29 oct 2015

La ley que esconde la trampa

LA BOCA DEL LOGO
REFORMA DE LA JUSTICIA
La inmediata aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ausencia de medios adicionales en la justicia despiertan una amenaza inquietante: la posibilidad de que muchos casos se archiven por falta de pruebas y tiempo para investigar

En solitario, sirviéndose de la cómoda y absoluta mayoría parlamentaria y a escasos días de acabar la legislatura, el Partido Popular ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). O lo que es lo mismo, la norma de referencia de la justicia española para resolver los actos delictivos y procesar a sus autores.

El objetivo, al menos sobre la mesa, es agilizar los procesos judiciales e intentar que los casos no lleguen a eternizarse. Para ello, actualiza la norma vigente y establece, como principal novedad, límites a las instrucciones judiciales. A partir de ahora, estas serán de un máximo de seis meses para aquellos casos tipificados como ‘sencillos’ y dieciocho para los ‘complejos’, con posibilidad de una prórroga extraordinaria para estos de igual duración. Pero no son los límites --aceptados en mayor o menor medida por todos los actores de la justicia española-- lo que ha desatado la indignación en los juzgados, sino la forma en que el Gobierno ha decidido aplicar la nueva ley.

Hasta el punto de que seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales --Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales-- han pedido al Gobierno la suspensión de la entrada en vigor de la ley y acusan al nuevo texto de ser “una ley de punto y final”. Una acusación especialmente significativa si tenemos en cuenta que en los juzgados del país esperan ser esclarecidos varios casos de corrupción relacionados con el Partido Popular, entre ellos, el de su presunta financiación ilegal. La norma entrará en vigor apenas dos semanas antes de unas elecciones generales que previsiblemente difuminarán la mayoría de la que han gozado los populares estos cuatro años.

La ley afectará a todos los procesos en curso. En ese momento comenzará en los juzgados del país una carrera contrarreloj para, primero, tipificar cada causa y establecer así a qué plazos debe atenerse en sus primeros seis meses, y después intentar avanzar exitosamente en la instrucción para evitar el gran miedo que provoca la nueva ley: la impunidad: “En algunos casos no se van a poder aportar más pruebas y muchas de las causas quedarán cerradas en falso, sobre todo, las más complejas”, advierte Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Una amenaza que preocupa a jueces y fiscales
¿Existe el riesgo de archivo para los grandes casos? Todas las asociaciones de fiscales y jueces confían en que se pongan los medios para que no sea así y se logren solventar todos los casos, aunque reconocen que ese riesgo existe. “Solo ese riesgo merece una reflexión por parte del legislador”, añade Álvaro García Ortiz, de la Unión Progresista  de Fiscales (UPF).

Según estiman los fiscales, actualmente existen en España unas 680.000 causas pendientes. Más las que se mantienen a la espera y que se irán abriendo durante los primeros meses de implantación de la ley. Todas ellas ocuparán las preocupaciones de los menos de 2.500 fiscales con los que cuenta el país. La división de los factores arroja un cálculo aparentemente imposible de asumir. “Quieren despachar el fondo de armario de la justicia en seis meses a costa de la salud de los fiscales, que ya van con la lengua fuera, y es imposible. No hay tiempo”, abunda Viana (APIF).

Sin embargo, también hay voces en la magistratura que no entienden el revuelo generado por la nueva norma. "La finalización de los plazos no implica el sobreseimiento de los casos. Pero es que aun así, cabría una prórroga indefinida para todos los casos, los sencillos y los complejos", alega José Vicente Gimeno Sendra, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional y primera firma de la carta publicada en el diario El Mundo en la que varios juristas defendían la nueva ley. "No veo esa alarma por la impunidad. Han visto un problema donde no lo hay", sostiene.

Los juzgados no contarán con más recursos para aplicar la norma pues la propia ley impone que no se habiliten partidas presupuestarias. El titular de Justicia, Rafael Catalá, ha prometido a los fiscales medidas adicionales, pero las promesas no dejan de ser papel mojado. El actual ejecutivo tiene sus días contados. Será el Gobierno formado después de las próximas elecciones el que apruebe y gestione estas medidas.

