transformación social de la que, al final, nadie podrá sustraerse; una revolución comparable con la industrialización del siglo XIX, solo que ahora todo sucede mucho más deprisa. El nuevo gobierno mundial tiene su cuartel general en Silicon Valley. Son fundadores y directivos de empresas como Serguey Brin, de Google, Tim Cook, de Apple, y Mark Zuckerberg, de Facebook, y arribistas como Travis Kalanick, de Uber, y Joe Gebbia, de Airbnb. También inversores de capital riesgo que van repartiendo millones, además de innumerables programadores, genios de la informática e ingenieros.
Entre los nuevos amos del universo y sus predecesores de Wall Street hay una diferencia fundamental: para los primeros, lo más importante no es el dinero. No les basta con el poder que da la riqueza. No quieren dictar simplemente lo que consumimos, sino también cómo vivimos. No quieren conquistar un solo sector, sino todos. No se dirigen hacia el futuro con paso vacilante, sino que son ideólogos con una agenda bien clara. La religión de los señores de Wall Street era el dinero. La fe de los nuevos dirigentes va mucho más allá. La impulsa una idea. Es la fe en una misión.
Los visionarios de Silicon Valley pretenden sanar a la humanidad. Creen en un futuro mejor gracias a la tecnología del mismo modo que un hinduista convencido cree en la reencarnación. Están convencidos de que trabajan por el bien de la humanidad. Pero no les gusta que la gente se entrometa. Aborrecen la política y consideran que la regulación no solo es un obstáculo, sino un anacronismo. Si ese nuevo mundo maravilloso se ve interceptado por valores sociales tales como la esfera privada o la protección de datos, es que hacen falta valores nuevos. Encuentran las raíces de su tarea de traer la felicidad a la humanidad en la contracultura de los años sesenta que ya influyó a Steve Jobs. Su visión del mundo se guía por ideas libertarias en la tradición de pensadores radicales como Noam Chomsky, Ayn Rand y Friedrick Hayek.
¿Debemos lanzarnos contra estos nuevos conquistadores del mundo? Hay algo más: el de Silicon Valley es un mundo masculino. La directivas como Marissa Mayer, presidenta de Yahoo, son la excepción; algunas empresas emergentes no contratan a mujeres, a las emprendedoras les cuesta mucho más conseguir inversores. ¿Pueden las visiones globales ser unilaterales?
Algo es seguro. En los próximos años se producirá un debate mundial acerca de cómo regular el universo digital. Quien desee contribuir a diseñar ese futuro debería conocer a fondo Silicon Valley y a sus líderes.
En consecuencia, su consejo más importante para los que están creando empresas es que busquen un mercado que puedan dominar, construyan un monopolio e intenten conservarlo tanto tiempo como sea posible. En esta visión del mundo, la política es el gran enemigo, ya que es un obstáculo al desarrollo. Thrun considera probado que “las reglas se dictan para consolidar las estructuras existentes. Nosotros intentamos eludirlas”.
Extracto del artículo Por THOMAS SCHULZ 17 MAY 2015
Según el último informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, el 91% de las empresas del Ibex (32 de 35) cuenta con filiales en paraísos fiscales.
Para conocer cómo es la fiscalidad de las compañías multinacionales españolas, lo mejor es contar con datos significativos de la situación real.
El primero de los datos es el que aporta el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, que cada año viene publicando un extenso informe sobre la política de RSC de las compañías que cotizan en Bolsa en el exclusivo grupo del Ibex-35. Concretamente, según el último informe –publicado recientemente, en relación con las cuentas de 2013– el 91% de las empresas del Ibex (32 de 35) cuenta con filiales en paraísos fiscales. Estos datos constatan que estas corporaciones tan poderosas recurren, cada año, a maniobras sofisticadas para eludir el pago de impuestos.
Aunque es difícil saber qué cantidades eluden al fisco, se trata de una verdadera sangría para las arcas del Estado español teniendo en cuenta los resultados financieros de estas corporaciones, un aspecto que duele más en estos tiempos en los que todavía persiste la crisis del desempleo, una desigualdad que sigue creciendo y unos servicios sociales que no se han recuperado –y todavía tardarán– del tijeretazo sufrido durante la etapa de austeridad.
De hecho, esta falta de transparencia se debe al poco interés que tienen estas compañías en informar sobre su política y pago de impuestos. Solo dos empresas (5,7%) del Ibex publican de forma transparente los impuestos pagados en cada uno de los países en los que opera, las mismas que dan cuenta de su estrategia y política fiscal. Respecto a la información de exenciones y créditos fiscales que reciben, apenas tres compañías (el 8,6%) son transparentes.
Para luchar contra esta estrategia fiscal tan agresiva que permite las ‘vacaciones’ fiscales a las multinacionales, los Técnicos de Hacienda creemos que la medida más realista y eficaz sería aprobar un tipo mínimo incondicional para el Impuesto de Sociedades, por debajo del cual no se podrían hacer rebajas.
Otra cuestión es la necesidad de armonizar la normativa europea del Impuesto sobre Sociedades para evitar que queden sin tributar los beneficios que no se reflejan en la contabilidad de las filiales en los países donde operan, sino que se trasladan hacia países de conveniencia y de estos a paraísos fiscales.
Por estos motivos, mientras no se llega a un acuerdo comunitario para implantar una base imponible común y un tipo impositivo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, lo recomendable es que se articule la equiparación del tipo impositivo efectivo entre multinacionales y pymes, lo que supondría triplicar la contribución fiscal de las mayores compañías del país.
Por Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) 07 de Junio de 2015 Fuente
"26 nuevos mártires españoles asesinados por el odio a la fe en 1936" son beatificados
El 18 de julio de 1936 no se levantó contra la II República en España solamente una parte del Ejército. Entre las fuerzas que acompañaron a éste en su insurrección subversiva contra un régimen avalado por las urnas se encontraba una especialmente poderosa, por la influencia ideológica y movilizadora que ejercía sobre importantes sectores de la población española: la Iglesia católica. Posiblemente, sin el apoyo de esta institución religiosa la Guerra Civil no se habría producido, ni tampoco los 40 años de Dictadura que le siguieron.
