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16 feb. 2014

Voces contra la nueva reforma laboral

LA TASA DE TEMPORALIDAD SUPERA YA EL 34% MIENTRAS EL GOBIERNO PROPONE MÁS FLEXIBILIDAD.

Los sindicatos alternativos no tragan la reforma laboral propuesta por el Gobierno y además rechazan el proceso de negociaciones mantenido por CC OO y UGT con las patronales y el Ejecutivo. Las diferentes centrales que se mantienen al margen de las conversaciones defienden posiciones muy parecidas con respecto a las nuevas medidas que se quieren aplicar en el mercado laboral: cualquier negociación que no se vea presionada por la movilización en las calles está destinada a terminar en nuevas concesiones para los empresarios.

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que detectan una tasa de temporalidad que afecta a más del 34% de los trabajadores, han dado más argumentos al sindicalismo crítico. La extensión del denominado “contrato de fomento del empleo” con menos indemnización llega así en un mal momento para el principal argumento del Gobierno, que defiende que más flexibilidad y despidos más baratos para los contratos indefinidos supondrán menos temporalidad.

Con todo, para algunas centrales independientes consultadas por DIAGONAL, la medida de más alcance ha pasado desapercibida para los medios. Para Francisco Moro, portavoz de la Coordinadora Sindical de Andalucía, la homologación de los despidos colectivos a los individuales supondrá “implantar en la práctica el despido libre”. La valoración de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del sector crítico de Comisiones Obreras apunta en la misma dirección: la reforma del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores podría suponer, en breve plazo, la desaparición de los juzgados de lo social al suprimirse la autorización administrativa de los despidos colectivos. Garbiñe Aranburu, responsable de políticas de empleo del sindicato LAB, destaca que, además de su contenido, las negociaciones entre los llamados agentes sociales y el Gobierno “ignoran la realidad sociolaboral” de País Vasco y Navarra, donde CC OO y UGT ostentan una representatividad muy inferior a la que mantienen en el resto del Estado, “pese a lo cual estas medidas flexibilizadoras que están pactando también van a influir en los trabajadores de Euskal Herria”, afirma.

El papel de CC OO y UGT

Muchas de estas valoraciones han sido también sostenidas en público por los dirigentes de los sindicatos invitados a las negociaciones, CC OO y UGT. No obstante, las reacciones en el resto del mundo sindical ante esta posición de fuerza oscilan entre el escepticismo -caso del sector crítico de Comisiones, que reclama una retirada de la mesa negociadora- hasta la confrontación directa con el modelo sindical representado por José María Fidalgo y Cándido Méndez.

“Creemos que una negociación en estos términos resulta inviable”, sentencia José Ángel Jiménez, secretario de comunicación de CGT. “La actitud de Comisiones y UGT desde hace años es la de suavizar las medidas flexibilizadoras planteadas por los gobiernos, pero no la de plantear una ofensiva”, continúa. En esta situación, sigue resultando una incógnita hasta dónde estarán dispuestos a llegar CC OO y UGT en su rechazo al plan del Gobierno.

La CEOE, por su parte, presentó por primera vez sus propuestas por escrito diez días después de que lo hiciera el Gobierno. En su documento, se limita a llevar un paso más allá lo propuesto por el Ejecutivo, como en el caso de los contratos indefinidos anteriores a la reforma del ‘97, que con su despido de 45 días por año trabajado deberían dejar de aplicarse para dejar sólo en vigor el contrato de fomento del empleo (33 días por año trabajado). La intención, según las fuentes consultadas por DIAGONAL, es que los sindicatos acepten las medidas gubernamentales como un ‘mal menor’ frente a la versión algo más extremista de la CEOE.

La CEOE, sin complejos


“Si las personas asalariadas quieren empleos, tienen que aceptar las condiciones que establecemos para ese empleo”. Desde esta óptica plantea la patronal CEOE su propia reforma laboral, tal y como expresó en el documento presentado el 27 de octubre, que propone menos indemnizaciones en los contratos de fomento del empleo si están vinculados a subcontratas, rebajas aún más cuantiosas de las contribuciones al Fogasa (de un 75% donde el Gobierno planteaba un 25%), menos control a las ETT y más bonificaciones por contratación.

diagonalperiodico.net
16/01/2006

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