Entre los fiscales causa estupor la inminencia en la aplicación de la ley. La vacatio legis, periodo que transcurre desde la publicación de una nueva ley hasta su entrada en vigor, es de dos meses. Una “irregularidad jurídica” para García Ortiz (UPF). “Una reforma del derecho procesal suele tener una vacatio de un mínimo de seis meses o incluso un año. No es comprensible. La única explicación posible es que quisieran que entrara en vigor antes de las elecciones”, denuncia.

También se cuestiona la gestión de estos límites, pues aunque el juez conserve la instrucción de los casos --algo que no ocurre en países de nuestro entorno-- y decida sobre su prórroga, únicamente podrá hacerlo a instancias del fiscal (para las prórrogas extraordinarias también se contempla que puedan solicitarlas las partes personadas en el caso, pero nunca el juez). Una contradicción que no contenta a los que optaban por encomendar la instrucción al fiscal ni a aquellos que prefieren que la mantenga el juez, como la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que no ve sentido a este cambio.

“Si los jueces han instruido correctamente y no se ha encontrado ninguna patología al respecto no creemos necesario el cambio”, apunta Pablo Llarena, presidente de la asociación, la única que ha pedido un cambio y revisión de la norma. Los que hubieran preferido un cambio del modelo procesal no entienden cómo, encargando la instrucción al juez, este acabe dependiendo de la fiscalía para decidir la prórroga. “Si el que investiga es el juez no tiene sentido ponerle límites y que no pueda investigar, aun queriendo, si no lo permite el fiscal. Es una chapuza”, critica Viada (APIF).

Falta de medios, no de voluntad
Jueces y fiscales sienten que el ministerio ha cuestionado su eficacia a la hora de establecer límites. “Parece que somos responsables del retraso de la justicia cuando los casos se retrasan por causas ajenas a nosotros, no por voluntad propia”, lamenta Begoña López Anguita, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia. Ninguna persona preguntada acaba escapando a las referencias del tiempo que puede demorarse una diligencia en comparación con los límites que marcará la ley a partir del próximo 6 de diciembre. “Cualquier informe que se pida a la Administración tarda como mínimo seis meses”, sentencia García Ortiz (UPF). Justo el primer plazo que marca la ley.

Si la diligencia está pedida antes de haber acabado el plazo entraría en la instrucción. “El problema son las diligencias que deban hacerse como consecuencia del resultado obtenido de las anteriores y que no entrarían en plazo”, explica Antonio Viejo Llorente, juez decano de Madrid, que prevé un “efecto contraproducente” de la ley puesto que, ante el miedo de que no puedan aportarse las pruebas necesarias para esclarecer los casos, se pidan todas desde el principio de la instrucción, aumentando aún más la carga de trabajo en los juzgados.

“Los medios no son suficientes”, reconoce Llarena (APM), que aunque defiende que la situación de la justicia en España “no está tan mal” --“los tiempos de respuesta están por encima de la media de la OCDE a pesar de ser uno de los países con más pleitos”-- sí reconoce que “hay investigaciones en las que el tiempo permitido puede ser insuficiente”.

“A excepción de las grandes fiscalías como son Anticorrupción o la Audiencia Nacional, carecemos de equipos propios. Al no existir un cuerpo propio, los procesos se dilatan, pero no se dilatan por voluntad sino por falta de medios”, lamenta. Sobre todo, esos medios se refieren, además de a un aumento en las plantillas de jueces y fiscales, a un personal que pueda asistir a su tarea y evitar que se pida auxilio a la Administración pública, lo que suele retrasar las diligencias.

“Necesitamos peritos que puedan hacer informes dentro de los juzgados. Contables, forenses… Gente dependiente de los propios juzgados”, abunda López Anguita (JpD). También se reclama una mayor coordinación entre los juzgados, sistemas informáticos más avanzados y una mayor especialización del funcionariado, especialmente para abordar causas tan complejas como los casos de corrupción. Un cuerpo de jueces especializados en delitos económicos, por ejemplo.