La entrega en cuerpo y alma que la Iglesia hizo a la causa de los militares insurrectos y de las clases poderosas españolas impregnó la rebelión de un carácter sagrado y religioso. Como si de una yihad se tratara, la jerarquía santificó la muerte de los combatientes, abriéndoles con ello de par en par las puertas de los cielos.
En su histérico compromiso con los sublevados, la jerarquía eclesiástica nominó a la Guerra Civil como una "Cruzada". La calificación no es en absoluto trivial. Esta denominación otorgó al enfrentamiento civil una envergadura que revela la solidez del compromiso político adquirido por la Iglesia católica en aquella coyuntura histórica. El término significa nada menos que "guerra santa", y tiene su origen en el llamamiento realizado en el año 1095, en Clermont (Francia), por el Papa Urbano II para formar un ejército cristiano que expulsara a los musulmanes de la Tierra Santa.
LAS COMPENSACIONES A LA IGLESIA POR SU "GUERRA SANTA"
Como pago a ese gesto criminal, la Iglesia recibió grandes compensaciones no sólo económicas sino también "espirituales" e ideológicas. A partir de entonces el peso plúmbeo de los principios de moral católica cayó sobre el conjunto de la sociedad española. Las leyes de la dictadura encontraron su fuente única de inspiración en los principios de la religión católica.
Los sacerdotes se integraban en el Ejército de Franco como curas castrenses con altos rangos militares. Las monjas se hicieron cargo de la atención hospitalaria, ostentando el cargo de 'jefas de las enfermeras'.
Aparte de la misión controladora que muchos párrocos asumieron sobre barrios enteros de las ciudades y pueblos del Estado español, ejercieron también el papel de informadores puntuales de las autoridades militares y civiles del nuevo Estado totalitario. La expedición desde las parroquias de certificados de buena conducta, imprescindibles para conseguir trabajo o ejercer determinadas funciones, convirtió a los titulares de estas en una suerte de gaulieters, de indispensable referencia para toda la ciudadanía.
Pero el auténtico yacimiento de rentas ideológicas y económicas las obtuvo la Iglesia Católica del control absoluto y en régimen de monopolio de la educación. Las órdenes religiosas entraron a saco en el negocio de la educación y la edición de libros de texto. Esta ilegítima apropiación no sólo fue económica, sino sobre todo ideológica. A través de estos instrumentos, la Iglesia logró imponer un nuevo "sentido común" sobre la conciencia de millones de españoles, que terminó apoderándose del conjunto de la sociedad. El cumplimiento con el deber dominical, la provisión de los pecados de la carne, el temor de Dios, el peso de las condenas el infierno, etc., llegó a formar parte del pensamiento cotidiano de la mayoría de los españoles. La Iglesia Católica y sus principios llegaron a convertirse en la moral colectiva.
Sobre el compromiso directo adquirido por la Iglesia Católica en 1936, a favor de uno de los contendientes en la Guerra civil, la jerarquía católica se ha negado reiteradamente a pedir perdón a la sociedad española. Tampoco lo hizo por su colaboración continuada con el franquismo durante las cuatro décadas que siguieron al enfrentamiento fratricida.
BEATIFICACIONES A CARGO DEL "PAPA PROGRE"
A setenta años de aquellos acontecimientos, su voz tampoco se ha escuchado a la hora de reclamar la recuperación de los restos de miles y miles de ciudadanos que se encuentran en las cunetas de todos los senderos y grutas del Estado español.
Sus muertos, es decir, la de los miles de “cruzados” que murieron como consecuencia de aquella "guerra santa", no solo han sido sujetos de veneración, homenajes y compensaciones económicas durante la interminable dictadura franquista, sino que, aun hoy, siguen siendo objeto de beatificaciones y santificaciones.
La aprobación por parte del Papa Francisco I el pasado fin de semana de una resolución de beatificación de 26 "nuevos mártires asesinados por el odio a la fe en 1936", según reza el decreto firmado por el Sumo Pontífice, confirma la línea que la jerarquía española ha venido manteniendo durante estos últimos 70 años.
Esta determinación papal debe ser interpretada como un reconocimiento de que la división entre vencedores y vencidos continúa sin perder ni un solo ápice de vigencia. Ratifica, además, que las demandas por parte de la jerarquía española actual de que "olvidemos el pasado" es una pura farsa hipócrita. La memoria que ellos quieren ver borrada de la faz de la historia de este país es la de los vencidos, porque tienen plana conciencia de que la recuperación de su recuerdo los pondría de nuevo frente al juicio de la historia.
Como casi siempre que la idea es genial, el mecanismo es fácil de entender. Todos los lenguajes informáticos se basan en el sí o el no, el encendido o el apagado, el 1 y 0. Por eso se llaman binarios. Cada dato está lleno de combinaciones de estos dos elementos, no hay más. Bien, pues ¿por qué no decirle a nuestro PC, tablet o móvil que cuando vea la luz encendida considere que ha recibido un 1 y que cuando note que está apagada, apunte un 0? Así de sencilla es la tecnología lifi (un juego de palabras con wifi, pero utilizando el inicio de la palabra “light”, que significa luz en inglés).
Esto es algo que a la ciencia se le ocurrió hace décadas (se llama Visual Light Communication) pero es ahora cuando Harald Haas, catedrátrico de Comunicaciones Móviles en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Edimburgo, va a revolucionar la velocidad de conexión con su empresa Pure Lifi, que ya fabrica y vende los elementos básicos para una instalación de lifi en oficinas a un precio bastante asequible. “Por ahora, nuestros productos (Li-1st y Li-Flame) no son para hogares sino instalaciones para muchos usuarios a la vez en oficinas. Pero cuando vaya creciendo el mercado y nuestros chips [para incluir en las bombillas y dispositivos] se extiendan, instalar este sistema en una casa de unos 100 metros cuadrados y unas siete estancias (incluidos baños, cocina…) costará entre 200 y 500 euros”, cuenta Haas a TLife desde Escocia.
El profesor ha sido el primero en demostrar, en 2011, cómo una simple bombilla casera en un flexo es capaz de transmitirle a su PC datos suficientes como para hacer correr un vídeo de alta definición; o sea, muchos, muchos datos. Visto en números, los logros de Haas son aún más palpables: tu conexión a internet, cuando pasa del cable al aire (wifi), es capaz de ofrecerte unos 40 megabits por segundo (Mbps); con una bombilla con tecnología lifi, Haas ha llegado a alcanzar 500 Mbps (es 12 veces más rápida).
¿QUÉ HACE FALTA?
Para que esto sea posible, el ingeniero ha perfeccionado los dos elementos clave que hacen falta: el modulador que logra que una simple bombilla LED se encienda y se apague a grandes velocidades (tan, tan rápido que el ojo humano ni lo percibe), y el sensor de luz (fotodiodo) que recoge y traduce cada uno de esos destellos. Es decir, en cuanto tus bombillas estén conectadas a las órdenes de tu conexión ADSL mediante unos pequeños accesorios (en el futuro lo traerán incorporado) y tus gadgets tengan instalado el fotodiodo, el mundo será otro.
Pero, ¿qué pasa si hacemos sombra entre la bombilla que nos sirve de fuente de wifi (lifi) y nuestro dispositivo?, le preguntamos: “Ése es uno de los errores de concepto que mucha gente tiene”, responde. Todas las bombillas (siempre hay más de una en una habitación) están emitiendo datos y un algoritmo se ocupa de distribuir el trabajo pero “la tecnología lifi también está pensada para aprovechar la luz que se refleja en los objetos y en las paredes“, añade. O sea, no solo funciona por luz directa.
WIFI GRATIS EN LA CALLE
Dado que las bombillas están por doquier, esta conexión de altísima velocidad podría servirse desde las propias farolas de la calle (siempre que tengan bombillas LED, más capaces de encenderse y apagarse rápidamente). Es algo por lo que “ya han mostrado interés ciudades como Edimburgo (Reino Unido), el consorcio Bristol is Open, y el gobierno local de Wolfsburgo (Alemania)”, nos cuenta Haas. Y deja caer que “estamos dispuestos a cualquier propuesta de cualquier otra institución del mundo”.
Un modelo basado en sueldos bajos y contratos precarios, la vía española para recuperar la actividad económica. La disminución del paro en 477.900 personas en 2014, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), ha sido uno de los arietes elegidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para golpear las puertas del ciudadano medio y anunciar en un spot –inmediatamente convertido en película de terror en Youtube– que la crisis ya había pasado. El anuncio de que el PIB había crecido por primera vez desde 2008, concretamente un 1,4%, parecía cuadrar muy bien con la idea fuerza del Gobierno en el inicio de este año electoral: los “esfuerzos” están dando resultados para salir de la crisis, todo volverá a ser como antes. Para Juan Torres López, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, hay indicios de recuperación de la actividad económica, pero no tarda en aclarar que de ella sólo se favorecerá a “una parte minúscula” de la población. “La mejoría de estos indicadores no llevan consigo una transformación de las condiciones productivas y de bienestar, más bien todo lo contrario”, dice a Diagonal este asesor económico de Podemos.
Una idea compartida por Miren Etxezarreta, economista y profesora de la Universidad de Barcelona. Es innegable, explica a este periódico, que “la economía empieza a crecer, que los precios no suben, que el consumo remonta un poco, pero los salarios han bajado, el trabajo es cada vez más precario, las horas trabajadas disminuyen, que es el indicador que realmente importa para saber si el paro aumenta o disminuye”. Esta integrante del Seminario de Economía Crítica Taifa contrapone la pérdida del 2% del poder adquisitivo de los salarios desde 2007 con el aumento del 1,6% en los sueldos de los altos directivos para explicar por qué se recupera la actividad económica pero no las condiciones de vida de la mayoría de la población: “A las empresas les va mejor precisamente porque los salarios son más bajos, porque los contratos son más precarios. Es el secreto del ‘milagro español’”. El secreto del ‘milagro español’ Una persona ocupada, según los criterios de la EPA, es aquella que ha trabajado al menos una hora en la última semana a cambio de dinero o de pago en especies. José Antonio González Espada, abogado del Colectivo Ronda, señala que esta definición lleva a contar sólo el número de contratos firmados, sin importar que “una buena parte sean precarios, incluso contratos ridículos por tres o cuatro horas”. Aunque en los nuevos empleos creados en 2014, los contratos indefinidos siguen siendo mayoritarios frente a los temporales, la tendencia hacia la precarización persiste: tras las sucesivas reformas laborales “ahora con un contrato indefinido es facilísimo despedir a la gente”, señala Etxezarreta. En el tercer trimestre de 2014, el coste por indemnizaciones se redujo nada menos que el 19,6% con respecto al año anterior, según el INE.