Todos advierten de que a la hora de investigar casos de este tipo hay trámites que inevitablemente alargan y dificultan la instrucción. Las comisiones rogatorias para solicitar información en el extranjero son un ejemplo. “En el espacio europeo funcionan razonablemente bien”, sostiene García Ortiz (UPF), pero no ocurre lo mismo con países con los que no se tengan convenios o no tengan tan buena disposición para colaborar. No es ningún secreto que Reino Unido no ha contestado ninguna de las comisiones rogatorias que se han enviado en la instrucción del caso Gürtel.

“En el caso del ático de Ignacio González en Marbella se hicieron comisiones rogatorias a Delawere, Panamá y Reino Unido. Llevan sin respuesta desde hace dos años. Es verdad que se han puesto trabas por el camino, ¿pero quién te dice que no te puedan poner trabas?”, denuncia José Manuel Sánchez Fornet, del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. “Las entidades privadas, los bancos, te pueden contestar o no. Y ahora con los plazos las defensas lo van a tener muy fácil para impedir que esas pruebas acaben llegando”, concluye López Anguita (JpD).

¿Fin a las macrocausas o “puro maquillaje”?
Ni siquiera los criterios de conexidad introducidos, dirigidos a evitar las denominadas macrocausas (que por su gigantismo y complejidad podían llegar a dilatar enormemente los procesos por acumularse una gran cantidad de acusados y delitos) convencen a todos. La ley contempla que se pueda llevar a juicio un delito una vez la instrucción crea probada la comisión del mismo sin necesidad de que se tengan que esclarecer todos aquellos que se imputan. Sin embargo, argumentan los más escépticos, únicamente se facilita la interpretación.

“La modificación no es imperativa. Es simple y llanamente puro maquillaje”, denuncia la abogada Isabel Elbal, que forma parte de la acusación particular en casos como el de los papeles de Bárcenas o la pieza separada del caso Gürtel que investiga si una donación a la campaña del PP de María Dolores de Cospedal en 2007 por parte de Sacyr está detrás de la concesión de un contrato de recogida de basuras en Toledo. Elbal es muy crítica con la ley y no duda en ver un claro objetivo político con su aprobación. “Tiene la apariencia de agilizar la justicia, pero a cambio deja casos sin investigar y conocer. Responde a una voluntad política, que no es otra que la de la impunidad”.

Ese es el gran temor de todos, puesto que todo el mundo, incluidos aquellos que imaginan buena fe en la última gran ley aprobada por el Partido Popular, expresan su preocupación. “Es una ley hecha con buena fe, pero sin conocimiento. El que la haya hecho no ha pisado un juzgado en su vida”, subraya Viada (APIF). Y concluye: “Dentro de cuatro o cinco años esta ley puede llegar a ser buena, pero después de no haber invertido ni un duro en justicia y haber creado el atasco quieren reducir los asuntos pendientes. ¿Pero a qué precio?”.

Por Álex Moreno
28-10-2015
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24 oct 2015

Darwin no vive aquí

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Maqueta de la gigantesca ‘Arca de Noé’ para cuya construcción se llevan recaudados 29 millones de dólares. /Captura de vídeo de arkencounter (YouTube)


Hace unos días en EEUU una comisión científica del gobierno comenzó a estudiar la posibilidad de permitir la fecundación de óvulos con material genético modificado que permita la creación de bebés libres de enfermedades hereditarias. La noticia es especialmente impactante en una nación predispuesta a abrir la puerta a los bebés de diseño, pero incapaz de reconocer la teoría de la evolución.

En ningún país como en EEUU la ciencia y la religión han conseguido alcanzar ese grado de concubinato que permite compaginar sin pudor cientos de premios Nobel en medicina con la idea de que Darwin debe desaparecer de las escuelas. Tampoco en ninguna otra nación ha sido posible la creación de un Museo que defienda que los humanos y los dinosaurios vivieron  juntos, o incluso la apertura de un parque temático centrado en el martirio de Jesús.

Holy Land, en el estado de Florida, es ese cielo de polispam al que millones de cristianos acuden todos los años atraídos por la promesa de vivir la Biblia en formato IMAX 3D. Una especie de DisneyWorld para mártires que vende bendiciones de plástico y que permite masticar una hamburguesa en el Monte del Calvario, lejos de las penalidades de la Judea milenaria, pero cerca de ese personal Jesús en el que muchos evangelistas suelen encontrar al final su redención.