La precarización también se evidencia en la reducción continuada de contratos a jornada completa, aunque en 2014 hayan sido predominantes: en 2007, antes de que comenzara la crisis, el porcentaje de personas que trabajaba a tiempo parcial era del 11,6%; en 2014, en plena “recuperación”, había trepado hasta el 16%. “Es cierto que se generan nuevos empleos, pero también es cierto que una parte mayoritaria de esos nuevos empleos no consiguen un mínimo de recursos para asegurar un sueldo digno”, escribía el economista Llorenç Pou Garcias en Nueva Tribuna. Trabajar, incluso tener múltiples trabajos, y aun así ser pobre. No es algo nuevo, reconoce a Diagonal González Espada, pero “ahora empieza a ser un fenómeno preocupante a nivel estadístico”. La encuesta de la EPA tampoco analiza en qué condiciones se trabaja ni con qué derechos. “La gente está firmando condiciones que hace siete años eran absolutamente inaceptables. La gente acepta cualquier cosa para meter dinero líquido en casa”, denuncia este abogado laboralista. Una tendencia agravada, agrega, por la pérdida de influencia de las reivindicaciones sindicales en las empresas, tanto por la alta rotación como por el destino mayoritario de los nuevos empleos, el sector servicios, donde la presencia sindical es mucho más débil.
Para este abogado laboralista, la situación es “consecuencia directa” de las reformas del mercado del trabajo de los últimos años. “La reforma laboral de 2012 ha tenido éxito, pero no para crear empleo, porque no era su objetivo real. Ha tenido éxito en sus objetivos no confesados: una bajada masiva de los salarios, la reducción drástica del coste del despido y dejar a los trabajadores indefensos”, dice González Espada en referencia a las libertades que otorga la reforma de 2012 a los empresarios para bajar los salarios si no hay acuerdo con los sindicatos para renovar el convenio colectivo. Lo más importante, invisible La segunda parte de la definición de la EPA –eso de trabajar “a cambio de dinero o pago en especies”– deja fuera, según la investigadora Amaia Pérez Orozco, a la mayoría de las horas trabajadas, en concreto aquellas que no son pagadas, pero que son indispensables “para poder sostener el conjunto social”. La caída del poder adquisitivo de los hogares –un descenso medio del 17%, pero del 43% para los hogares con menos recursos, según la Organización Internacional del Trabajo–, los recortes y el abandono de los servicios públicos han acentuado un proceso de sustitución por trabajo no remunerado de aquello que “antes proporcionaba el Estado”. “Si ya no hay clases de apoyo escolar, tendrás que hacer el apoyo escolar en casa –empieza a enumerar Amaia Pérez Orozco–. O si te traes al abuelo de la residencia, tendrás que dedicar mucho más tiempo a cuidarlo, o si lo ventilan antes del hospital tendrás que hacer tú el trabajo de cuidados. También hay mujeres a las que le compensa quedarse en casa, porque tienen una mierda de curro, en caso de tenerlo, y si la guardería cuesta un montón, por ejemplo, compensa directamente cuidar tú al niño”. Ante los recortes en dependencia y servicios sociales, decenas de miles de mujeres se han visto obligadas a dedicarse por completo a los cuidados, explica, y a experimentar “un retroceso en las posibilidades de vivir una vida autónoma”. La EPA no considera a estas mujeres población activa, y mucho menos desempleadas. Como tampoco considera población activa ni desempleada a aquellas personas que han desistido de buscar trabajo tras años de intentos frustrados –el “paro desanimado” le llaman– o que han tenido que abandonar el país por cuestiones económicas.
Para esta economista feminista, con la crisis no sólo han aumentado las horas de trabajo no pagado, sino que se han intensificado y han empeorado las condiciones en las que se realizan. “Por ejemplo, con la pobreza energética se degradan las condiciones en las que se hace el trabajo no pagado. Todo eso se lo deja fuera la EPA”, dice. Lo que sí vuelve a confirmar la Encuesta de Población Activa es que entre los nuevos empleos de 2014 los puestos ocupados por hombres son mayoritarios: 251.500 frente a 182.400. “Con la crisis está habiendo una marcha atrás en términos de niveles de vida para el conjunto de la población, pero en términos relativos las más perjudicadas son las mujeres”, apunta Pérez Orozco. No es la primera vez que circunstancias coyunturales, explica Miren Etxezarreta, se convierten al calor de grandes crisis en estructurales: “De la crisis de finales de los 70, se salió con dos millones de parados permanentes. ¿Tú crees que alguna vez se van a absorber los cinco millones de parados que hay ahora?”. Según afirmaba recientemente la OIT, el paro en España no bajará del 21% durante los próximos diez años. Igual de estructural puede convertirse, señala esta economista, un modelo de competitividad basado en los bajos salarios y contratos precarios. Para Etxezarreta estamos ante una “revolución conservadora”, que ha arrasado con décadas de luchas sociales. “Ha sido como una caída de un precipicio. La recuperación, en caso de que se produzca –dice Etxezarreta–, empieza desde ahí abajo, no desde donde estábamos antes”. Juan Torres López intenta dibujar un panorama que comparte España con el resto de los países del sur de Europa. Lo hace con una parábola: unos desconocidos entran en una casa y empiezan a llevarse los muebles. Si los habitantes de la casa no se resisten, cuenta, en poco tiempo la casa se queda vacía. “¿Cuántos muebles se van a llevar? –se pregunta–. Depende de la resistencia que sean capaces de llevar a cabo”.
La referencia a los cambios sociológicos de los últimos años y a la victoria de Syriza en Grecia se convierte en inevitable: “La gente ya ha empezando a darse cuenta de que se le están llevando los muebles de su casa y empieza a reaccionar. Y en un país, hay quien se ha puesto en la puerta y dice que ahí ya no pasa nadie. Pueden dar una patada en la puerta y romperles la cabeza. El resultado va a depender de ese pulso. Los problemas económicos no tienen una solución económica, son soluciones políticas, dependen de las fuerzas sociales y políticas, culturales e ideológicas que tengan los distintos grupos sociales”, concluye Torres. Por Martín Cúneo
España es, junto a Estados Unidos, el país “desarrollado” donde más ha crecido la desigualdad, un 90% en el caso español, detallaba el Informe Mundial sobre Salarios (2014/2015) de la OIT. El estudio, publicado en diciembre de 2014, también situaba a España en el club de países, junto con Grecia, Irlanda, Japón y Reino Unido, donde los salarios son ahora menores que en 2007. Unas cifras que se complementan en España con una brecha del 17% entre los salarios de hombres y mujeres. Sin embargo, señala la economista Amaia Pérez Orozco, esta cifra señala sólo una pequeña parte de las desigualdades económicas relacionadas con el género. A las desigualdades salariales –diferencia de dinero percibido por el mismo trabajo y cualificación– hay que sumar, explica, las desigualdades en la cantidad de tiempo trabajado, en el tipo de contrato, en las menores posibilidades de promoción profesional o del menor margen de trabajar horas extras pagadas teniendo que asumir al mismo tiempo la mayor parte del trabajo de cuidados.
Los otros indicadores de la crisis
Para Miren Etxezarreta, la interpretación de los valores macroeconómicos siempre está marcada por una cuestión de clase. “Dependiendo de qué indicadores tomes, te pueden dar una realidad o la otra y las dos pueden ser correctas”, dice. Etxezarreta pone las pensiones como ejemplo. Si se observan los valores que ofrece el Gobierno, los pensionistas no han perdido poder adquisitivo: las pensiones subieron en 2014 el 0,25% y los precios (medidos por el IPC) bajaron un 1%. Sin embargo, Miren Etxezarreta señala la trampa: “Si tomas los precios que importan más a los pensionistas, que en general tienen que gastar mucho en cosas fundamentales, te encuentras con que el agua, la luz, el gas, todo eso ha subido mucho, muy por encima del 0,25%”. Etxezarreta habla de otros indicadores que dan otra versión de la recuperación: los 28.500 sanitarios que se perdieron en dos años, el incremento del 17% en los desahucios de casas habitadas en 2014 o la cantidad total de horas trabajadas, que vuelve a caer este año.
Maquillaje en el inicio del año electoral
Empieza el año electoral y el Gobierno anuncia la salida de la crisis. Juan Torres López señala que no se trata de una casualidad: “En los periodos anteriores a unas elecciones se suelen registrar mejoría en los indicadores económicos porque los partidos en el Gobierno concentran incrementos de gastos y medidas de impulso de la actividad y eso está ocurriendo en la economía española”. Un fenómeno que se hace extensible a toda la UE ante “la evidencia del fracaso” de las políticas de ajuste y el auge de partidos contrarios a las políticas de la troika. La inyección de miles de millones de euros de liquidez en los mercados con la fórmula quantitative easing es una de ellas, aunque para Torres no resultará “definitiva ni resolutoria” ya que los altos niveles de endeudamiento llevarán a que gran parte de este dinero termine siendo utilizado para el pago de la deuda. La posibilidad de postergar la siguiente tanda de recortes en España –unos 20.000 millones de euros– para después de las elecciones son otra muestra de la “preocupación” de la UE.
600 €
es la media de descenso de los salarios entre 2010 y 2013, según UGT. Una cifra que ayuda a entender por qué el 30% de la población está en riesgo de pobreza.
2,7
son los millones parados de larga duración, un 7,1% menos que en 2013. Con la reducción del paro en 2014 de dos puntos porcentuales, el desempleo se sitúa en el 23,7%.
24,2%
es la tasa de trabajo temporal en 2014, cinco décimas superior a la tasa de 2013. En el último año, el empleo indefinido se ha incrementado en 212.800 personas y el temporal en 176.900.
El próximo 1 de junio, el Secretario de Estado Kerry firmará en Madrid junto a su colega español el protocolo para la enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE UU de 1988 que debe permitir la presencia permanente en la base de Morón de la Frontera de la Fuerza Especial de Reacción Rápida de los Marines (SP-MAGTF CR) para África.
Compuesta por 500 marines, 350 soldados de apoyo, 6 aviones de despegue vertical V-22 Osprey y 2 Hércules C-130, la unidad lleva operando de manera provisional en Morón desde abril de 2013, tras la autorización del Consejo de Ministros a la petición por carta del Secretario de Defensa Chuck Hagel al ministro Morenés. Apoyándose en el art. 22 del Convenio de Defensa, que prevé el carácter provisional de este tipo de despliegues, la única explicación oficial, por el momento es la que ofreció el secretario de estado Gonzalo de Benito ante la comisión de exteriores del Congreso el 19 de junio de 2013. A la pregunta de cuales iban a ser sus misiones, su respuesta no pudo ser más clarividente: "De manera que no va a haber un control de las operaciones, porque no corresponde ...pero va a haber una comunicación fluida que hay a diario …y se va a conocer que las operaciones se sujetarán como es lógico a la petición que se formuló".
Pero una extensión y dos años más tarde, el propio Convenio exige para su presencia definitiva una reforma, mediante -como ya viene siendo habitual- un protocolo anejo. Así lo solicitó el Presidente Obama durante la visita de Rajoy a Washington en enero de 2014, con una ampliación del 50% de los efectivos, hasta llegar a los 3.500 marines y unos 40 aviones y así se ha procedido a ello con la mayor discrección. Tanta, que el ministro de defensa Morenés todavía no ha comparecido para tratar del tema ante la mortecina (a juzgar por el número de sus reuniones) comisión de defensa del Congreso y la única mención que es posible encontrar en las abundantes páginas de Diario de Sesiones es un ambiguo punto 5 –que no menciona ni a Morón ni a la unidad de marines- en una proposición no de ley de 2015 del PP y del PSOE en relación con los objetivos de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Dos misiones tácticas
La Fuerza Especial de los Marines estacionada desde 2013 en Morón fue creada tras el ataque contra la embajada de EEUU en Bengazi, Libia, el 11 de septiembre de 2012. El ataque, perpetrado por milicias islamistas anti-Gadaffi como respuesta al video Innocence of Muslims, acabó con la vida del Embajador Stevens, un diplomático y dos agentes de la CIA. Más allá de los errores de inteligencia y diplomáticos, la unidad de apoyo exterior desplegada la noche del ataque en la base de Sigonella, en Sicilia, no llegó a actuar porque ya era demasiado tarde.