Es precisamente en esa fé evangélica, que promueve la espiritualidad customizada, en la que hay que entender el empeño que tienen algunos políticos por sacar a la ciencia de los colegios. En muchas escuelas de EEUU los padres ya pueden decidir si quieren que sus hijos reciban o no educación sexual, o si prefieren que los retoños no pasen por el apuro de disecar una rana. Sin embargo, ningún estado hasta ahora se había atrevido a proponer lo que propuso el mes pasado un senador republicano de Missouri, dispuesto a dejar que los padres saquen a sus hijos de la clases de ciencias si al maestro se le ocurre hablar de la evolución.

Lo cierto es que la rabieta con el padre del evolucionismo le viene a los fanáticos estadounidenses desde hace más de 80 años cuando un profesor de Missouri, llamado John T Scoopes, se atrevió a llevar a juicio al Estado después de que le impedieran enseñar la selección natural en las aulas. Casi un siglo después el acoso al darwinismo sigue vigente en el país de las libertades, curiosamente cada vez más preso de su propia intolerancia.

El año pasado, una iniciativa para que las escuelas enseñarán en Missouri que el creacionismo es lo mismo que el darwinismo fue tumbada a última hora, aunque logró ser sometida a votación en el Congreso estatal. En los próximos meses se espera que comience la construcción de un proyecto que pretende recrear el Arca de Noé a tamaño natural, y para cuya construcción se han recaudado ya más de 29 millones de dólares.

El director de la iniciativa, que quiere reivindicar así el carácter histórico del Arca, protagonizó hace unos meses un encendido debate con un reconocido divulgador científico sobre los orígenes de la humanidad.  El debate, que no consiguió cambiar el pensamiento de los más radicales, sí hizo posible que el empresario recaudara más dinero para su Arca, en la que por cierto piensa meter también dos animales de cada especie, incluido el ser humano.

Por TATIANA LÓPEZ 
Publicado: 28/2/2014
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23 oct 2015

Literatura

Los políticos andan muy preocupados con el relato. Les da miedo que alguien dé con la fórmula para contar lo que está pasando porque lo que está pasando es terrorífico


Pablo Iglesias achaca el retroceso de Podemos a una “pérdida de capacidad narrativa”. En los talleres de escritura todavía preguntan si esta capacidad es innata o se adquiere. Se adquiere, claro, pero cuesta lo suyo. Significa que hay que querer narrar con una intensidad que no se pone en ningún otro deseo, excepto, quizá, en el de ser un gran empresario. A los escritores nos preguntan con frecuencia por qué escribimos, pues se percibe como una actividad extraña, quizá peligrosa. Cada uno sale del paso como puede, ya que se ha reflexionado poco sobre el asunto. Los empresarios, en cambio, tienen clara la coartada moral: les encanta crear puestos de trabajo. Hay escasez de análisis sobre la calidad de esos puestos de trabajo. Los suplementos de economía deberían tomar como modelo la crítica literaria insobornable: cuando una novela es una mierda, es una mierda, y cuando un salario es indecente, es indecente.


Los políticos andan muy preocupados con el relato. Les da miedo que alguien dé con la fórmula para contar lo que está pasando porque lo que está pasando es terrorífico. Si prestas un poco de atención, percibirás el ruido de las vigas maestras al crujir. Los desplazamientos tectónicos que aumentan la brecha entre pobres y ricos es uno de sus síntomas. El régimen económico no deja de expulsar por el tubo de escape, como los desechos de una combustión, a hombres, mujeres y niños. El PP, como Volkswagen, ha inventado un sistema para falsificar los datos de la contaminación. La pérdida de capacidad narrativa de la que habla Iglesias tiene que ver con el miedo a decir la verdad y ser tachado de antisistema, descalificación que en la crítica literaria proporciona prestigio. No hagan política, hagan literatura.

Por JUAN JOSÉ MILLÁS 
23 OCT 2015
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19 oct 2015

Ranking de presidentes del Ibex35 según su sueldo

El sueldo de los primeros ejecutivos del Ibex 35 aumentó un 80% en 2014, hasta contabilizar un total de 186,8 millones de euros, frente a los 103,8 millones del año anterior.