Dependiente del Cuartel General para África de Sttutgart (US AFRICOM), la unidad intervino en diciembre de 2013 en la evacuación del personal de la Embajada de EE UU en Juba, Sudán Sur, en un ejemplo de lo que el ministerio de defensa español había calificado con anterioridad de "misión humanitaria" y que evitó un desastre semejante al de Bengazi.
La doctrina táctica de la unidad pone un especial énfasis en el entrenamiento conjunto con tropas aliadas en la región del Mediterráneo y su apoyo logístico frente a los peligros de desestabilización política y terrorismo islamista en África del Norte. Francia cuenta con una unidad similar estacionada en el norte de Mauritania, además de su intervención militar en Mali.
Pero como se señalo en su día (ECD, 7/5/2013), la unidad de los marines de Morón, a 15 minutos de despliegue aéreo de la base naval de Rota, base permanente del escudo de defensa anti-misiles naval AEGIS para el Mediterráneo y de cuatro destructores con misiles SM-3 de EE UU, funcionaria en su caso como mecanismo defensivo de intervención inmediata.
La reforma permanente de los Acuerdos de Defensa de 1988
Como ya ocurrió en octubre de 2011, cuando un agónico gobierno Zapatero firmó la reforma del Convenio de Defensa con EE UU que suponía la transformación de Rota en la base del sistema de guerra naval y anti-misiles de EE UU en el Mediterráneo, de nuevo es un gobierno a pocos meses de unas elecciones generales, que muy probablemente perderá, el que vuelve a subordinar la defensa del Reino de España a los intereses estratégicos de EE UU. Muchos de los argumentos expuestos en SP en aquella ocasión vuelven a estar de plena actualidad. En especial la connivencia del PP y del PSOE, que será manifiesta cuando aprueben en el Congreso el nuevo anejo de enmienda al Acuerdo de 1988.
Una vez más, los bien intencionados argumentos sobre el número de puestos de trabajo que se crearán para la adecuación de la base de Morón de la Frontera chocan con la realidad de los continuos recortes de plantilla del personal civil de las bases de Rota y Morón y de las empresas subcontratistas privadas. Los 22 millones de euros de inversión previstos estarán sujetos a las condiciones de seguridad militares de EE UU, que descartarán prácticamente a las empresas españolas.
Pero lo fundamental es la erosión continua y sistemática de los elementos de soberanía recuperados en el Acuerdo de Defensa de 1988 como respuesta del gobierno de Felipe González a las condiciones para el ingreso de España en la Alianza Atlántica tras el referéndum de 1986. El famoso decálogo de seguridad incluía, además de la no integración en la estructura militar de la OTAN, la renegociación de los Acuerdos de la dictadura franquista con EE UU de 1953 y la reducción de las bases militares de la Guerra Fría de EE UU en España, transformadas Rota y Morón en bases de "utilización conjunta".
En el clima creado por los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington DC, el gobierno Aznar, en su segunda legislatura, forzó un cambio radical de la doctrina estratégica de defensa en la que se había apoyado la negociación del Acuerdo de Defensa de 1988 y propuso un nuevo protocolo en 2002. La orientación del mismo respondía a la integración de España en la estructura militar de la OTAN y a la Declaración Conjunta de 11 de enero de 2001: el "espíritu de las Azores" comprometía la seguridad del reino de España a las decisiones estratégicas unilaterales de EE UU, y culminaría en el apoyo a la guerra e invasión de Irak.
El intervalo que supuso la retirada de las tropas de Irak por el primer gobierno Zapatero no evitó que, tras la debacle política del giro neoliberal de mayo de 2010, en octubre de 2011 el gobierno Zapatero también hiciese un giro similar en defensa y seguridad con la autorización para la instalación del sistema AEGIS y el escudo antimisiles en Rota. Con esta nueva enmienda al Acuerdo de Defensa de 1988 en relación con la base de Morón su desnaturalización es casi total.
Al amparo de una interpretación del articulo 96 de la Constitución de 1978 que sería imposible de sostener en cualquier otro terreno de la administración del estado, se sigue hurtando a la soberanía popular la definición de los intereses estratégicos y defensivos del estado, llegando hasta el punto de que resulta imposible conocer el presupuesto de defensa por las continuas ampliaciones de lo asignado a ese capítulo en el Presupuesto general del estado. La defensa del estado se ha convertido en la indefensión de sus ciudadanos. Y no es de esperar que sean los marines de Morón los que vengan a rescatarnos.
Por Gustavo Búster, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso 31-05-2015
Un proyecto muestra la cara de las personas más influyentes del centro bancario de Europa.
El detonante que puso a trabajar a Daniel Mayrit fue un panfleto que la Policía de Londres dejó en su buzón. En ese pasquín aparecían las fotografías de varios jóvenes que habían tomado, supuestamente, parte en los disturbios de Tottenham de agosto de 2011. El licenciado en Comunicación Audiovisual y fotógrafo Daniel Mayrit leyó esas fotografías como lo que eran, “objetivamente hablando no tenemos más que una imagen de muy baja calidad”. Tomadas en su mayoría por cámaras de videovigilancia, lanzaban un mensaje: “culpables”. En los meses posteriores, el primer ministro, David Cameron, lanzó una campaña contra las redes sociales, para dotar de más competencias a la policía y promulgar la privatización parcial de las fuerzas del orden: “A la minoría de los sin ley, a los criminales que se han quedado con todo lo que han podido, os vamos a buscar, os vamos a encontrar, os vamos a acusar ante los tribunales, os vamos a castigar y vais a pagar todo lo que habéis hecho”, profirió Cameron. 20.000 personas fueron detenidas ese verano a raíz de unos enfrentamientos que habían comenzado por el asesinato de un joven a manos de un agente de Policía. Los daños materiales y contra la propiedad estimados ascendieron a 200 millones de libras. Mayrit decidió darle la vuelta al mensaje que había lanzado el Gobierno británico. Tomó el listado de las cien personas más poderosas del centro financiero de Londres que publica la revista económica Square Mile. Su objetivo fue poner “por lo menos una cara” a estos poderosos. A partir de ahí trató las imágenes para presentar a las personas que mueven los hilos con la misma apariencia que los detenidos en los disturbios de Tottenham. El resultado es You haven’t seen their faces (No habéis visto sus caras), un libro que se presenta estos días, en el que Mayrit publica los salarios, patrimonio y escándalos de cien personas que guían los designios del centro bancario del mundo, la milla cuadrada o “el corazón del monstruo”, como fue bautizada durante las protestas antiglobalización de los 90: su majestad, la City de Londres. Poder ayer, poder hoy
El origen romano de este establecimiento se recuerda en todos los actos que honran las ceremonias de nombramiento de la Corporación de la ciudad. La Corporación es un gobierno elegido por las empresas –que tienen votos en función de sus trabajadores– y que constituye uno de los cuatro pilares sobre los que se basa el régimen británico, junto a la Corona –que no tiene autoridad sobre el Gobierno de la City–, la Cámara de los Comunes –que da espacio a un representante de la City para hacer tareas de lobby– y la Iglesia anglicana.
La Ciudad Secreta, un documental editado al calor del movimiento Occupy London –u Occupy London Exchange, ya que la acampada se levantó en la Bolsa de la City– muestra cómo se levantó este imperio dentro del imperio. La respuesta: a través de la financiación de las guerras napoleónicas, la financiación de las plantaciones y el tráfico de esclavos y, más recientemente, la especulación sobre todo tipo de derivados, sobre la creación de burbujas o, en las últimas semanas, sobre una posible salida del euro por parte de Grecia. Es una ciudad “construida en torno a los intereses del capital financiero y de aquellos que están a cargo de ese sistema económico”, en palabras del guionista del documental, Lee Salter. “Es un Estado en sí mismo, se hacen las políticas para la City. Si la City está tranquila, el Gobierno está tranquilo, si la City está alterada...”, explica Mayrit. Las alteraciones en la City suben el pan, bajan los salarios, reducen el gasto social, liman los sistemas públicos de pensiones, encarecen el acceso a la sanidad o la educación o cortan la financiación a los países sospechosos de no poder afrontar sus pagos. Pero a los más poderosos de la ciudad, en la que sólo viven 7.000 personas pero donde trabajan más de 300.000, nadie les somete a examen. No hay juicios. “Mi proyecto”, expone Mayrit, “va del anonimato de esta gente. Como no están sometidos al escrutinio viven como viven”.
“Nunca antes debieron tan pocos tanto dinero a tantos”, con este elocuente título el Independent anunciaba un nuevo récord en los bonus alcanzados por los bancos de la City, en el año después de la tormenta financiera generada tras la caída de Lehmann Brothers. Si dos semanas de incendios, robos y peleas en Londres cuestan 200 millones de libras al electorado inglés, introducir a la economía mundial en la recesión más profunda desde los años 70 ha tenido un “premio” en bonus para la banca de ciento treinta mil millones de euros entre 2007 y marzo de 2015, según la campaña Robin Hood Tax, formada por 115 asociaciones y ONG británicas.
Una cantidad “especialmente llamativa”, resume esta campaña, si se tiene en cuenta cómo se han comportado estos bancos. A pesar de que la propaganda de la Corporación destaca el peso que tiene este centro financiero en el PIB y en el comercio británico (alrededor de un 5% y un 34%, respectivamente), no puede escapar de una evidencia: que se trata del primer paraíso fiscal del planeta. Interconectado con antiguas plazas coloniales británicas como las islas Caimán, las Vírgenes, Gibraltar o Hong Kong, la City mueve el 55% del capital que se mueve a través de los circuitos off shore.
El coste del rescate bancario en Reino Unido se estimaba en 2012 en 155.000 millones de euros (31.000 se contaron como pérdidas). Al mismo tiempo, las dudas se convirtieron en deudas: la suma de pública y privada suma un 406% del PIB británico, la deuda pública ha aumentado del 22,5% del PIB al 86,9% en los últimos ocho años. En ese mismo periodo, el número de personas “demasiado pobres para participar en la sociedad” ha aumentado en 2,2 millones de personas. El 40% de la población del Reino Unido vive por debajo del umbral de la pobreza. Todos los días
Una de las ocurrencias que más éxito ha tenido desde el comienzo de la crisis fue dicha por George Soros. Es su “los mercados votan todos los días”, algo que se demuestra cada vez que se encienden las luces de la City. Un sector de la City aboga por romper amarras con la UE, donde está desde 1973, ante un eventual incremento de la regulación sobre el sector financiero. Otra parte, sin embargo, considera que Europa es un magnífico rehén (o socio) a nivel comercial. La última postura ha salido reforzada con la decisión del Tribunal de Justicia europeo de mantener la posibilidad de que las operaciones bursátiles en euros se hagan efectivas en países fuera de la zona euro, un negocio que cada año mueve 200.000 millones de euros. Una sentencia en contra de los deseos del BCE, interesado en recuperar este negocio sin tensar demasiado las relaciones con Londres.
No en vano, la Corporación gasta alrededor de 75 millones de euros anuales en hacer lobby en la isla, y alrededor de 120 en hacer presión en Bruselas. Son las cifras oficiales; las extraoficiales, que se traducen en acuerdos de pasillo, de puertas giratorias o propiamente de vestíbulo (lobby) no aparecen en los libros.