Así lo refleja un informe 'Indicadores de buen Gobierno en las empresas del Ibex 35 durante 2014', elaborado por CCOO, que pone de manifiesto que el salario de los trabajadores creció un 1,8% en ese periodo de tiempo.

Según este estudio, el presidente de Telefónica, César Alierta, es el primer ejecutivo del selectivo grupo de los 35 que tiene el sueldo más alto, con 43,3 millones de euros, una cantidad un 533,4% superior a la que percibió el año anterior.

La otra cara de la moneda la muestra el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que cobró 500.000 euros en 2014, lo mismo que un año antes, siendo el primer ejecutivo del Ibex con el sueldo más bajo.

cuadro-directivos-IBEX


También se han producido reducciones en las remuneraciones de los primeros ejecutivos de Repsol, (29,4%); Indra (28,5%); Técnicas Reunidas, (18,8%); OHL (13,6%); Acciona (3%) y Banco Sabadell (0,9%).

Se han mantenido congeladas en Abengoa y Bankia, mientras que el resto de las empresas han tenido incrementos, siendo por encima del 10%, los siguientes de la lista.

EMPRESAS QUE HAN TENIDO INCREMENTOS POR ENCIMA DEL 10%

Abertis: Francisco Reynés Massanet ha percibido 6,48 millones con un incremento del 112,6% sobre el ejercicio 2013.63Indicadores de buen gobierno en las empresas del IBEX 35 durante 2014

Amadeus: Luis Maroto ha percibido 1,06 millones frente a los 0,2 recibidos en 2013 por el anterior. Supone un incremento del 429%.

Banco Popular: Ángel Carlos Ron Güimil ha percibido 2,85 millones con un incremento del 51,9%.

Banco Santander: Ana Patricia Botín ha percibido 8,86 millones que representa un incremento del 41%.

BBVA: su presidente ha percibido 5,44 millones, un incremento del 5,3%, mientras que su consejero delegado percibe 6,52 millones con un incremento del 35,2%.

Caixabank: su exconsejero delegado ha percibido 16,5 millones que supone un incremento del 501,5%. Se incluye en este importe la indemnización de 15 millones percibida por causar baja en la entidad.

Endesa: Borja Prado Eulate ha percibido 2,84 millones con un incremento del 10,3%.

FCC: Juan Béjar Ochoa ha percibido 4,57 millones, un incremento del 78,1%.

Gamesa: Ignacio Martín San Vicente ha percibido 1,33 millones, un incremento del 94%.

IAG: Williams Walsh ha percibido 6,58 millones con un incremento del 223,3% por las acciones recibidas correspondientes a dos planes de incentivos del ejercicio 2011.

Iberdrola: José Ignacio Sánchez Galán ha percibido 9,13 millones que representa un incremento del 22,6% respecto al ejercicio anterior.

Inditex: Pablo Isla Álvarez de Tejera ha percibido 9,56 millones un incremento del 19,8% sobre 2013.

Jazztel: José Miguel García Fernández ha percibido 14,6 millones que supone un incremento del 1.114,7% al haber cobrado el plan de retribución variable correspondiente al periodo 2009-2014.

Sacyr: Manuel Manrique Cecilia ha percibido 3,94 millones frente a los 2,55 de 2013 lo que supone un incremento del 54,8%.

Mediaset: Paolo Vasile ha percibido 1,7 millones con un incremento del 12,2%.

Telefónica: pese a no aparecer en la información de la empresa, hemos incluido en las remuneraciones de su primer ejecutivo una aportación a su plan de pensiones de 35,5 millones que, según publicaron los medios de comunicación en el mes de julio de 2014, percibió en sustitución de la cláusula de blindaje que figuraba en su contrato. Su remuneración total habría sido de 43,3 millones con un incremento del 533,4%.

13 de Octubre de 2015
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14 oct 2015

La política y la pobreza

Los informes de Cáritas de los últimos años suelen ser desoladores. Acostumbrados a las encuestas sobre intención de voto, que si sube Ciudadanos, que si baja el PP, que si se recupera el PSOE, que si cae Podemos…, los informes de Cáritas obligan a mirar la realidad de la calle. Bueno, está bien, todo es realidad. Tanto los hechos de la vida como la visión que tenemos de esos hechos forman parte de la realidad. Por eso es frecuente que los asuntos concretos queden cubiertos y distorsionados por las interpretaciones que hacemos de ellos.

El debate político en España es un ejemplo claro. Durante años los dos partidos mayoritarios se vieron envueltos en numerosos casos de corrupción sin que los escándalos pasaran factura excesiva. Cuando llegó la crisis económica, la indignación popular se hizo dominante y empezaron a sonar voces de cambio. El descrédito de la política tuvo una raíz profunda: la incapacidad de los partidos gobernantes para solucionar el deterioro de los derechos laborales, los servicios públicos y la calidad de vida de la gente. Saltaba a la vista: el bipartidismo estaba privatizado al servicio de las élites económicas.

El malestar económico sirvió de energía cívica para dirigir la mirada hacia otras cosas también importantes: la falta de transparencia en la gestión de las instituciones, la falta de democracia interna en los partidos y la falta de protagonismo de los jóvenes en la cúpula de las decisiones políticas. Tres faltas sin duda graves.

Lo normal hubiese sido que en los debates se unieran la degradación laboral, la explotación económica y las nuevas formas de hacer política. Pero en realidad la interpretación de los hechos se ha impuesto sobre la parte decisiva de los hechos mismos. La discusión de las nuevas formas de la política y la necesidad de caras jóvenes ha servido al final para ocultar el debate económico. En una España socialmente tan deteriorada, es muy sintomático que el señor Rajoy se permita repetir una y otra vez que estamos saliendo de la crisis. Y es muy sintomático que Ciudadanos, un partido con la misma política neoliberal que el PP y con su mismo rumbo antisocial, aparezca ante mucho españoles como una alternativa.

Así que conviene atender a la realidad que denuncian los informes de Cáritas. La pobreza en España no sólo es una verdad dominante, sino que ha cambiado de rostro. Los sueldos son tan miserables y las condiciones laborales tan indecentes que tener un trabajo ya no significa superar el umbral de la pobreza. La pobreza se enquista, el 74% de los parados llevan más de un año sin encontrar empleo.

¿Salir de la crisis? ¿Ciudadanos como alternativa? El 53 % de los pobres españoles trabajan, pero no pueden alimentar a sus hijos o pagar sus cuentas. Son datos de esta semana. Cáritas publicó otro informe el mes de junio pasado para advertir que 1 de cada 3 niños españoles vive bajo el umbral de la pobreza. La gran victoria de la derecha es que el debate político no esté centrado en esta situación social. Es también el gran fracaso de la izquierda.

Hace apenas año y medio se daba por descontado un giro en la política española hacia la izquierda. Se veía inevitable un desplazamiento de la socialdemocracia con un discurso político más cercano a la voluntad real de las bases socialistas que a la cúpula del PSOE vinculada con las élites económicas. La consolidación de una Izquierda Unida con ideas claras resultaba determinante. Ahora todo eso parece imposible. En el peor de los casos, gobernará el PP con ayuda de Ciudadanos; en el mejor, gobernará un PSOE desplazado a la derecha por exigencia de Albert Rivera. En un solo rostro, el de Albert Rivera, el IBEX -35 ha conseguido reunir las dos caras de su bipartidismo.

El señor Hollande dice a voz en grito que el nacionalismo es la guerra. ¿Pero qué vacío están llenando los sentimientos nacionalistas? ¿No será el dejado por la conversión del socialismo europeo en una pantomima de caviar y champán?

La inercia de excluir los asuntos laborales y económicos del debate político ha sido la gran jugada del pensamiento conservador. Resulta más difícil entender que ese discurso calara también en la izquierda española, aceptando la corriente dominante hasta el punto de concluir que la mejor alternativa pasaba por la autoliquidación de sus organizaciones políticas y sindicales. Los viejos cascarrabias y paralizadores fueron sustituidos por unos jóvenes sin memoria (y a veces sin escrúpulos).

No hay mejores aliados de la derecha que los tontos de la izquierda.