“La City pide más reformas pese a la incertidumbre política”. El titular, del 15 de marzo, lo publicó Expansión, que juntó a algunos de los trabajadores españoles del sector financiero para analizar el futuro político desde el punto de vista de los brokers. Uno de ellos, Manuel Falcó, de la banca Citi ve “interesante ver qué votan los españoles a final de este año, pero lo más deseable sería una reedición de los Pactos de la Moncloa, donde las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para acometer esas reformas estructurales”. Otro de los entrevistados apunta cuáles son las reformas que verían con agrado: la reforma fiscal, de la administración y del mercado laboral ,“limitando las diferencias entre contratos temporales y fijos”, están en la lista de deseos de algunos de los aprendices de los cien más poderosos de la milla cuadrada, el “corazón de la bestia”.
Escándalo tras escándalo en la City
Daniel Mayrit estaba enviando su libro a imprenta cuando saltó a la prensa el último escándalo que salpicaba a la City. El asesoramiento del banco HSBC a sus clientes para la realización de fraude fiscal fue la comidilla de los periódicos en el mes de febrero. El caso Swissleaks se une a otros escándalos: el del Libor,un fraude, cuyas consecuencias aún se desconocen, sobre la tasación de miles de millones de euros en créditos que afecta a 16 bancos, o el caso de los PPI, seguros contra impagos que imponían a los clientes como si fueran obligatorios. Pero las tormentas se cierran con multas que no pasan de ser “irrisorias”, en palabras de Mayrit.
La visión de un conservador estadounidense sobre el tratado euronorteamericano.
Counterpunch es una revista mensual estadounidense, muy conocida por sus posiciones críticas con el sistema político de ese país. En su último número, un colaborador de la misma Paul Craig Roberts, describió el significado que tiene en los Estados Unidos la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP). Advirtamos al lector que Craig Roberts es un economista, escritor y periodista conservador estadounidense, que fue subsecretario del Tesoro con Administración Reagan y es considerado uno de los fundadores de la llamada "Reaganomía". De manera que venidas de quien vienen, sus advertencias no deberian caer en saco roto.
Según Craig Roberts, la TTIP no tiene nada que ver con el llamado "libre comercio" . La expresión “libre comercio” suele utilizarse para enmascarar el poder que estos acuerdos otorgan a las corporaciones permitiéndolas demandar a los Estados para anular la legislación nacional que regula la contaminación, la seguridad alimentaria, los transgénicos y los salarios mínimos.
Lo primero que el lector debe empezar entendiendo, advierte Craig Roberts, es que estos denominados “tratados” o “asociaciones” no son leyes aprobadas por el Congreso. La Constitución de Estados Unidos atribuye al Congreso la autoridad de legislar, pero estas leyes se escriben sin la participación del mismo. Sus autores son exclusivamente las grandes empresas y su único objetivo es mantener y aumentar su poder y sus beneficios.
Y es que la "Oficina del Representante para el Comercio estadounidense" fue creada con la finalidad exclusiva de permitir que las grandes empresas dictaran leyes que solo sirven a sus propios intereses. Este fraude a la Constitución y al pueblo - asegura Paul Craig - se encubre llamando “tratados” a las leyes comerciales.
Pero la cuestión no termina ahí, precisa Craig . "El Congreso ni siquiera está autorizado a conocer el contenido de las leyes y se ve limitado a aceptar o rechazar las que llegan al Congreso para su aprobación. Por lo general suele dar el visto bueno pretextando que “se ha trabajado mucho en ellas” y “el libre comercio nos beneficiará a todos”.
"Los periodistas al servicio de las grandes empresas, tratan de desviar la atención del público en relación con el contenido de las leyes tramitadas por “vía rápida”. Cuando se acepta dicho procedimiento, el Congreso acepta que las corporaciones redacten las leyes sobre comercio sin la participación de la cámara legislativa. Incluso las críticas a las “asociaciones” son una cortina de humo".
COMO REPERCUTIRÁ EN SU VIDA LA FIRMA DEL TRATADO TRASATLANTICO
La verdad es que la autentica funcion de las “asociaciones o tratados” es aumentar la inmunidad de las empresas privadas frente a las leyes de los países soberanos sobre la base de que dichas leyes tienen un impacto negativo sobre los beneficios corporativos y constituyen una “restricción al comercio”.
Por ejemplo, bajo el Tratado Trasatlántico, las leyes francesas contra los transgénicos podrían ser anuladas al ser consideradas como “restricciones al comercio”, merced a las demandas judiciales iniciadas por Monsanto.
Las compañías tabacaleras pueden demandar a los estados por incluir advertencias sobre la salud en los paquetes de cigarrillos, ya que estos textos pueden disuadir de fumar y por tanto constituyen una “restricción al comercio”.
Las iniciativas destinadas a controlar las emisiones perjudiciales para el medio ambiente también podrían ser objeto de demandas judiciales por parte de las grandes empresas. Bajo el Tratado Trasatlántico (TTIP) las corporaciones serían compensadas por los “ingresos reguladores”, que es como las corporaciones denominan a la protección medioambiental. Esto significa, evidentemente, que los contribuyentes tendrían que pagar daños a las empresas contaminantes.
Los países que exigen que se realicen pruebas a los alimentos importados, como la de la triquinosis a los productos de origen porcino o aquellas a las que se somete a las verduras para detectar residuos de fumigación también podrían ser llevados a los tribunales por las empresas, porque esta regulación incrementa el coste de las importaciones.
Los países que no ofrecen protección a las marcas farmacéuticas y productos químicos y permiten la utilización de genéricos en su lugar pueden ser demandados por daños a las empresas.
Bajo el TTIP, las únicas que pueden demandar son las empresas. Los sindicatos no pueden hacerlo si sus miembros se ven perjudicados por la deslocalización de empleos y los ciudadanos no pueden interponer demandas cuando su salud o sus suministros de agua se vean perjudicados por las emisiones contaminantes de las corporaciones, concluye escribiendo Paul Craig Roberts.