Por Luis García Montero
10/10/2015
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5 oct 2015

Cuanto menos dinero gane, antes se morirá usted

El incremento de la desigualdad en todo el mundo es un hecho que muy pocos se atreven a negar. Y sus manifestaciones son cada vez más diversas: entre mujeres y hombres, entre territorios y naciones, entre razas o etnias y, por supuesto, entre grupos sociales, es decir, entre esas clases sociales que también algunos vienen diciendo desde hace tiempo que ya no existen.

No es fácil, e incluso quizá sea imposible, decir cuál de esas manifestaciones de la desigualdad en aumento es más sangrante o injusta pero me atrevo a pensar que si hay una especialmente inhumana es la que expresa las diferentes expectativas de vida que tienen los seres humanos en función de los ingresos que reciben.

La “esperanza de vida” es el indicador que se utiliza para saber qué número de años puede esperar vivir una determinada persona de una determinada edad si se mantiene el patrón de mortalidad por edad del grupo al que pertenece.

El Instituto Nacional de Estadística español dice al respecto:

“La esperanza de vida es el indicador más ampliamente utilizado para realizar comparaciones sobre la incidencia de la mortalidad en distintas poblaciones y, en base a ello, sobre las condiciones de salud y nivel de desarrollo de una población. En los países occidentales, la esperanza de vida ha experimentado notables avances en el último siglo, y se ha conseguido con disminuciones en la probabilidad de morir debido a los avances médicos y tecnológicos, reducción en las tasas de mortalidad infantil, cambios en los hábitos nutricionales y estilos de vida, mejora en los niveles de condiciones materiales de vida y en la educación, así como el acceso de la población a los servicios sanitarios”.

Eso es completamente cierto, pero lo que viene ocurriendo en los últimos decenios es que el gran incremento de las desigualdades hace que la esperanza de vida sea también muy desigual en función de la clase social o de los ingresos que reciben las personas. E incluso entre los países, pues en los ricos la esperanza de vida es de casi 30 años por encima y ha aumentado casi veinte más en los últimos decenios que en los pobres.

Los datos no dejan lugar a dudas y un informe que acaba de publicarse en Estados Unidos proporciona una realidad escalofriante (The Growing Gap in Life Expectancy by Income: Implications for Federal Programs and Policy Responses, 2015)

– Una persona de 50 años nacida en 1930 en Estados Unidos que formara parte del 20% más rico de la población tenía una esperanza de vivir cinco años más que si perteneciera al 20% más pobre. Pero esa diferencia ha aumentado hasta los 13 años para los nacidos en 1960.

– Prácticamente todo el aumento en la esperanza de vida logrado en Estados Unidos en los últimos 80 años lo ha disfrutado el 60% más rico de la población.

– La probabilidad de llegar a los 85 años cuando se tenía 50 años es la misma para los hombres nacidos en 1930, 1960 o 2010 que forman parte del 20% más pobre. Sin embargo, los hombres que pertenecen al 20% más rico han visto aumentar sustancialmente su probabilidad de llegar a los 85 años cuando tenían 50: 45% de probabilidad para nacidos en 1980 y 66% en 2010.

En España hay también estudios de este tipo que muestran claramente lo que mucha gente todavía no se cree, que los ricos viven más años simplemente por el hecho de serlo. Entre los grupos con más y menos renta hay una diferencia de entre 7 y 8 años en su esperanza de vida.

La explicación de esta desigualdad tan sangrante es clara y también se poner de evidencia en todo tipo de estudios: los grupos sociales con menos ingresos tienen peor salud, disponen de menos medios de cuidado, trabajan en peores condiciones y, para colmo, muchos recursos públicos se manejan mal y benefician en mayor medida a los grupos sociales más ricos.

La desigualdad afecta, cada vez más, incluso al más elemental de los derechos humanos, el derecho a la vida. Ahora que nos acercamos a unas elecciones hay que tomar conciencia de su extensión y de su dramático aumento y hay que reclamar que se hagan estudios previos del impacto de las políticas económicas y sociales sobre todos los grupos sociales. Por mucho que se empeñen en negar la existencia de clases sociales, ocurre como decían con las brujas: haberlas, haylas.

Por Juan Torres López
Economista
23-09-2015
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